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Según la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) el 70,6% de los comercios registró caídas en sus ventas en los últimos seis meses, que coinciden con la cuarentena.
Según los comercios encuestados, el 70,6% registró caídas en sus ventas en comparación con el período prepandemia. En concreto, el 38,8% sostuvo que las ventas cayeron más del 50%, el 20,9% sufrió una disminución de entre el 26% y el 50%, mientras que el 10,9% señaló que la disminución fue de entre el 1% y el 25%.
El informe también reveló que el 5,4% de las empresas consultadas piensa contratar personal en los próximos tres meses, aunque el 50,4% piensa en reducir la planta y el restante 44,2% mantendrá la cantidad de colaboradores.
Mario Grinman
Mario Grinman, secretario de la CAC, dijo en FM Vos (94.5) que “hay poco dinero en las calles y el poco que hay la gente lo atesora porque no sabe cuándo va terminar esta pandemia”. Remarcó que el 80% de los encuestados no prevé hacer inversiones en los próximos meses y un 40% dijo que la ayuda del Estado fue insuficiente o mala.
El dirigente añadió que “el futuro es bastante sombrío si bien como empresarios somos optimistas, porque hay que ser optimista para ser empresario en Argentina, no de ahora, por la historia de los últimos 90 años, un país que tiene una mirada negativa hacia el empresariado que no reconoce el esfuerzo de abrir nuevas empresas y nuevas fuentes de trabajo, es una cultura que hay que cambiar”.
Entre otros aspectos que refleja la consulta mensual de la CAC, el 24,4% de los empleos en sectores esenciales se encuentra realizando teletrabajo, mientras que en las actividades no esenciales dicha incidencia es del 35%. Por otra parte, de continuar con las restricciones, el 10,1% de las empresas relevadas considera cerrar sus puertas.
*Fuente: Mendoza Post
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La deuda soberana arranca el viernes con debilidades, borrando parcialmente el rebote que se había dado en los últimos días. El contexto de tensión global golpea a la renta fija local. En promedio, los bonos muestran mermas de 10% desde los máximos de abril.
IMPACTO GLOBAL
Todos los tramos de la curva argentina muestran una jornada en rojo, con el Global 2029 cayendo 1,04% y el Global 2030 perdiendo 0,92%.
Por su parte, el Global 2035 y el Global 2038 caen 1,4% y 1,3%, mientras que el GD41 y el GD46 caen 1,5% y 1,36% respectivamente.
En medio de temores sobre una recesión y en la que el mercado sospecha que la Reserva Federal deberá bajar la tasa de interés de una manera más acelerada respecto de lo esperado, las acciones caen, así como también los rendimientos de los bonos del tesoro americano.
Es decir, se está dando un contexto de fly to quality, o salto a la calidad, en donde los inversores buscan activos seguros en medio de la mayor volatilidad y temores de recesión. En un escenario en donde los inversores priorizan activos de menor volatilidad y seguros, la renta fija local sufre dicho panorama ya que son instrumentos de alto riesgo.
La volatilidad en la renta fija local proviene del mercado internacional, en donde los inversores comienzan a incorporar riesgos recesivos en EEUU luego de datos económicos débiles.
El mercado laboral evidenció una creación de empleo de 114.000 debajo de lo esperado, a la vez que el desempleo saltó al 4,3%, por encima del 4,1% que esperaban los economistas en EEUU. En base a todo ello, los analistas de PPI afirmaron que los factores internacionales explican casi el 70% de la performance de la caída de los bonos recientemente.
ACCIONES EN ROJO
Las acciones también operan a la baja tanto en la plaza local como en Wall Street.
BBVA lidera las pérdidas, con una caída de 12,1%.
Vista Cae %, 7,3 por Grupo Supervielle que pierde 7,1% e YPF, y Banco Macro, con mermas de 5,9%.
Le siguen YPF, Despegar, Corporación América, TGS y Grupo Financiero Galicia, que caen entre 4% y 5%
El S&P Merval baja 2,9%, mentras que medido en dólares retrocede 4,7%
En cuanto al impacto local, Santiago Ruiz Guiñazú, Head of Equity Sales & Trading de Adcap, señaló que la volatilidad global puede afectar a los activos argentinos.
Hacia delante, Ruiz Guiñazú remarcó que la Argentina necesita un viento de cola para consolidar la recuperación.
“Las empresas argentinas se mueven con cierta diferencia porque están más afectados por los indicadores macroeconómicos en Argentina. Las empresas argentinas con baja deuda y buenos resultados operativos han tenido caídas. Necesitamos que el contexto pueda ayudar a la macro y las empresas puedan desbloquear su potencial”, sostuvo.
Maximiliano Bagilet, team líder de TSA Bursátil, espera que el ajuste actual en Wall Street se mantenga, pudiendo contagiar a los activos locales.
“Creo que la volatilidad actual en Wall Street se va a prolongar y de ocurrir, Argentina podría contagiarse del contexto global. Creo que los bonos podrían ajustar a paridades cercanas a u$s 40 y el S&P Merval a la zona de u$s 1000. Allí podría ser un buen punto para volver a comprar”, indicó.
Además, agregó que las valuaciones de los activos locales estaban muy elevados, por lo que el mercado ajusta también en expectativas.
“Veníamos con un valor en dólares de los activos muy alto basado meramente por expectativas. Ahora el mercado sigue a la espera mientras tanto de conclusiones finales en el plan económico y la salida política que se está acomodando. Pero esto es una buena excusa para acomodar también los activos locales que venían recontra sobre exigidos o sobrevaluados”, afirmó.
En ese sentido,Bagilet entiende que, de corto plazo la recomendación es quedarse fuera, aunque de mediano plazo sigue apostando a la Argentina.
“Con paridades más cercanas a 40 e índice Merval cercano a los u$s 1000 dólares, es una caída aproximada de 10% a 11% en dólares”, detalló.
Con una visión similar, los analistas de Don Capital, advierten que la volatilidad en el mercado puede perdurar.
“Dada la volatilidad observada en las últimas sesiones, impulsada por las decisiones de la Fed y los datos macroeconómicos de Estados Unidos, es probable que este escenario persista en el futuro cercano”, afirmaron.
Sin embargo, también entienden que los drivers locales son preponderantes en la deuda local.
“Al comparar bonos representativos, como el GD30 con el EMB, vemos que en el último año existe una correlación del 85%, lo que evidencia la estrecha relación de Argentina con sus pares de mercados emergentes. Creemos que, a pesar de la volatilidad futura, si la política económica local sigue siendo efectiva y el escenario externo se orienta hacia una reducción de tasas, los bonos argentinos podrían recuperar atractivo para los inversores”, dijeron desde Don Capital.
LOS BONOS EN MODO AJUSTE
El contexto de mayor volatilidad en los mercados globales se da en un escenario negativo para la renta fija argentina.
En promedio, los bonos muestran mermas de 10%.
Tomando desde el pico de abril, el GD29 cae 6,5%, mientras que el GD30 cae 11%.
En el tramo medio, las debilidades son de 13% y 12% para el GD35 y el Global 2038 desde los picos de abril.
Finalmente, en el extremo más largo, los títulos caen 14% y 12% en el GD41 y en el GD46 desde sus máximos previos.
Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, considera que la volatilidad de Wall Street no afecta de manera significativa a los activos locales.
“Si en septiembre hay una baja de tasa por parte de la FED, ayudaría a que los bonos argentinos a mejorar su performance como los del resto del mundo”, estimó.
En cuanto a la dinámica de los activos locales, Lazzati aclaró que los bonos y las acciones argentinas están en un período de stand by durante 60 días, esperando los resultados del blanqueo a ver si se juntan entre u$s 2000 y u$s 3000 millones, algo que ayudaría a fortalecer la reserva.
“Creemos que estamos en un periodo stand by en donde bonos y acciones van a fluctuar positivamente ante una demanda futura”, comentó Lazzati.
A su vez, el ajuste actual se dio en un contexto en donde el diferencial por legislación se achicó, generando posibilidades de arbitraje entre legislaciones, es decir, pasar de ley local a internacional y ganar la cobertura legal sin costo.
Agustín Helou, trader de Portfolio Investments, considera que ante bajos spreads por legislación, luce lógico pasarse de bonos local a ley extranjera.
“No creo que vaya a ocurrir algun evento crediticio. Pero ante spreads tan bajos, si un día se estresa la deuda, el inversor con bonos de ley NY está mejor parado que el que posee ley local“, comentó Helou.
Los riesgos sobre la deuda local no se eliminaron, y si bien el Gobierno muestra voluntad y capacidad de pago al remarcar que tiene (o va a tener) los dólares disponibles para pagar la deuda en 2025, el mercado aun desconfía.
“Creo que es conveniente pasarse de bonos ley local a NY, por una cuestión, de ´por las dudas´. Si el inversor tiene ciertos miedos sobre el tema reservas, que vienen vendiendo, esa estrategia no está mal. En algún momento se va a tener que llegar a un acuerdo con acreedores. Dado el stock de deuda y flujo de dólares, este no alcanza para pagar el perfil que tiene hoy la Argentina”, advirtió Helou.
Lucas Decoud, analista Renta Fija en Grupo IEB, detalló que si bien el spread de GD30/AL30 pasó de 2,65% a 5,1% actualmente, este se ubica en niveles cercanos al spread promedio entre 2020 y 2021 que fue de 5,78% luego del canje de Guzmán.
Además, recordó que en el periodo que va desde 2022 hasta antes de las elecciones primarias del 2023 el spread promedio se ubica en 16%.
“Creemos que el premio que brinda el pasarse de legislación extranjera a local todavía no es significativo o compensa adecuadamente la mayor robustez legal de los bonos globales sobre los Bonares”, dijo.
En cuanto a la estrategia, el especialista de Grupo IEB agregó que sigue prefiriendo posicionarnos en GD35 y GD41.
“Estos bonos operan con paridades más bajas que el tramo corto, lo que los vuelve defensivos en escenarios adversos y si la curva comprime a niveles de créditos emergentes presentan un upside potencial superior”, comentó Decoud.
La Argentina dejará de importar gas natural desde Bolivia en los próximos meses. Es el fin de una era: se trata de la terminación de un contrato que firmaron hace 18 años -en 2006- los ex presidentes Néstor Kirchner y Evo Morales, y que entró en vigencia el 1 de enero de 2007; iba a durar 20 años, hasta el 31 de diciembre de 2026.
En este tiempo, Argentina destinó casi u$s 20.000 Millones a esas importaciones. Pero gracias a Vaca Muerta y la concreción de dos obras estratégicas para el transporte de gas, será historia. En concreto, la reversión del Gasoducto Norte avanza y está a punto de terminarse, por etapas. El gasoducto hoy trae el combustible desde Bolivia. Pero con la reversión de su flujo, podrá llevar el gas argentino a siete provincias del norte, y además ser una vía para las exportaciones a Brasil.
Las empresas Techint (Paolo Rocca) y Sacde (Damián y Marcelo Mindlin) terminaron recientemente la construcción de 100 kilómetros del Gasoducto de Integración Federal, que unirá las localidades de Tío Pujio y La Carlota, en Córdoba, y que entregarán a la empresa pública Energía Argentina (Enarsa).
Es la única obra pública grande que sigue en pie se completa con otro tramo de 22 kilómetros y tareas complementarias, que ejecuta la constructora BTU, y 4 plantas compresoras en Córdoba, Santiago del Estero y Salta, a cargo de Esuco. Una parte de la reversión del Gasoducto Norte deberá estar lista en la segunda quincena de septiembre, mientras que las plantas se demorarían hasta marzo a julio 2025, por su bajo nivel de ejecución actual.
El proyecto estuvo a punto de ser cancelado con el cambio de gobierno, pero Paolo Rocca intercedió ante Javier Milei para convencerlo de la importancia estratégica de terminar las licitaciones y poner manos a la obra. Incluso, la transición fue uno de los motivos que demoró el inicio de la obra, que debió haber estado terminada en mayo de este año, antes del invierno.
El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aportó financiamiento por u$s 540 Millones, de los cuales ya desembolsó 417.417.675 dólares (el 77%). El resto será financiado con fondos públicos. Con todo, la capacidad de transporte de gas natural desde el Centro del país hacia el Norte trepará a 19 MMm3/d.
La 8° adenda al contrato de importaciones de Enarsa con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) terminó el 31 de julio de este año. Con la 9° adenda, se extendió la provisión por hasta 4 MMm3d, mientras tanto se termine la reversión. Después terminará el contrato.
La producción de Bolivia cae aceleradamente y la de Argentina crece, por lo que ya no se necesita ese gas. La situación es posible también por la puesta en marcha entre 2022 y 2023 del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), en la que participaron las mismas constructoras.
Desde agosto 2023, el caño transporta desde Vaca Muerta unos 11 MMm3/d, mientras que a partir de este mes, con la terminación de la planta compresora (PC) Tratayén Neuquén tiene una capacidad operativa de 16 MMm3/d, aunque durante algunos días lleva incluso 18 MMm3/d.
Así hay sustitución de importaciones de combustibles líquidos gasoil y fuel oil- y de Gas Natural Licuado (GNL) por el equivalente a más de u$s 2.500 Millones anuales. O, como remarcan especialistas del sector: trabajo argentino en lugar de “comprar empleo” afuera.
Entre septiembre y octubre, además, se terminará la PC Salliqueló, en la otra punta del GPNK, y se ampliará la capacidad en otros 5 MMm3/d.
Y está pendiente para fin de año la PC Mercedes, que servirá para transferir gas entre los sistemas de Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN), un refuerzo para la confiabilidad del suministro en el Gran Buenos Aires (GBA) y alrededores.
De esta forma, la Argentina alcanzó en 2023 el equilibrio en la balanza comercial energética después de un 2022 con un déficit de u$s 4.400 M- y este año tendrá superávit por u$s 5.000M, en un camino en el que nunca más tendrá resultados negativos, si continúa creciendo la producción en Vaca Muerta y se desarrollan sus obras asociadas.
Con estas obras, Argentina comenzará a exportar gas a Brasil.
En un esfuerzo por impulsar el desarrollo económico y la inversión en la provincia, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció la presentación del proyecto de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) ante la Legislatura. Este anuncio se realizó después de una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y ha generado un notable interés entre las empresas mineras, que ya están planeando inversiones por un total de USD 9.000 millones.
Entre las empresas interesadas en aprovechar el RIGI se encuentra POSCO Argentina, que planea utilizar el régimen para las fases 2 y 3 de su proyecto de litio, con una inversión de USD 2.000 millones. Fuentes oficiales señalaron que la compañía espera que el RIGI mejore el entorno económico y empresarial, lo que podría llevar a futuras inversiones adicionales.
Ganfeng, otra empresa minera, está evaluando la construcción de un nuevo proyecto de litio con una inversión cercana a los USD 1.000 millones. De igual manera, First Quantum Minerals tiene previsto aplicar al RIGI para su proyecto de cobre Taca Taca, con una inversión estimada de USD 4.000 millones. La empresa está trabajando estrechamente con la provincia para obtener los permisos necesarios y se espera que el proyecto se concrete en el corto plazo.
Por su parte, Eramet planea aplicar el RIGI para la fase 2 de su proyecto de litio Centenario Ratones, con una inversión estimada de entre USD 800 millones y USD 1.000 millones. Alejandro Moro, CEO de Eramine Sudamérica, mencionó que la empresa cuenta con el RIGI para la expansión y duplicación de la producción de su planta actual, con el objetivo de comenzar a fines de este año.
Asimismo,Rio Tinto avanza en la construcción de su planta de 3.000 toneladas de litio y está evaluando la construcción de una planta de 50.000 toneladas para el próximo año. Alpha Lithium/Tecpetrol también está considerando la construcción de sus proyectos en el corto plazo, aprovechando los beneficios del RIGI.
La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) ha destacado la importancia de la adhesión de más provincias al RIGI, señalando que este régimen es fundamental para la concreción de importantes inversiones destinadas a desarrollar la producción minera.
El mes de julio trae malas noticias económicas para el Gobierno, que se esfuerza por mantener una línea de ajuste brutal en las cuestas públicas, es que por primera vez en lo que va de la gestión de Javier Milei, no se logró alcanzar el superávit financiero durante el séptimo período del año.
Así lo admitió el propio ministro de Economía, Luis Caputo, quien achacó el cierre en rojo de las cuestas públicas al desembolso de 780 millones de dólares para el Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de intereses de la deuda contraída por él mismo, en 2018, cuando era funcionario del gobierno de Mauricio Macri.
El dato endurece la confianza de los inversores en un momento delicado del mercado financiero, ya que se suma a la inestabilidad en la capacidad de pago de los compromisos en moneda dura, por parte del Gobierno. Además de la poca disponibilidad de dólares que por la falta de disciplina fiscal de los últimos meses.
Asimismo, si a la caída cotidiana de reservas de los últimos días se le agrega un deterioro del panorama fiscal, el dato podía deparar una sorpresa aún más desagradable para el equipo económico que se esfuerza por mostrar logros de gestión a toda costa.
Si bien, las reservas se verán afectadas también por el pago de intereses al FMI por otros mil millones de dólares a finales del mes de agosto, Caputo prometió que las cuestas publicas volverán a tener un saldo positivo, con la intención de llevar calma a los mercados y sobre todo a los inversionistas que miran con desconfianza el panorama de aquí a diciembre.
El titular del Palacio de Hacienda, confirmó que a mediados del nuevo mes que comienza, llegaran fondos frescos por parte del BID, que prestará unos USD 650 millones al país, para equilibrar las salidas de dólares destinadas al pago de intereses internacionales.
También, el Gobierno confía en la llegada de dólares a través del sector del agro, que estableció un compromiso de saldar algunas toneladas de cereales que quedaron pendientes de la cosecha 2024 a la espera de la liberación del cepo cambiario, que no parece dar señales de desaparecer en lo inmediato.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) introdujo una nueva medida que suaviza las restricciones cambiarias, especialmente en lo que refiere a pequeños pagos al exterior.A través de la Comunicación A 8085, la entidad elevó el tope a partir del cual es necesario informar anticipadamente las compras de dólares, permitiendo a empresas y particulares realizar operaciones de menor envergadura con mayor facilidad. Asimismo, se eliminó un registro que hasta ahora era obligatorio para importadores, simplificando el proceso de pagos internacionales.
Anteriormente, cualquier operación que superara los USD 10.000 debía ser reportada al BCRA con una antelación de dos días hábiles. Esta normativa no solo afectaba a grandes transacciones, sino también a pequeñas y medianas empresas que necesitaban importar insumos o pagar por servicios contratados en el exterior. Con la nueva disposición, el límite se eleva a USD 100.000, lo que exime a una gran cantidad de operaciones de la obligación de ser informadas previamente.
Además del aumento en el límite de información previa, el BCRA decidió eliminar el Registro de información cambiaria de exportadores e importadores de bienes. Hasta ahora, este registro era obligatorio tanto para personas físicas como jurídicas que realizaran operaciones internacionales. La eliminación de este requisito, que entró en vigencia de forma inmediata, facilita aún más los pagos al exterior, reduciendo la burocracia y acelerando los tiempos de operación.
El presidente del BCRA, Santiago Bausili, junto al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo
Estas nuevas disposiciones del Banco Central reflejan un intento por dinamizar el acceso al mercado de cambios, haciendo más fluido y menos engorroso el proceso de realizar pagos internacionales para pequeñas y medianas empresas. Aunque la medida no elimina el “cepo” cambiario, sí representa un paso hacia una mayor flexibilización, beneficiando a quienes operan con montos menores y reduciendo la carga administrativa que hasta ahora complicaba sus operaciones diarias.
Las nuevas normas comenzarán a regir a partir del 14 de agosto para la modificación del umbral de USD 100.000, mientras que la eliminación del registro ya está en efecto. Estas disposiciones continúan con una tendencia hacia una mayor apertura en el control de cambios en el país.
El Gobierno anunció un nuevo aumento en las tarifas de gas y electricidad para septiembre, con un incremento promedio del 4% en las facturas de los hogares, industrias y comercios en todo el país. Este ajuste se enmarca en la estrategia del Ministerio de Economía para continuar con la desaceleración de la inflación, impulsada por la reducción del Impuesto PAIS. Aunque se espera que esta medida contribuya al ordenamiento de precios relativos, también representa un nuevo golpe al bolsillo de los consumidores, particularmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En el AMBA, el impacto será más pronunciado debido a que, además de las subas en las tarifas de energía, los servicios de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) verán un incremento del 4,48%, y los combustibles subirán un 2,5% promedio en todo el país por el diferimiento del impuesto a los combustibles líquidos (ICL). El ministro de Economía, Luis Caputo, junto a su equipo, está evaluando la magnitud exacta del ajuste, aunque las empresas del sector trabajan con una pauta de entre el 2% y el 4%.
La visión del equipo económico es que la desaceleración de la inflación, evidenciada en la reducción del Índice de Precios al Consumidor (IPC), permitirá seguir ajustando las tarifas sin generar un impacto inflacionario significativo. Según Caputo, la reducción del Impuesto PAIS contribuirá a que la inflación “baje otro escalón” en septiembre, continuando la tendencia observada en julio y agosto.
Las tarifas de energía incluyen varios componentes, como el precio de la luz o el gas, el transporte, la distribución y los impuestos. Actualmente, los usuarios residenciales cubren solo un porcentaje del costo real de estos servicios -57% del gas y 64% de la electricidad-, y el resto es subsidiado por el Tesoro. Caputo está analizando la posibilidad de reducir progresivamente estos subsidios para que los usuarios cubran el 100% del costo, aunque este proceso estará condicionado por la situación social y la necesidad de mantener la inflación bajo control.
Analistas del sector señalaron que la corrección de las tarifas es necesaria para evitar el deterioro en la calidad de los servicios, un problema que se acentuó durante las administraciones anteriores. A pesar de los ajustes, la situación social sigue siendo delicada, con una pobreza que escaló al 55% en el primer trimestre de 2024, según la UCA, en parte debido al impacto de la devaluación de diciembre pasado.
La diputada nacional de LLA fue denunciada penalmente por coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. En medio de acusaciones, Ponce negó todo pero evitó detalles sobre su situación judicial.