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*Por: Rafael Garduño
Las declaraciones de Oscar “Pelotudo” Parrilli se dieron durante un debate virtual del Instituto Patria. En ese contexto, el Senador lanzó frases que podrían tensar las relaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional.
Desde los primeros meses de gobierno a esta parte, la “pata albertista” de la gestión trata -dentro de lo posible- de realizar una buena performance con el FMI y Estados Unidos: están negociando la refinanciación de la deuda generada durante el mandato de Macri.
En ese marco, las declaraciones de Parrilli no ayudarían mucho en el negociado. “Nos quieren condicionar. Que nos pongan un bozal y el que tira de ahí es el FMI, que nos apriete tanto que nos impida llevar adelante políticas de integración entre nuestros pueblos, con mayor equidad y mayor justicia”, disparó el burócrata.
Agregó también que “tenemos que estar unidos y luchar con intereses poderosos que están enfrente. Tenemos que avanzar y vamos a tener muchos triunfos, como obtuvimos a principio de la década”.
Para el Senador “el principal problema no es EE.UU” que “hace lo que le conviene y como potencial mundial lleva adelante una división entre nuestros país para defender sus intereses”… Consideró que el problema es que “en nuestras naciones tenemos muchas dirigencias que se prestan a ese juego y son serviles y proclives a destruir la unidad latinoamericana”.
Si bien Parrilli “no responde” a Alberto, las declaraciones (que, a final de cuentas, vienen del oficialismo) complican los acuerdos que el Gobierno planifica para/con el FMI. A forma de ejemplo, vale mencionar lo ocurrido en el diálogo que intentó el Canciller, Felipe Solá, entre Fernández y Biden. Ese episodio enfureció al Presidente justamente por “dejar mal parado” al país.
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Desde el primero de este mes, los cadetes de la Policía de la Ciudad y los aspirantes a Bomberos porteños cuentan con cobertura médica integral durante su formación. Este beneficio, impulsado por la gestión del ministro de Seguridad de CABA, WaldoWolff, representa un avance significativo en el respaldo y cuidado de los uniformados.
El anuncio fue realizado esta semana por el titular de esa cartera, quien confirmó la contratación de un servicio médico asistencial para los cadetes y aspirantes que cursan la formación inicial en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP). La cobertura, proporcionada por la empresa de medicina prepaga DOCTORED, incluye consultas con especialistas, estudios de diagnóstico, internaciones, y programas de prevención y promoción de la salud, sin ningún tipo de copagos.
Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, destacó la importancia de esta medida: “Como gobierno tenemos la obligación de cuidar a quienes nos cuidan. Para nosotros, la Policía de la Ciudad es un orgullo y siempre vamos a estar ahí para acompañarlos. Que cada oficial cuente con un servicio de salud es un gran avance para que los policías puedan cumplir con su tarea sintiendo tranquilidad y así garantizar la seguridad en las calles”.
El ministro Wolff también subrayó el impacto positivo de esta iniciativa: “Esta medida es un reconocimiento a los aspirantes que eligen nuestras fuerzas. Queremos acompañar a los cadetes en su crecimiento y en su formación con beneficios similares a aquellos que ya están en ejercicio de sus funciones. Para ellos será una tranquilidad y para nosotros es cuidar a los que nos cuidan y nos cuidarán”.
COBERTURA INTEGRAL
La cobertura médica abarca una amplia gama de servicios y beneficios. Los cadetes y aspirantes tendrán acceso a atención médica integral, que incluye consultas con especialistas, estudios de diagnóstico y visitas médicas a domicilio. Además, contarán con una línea de atención telefónica exclusiva y acceso a ambulancias disponibles las 24 horas en el ISSP.
Los beneficios en farmacias también son destacados, con descuentos del 40% sobre cualquier receta, un 70% en medicamentos para enfermedades crónicas y un 100% de cobertura en caso de internación. Este paquete integral asegura que los futuros oficiales y bomberos puedan centrarse en su formación y preparación sin preocuparse por su salud.
La implementación de la cobertura médica, detallaron los funcionarios, es resultado del trabajo conjunto entre la Obra Social del Personal de Seguridad Pública (OSPESE), liderada por María Georgina Ricciardi, y el director del ISSP, Javier Martín López Zavaleta. Ambos destacaron la importancia de esta medida para el bienestar de los futuros integrantes de las fuerzas de seguridad.
“Este hecho histórico refleja el compromiso, la firmeza y la decisión política de respaldar el trabajo de los policías y bomberos porteños. Que cada oficial cuente con un servicio de salud es un gran avance para que los policías puedan cumplir con su tarea sintiendo tranquilidad y así garantizar la seguridad en las calles”, agregó Macri sobre la medida, que se enmarca en el Plan de Seguridad Integral de la Ciudad.
Como parte del plan de formación trazado por las autoridades, los cadetes deberán cumplir dos años de formación policial, que incluye seis meses de clases regulares, un año de internación en el Instituto y seis meses de práctica profesional. Durante su preparación, los efectivos realizan prácticas de tiro, entrenamiento físico, y reciben asesoramiento nutricional y seguimiento médico. También aprenden en laboratorios de informática y mediante simuladores de autos y motos policiales.
En palabras de Wolff, esta medida “es un reconocimiento a los aspirantes que eligen nuestras fuerzas. Queremos acompañar a los cadetes en su crecimiento y en su formación con beneficios similares a aquellos que ya están en ejercicio de sus funciones. Para ellos será una tranquilidad y para nosotros es cuidar a los que nos cuidan y nos cuidarán”.
En los últimos días, el exgobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional de Unión por la Patria fue duramente cuestionado en las redes sociales por su ausencia en el Congreso debido a que viajó al exterior.
Sucedió que el 23 de agosto Gustavo Bordet faltó a una sesión crucial en la Cámara de Diputados, en la cual se debatía el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia que asignaba 100 millones de dólares a la SIDE.
Juan Domingo Orabona
Inicialmente, circuló en las redes sociales y en medios provinciales que Bordet se encontraba de pesca en Alaska junto a su íntimo amigo y exfuncionario Juan Domingo “Palito” Orabona, quien está implicado en la causa conocida como “los contratos truchos” de la Legislatura provincial.
Sin embargo, según consignaron medios provinciales que se contactaron con el burócrata, quien se apresuró para “desmentir” la información, el viaje no habría sido a Alaska —donde la estadía turística no baja de 500 dólares diarios— sino a Los Ángeles, en Estados Unidos. Bordet realizó su gira internacional acompañado por “un grupo de amigos de la facultad”.
Las sospechas y los cuestionamientos se intensifican al considerar los frecuentes viajes al exterior realizados por Bordet, su familia y empresarios-políticos amigos entre 2007 y 2023. Según registros de la Dirección Nacional de Migraciones, estos viajes suman decenas de salidas del país, un aspecto que también está siendo investigado por la Justicia y que podría complicar aún más la situación del diputado.
Uno de los casos más llamativos y recordados por los entrerrianos es su viaje, en noviembre de 2019, a Costa Rica para participar en el torneo de pesca “Dorado Derby”, realizado en Marina Pez Vela, un lujoso puerto deportivo en la costa del Pacífico. Este recreo, que duró diez días, tuvo un costo estimado de entre 8 mil y 12 mil dólares, sin contar los pasajes aéreos. Bordet habría viajado junto a su círculo cercano, incluyendo también al ya citado “Palito” Orabona y al empresario y político, Armando Gay.
Lo que llamó la atención de los investigadores es que —hasta entonces— no hay registros de que Bordet haya salido del país hacia Costa Rica, lo que condujo a la hipótesis de que pudo haber viajado primero a Uruguay para luego tomar un vuelo hacia su destino final, evadiendo así los controles migratorios argentinos.
La diputada nacional de La Libertad Avanza volvió a ser protagonista de una nueva controversia, esta vez dirigiendo fuertes insultos hacia su colega en el Congreso, José Luis Espert, y —principalmente— hacia su esposa, María “Mechi” González, conocida en las redes sociales como “La Divagante”.
En audios recientemente difundidos, se escucha a Lilia Adela Bolukalo Lemoine, quien en 2019 ocupó el cuarto lugar en la lista de candidatos a diputados de Espert dentro del Frente Despertar, haciendo una serie de acusaciones y comentarios incendiarios. “Tanto Espert como (Luis) Rosales son gays. Se apañan entre sí. La tapadera de Espert es Mechi —o sea, ‘Mechi’ es una vieja fea que no coge y se viste para el orto—. Pero es la que conocía de redes, no Espert. La que manejaba Twitter y movía gente era La Divagante. Por eso Espert tuvo cierto éxito en las redes. Fue ella, no fue Espert. Por eso le dedica libros. Ahora, la mina que hablaba de Goebbels y de todo, es la más maquiavélica de todas. Y fue ella la que armó el call center”, sostiene Lemoine.
María “Mechi” González, utilizando el seudónimo de @ladivagante, es una figura visible en las redes sociales, apoyando abiertamente las políticas del gobierno del que su esposo forma parte. González fue un pilar en la presencia digital de Espert desde su incursión en la política.
La enemistad entre Lemoine y González no es nueva. En abril de 2022, Lemoine republicó un meme que incluía a “Mechi Espert” en una lista de “gente turbia que ataca el liberalismo y al entorno de Milei”. Más tarde, en enero del año pasado, Lemoine acusó a González de “agarrar adolescentes con problemas (…) cuando están mal y los manda a matar”, calificándola como “la hippie con peor gusto del planeta, muy astuta, sin orgullo, es pantalla”.
Lemoine: Todo el tiempo peleando con todos
Este mes, Lemoine continuó generando polémica en el espacio político al criticar a la vicepresidente, Victoria Villarruel, por su silencio ante las visitas de legisladores de La Libertad Avanza a condenados por delitos de lesa humanidad en Ezeiza. También atacó a su colega en la Cámara Baja, Marcela Pagano, acusándola de impedir el quórum en la sesión del 7 de agosto. Sin embargo, Pagano estuvo presente en la sesión, según el registro oficial de Diputados.
En los mismos audios, Lemoine arremetió contra Rebeca Fleitas, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “La mina (por ‘Mechi’ González) es la típica mosca muerta que hay y después te tira mierda por todos lados. Me tomó el pelo toda la campaña(de 2019), siguió bardeando, pero lo hace estilo Rebecca Fleitas, viste, no te enterás, pero yo lo sé”, dijo Lemoine.
En octubre del año pasado, este medio informó sobre un enfrentamiento entre Lemoine y Fleitas. En esa ocasión —también a través de audios— Lemoine criticó el "manejo austero" de Fleitas con las cajas: "es la única hija de puta que dijo '¡Ay! Yo soy libertaria entonces no voy a tener asesores’. No es digna legisladora. Y encima mete proyectos por todos lados para figurar que no sirven para nada, porque nadie se los aprueba, pero hace que trabaja… Y encima, no le entrega contratos a la gente del Partido Libertario de CABA que es la que trabajó para ella gratis… lo cual la hace una reverenda hija de puta".
El reciente rechazo en la Cámara de Diputados al Decreto de Necesidad y Urgencia que buscaba incrementar en $100 mil millones los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) significó un duro revés para el gobierno de Javier Milei y profundizó las divisiones internas en el PRO, uno de los principales partidos de la coalición Juntos por el Cambio.
El presidente del PRO, Mauricio Macri, fue quien tomó la iniciativa de instituir a su bloque de la Cámara Baja a dar quórum en la sesión especial que finalmente resultó en la anulación del decreto. Esta decisión no solo tensó las relaciones con el gobierno, con quien el PRO había tenido una colaboración cercana en el pasado, y también expuso las fracturas dentro de su propio partido.
El DNU de Milei fue presentado en un contexto de creciente preocupación por la seguridad nacional y las amenazas del narcotráfico. El gobierno argumentó que estos fondos eran esenciales para fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y garantizar una mayor seguridad para los argentinos. Sin embargo, la falta de claridad sobre el uso de estos fondos y el “contexto económico” llevó al expresidente y a su círculo cercano a oponerse a la medida.
La decisión no fue unánime dentro del PRO. El sector liderado por Patricia Bullrich —ministra de Seguridad y una de las principales figuras del partido ahora cercana a LLA— se desmarcó de la postura del PRO y criticó duramente la decisión de rechazar el decreto. Bullrich, también desde Twitter, defendió la necesidad de estos fondos para combatir el narcotráfico y proteger a los argentinos, acusando a quienes se opusieron al DNU de “ponerse del lado de las mafias y el terrorismo”.
“La SIDE quedó desmantelada tras la administración de Alberto Fernández y requería dinero fresco para fortalecer la seguridad”, argumentó la ministra, quien lamentó la “inconsciencia” de los que, según ella, no tomaron en cuenta los riesgos que implica rechazar estos fondos.
UNA VOTACIÓN QUE EXPONE DIVISIONES
La votación en la Cámara de Diputados reflejó severas tensiones internas. Mientras que los diputados leales a Macri, como Álvaro González, Daiana Fernández Molero y Héctor Stefani, dieron quórum y votaron a favor de rechazar el DNU, otros, como Fernando Iglesias y Silvana Giudici, optaron por la abstención. Algunos diputados, como Hernán Lombardi y Sabrina Ajmechet, decidieron ausentarse, lo que evidenció la falta de consenso dentro del bloque.
Por otro lado, los diputados cercanos a Bullrich, como Damián Arabia y Patricia Vásquez, votaron en contra de la anulación del decreto, alineándose con La Libertad Avanza, el partido de Milei. Esta divergencia en la votación mostró que, a pesar de la instrucción de Macri, Bullrich aún mantiene un considerable apoyo dentro del PRO.
El comunicado oficial del PRO, titulado “Esto no es el cambio”, dejó en claro la postura de la cúpula partidaria frente al DNU de Milei, enfatizando la importancia de instituciones fuertes y transparentes, y de un gobierno austero.
Una nueva polémica llega al Senado de la mano de otro Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei, esta vez que incrementa el presupuesto de la nueva Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) en 100 mil millones de pesos.
Se trata del documento número 656/24 que llegó en el mediodía de este jueves al Congreso, para ser tratado por la Cámara alta y con el que el oficialismo busca la ratificación parlamentaria a partir del debate que se abrirá en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, a pesar de las posturas en contra que expresaron los líderes de varios bloques políticos.
La polémica inició con la reestructuración del servicio nacional de inteligencia, ya que la gestión libertaria, sobre todo la secretaria de Presidencia, Karina Milei y su asesor estrella, Santiago Caputo, que decidieron remplazar a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) creada por Cristina Kirchner, durante su último mandato, por una SIDE que responda directamente al entorno de Milei.
Además se crearon otras tres áreas que pasaran a estar bajo la órbita de Karina Milei, el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia Nacional de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos, como organismos descentralizados.
Para ello, Milei firmó un DNU que sostiene que “resulta necesario asignar las partidas presupuestarias que permitan solventar, inicialmente, las acciones para la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional y el adecuado funcionamiento de los referidos organismos desconcentrados que lo integran”. “Que tales fondos tendrán como principal destino el Sistema de Inteligencia Nacional para garantizar la seguridad, defensa e integridad de la República Argentina”, señala el documento emitido por la Casa Rosada y que deberá obtener el aval del Congreso.
En un nuevo avance hacia la modernización de la administración pública, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 743/24, que transforma radicalmente la manera en que los ciudadanos pueden firmar documentos oficiales. Esta reforma, diseñada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, habilita a firmar documentos de manera remota, desde cualquier lugar, sin necesidad de herramientas físicas como un “token”.
Hasta la promulgación de este decreto, la firma digital implicaba una serie de requisitos que limitaban su accesibilidad, como la necesidad de estar presente físicamente y el uso de dispositivos específicos para autenticar la identidad del firmante.Ahora, los ciudadanos pueden realizar estos trámites completamente en línea, lo que supone un alineamiento con las prácticas internacionales más avanzadas en términos de seguridad y eficiencia administrativa.
La firma digital, regulada en Argentina desde la Ley N° 25.506, garantiza la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. Este tipo de firma tiene la misma validez legal que una firma manuscrita, pero con la ventaja adicional de que, en caso de disputa, la responsabilidad de probar la falsedad recae en quien la impugna, no en el firmante. Esto refuerza la seguridad jurídica en las transacciones y acuerdos celebrados digitalmente.
Federico Sturzenegger, a través de sus redes sociales, celebró la implementación de esta medida, destacando que se trata de un paso más en la agenda de desregulación que caracteriza al gobierno de Javier Milei. Según el ministro, la eliminación de trabas burocráticas no solo facilita la vida de los ciudadanos, sino que también fortalece el derecho de propiedad al simplificar y hacer más seguro el proceso de firma de contratos y documentos oficiales.
El posteo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger
El Decreto 743/24 también introduce una innovación significativa en el proceso de validación de identidad. Anteriormente, este procedimiento requería la presencia física del solicitante ante un Certificador Licenciado. Con la nueva normativa, esta validación puede realizarse en tiempo real utilizando los datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), eliminando la necesidad de desplazarse a una oficina física.
Además, la reforma permite delegar en las llamadas “autoridades de registro” la responsabilidad de la validación de identidad, lo que simplifica aún más el proceso. Con estas modificaciones, cualquier persona en Argentina puede obtener, renovar o revocar su firma digital de manera remota, sin importar su ubicación.
La diputada nacional de LLA fue denunciada penalmente por coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. En medio de acusaciones, Ponce negó todo pero evitó detalles sobre su situación judicial.
