¡ESCÁNDALO EN PARANÁ! | El precandidato a intendente Gainza MINTIÓ sobre su título de abogado
Las declaraciones de la Directora Nacional de Gestión Universitaria exponen la mentira del precandidato a intendente de Paraná, quien sostuvo haberse recibido de abogado en el año 2013.
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El mes pasado, la concejal paranaense Luisina Minni puso en duda el título de abogado del actual precandidato a intendente de la capital de Entre Ríos,Emanuel Gainza. “Vos sólo has vivido del Estado. Acá en el Honorable Concejo Deliberante nunca te vimos, y en tribunales tampoco. Es más, en Paraná nadie te conoce como abogado. ¿Será que nunca te recibiste?”, sentenció la oficialista. Por su parte, el oscuro burócrata aseguró haber estudiado tres años en la Universidad Católica Argentina: “Me recibí de abogado el 9 de Agosto de 2013”, aseguró desde sus redes sociales.
Si bien el polémico precandidato del PRO posteó fotos de su recibida en Twitter, la discusión sobre la autenticidad del título se mantuvo en duda. Recién hoy, la Directora Nacional de Gestión Universitaria del Ministerio de Educación de la Nación, Roxana Puig, en diálogo con APFDigital, desmintió lo sostenido por Gainza: “La fecha de egreso que aparece en el registro público es la fecha en la que la persona rindió la última obligación académica requerida para la obtención del título, ya sea su última materia, su trabajo final o su tesis, lo que fuera que le sea exigible por plan de estudios”, agregó la funcionaria.
Previo a esta fecha, el nombre del anterior miembro del concejo no figuraba en el Registro Nacional de Graduados Universitarios (RNGU), una base de datos establecida para centralizar la información de aquellos que obtuvieron un grado universitario desde 2012, un año antes de la fecha que el aspirante a la alcaldía había señalado como su día de graduación: agosto de 2013.
Puig añadió que en el Registro “se carga la información una vez que el Ministerio certificó. No es un trámite que hacen las Universidades. Es algo automático que se hace por sistema una vez que la titulación está intervenida por Educación”. Esto implica que Gainza finalizó sus estudios de abogacía recién el 19 de julio de 2023. Esa será la fecha de finalización que constará en el diploma que reciba.
La única situación en la que la carga de información es responsabilidad de la Universidad es si la finalización de los estudios ocurrió antes de 2012, año en el que comenzó a funcionar el ANGU de manera automática. Sin embargo, Puig aclaró: “No obstante la fecha es la misma, corresponde al mismo criterio“, es decir, el día en que se completaron los requisitos académicos.
De lo declarado por Puig se concluye que Gainza no poseía título de abogado cuando Minni lo mencionó en Twitter. Tampoco en el momento en que grabó el material de campaña (posteriormente eliminado) y se autodenominó experto en leyes. Mucho menos cuando afirmó ser abogado durante su declaración indagatoria ante el juez federal Leandro Ríos en el caso “Narcomunicipio”.
El ex concejal había comunicado públicamente que se había graduado como abogado tras aprobar Derecho Internacional Privado en agosto de 2013. “Yo no miento. Me recibí, terminé la carrera. Nunca tramité el titulo ni ejercí, porque nunca tuve la intención de trabajar como abogado”, expresó el pasado 21 de julio.
Después, presentó una captura de pantalla de la página de la UCA en la que se reflejaban 49 asignaturas aprobadas y un avance del 100% en la carrera. El dilema residía en que el programa de abogacía de la Universidad Católica, en vigor desde 2005, incluía 53 asignaturas. Faltaban 4. Pocos días después, circuló un supuesto certificado analítico de materias aprobadas. En este documento, en contraposición, la cantidad de asignaturas que Gainza había aprobado eran 60, once más que las que mostró en televisión y 7 más que las estipuladas en el plan de estudios. Además, el archivo PDF carecía de sello o firma de la UCA y no contenía su número de legajo.
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El riesgo país perforó la barrera de los 600 puntos básicos por primera vez desde agosto de 2018, cerrando en 571 unidades este lunes, según datos de JP Morgan. Este indicador, que mide el diferencial de tasas entre los bonos argentinos y los del Tesoro de Estados Unidos, alcanzó su nivel más bajo en siete años gracias al optimismo en los mercados financieros sobre la recuperación macroeconómica del país.
Los bonos soberanos Globales y Bonares experimentaron alzas significativas, con precios promedio cercanos a los USD 73, su máximo desde su salida al mercado. Esta revalorización refleja la confianza en las políticas del gobierno orientadas a estabilizar la macroeconomía.
Un factor clave en este panorama fue el anuncio del Banco Central de un repo por USD 1.000 millones con bancos internacionales. Un repo, o acuerdo de recompra, es un tipo de préstamo financiero en el que el Banco Central vende bonos soberanos como garantía para obtener efectivo, con el compromiso de recomprarlos a un precio previamente acordado en una fecha futura. Este mecanismo permite al país obtener liquidez inmediata para afrontar necesidades financieras a corto plazo.
En este caso, el repo ofrece una tasa anual del 8,8% y mejora la posición de liquidez del país, lo que contribuyó a fortalecer las reservas internacionales, que cerraron la semana pasada en USD 32.774 millones, cerca del máximo histórico de USD 32.886 millones alcanzado en diciembre de 2024.
Según el Banco Central, esta operación permite mitigar desbalances en el mercado de cambios, facilitando la eliminación progresiva de restricciones cambiarias y reforzando la credibilidad en las metas de política monetaria. Además, este tipo de operaciones genera un efecto simbólico positivo, mostrando un respaldo internacional a las políticas implementadas.
El Tesoro también mostró su capacidad de pago al acumular USD 5.698 millones en sus arcas, garantizando los vencimientos de deuda previstos para enero y julio. A esto se suma un incremento del 205,6% en la recaudación fiscal de 2024 en términos interanuales, superando ampliamente la inflación.
Un informe de la consultora Suramericana Visióndestacó que“aún sin acceso pleno a los mercados internacionales, Argentina podrá afrontar los vencimientos de deuda en 2025”. Este año, el Estado Nacional, el Banco Central, las provincias y las empresas deben saldar compromisos por casi USD 25.000 millones. Este escenario demuestra una combinación de estrategias efectivas de gestión de deuda y una mejora en la capacidad recaudatoria.
El optimismo de los inversores se refleja en la pendiente positiva de la curva de rendimientos de los bonos argentinos, que vuelve a registrar una estructura saludable tras años de tensión crediticia. Analistas de Max Capital destacaron que la tasa del repo indica que Argentina está cerca de recuperar acceso pleno a los mercados internacionales de deuda, lo que podría concretarse en el segundo semestre de 2025. Este regreso sería clave para refinanciar vencimientos y generar nuevas inversiones.
Según Facimex Valores, los bonos GD35 y GD41 presentan un potencial alcista del 13% al 33%, dependiendo de la calificación crediticia que logre el país. Por su parte, JP Morgan proyecta que el gobierno de Milei avanzará hacia la liberación del cepo cambiario y consolidará la estabilidad financiera mediante un robusto sistema macroeconómico.
A pesar de la mejora, todavía queda camino por recorrer: el riesgo país de Argentina (571 puntos) se mantiene apenas por encima del promedio regional (427 puntos).Comparativamente, Brasil registra 248 puntos, Perú 156, Chile 120 y Uruguay 89. Sin embargo, las políticas económicas actuales apuntan a cerrar esta brecha. Las reformas estructurales en curso y el foco en reducir la dependencia del financiamiento externo son elementos que podrían contribuir a una compresión adicional del riesgo país.
El año 2025 comenzó con resultados alentadores en el mercado financiero local. El índice MERVAL marcó un nuevo récord histórico en términos reales, alcanzando los USD 2.362. En Wall Street, las acciones argentinas también destacaron, con alzas del 4,5% en promedio. Estos avances posicionan al mercado argentino entre los de mejor rendimiento global, con ganancias acumuladas desde 2024 que superan el 100% en dólares.
El panorama optimista se refuerza con las expectativas de un nuevo acuerdo con el FMI y una economía en recuperación. Los inversores mantienen su confianza en las estrategias implementadas, lo que augura un año de consolidación para los activos argentinos y su posicionamiento en los mercados internacionales. A su vez, las proyecciones indican que las políticas económicas podrían impulsar un mayor crecimiento de las exportaciones, fortaleciendo el superávit comercial y reduciendo la presión sobre el tipo de cambio.
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el procesamiento de Eduardo Belliboni, líder piquetero del Polo Obrero, y de otros 16 dirigentes acusados de administración fraudulenta, extorsión y amenazas en el marco de la investigación por el manejo irregular de fondos del programa social Potenciar Trabajo. Con esta decisión, los implicados quedan al borde del juicio oral.
El tribunal, integrado por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Diego Barroetaveña, rechazó las apelaciones presentadas por las defensas debido a que no se encontraban debidamente fundamentadas desde el punto de vista federal. En su fallo, los magistrados destacaron que “los recurrentes no lograron demostrar los agravios actuales de tardía o imposible reparación ulterior que les genera la decisión”. Además, subrayaron que los recursos carecían de cuestiones de fondo que ameritaran una revisión por parte del máximo tribunal penal.
La causa, instruida por el juez federal Sebastián Casanello, se centra en el presunto desvío de fondos públicos destinados al programa Potenciar Trabajo. Este programa, implementado por el ex Ministerio de Desarrollo Social, tenía como objetivo principal promover la inclusión social y laboral de los sectores más vulnerables mediante la financiación de actividades productivas, comunitarias y educativas. Sin embargo, la investigación reveló serias irregularidades en su ejecución.
Los dirigentes del Polo Obrero utilizaron parte de esos recursos para financiar actividades partidarias y exigir aportes económicos a los beneficiarios del plan, bajo amenaza de excluirlos del programa. Además, las pruebas recabadas incluyen facturas apócrifas y el uso de empresas fantasma como Rumbos y Coxtex SA, esta última calificada por la AFIP como una “usina de facturas falsas” desde 2020.
Las maniobras también involucraron acuerdos celebrados entre las organizaciones sociales y el ex Ministerio de Desarrollo Social, bajo los cuales se desviaron millones de pesos. Estos fondos, destinados originalmente a mejorar las condiciones de vida de sectores vulnerables, fueron utilizados para actividades ajenas al propósito del programa. En varios casos, las organizaciones actuaban como Unidades de Gestión, intermediarias que recibían y administraban los fondos asignados a los beneficiarios.
“Los acusados manejaron de manera fraudulenta fondos destinados a cubrir necesidades sociales y desviaron el propósito del programa estatal para su propio beneficio, perjudicando al erario público”, afirmó Casanello en su resolución. Además, los dirigentes habrían impuesto condiciones a los beneficiarios del plan, como participar en manifestaciones y movilizaciones, afectando su libertad personal y su patrimonio.
El Ministerio de Desarrollo Social firmó entre 2020 y 2022 al menos cinco acuerdos con organizaciones vinculadas al Polo Obrero, lo que permitió la transferencia de más de 361 millones de pesos. Estos convenios estipulaban que los fondos se destinarían exclusivamente a proyectos comunitarios y productivos. Sin embargo, las auditorías revelaron que gran parte del dinero terminó siendo utilizado para actividades que nada tenían que ver con los fines previstos, como la organización de movilizaciones y la financiación de gastos partidarios.
El procesamiento inicial, dictado en 2022, incluía el delito de administración fraudulenta. Posteriormente, la Cámara Federal porteña agregó los cargos de extorsión y amenazas coactivas, lo que agravó la situación judicial de los imputados, entre quienes también figuran María Isolda Dotti, Gianna Puppo, Elizabeth del Carmen Palma y Gustavo Guillermo Vásquez, entre otros. Los magistrados de Casación ratificaron que estas maniobras representaban un claro abuso de posición dominante sobre personas en situación de vulnerabilidad.
Entre los hechos más paradigmáticos se encuentra el caso deCoxtex SA, una empresa que no tenía sede social ni comercial, carecía de actividad real y presentaba movimientos bancarios inconsistentes. La utilización de esta y otras firmas fantasmas permitió desviar millones de pesos que, según la Justicia, terminaron en las cuentas de la organización. Estos desajustes financieros constituyen pruebas irrefutables de un esquema que utilizaba mecanismos ilegales para apropiarse de fondos públicos destinados a sectores vulnerables.
Las defensas argumentaron que “no existió perjuicio para el Estado”, ya que las arcas públicas no se vieron afectadas, y calificaron la causa como “altamente mediática y estigmatizante”. Asimismo, cuestionaron la validez de las pruebas, incluyendo testimonios de identidad reservada. También alegaron que los procedimientos judiciales vulneraron derechos básicos de los acusados, como el acceso total a las pruebas y el derecho a un juicio justo.
Sin embargo, para la Cámara Federal, las pruebas fueron contundentes: “Las exigencias comprobadas de asistir a movilizaciones constituyen amenazas coactivas, mientras que la obligación de aportar un porcentaje del sueldo recibido del programa se subsume en la figura de extorsión”, afirmaron los jueces. Los magistrados también destacaron que las organizaciones involucradas actuaban como intermediarias en la distribución de los fondos, lo que facilitó la ejecución de estas maniobras fraudulentas.
Tras el rechazo de los recursos, Sebastián Casanello está en condiciones de elevar la causa a juicio oral, una instancia que podría iniciarse tras la feria judicial de enero. Este proceso promete poner bajo la lupa no solo las prácticas del Polo Obrero, sino también la eficacia y los controles del Estado en la administración de los programas sociales.
El Gobierno libertario, en su intento de reducir el gasto público y combatir la corrupción, anunció la disolución de la Administración General de Puertos (AGP) y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. En su lugar, se creó la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), un organismo autárquico dependiente del Ministerio de Economía. La medida, oficializada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), comenzó a regir el 1 de enero.
Según Manuel Adorni, vocero presidencial, la creación de la Anpyn busca “eliminar entes y áreas con funciones duplicadas, reducir costos y lograr mayor eficiencia”. Destacó también que “se reducirá un 79% del personal, pasando de 1.420 empleados a solo 300, y se venderán inmuebles y activos innecesarios”. En redes sociales, Adorni calificó a la AGP como un “antro de corrupción y privilegios”.
La medida también incluye la reestructuración de inmuebles e infraestructura utilizados por los organismos disueltos, con el objetivo de optimizar los recursos y reducir costos operativos. Según el Gobierno, esta acción se enmarca en una estrategia más amplia conocida como “la motosierra profunda”, que busca disminuir el gasto público en todas las áreas del Estado. Esta estrategia ha sido presentada como una forma de aliviar la carga tributaria sobre los ciudadanos y reorientar el presupuesto hacia sectores prioritarios.
La Anpyn asumirá el rol de concesionario de la Hidrovía hasta que se adjudique la licitación, un proceso clave para garantizar la transparencia y la eficiencia en el manejo de esta vía fluvial estratégica. También centralizará las funciones de la AGP, la Subsecretaría de Puertos y el disuelto Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable (ECOVINA).
Entre sus principales tareas se encuentran la supervisión de la Hidrovía Paraná-Paraguay —una arteria clave para el comercio exterior—, la concesión de terminales portuarias y la modernización de los puertos nacionales. Además, la Agencia asumirá un rol protagónico en la promoción de inversiones privadas y la asociación público-privada.
Iñaki Arreseygor, hasta ahora subsecretario de Puertos y Vías Navegables, liderará el nuevo organismo. Arreseygor, abogado con experiencia en el sector público y privado, asumirá el desafío de implementar los cambios propuestos. Su historial incluye cargos en el Gobierno de Cambiemos, lo que refuerza la expectativa de una gestión orientada a resultados concretos. Sin embargo, su designación también ha generado críticas por parte de sectores que cuestionan la falta de un perfil técnico más especializado en la dirección de un organismo con competencias tan amplias.
La nueva Agencia tendrá además la responsabilidad de fomentar la sostenibilidad ambiental en los puertos y las vías navegables. Para ello, se anunció la implementación de programas de monitoreo ambiental y evaluaciones de impacto que permitan garantizar la protección de los ecosistemas aledaños a las zonas de dragado y operaciones portuarias.
El cierre de la AGP y la creación de la Anpyn generó reacciones diversas entre los especialistas y actores del sector. Jorge Álvarez, presidente de la Cámara Naviera, consideró la medida como “muy positiva”. En declaraciones a Clarín, afirmó que la nueva Agencia otorga “jerarquía y autonomía” a un sector vital para el comercio exterior e interno. Además, destacó que el modelo busca reactivar el desarrollo portuario, un área relegada por políticas públicas inadecuadas. “Esperamos que la Anpyn sea una herramienta eficaz para impulsar este sector”, expresó.
Por el contrario, Fernando Morales, presidente de la Liga Naval, mostró preocupación por la falta de claridad en algunos aspectos del proyecto. “El cambio de dependencia del Ministerio de Transporte al de Economía podría complicar los sistemas de transporte multimodal”, advirtió. Morales también cuestionó la rapidez con la que se implementó la medida y la visión del ministro de Desregulación, FedericoSturzenegger. Recordó que este último había planteado la posibilidad de que buques de banderas extranjeras operaran en cabotaje marítimo, una idea contraria a las políticas de la mayoría de los países con litoral.
A su vez, varios expertos destacaron la importancia de la Hidrovía Paraná-Paraguay como eje fundamental del comercio regional. Esta vía fluvial conecta a Argentina con Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil, facilitando la exportación de cereales y productos industriales. Sin embargo, la falta de una política clara para fortalecer la flota fluvial nacional ha generado críticas. Mientras Paraguay consolidó una de las flotas fluviales más importantes del mundo, la de Argentina ha perdido protagonismo en las últimas décadas. Este desbalance pone de manifiesto la necesidad de una estrategia más integral para el desarrollo del sector.
El cierre de la AGP también responde a problemas financieros significativos. Según datos oficiales, el organismo acumuló un déficit de 9 millones de dólares en los últimos diez meses, un factor determinante en la decisión del Gobierno.
La AGP, en palabras del director del Observatorio PESCARE, Daniel Coluccio, era una “caja utilizada con fines políticos partidarios”. Según Coluccio, en los últimos diez meses del año pasado, el organismo generó un déficit de 9 millones de dólares. “El Gobierno busca un mejor perfil de transparencia en el sector, eliminando modelos asociados a la corrupción”, afirmó en una entrevista a Canal E.
La investigación sobre posibles irregularidades también abarca las concesiones otorgadas en el pasado, muchas de las cuales no cumplían con los estándares legales ni administrativos adecuados. Coluccio subrayó que el Gobierno deberá realizar auditorías detalladas para garantizar que los nuevos contratos sean transparentes y eficaces. Además, indicó que la Hidrovía Paraná-Paraguay deberá ser tratada como una prioridad geoestratégica, dada su relevancia no solo para Argentina, sino también para los países vecinos.
El Ministerio de Salud confirmó la renuncia de la directora del Instituto Nacional del Cáncer (INC), María Verónica Pesce, tras la baja de 56 contratos en ese organismo. La noticia surgió en medio del anuncio oficial de que no se renovarían 1400 contratos en la órbita de Salud y luego de que el periodista Eduardo Prestofelippo, más conocido como El Presto, publicara, el 7 de diciembre de 2024, un informe en su canal de YouTube que expuso el vencimiento de fármacos oncológicos.
Según detallaron fuentes del INC, Pesce presentó su dimisión ayer luego de que el ministerio solicitara 56 bajas en el plantel de ese instituto de funcionarios claves para la gestión de la directora. Los gremios se declararon en estado de alerta y, tras conocer el comunicado, exigieron una reunión con carácter de urgencia con las autoridades de Salud para solicitar que se revisaran uno por uno los casos.
EL INFORME DE EL PRESTO DENUNCIA: Dejaron “PUDRIR” toneladas de medicamentos oncológicos en el Instituto Nacional del Cáncer
En paralelo, la investigación difundida por el periodista Prestofelippo señaló que la funcionaria quedó asociada a la caducidad de un amplio cargamento de morfina y metadona: fármacos usados para tratar dolores intensos de pacientes con cáncer. “Hablaremos hoy de una de esas burócratas que complica aún más la endeble situación del sistema de salud: la kirchnerista María Verónica Pesce, actual directora del Instituto Nacional del Cáncer, quien fuese designada en ese cargo por la exministra de Salud de Alberto Fernández, Carla Vizzotti, el 17 de diciembre de 2021 a través del Decreto 858/2021 publicado en el Boletín Oficial”.
También el periodista agregó: “Quizás te suene su apellido… María Verónica es familiar directo de Miguel Ángel Pesce, el presidente del Banco Central de la República Argentina durante la gestión del Frente de Todos. En concreto, es hija de un primo del funcionario que más se enriqueció durante el infame período Fernández-Fernández”.
El informe incluyó críticas a la gestión: “¿Y cuál es el problema? Como siempre, la gestión… Se venció el 50% de un cuantioso cargamento de morfina y metadona (fármacos utilizados para tratar el dolor intenso causado por el cáncer, cuando otros analgésicos no son suficientes) solicitado el 18 de febrero de 2022. Más o menos la mitad de este cargamento de… MORFINA: Un millón trescientos sesenta y nueve mil quinientos comprimidos ranurados de liberación inmediata de 10 miligramos en blíster de diez comprimidos. METADONA: Seiscientos veinticinco mil trescientos ochenta comprimidos de 5 miligramos en blíster de 10 comprimidos. … yace ‘podrido’ en el Banco de Drogas Oncológicas de la calle Dr. Ramón Carrillo altura 489 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Prestofelippo se apoyó en documentos oficiales donde queda expuesto que se gastó —a plata de hoy— más de ciento ochenta y cinco millones de pesos en medicamentos que terminaron pudiéndose.
Pesce permaneció alrededor de cinco años al frente de la institución. “Nunca me atendió el teléfono y desconozco qué hizo en ese Instituto durante esos años porque solo mandaron un par de gacetillas con poca información”, señalaron fuentes. Al momento, no trascendió el nombre de su reemplazante. La exdirectora del INC dejó su cargo en un escenario marcado por el cuestionamiento a su administración y las tensiones gremiales surgidas por la no renovación de contratos.
Donald Trump asumió como el 47° presidente de los Estados Unidos en una ceremonia histórica celebrada en la Rotonda del Capitolio, donde juró sobre una Biblia que perteneció a su madre. El acto reunió a unos 800 invitados en el recinto y a más de 1.800 en áreas adyacentes, incluyendo expresidentes como Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, además de líderes internacionales como el presidente Javier Milei y la primera ministra italiana Giorgia Meloni. En su primer discurso oficial, Trump proclamó: “La era dorada de Estados Unidos empieza ahora” y prometió cambios profundos en política exterior, migración y economía.
A las 12:00 (hora de Washington), Trump inició formalmente su segundo mandato tras su primera gestión (2017-2021). El presidente saliente, Joe Biden, lo recibió por la mañana en la Casa Blanca y lo despidió con un mensaje: “Bienvenidos a casa”. Horas después, Kamala Harris, vicepresidenta saliente, y Doug Emhoff, segundo caballero saliente, dejaron un mensaje en la red social X (antes Twitter): “Ha sido el honor de nuestras vidas servir al pueblo estadounidense”.
Entre los presentes destacaron figuras empresariales como Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Tim Cook, quienes acompañaron a Trump en el arranque de una administración que apuntó a fortalecer la colaboración con la industria tecnológica. El mandatario anunció la creación de un “Departamento de Eficiencia Gubernamental” (DOGE) para optimizar recursos mediante herramientas innovadoras.
Un discurso marcado por el simbolismo y los anuncios contundentes
En su alocución, Trump afirmó: “En cada uno de mis días al frente de gobierno, pondré a Estados Unidos primero”. Sostuvo que “el declive de Estados Unidos ha terminado” y que su “principal prioridad será crear una nación orgullosa, próspera y libre”. Al referirse a su regreso al poder tras la administración demócrata, sentenció: “Muchas personas pensaron que era imposible para mí realizar un regreso político tan histórico, pero como ven aquí hoy, aquí estoy”.
El presidente también recordó el atentado que padeció durante la campaña: “Hace unos meses, en un bonito mitin de Pensilvania, un grupo de asesinos me perforó la oreja. Pero mi vida se salvó por algo: Dios me salvó para hacer a EE.UU. grande de nuevo”. Y enfatizó: “Me salvaron la vida por una razón: hacer América grande otra vez”.
Renombrar el Golfo de México y recuperar el Canal de Panamá
Trump planteó uno de sus anuncios más audaces al declarar su intención de rebautizar el Golfo de México como “Golfo de América”. Según dijo, “América reclamará su lugar legítimo como la nación más grandiosa, más poderosa y más respetada de la Tierra —inspirando el asombro y la admiración de todo el mundo”.
En el ámbito internacional, adelantó su intención de “recuperar el control del Canal de Panamá”. Aseguró que “a los barcos estadounidenses se les está cobrando gravemente de más y no se les está tratando justamente de ninguna manera”, y acusó a China de operar el canal. “Y nosotros no se lo dimos a China. Se lo dimos a Panamá y vamos a recuperarlo”, declaró.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, respondió de inmediato que “el Canal es y seguirá siendo de Panamá”. Sin embargo, Trump insistió en que estas políticas reafirmarían la supremacía estadounidense.
Políticas migratorias: fin de la “captura y liberación”
Minutos después de jurar el cargo, Trump anunció la “emergencia nacional” en la frontera sur y prometió medidas inmediatas para frenar la inmigración ilegal: “Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal, y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”.
El mandatario aseguró que reactivaría la política de “Permanecer en México”, un sello de su primer mandato, y que pondría fin a la práctica de “captura y puesta en libertad”. Además, declaró que designaría a los carteles mexicanos del narcotráfico como “organizaciones terroristas” y advirtió que aplicaría la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para “eliminar la presencia de todas las bandas y redes criminales extranjeras”.
“La balanza de la justicia se reequilibrará”
En otro tramo de su discurso, Trump cargó contra el Departamento de Justicia. Anunció que acabaría con lo que llamó un “armamentismo vicioso, violento e injusto” y describió su gobierno como la oportunidad para revertir la “horrible traición” de los poderes contra el pueblo estadounidense. “Nuestra soberanía será restablecida. Se reinstaurará nuestra seguridad. Se reequilibrará la balanza de la justicia”, sentenció.
Economía, combustibles fósiles y Marte
Trump declaró que “habrá solo dos géneros: hombre y mujer” y anticipó una política de enfoque conservador en el ámbito social. En lo económico, prometió aranceles del 25% a los productos de México y Canadá y aseveró: “Vamos a perforar, baby, a perforar”, en referencia al impulso de los combustibles fósiles. “Volveremos a EE.UU. una nación rica de nuevo”, agregó, señalando que planeaba explotar los “recursos de oro líquido” bajo territorio estadounidense.
El mandatario también adelantó una visión ambiciosa para la exploración espacial: “Perseguiremos nuestro destino manifiesto hacia las estrellas, lanzando astronautas estadounidenses para plantar las barras y estrellas en el planeta Marte”.
La ceremonia en la Rotonda del Capitolio
La elección de la Rotonda del Capitolio para la toma de posesión rompió con la tradición de ceremonias al aire libre, marcando un acto simbólico en un espacio que conecta el Senado con la Cámara de Representantes. El ambiente apareció dominado por fuertes medidas de seguridad y un inusual frío polar, con temperaturas cercanas a los 10 grados bajo cero que obligaron a trasladar la investidura al interior del edificio.
Entre los mandatarios presentes figuraron el presidente Javier Milei, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y el vicepresidente de China, Han Zheng, enviado en representación de Xi Jinping.Meloni, primera ministra de Italia, también se ubicó junto a Milei, con quien dialogó antes de la ceremonia. Al finalizar, Kamala Harris y Doug Emhoff ofrecieron un mensaje de despedida en redes sociales.
Javier Milei, acompañado por su hermana Karina, participó del oficio religioso previo en la iglesia de St. John’s. Al término de la ceremonia, se topó con el flamante mandatario estadounidense, quien lo saludó de manera afectuosa. “Me saludó como un amigo”, relató el presidente argentino. Algunos integrantes de la familia Trump pidieron a Milei una selfie y, según el propio Milei, respondió con “entre 20 y 30 selfies corridas” con la gente presente.
En el Capitolio, Milei y Karina se sentaron detrás de los expresidentes Bush, Clinton y Obama, mientras esperaban el inicio del acto. El presidente argentino comentó que dialogó unos minutos con Giorgia Meloni y tuvo un intercambio protocolar con Han Zheng.
Últimos gestos de Biden y el futuro inmediato
En sus últimas horas al frente de la Casa Blanca, Joe Biden concedió indultos preventivos a Anthony Fauci y a miembros del comité que investigó el asalto al Capitolio del 6 de enero, con el objetivo de protegerlos de posibles acciones legales de la nueva administración. Diversos líderes mundiales, entre ellos el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, manifestaron su deseo de mantener relaciones diplomáticas y comerciales estables con el gobierno entrante.
Tras la ceremonia, Trump recibió una fuerte ovación y cerró su discurso inaugural proclamando: “Nada se interpondrá en nuestro camino porque somos estadounidenses y nuestra edad dorada acaba de comenzar. Gracias. Dios bendiga a Estados Unidos”. El mandatario republicano anunció que firmaría un centenar de órdenes ejecutivas en sus primeros días para revertir políticas de su antecesor, en lo que él mismo definió como “la revolución del sentido común”.
Milei, por su parte, abandonó la Rotonda y se dirigió a su hotel en Georgetown, con la expectativa de participar en la gala oficial inaugural Starlight. Posteriormente, planeó viajar a Davos para asistir al Foro Económico Mundial, mientras el nuevo gobierno de Trump se dispone a iniciar una administración que promete cambios inmediatos y profundos en el escenario político de Estados Unidos.
El diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Casielles, utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo al Decreto 4/2025, mediante el cual el Gobierno extendió la vigencia del Fondo Nacional de Turismo hasta el 31 de diciembre de 2027. Este fondo, financiado principalmente por un impuesto del 7 % sobre los pasajes aéreos, marítimos y fluviales al exterior, quedó bajo la gestión del Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli.
En un posteo en la red social X, Casielles apuntó directamente contra Scioli y el decreto: “En 2005, cuando Scioli era vicepresidente de Néstor Kirchner, nació este fondo. Ahora se lo prorrogó por decreto, se continuó un impuesto nefasto como el que grava los pasajes y se legisló al mismo tiempo inconstitucionalmente en materia tributaria por vía de un DNU. ¿A quién le llegó lo recaudado? A Scioli. No hay remate. Más kirchnerista no se pudo”.
El Fondo Nacional de Turismo se creó en 2005 con la Ley Nacional de Turismo N° 25.997, que buscó fomentar y regular la actividad turística. Desde su creación, se renovó en dos oportunidades. Esta última extensión, concretada mediante decreto, amplió su vigencia hasta 2027 y aseguró la continuidad de la recaudación del impuesto del 7 % sobre los pasajes al exterior. Dicho tributo gravó boletos aéreos, marítimos y fluviales con destino internacional y fue percibido por las aerolíneas al momento de la compra. La medida también abarcó ciertos servicios conexos relacionados con actividades turísticas, ampliando así su impacto en el sector.
Los fondos recaudados se destinaron a proyectos de infraestructura turística, campañas de promoción nacional e internacional, y al impulso del turismo interno. Ejemplos de estos proyectos incluyen la modernización de rutas hacia destinos clave, la creación de circuitos sostenibles y la capacitación para profesionales del sector. Sin embargo, la decisión generó controversias, dado que la extensión del impuesto se realizó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), algo que expertos como César Litvin consideraron inconstitucional: “Ningún impuesto pudo ser establecido o prorrogado por decreto. Tuvieron que promulgarse leyes para volver a instaurarlo”, afirmó el CEO de Estudio Lisicki, Litvin & Asociados.
Las aerolíneas también expresaron su rechazo, argumentando que este tributo encareció los pasajes internacionales en un contexto donde el impuesto PAIS ya se eliminó para aliviar los costos de viajar al exterior. Las asociaciones del sector señalaron que la acumulación de tasas impositivas dificulta la competitividad frente a otros mercados internacionales. A pesar de las críticas, desde el Gobierno defendieron la medida, destacando que el turismo fue clave para el desarrollo económico y social del país. Según fuentes oficiales, la recaudación del Fondo Nacional de Turismo permitió la generación de más de 15.000 empleos directos y el fortalecimiento de destinos emergentes en provincias como Jujuy, Misiones y Neuquén.
En una sesión extraordinaria, el HCD de Escobar aprobó la construcción de un centro comercial con bingo en la Ruta 26. Vecinos denunciaron los impactos negativos en la seguridad y el entorno local.
Coincido, y los intendentes K parece que ya eligieron: siempre van a estar del lado de la mala política, en contra de la gente, aumentando tasas y tratando de obstaculizar el exitoso proceso de baja de inflación. https://t.co/aIZWqEbg7v