Alberto hace 13 días: “No está en mis planes devaluar”
El recargo de 35% sobre la divisa se computará como un pago a cuenta de Ganancias y BBPP. Qué pasará con los servicios digitales que se cobran en dólares.
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Hace sólo 13 días, el presidente Alberto Fernández brindó una entrevista a la señal Todo Noticias en la que negó una nueva devaluación y si bien reconoció que “la compra del dólar ahorro es un problema muy serio”, prometió “seguir trabajando bajo ciertos criterios” con el fin de que la Argentina se desendeude, acumule reservas y consiga “un dolar competitivo para que podamos exportar”.
Sin embargo, para frenar la demanda de dólares y la pérdida de reservas, el Gobierno resolvió este martes endurecer el cepo cambiario con una retención del 35% sobre el dólar “solidario” a cuenta de Ganancias y Bienes Personales y el descuento de las compras con tarjeta en el exterior del cupo mensual de USD 200 disponible para adquirir la divisa, cuyo valor oscilará los $132.
Esta medida -además- tendrá un impacto directo sobre los servicios digitales dolarizados como Netflix, Spotify, las herramientas de Apple, Google Play y los juegos de PlayStation. Por ejemplo: un servicio básico de Netflix sale 3,64 dólares y uno de Spotify premium básico, 1,89 dólares. La suma de ambos da 5,53 dólares por mes. Si uno abona este servicio, tendrá autorizado comprar en el mes 194,47 dólares.
*Fuente: Periodismo y Punto
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Ante la Oficina Anticorrupción, el diputado nacional Máximo Kirchner declaró una fortuna de $8.311.567.011,23, cuando en el período fiscal anterior había consignado $4.719 millones. El incremento fue cercano al 76% en un año. No incorporó nuevas propiedades ni más dólares: mantuvo los mismos bienes muebles e inmuebles, y la variación respondió a la cotización de la divisa estadounidense y al aumento de la valuación de sus propiedades.
Detalló una tenencia de US$2.905.572, la misma cantidad que en el período fiscal previo. Al tipo de cambio oficial declaró $2.929.834.061,34, cifra que representó gran parte de los más de $8.300 millones que, al 31 de diciembre de 2024, poseyó.
El patrimonio incluyó 27 propiedades, de las cuales solo dos fueron adquiridas con recursos propios. Las valuó en $2.349.841.381,8. En la declaración anterior había consignado el mismo listado —casas, departamentos, terrenos (mayoritariamente en El Calafate) y un local comercial— por $1.190.524.306,16. Esos inmuebles provinieron de la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner y de la donación en vida realizada por Cristina Kirchner.
Las acciones de las empresas familiares también mostraron un salto significativo. Los Sauces SA, inmobiliaria investigada por lavado de dinero que llegó a tener como principales inquilinos a Lázaro Báez y Cristóbal López, fue declarada por Máximo Kirchner en $1.507.421.976,50. Poseyó el 55% del paquete accionario. En el período anterior la valuó en $719.847.540,50. Hotesur SA, dueña del hotel Alto Calafate y también bajo investigación por maniobras de blanqueo, fue valuada en $1.086.116.594,00. El diputado declaró el 50% de sus acciones. En la declaración anterior figuró en $405.366.129,56. La tercera firma, Co.Ma. SA, nunca realizó actividades y solo cuenta con un terreno baldío en El Calafate; fue valuada en $93.354.
Declaró además deudas por $86.963.957,66, con acreencias a favor de Hotesur SA, Los Sauces SA, el Condominio Máximo Kirchner y Florencia Kirchner que administra las propiedades heredadas, y con el ARCA. Como ingresos por trabajo, alquileres y otras rentas netos de gastos, expresó $67.018.272,22. También registró dos vehículos obtenidos con ingresos propios por más de $18,5 millones.
Mientras se conoció el patrimonio de Máximo Kirchner, en el marco de la causa Vialidad la ex presidenta Cristina Kirchner fue intimada a depositar, de forma solidaria con los demás condenados, US$537 millones en concepto de decomiso. El Tribunal Oral Federal 2 indicó que esa cifra representó “gravísimos hechos de corrupción”. Si el 13 de agosto no se deposita el monto consignado, la Justicia procederá a la ejecución de bienes embargados.
El fiscal general Diego Luciani presentó un listado con todas las propiedades declaradas por Máximo Kirchner al considerar que se trató del mismo acervo patrimonial. En marzo de 2016, la ex mandataria hizo una cesión en partes iguales de su patrimonio a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Para entonces ascendía a $74 millones. Desde entonces solo conservó el usufructo de un conjunto de propiedades: el departamento de Uruguay y Juncal, el de San José 1111 donde cumple arresto domiciliario, la residencia de Río Gallegos y la de El Calafate.
Su última declaración patrimonial ante la OA, correspondiente a su último año como vicepresidenta, expuso una fortuna de $250 millones. Entre sus bienes consignó tener un auto 0 km, el usufructo del departamento del barrio de Recoleta y de un terreno en la villa turística santacruceña, además de acciones de Mercado Libre y Apple, entre otras.
El vicegobernador Pedro Pesatti afirmó que el gobernador Alberto Weretilneck decidió bajarlo de la candidatura al Senado Nacional debido a sus opiniones políticas. En un comunicado publicado en redes sociales, Pesatti sostuvo que fue vetado “por sus ideas”.
Pesatti relató que Weretilneck le comunicó que el espacio impulsará una candidatura con una postura distinta a la suya. Señaló no coincidir con el análisis del escenario ni con la estrategia adoptada, y calificó la movida como una traición al acuerdo previo.
Según fuentes provinciales, el gobernador eligió al jefe del bloque Juntos Somos Río Negro (JSRN) en la Legislatura, Facundo López, como candidato al Senado. La decisión fue confirmada ayer martes y generó sorpresa interna.
Pesatti manifestó su profunda decepción y opinó que, aunque en su momento Weretilneck propuso su postulación, el gesto de vetarlo demuestra la verdadera ideología del gobierno. “Los métodos desnudan la verdadera ideología”, escribió.
La denuncia se inscribe en un contexto de tensiones mayores entre Weretilneck y el oficialismo nacional. El gobernador mantuvo posiciones críticas hacia el gobierno de Javier Milei, sin embargo luego suavizó su discurso, lo que ahora juega en su contra en la interna de JSRN.
En junio, Weretilneck hizo público su respaldo al fallo de la Corte que condenó a Cristina Fernández de Kirchner. Lo hizo mediante un comunicado institucional y en declaraciones ante medios provinciales, lo que generó repercusiones dentro del peronismo local.
Dentro de Río Negro, el gobernador adelantó que las provincias afrontan una fuerte merma de recursos bajo la nueva administración nacional, con una caída estimada de alrededor del 70 % en fondos coparticipables.
El gobernador también rechazó depender de la Nación y resaltó la necesidad de encontrar respuestas desde lo provincial, en un escenario que calificó como un “tiempo de emergencia” durante el vínculo con el gobierno central.
Pesatti enfatizó que quienes mejor representaron los ideales del federalismo fueron históricamente relegados y perseguidos. Consideró su exclusión como parte de un patrón que deja en evidencia diferencias de fondo dentro del partido.
Al interior del bloque legislativo, algunos sectores de la oposición provincial ya habían cuestionado la estrategia del gobernador. Lo acusaron de alinearse con el centralismo y descuidar los intereses provinciales. En los próximos días se espera que el círculo interno de JSRN anuncie formalmente la fórmula al Senado, sin presencia de Pesatti. Queda planteado el desafío de cómo se articulará la campaña electoral sin la presencia del titular del Ejecutivo provincial.
El nombre de Héctor Horacio Martínez Sosa viene cobrando relevancia por aparecer en medio de una trama de negociados en el Estado a través de la millonaria contratación de seguros.
Sin embargo, sus trapisondas ya fueron reveladas por este periodista en 2020, a raíz de las fiestas que supo organizar en San Fernando, provincia de Buenos Aires, violando la cuarentena que se imponía en esas jornadas por el COVID.
Su otrora impunidad tiene una explicación: ostentaba la protección de su amigo Alberto Fernández, el ex presidente de la Nación, de quien se presume su testaferro.
Oportunamente, estuvo casado con quien fue una de las secretarias del ex mandatario, cuando era jefe de Gabinete, María Cantero, sospechada de actuar como prestanombre de Fernández en esos días.
Más aún, Martínez Sosa figura en la declaración de bienes del ex Jefe de Estado como acreedor.
El hombre, que es accionista de las empresas Flyers Concierge Latam SA y Safety Consultora de Higiene y Seguridad SA, supo hacer mucho dinero cuando Alberto era mandamás en el Bapro.
Sosa es un personaje de novela: en los años 90 vivía en Ushuaia, donde quebró, se instaló en Buenos Aires con una mano atrás y otra adelante, y logró volverse millonario gracias a la mano que le dio el ex presidente como titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Alberto le abrió la puerta a negocios lícitos e ilícitos, sobre todo estos últimos.
Hoy en día, posee dos ostentosas casas, una de las cuales está justo en el cruce con la esquina de Guido Spano, donde fueron anexados dos lotes vecinos de 600 M2 cada uno en los últimos 4 años.
En uno de estos últimos se construyó una casa que es usada como gimnasio; a su vez, en la casa original, Martínez Sosa tiene una impresionante bodega subterránea, donde colecciona vinos carísimos.
La renuncia de cincuenta de los 193 docentes del Instituto Dámaso Centeno, dependencia educativa del Ejército, expuso la profundidad del conflicto que atravesó la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF). Los salarios resultaron insuficientes frente a los $780.000 que cobraron sus pares porteños.
Ante la pérdida de capital humano, el director del establecimiento, coronel Juan Sancho Vilarullo, advirtió que “si no les aumentan el sueldo a los docentes, el colegio no es viable”. El reclamo se extendió a padres, exalumnos y estudiantes, quienes realizaron un abrazo simbólico para visibilizar la demanda.
Fuentes militares afirmaron que “Petri le encargó a los jefes de las Fuerzas Armadas cerrar toda escuela que no sea imprescindible”. La instrucción paralizó concursos docentes en la Armada y sometió a revisión al menos veintiséis centros, entre ellos la Escuela de Artes y Oficios Navales y la Escuela de Pesca, además de varios liceos donde los cadetes ya abonaban matrícula. De forma paralela, los liceos militares registraron renuncias semanales de profesores, atraídos por mejores ingresos en los sistemas educativos nacional, provincial y porteño.
El Instituto Dámaso Centeno cobró cuotas mensuales de $178.000 en secundaria y $150.000 en primaria; esos montos fueron transferidos íntegramente al Tesoro. “El colegio genera caja y Defensa se agarra la guita y les paga a los docentes como empleados del Ejército, pero el colegio tiene caja como para pagarles los salarios de un colegio secundario de la Capital, que son el doble de lo que cobran”, describió una fuente cercana al conflicto.
La UNDEF se creó el 19 de noviembre de 2014, mediante la Ley 27.015, con la finalidad de integrar y modernizar la formación académica de más de cincuenta institutos de las Fuerzas Armadas —entre ellos la Escuela Superior de Guerra, la Escuela Naval y la Escuela de Aviación Militar—.
Sin embargo, la auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), plasmada en el Informe N.º 42/2018, exhibió carencias críticas: ausencia de Tesorería, Compras, Contrataciones y Administración de Personal; inexistencia de manuales de procedimiento; liquidaciones irregulares de vacaciones y contrataciones directas sin competencia. El informe también acreditó que la universidad destinó $18,5 millones —el 97 % de un refuerzo presupuestario gestionado en 2016— a la compra de LEBACs sin intervención de la Tesorería General.
A pesar de tales observaciones, los funcionarios señalados conservaron sus posiciones. Julio Spota pasó de decano a rector; Hernán Isasmendi continuó como secretario general con control de las finanzas; y David Zeigner ascendió de subsecretario de Coordinación Administrativa a secretario. El presupuesto asignado a la UNDEF para 2024 totalizó $3.703 millones, un incremento interanual del 106%, sin impacto favorable en las remuneraciones docentes.
La SIGEN también cuestionó la capacidad de la UNDEF para cumplir sus metas académicas. Entre 2015 y 2023, la conducción operó como “caja política”: durante la administración kirchnerista, el viceministro Sergio “Sapito” Rossi controló la estructura; luego, en las gestiones radicales de Julio Martínez, Oscar Aguad y Luis Petri, la influencia recayó sobre Isasmendi, vinculado al bloque radical en Diputados.
“La reciente remoción de la vicerrectora Dolores Letterier, designada por el ministro Petri, tras denunciar irregularidades internas, confirma que todo intento por sanear la institución encuentra una férrea resistencia de quienes controlan su conducción” puede leerse en un comunicado.
El contraste se profundizó cuando el presidente Javier Milei exigió auditorías estrictas a la Universidad de Buenos Aires. Mientras el Poder Ejecutivo reclamó transparencia en las universidades autónomas, la UNDEF, la única institución dependiente en forma directa del Ministerio de Defensa, se negó a nuevas revisiones con idénticos argumentos a los del resto del sistema universitario.
Las unidades académicas de las Fuerzas Armadas desempeñaron una doble función: impartieron formación militar y expidieron títulos universitarios bajo supervisión de la UNDEF. Cada escuela contó con un director militar y un decano —generalmente un oficial retirado con titulación de grado— que reportó al rector. No obstante, “en vez de que la plata que pagan los padres vaya al instituto, va al Ministerio de Defensa y ahí se pierde en una nebulosa, por lo cual pagan un montón de plata y los institutos están cada vez peor”, explicó otra fuente del sector.
Así, la institución que debía servir de modelo de gestión estatal permaneció bajo las mismas autoridades y replicó las prácticas administrativas cuestionadas en 2018. Sin auditorías frescas ni mejoras salariales, la fuga de docentes dejó a los liceos militares sin profesionales calificados y elevó la presión sobre un sistema educativo castrense ya tensionado.
El escenario es Tres de Febrero, un municipio del conurbano bonaerense donde las promesas de la “nueva política” chocan de frente con las prácticas más arraigadas de la vieja política. La Libertad Avanza, el partido del Presidente Javier Milei, se encuentra en el ojo de la tormenta por su armado territorial, que no sólo incorpora figuras inesperadas, sino también a personajes con historiales explosivos que desafían el discurso anti-casta del oficialismo.
El caso central gira en torno a Agustín Álvarez, un joven militante de 28 años oriundo de Caseros, que hace una pirueta ideológica asombrosa: de la militancia en el Frente Patria Grande de Juan Grabois que toma campos y establecimientos, a las filas del mileísmo. Un volantazo político que, por sí solo, ya genera controversia y pone en evidencia la permeabilidad de las estructuras libertarias en el territorio.
Sin embargo, lo verdaderamente llamativo no es tanto el origen político de Álvarez, sino las figuras que lo acogen y la red que se teje a su alrededor. El ingreso de Álvarez se da bajo el ala de Ramón “Nene” Vera, un diputado provincial bonaerense de LLA que, según se denuncia, opera desde las sombras en el distrito, construyendo una red de lealtades que aspira a controlar una porción clave del poder local. Vera es recordado por una causa en la que ha vendido pollos descompuestos a escuelas de Buenos Aires, hace algunos años, aparte de haber sido candidato a intendente de Cristina Fernández de Kirchner.
El gran protagonista de esta trama, y el más controvertido, es Fabricio Martínez. El nuevo coordinador de LLA en la Tercera Sección Electoral —aquella con más votantes— y mano derecha de Sebastián Pareja —armador de LLA en la provincia de Buenos Aires y alfil de Karina Milei—, Martínez es un ex líder de la barra-brava de Laferrere. Su prontuario es interesante: sobrevivió a un intento de asesinato en 2022 con 35 impactos de bala en su auto, fue filmado en 2023 disparando al aire desde un colectivo, y no tiene trabajo registrado ni ingresos justificados desde 2007. Su pasado también incluye el manejo de fuerzas de choque en La Salada y una notoria influencia en el sindicato de la carne de La Matanza. Un cuadrazo coordinando al mileísmo bonaerense.
– Los balazos al VW Vento de Martínez, por entonces jefe de la barra de Laferrere, el día que fue atacado por sicarios y salvó su vida de milagro
La agrupación “La San Martín”, de reciente formación en el conurbano, es el vehículo de estas operaciones. Lo más impactante es que esta agrupación, compuesta por operadores políticos kirchneristas y barras-bravas,cuenta con la aprobación explícita de la propia Karina Milei y Sebastián Pareja. Su objetivo es claro: dar profundidad territorial a LLA, movilizar gente a los actos y, fundamentalmente, obtener control sobre los fondos del Consejo Escolar en Tres de Febrero, un botín millonario que representa una motivación muy de la casta.
Esta estrategia de puertas abiertas a figuras polémicas contrasta drásticamente con el discurso anti-casta de LLA a nivel nacional. Las contradicciones son evidentes y no pasan desapercibidas. La propia juventud libertaria preexistente en Tres de Febrero ha manifestado una indignación significativa ante la llegada de Álvarez y la presencia de personajes como Martínez, cuestionando la pureza ideológica del movimiento.
La situación se complejiza con la purga o lavado de cara que, irónicamente, la propia Karina Milei le exigió a Sebastián Pareja para limpiar la imagen del partido. Sin embargo, esta limpieza parece ser meramente superficial, con reasignaciones de figuras problemáticas en lugar de su real apartamiento. De hecho, poco después de la exigencia de Karina, Pareja se mostró públicamente con Fabricio Martínez para desmentir rumores de su desplazamiento, lo que pone de manifiesto una batalla interna entre la imagen pública y las necesidades de armado territorial.
Las tensiones llegan a la cúspide. Los congresos partidarios de LLA en el conurbano son descritos como “auto-celebraciones sin mucha épica“, con rumores de venta de candidaturas y negociaciones de listas con intendentes del PJ. Incluso, el Presidente Milei tuvo que intervenir directamente en un conflicto en Junín, desplazando a un referente local tras la expulsión de una militante “celestial” por la estructura de Pareja. Todo esto deja una pregunta flotando en el aire: si la “nueva política” de LLA se nutre de figuras controvertidas, utiliza viejas prácticas clientelares y se sumerge en la rosca más tradicional, ¿Cuál es entonces la verdadera diferencia con la casta que tanto critica?
Ricardo Alfonsín, exdiputado nacional e hijo del expresidente Raúl Alfonsín, habló de supuestas intenciones intervencionistas de Javier Milei hacia la provincia de Buenos Aires y mostró su apoyo al partido de Fuerza Patria en las elecciones provinciales bonaerenses.
“Si llegara a ganar Milei en la provincia de Buenos Aires, va a generar condiciones muy difíciles en la gobernabilidad y va a intervenir la provincia, él ya lo dijo”, afirmó el dirigente premiado con la Embajada de España por Alberto Fernández.
Esta advertencia cobra particular relevancia tras los episodios en febrero de 2025, cuando Milei efectivamente amenazó con intervenir la provincia, pidiendo la renuncia del gobernador Axel Kicillof tras varios episodios de inseguridad, generando un fuerte rechazo no solo del peronismo sino también de sectores de la oposición no peronista, afirmando: “Córrase del camino y déjenos intervenir la provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia”.
“Voy a acompañar a Fuerza Patria, en primer lugar porque creo que el gobierno de Kicillof es infinitamente mejor que el gobierno de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, y yo lo sé, tengo elementos de juicio para decirlo”, subrayó Alfonsín, siendo que en 2024 la provincia registró 128.477 robos denunciados, un incremento del 18% respecto a 2023, cuando se denunciaron 107.769 casos. Esto representó una tasa estimada de 706 robos por cada 100.000 habitantes.
Sus declaraciones se enmarcan en un momento político complejo para Argentina. Las elecciones provinciales de Buenos Aires del 7 de septiembre de 2025 se realizarán por separado de las elecciones nacionales del 26 de octubre, tras la decisión del gobernador Kicillof de desdoblar los comicios. En estos comicios se renovarán 46 diputados provinciales, 23 senadores, además de concejales y consejeros escolares en los 135 municipios bonaerenses.
Ricardo Alfonsín se encuentra actualmente alejado de la Unión Cívica Radical (UCR), partido del cual se desafilió formalmente en 2024 tras años de diferencias con la conducción partidaria. Actualmente lidera el Frente Amplio por la Democracia (FAD), una coalición progresista que conformó junto a Libres del Sur (Silvia Saravia), Forja (Gustavo López) y sectores del socialismo.
“Desde 1983 no hay gobierno menos republicano que este, menos democrático que este, más autoritario que este, menos federal que este porque no respeta a las provincias, ni más insensible que este desde el punto de vista social”, declaró.
Una asambleísta formalizó su denuncia tras ser agredida por “Chanchi” Riquelme en Nashville. El expediente ya tiene derivaciones civiles en la Argentina y profundiza la crisis institucional que rodea a la gestión Riquelme.
Kicillof desplazó a 24 policías por supuesta “vinculación política”. Ahora, ¿sabes qué hace para que el conurbano deje de estar tomado por los ladrones y asesinos? ABSOLUTAMENTE NADA. Rápido para perseguir policías, lento para perseguir a los delincuentes. Inutilidad y…
