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“Hace falta que un particular que entienda que no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno”, señaló AlbertoFernández en Mercedes la semana pasada. Los dichos del mandatario fueron repudiados por el sector agropecuario, ya que representa un claro atentado contra la propiedad privada.
Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria, señaló que las declaraciones del jefe de Estado “por livianas, poco claras, pues cuestionan un derecho constitucional consagrado en un modelo de país republicano, federal y democrático. El problema habitacional argentino no tiene nada que ver con falta de espacio para construir viviendas dignas, sino con la falta de decisión política de hacer bien las cosas”.
Casualmente, tras las declaraciones del presidente, se registraron por lo menos dos tomas de campos en Charata y Reconquista, de Chaco y Santa Fe, respectivamente.
En Charata, la toma se produjo el día sábado. Un lote de 10 hectáreas fue tomado por aproximadamente 80 familias. El pequeño lote es del productor Kurt Rach, y es destinado al forraje para el ganado. Allegados al trabajador agropecuario consideraron que la toma habría sido impulsada por punteros políticos, señala Todo Noticias.
Mientras tanto, el Reconquista, la toma habría sido impulsada por una funcionaria municipal del área de Hábitat y Vivienda, ligada al Frente de Todos y protagonizada por jóvenes.
La policía provincial actuó en el momento y se desató un fuerte enfrentamiento, que dejó varios efectivos heridos. Las fuerzas de seguridad incluyeron viales y los grupos GOES, Los Pumas y 20 móviles de localidades vecinas como San Javier y Vera para desalojar a los usurpadores.
En un hecho que sacudió a la política local, Gabriel “Lalo” Aranda, concejal de Unión por la Patria y presidente del Club Deportivo Laferrere, fue detenido durante la sexta sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de La Matanza. La noticia generó un gran revuelo en el distrito comandado por el intendente ultra K recientemente procesado por abuso sexual, Fernando Espinoza, y dejó preguntas sin respuesta.
EL VIDEO DE LA DETENCIÓN
Aranda, quien ingresó al Honorable Consejo Deliberante en diciembre pasado a través de la lista del Movimiento Evita liderada por Emilio Pérsico, fue arrestado en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que la policía lo saca del recinto en un móvil, generando especulaciones sobre las causas detrás de su detención.
Además de su rol como funcionario, Gabriel Aranda es una figura destacada en el ámbito deportivo local. Desde hace tres años, ocupa la presidencia del Club Deportivo Laferrere, uno de los clubes más importantes de la región oeste de la provincia de Buenos Aires. Aranda asumió la presidencia del club tras la sorpresiva renuncia de Roberto Zeballos, quien se desempeñaba como tesorero y era un referente de la Corriente Clasista y Combativa.
Sospechas y acusaciones: Negocios con planes sociales, barras y narcotráfico
A pesar de que las autoridades aún no confirmaron los motivos de la detención, se rumorea que podría estar relacionada con una causa de planes sociales. Este no es el primer escándalo que envuelve al club presidido por Aranda. Hace un año, el vicepresidente del club, Esteban Quiñones, fue arrestado por presuntos vínculos con un conocido narcotraficante de la zona, conocido como“Chaki Chan”.
En medio de la confusión, Gabriel Aranda publicó un mensaje en su página de Facebook: “ACABAN DE SUBIRME A UNA CAMIONETA, TEMO POR MI VIDA POR FAVOR. Si me pasa algo hago cargo a Matías López de la policía de Alonso de la policía de la provincia. Todo sin orden judicial”.
El Club Deportivo Laferrere, fundado en 1956 y conocido popularmente como “El Villero” o “El Verde”, no es ajeno a la violencia y la polémica. Por ejemplo, en febrero de este año, la barra brava del club llegó a un partido exhibiendo armas de fuego, incluyendo revólveres y al menos una ametralladora, lo que provocó una fuerte condena pública pero pocas acciones concretas para abordar el problema.
La diputada nacional por Córdoba, María Celeste Ponce (36 años) ya cosecha una variedad de controversias en su haber. Cuando inició su campaña política de la mano de Javier Milei, fue escrachada por usurpación de título (decía que era abogada, pero no estaba recibida). Ahora, una grave denuncia se sumó a su prontuario y los abogados de la víctima ya se encuentran estudiando la posibilidad de pedir su desafuero para que la legisladora de La Libertad Avanza pueda ser juzgada.
La trama comenzó poco después del 10 de diciembre del año pasado, cuando Ponce asumió como diputada en el Congreso de la Nación, tras ser elegida por la provincia de Córdoba, donde La Libertad Avanza cosechó más del 30 por ciento de los votos. En aquel entonces, Ponce nombró a varias asesoras con el objetivo de conformar su equipo de trabajo. Todas recibieron en tiempo récord sus contratos y comenzaron a cobrar sus salarios. Lo que no sabían, era que parte de ese dinero tenía que volver a los bolsillos de la diputada, al menos según lo de denunció una de sus empleadas.
“De los 700 mil pesos que yo cobraba como asesora, ella me sacaba 500 y yo me quedaba con 200”, confirmó María Guillermina Ruiz, una de las víctimas de la extorsión. La denuncia se fundamentó con las capturas de pantallas de las numerosas transferencias que recibió Ponce de parte de su asesora Ruiz.
La última denuncia cayó como un balde de agua fría en el despacho de Ponce. Quienes la conocen aseguran que las pruebas del grave delito parecen irrefutables. En efecto, la denunciante anexó documentación que compromete a la diputada de La Libertad Avanza, como comprobantes de transferencias que van desde los 400 mil a los 500 pesos, con fechas de abril, mayo y junio de 2024.
A partir de entonces, la asesora denunciante, María Guillermina Ruiz, decidió dar un paso al costado y alejarse de los presuntos pedidos de Celeste Ponce. “Decidí no darle más la plata que me exigía. Estaba trabajando para ganarme la plata y por ende me pertenecía. Decidí no prestarme más a la extorsión”, aseguró.
Lo que siguió fue digno de una película de suspenso. De acuerdo a la denuncia, Ponce interpretó que su asesora no iría más a cobrar el salario y comenzaron una serie de amenazas para que continúe con la operatoria. “Quería seguir cobrando 500 mil pesos de mi parte”, aseguró Ruiz. Finalmente, y cuando quedó claro que la diputada no recibiría más dinero producto de la extorsión, la asesora fue despedida.
En las próximas horas se espera que la denuncia sea presentada ante la Justicia. Los abogados de una de las víctimas aseguraron a este medio que se encuentran estudiando la posibilidad de pedir el desafuero de Ponce, con el objetivo de que las víctima de esta maniobra puedan obtener Justicia.
El subsecretario de Integración Socio Urbana y armador de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, sigue generando polémica, de camino hacia las elecciones legislativas del 2025. Ahora se encargó de sumar a kirchneristas que recorren las calles del Partido de La Costa.
Según publicó el sitio La Postal de Mar del Plata, se llevó adelante una reunión en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la cual siguió al siguiente día en La Plata. De la misma, se habría cerrado un acuerdo entre Sebastián Pareja y el dirigente de Unión por la Patria (UxP) en La Costa, Walter Ortega. Sin ir más lejos, casi una alianza de trabajo entre peronistas y libertarios.
“No se habló de un Ortega encabezando las listas de La Costa para lo que será el armado de La Libertad Avanza en el 2025”, resaltaron. A lo que se añadió: “Se lanzaron nombres de jóvenes que pueden tener representación local”.
Walter Ortega fue un operador y “patotero” del ex intendente K, Juan Pablo De Jesús: Se acercó hasta la sede del gremio muñido de palos, y agredió al titular del mismo, Javier Cícero, que terminó desmayado y con numerosas lesiones, entre ellas fractura de maxilar, por las cuales está hoy internado en terapia intensiva del hospital San Martín de Porres, sentenció Letra P, el medio que informó de las amenazas que recibió el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) local.
Juan Pablo De Jesús
Son varios los casos polémicos que se generan alrededor de Walter Ortega, el nuevo hombre de confianza que tiene Sebastián Pareja para desembarcar a La Libertad Avanza en el Municipio. Un último ejemplo, está en que el dirigente peronista apoyó en las últimas elecciones a Cristian Cardozo y, posteriormente, ayudó en la campaña del ya ahora intendente Juan De Jesús (ambos de UxP).
Tras las declaraciones del jefe de Gobierno Jorge Macri sobre irregularidades en la gestión anterior relacionadas con los procesos de licitación para el acarreo de autos, el abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia penal para investigar posibles delitos de cohecho y defraudación al Estado durante la administración de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires.
La denuncia se formuló después de que Macri anunciara la cancelación de los contratos con las empresas de grúas de acarreo, señalando directamente a la administración de Rodríguez Larreta por irregularidades en los procedimientos de licitación. “Una preadjudicación que ocurre el 7 de diciembre, yo asumí el 7 de diciembre. Con algunas firmas hechas el 11, con funcionarios que ya no eran funcionarios. Es parte de una investigación interna que estamos haciendo”, explicó Macri en una entrevista con LN+.
Y agregó: “No sé si hubo mano negra. Alguien creyó que faltaba firmar algo y lo firmó. Para mí está mal hecho. Lo firmó después de que dejó de ser funcionario. Firmó después de que había dejado el cargo, sin tener la potestad”.
Al ser preguntado sobre si el gobierno anterior había actuado de manera “impropia”, contestó: “Yo creo que sí, pero eso lo definirá una investigación interna. Vamos a ver si termina en la Justicia. Si hay delito es otra cosa. Si está aclarado administrativamente que hubo una firma digital antes y que después solo se perfeccionó en papel, que pudo haber pasado. Igual, si se firmó el 6 o 7 de diciembre cuando se estaban yendo y yo asumo el 7, por lo menos fue descortés para conmigo”.
Monastersky decidió presentar la denuncia tras leer un artículo que reflejaba las declaraciones del jefe de Gobierno. En su escrito, Monastersky indicó: “Que vengo a formular denuncia penal por averiguación de ilícito, al tomar conocimiento en día de hoy sobre la cancelación de contratos preadjudicados a las empresas de acarreo, el jefe de Gobierno apuntó directamente contra la gestión de Horacio Rodríguez Larreta por irregularidades en los procesos licitatorios. Todo hace presumir que dicha decisión fue tomada porque se habrían cometido delitos a investigar como el de cohecho activo y pasivo y defraudación al estado”.
En su pedido, el abogado citó fragmentos de una nota de Infobae relacionados a los comentarios de Macri durante la entrevista, donde explicó: “Hoy el acarreo vale 25 mil pesos. Si yo tuviera que cobrar el acarreo al valor que se licitó tengo que cobrar 181.250 pesos. Siete veces más. Pero eso no es todo, es más grave”.
Y añadió: “Es la única licitación, además de la basura, que fue por 10 años. Todas las demás son siempre por cuatro. Le dan 8 millones de dólares de adelanto a las empresas para que se equipen. Les pagamos antes de que arranquen 8 millones de dólares. Les garantizamos acarreos aunque no los hagan: 24 mil por mes. Supongamos que los porteños se educan en el marco de 10 años y baja la cantidad de autos mal estacionados, igual les pago. Es un negocio en el que te doy la plata, te garantizo el mercado y la rentabilidad es más del doble que lo que me cuesta hacerlo a mí hoy”.
En ese contexto, el jefe de Gobierno aclaró: “Yo no me lo quiero quedar siempre estatizado, lo que digo es ‘así no lo voy a adjudicar’. Lo sigo teniendo en la Ciudad, pero no descarto hacer una licitación distinta. En el medio, garantizamos el trabajo a los que están hoy y la seguimos haciendo nosotros. Era tres empresas porque eran tres zonas”.
Entre otras solicitudes, Monastersky pidió que se corra vista al fiscal y que se designe a peritos informáticos e ingenieros de oficio para que “propongan medidas de prueba”. Además, solicitó que se continúe con la tramitación del expediente “con toda prueba que vuestra fiscalía y el Juzgado considere”.
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció este lunes el envío a la legislatura provincial de un proyecto de ley para establecer un nuevo régimen de fomento de inversiones estratégicas. Con esta iniciativa, pretende garantizar que YPF y la petrolera malasia Petronas construyan una planta de tratamiento de Gas Natural Licuado (GNL) en Bahía Blanca.
“Vamos a presentar un proyecto de ley para un régimen provincial de fomento de inversiones estratégicas que promuevan grandes inversiones, producción y empleo en la provincia de Buenos Aires”, afirmó el gobernador durante una conferencia de prensa en La Plata. Según el burócrata, esta ley tiene como objetivo cubrir varios de los requisitos y necesidades planteados por las compañías energéticas para avanzar con el proyecto en Bahía Blanca.
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, junto al presidente de YPF, Horacio Marín
El mandatario explicó que los proyectos que se acojan a este nuevo régimen recibirán tratamiento prioritario en términos de aprobación normativa y añadió que ofrecerán estabilidad tributaria por un periodo similar al del régimen nacional.
Tras el anuncio de Kicillof, el vocero presidencial, ManuelAdorni, comentó desde Casa Rosada que “Kicillof tiene la libertad, dentro del marco legal, de hacer lo que considere necesario”, pero resaltó las deficiencias de la provincia y la importancia de generar confianza en los inversores.
El proyecto de la planta de GNL, planeado desde 2017, representa una inversión de entre 30.000 y 50.000 millones de dólares en los próximos ocho años. Aunque la provincia de Río Negro ya ha adherido al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), Kicillof apuesta por este nuevo régimen provincial para atraer la inversión a Bahía Blanca.
El diputado nacional y flamante presidente de la asamblea partidaria del Pro, Martín Yeza, criticó duramente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificándola de “desagradecida con Mauricio Macri” y con el partido.
El exintendente de Pinamar también acusó al grupo cercano a Bullrich de haber “larretizado” la interna partidaria.
Yeza recordó un acto reciente donde el excandidato presidencial, el intendente de Tres de FebreroDiego Valenzuela y su esposa, la senadora bonaerense Daniela Reich, propusieron una fusión con referentes libertarios sin consultar al partido. “No hace falta ser así de despectivo, de desagradecido”, criticó.
El diputado también destacó que, en 2015, Bullrich no tenía antecedentes en seguridad, pero Macri confió en ella para liderar el Ministerio de Seguridad, destacando su apoyo en crisis como el caso de Santiago Maldonado y el incidente de Chocobar. “Mauricio la bancó”, afirmó.
Yeza señaló que, en 2020, Bullrich fue elegida titular del PRO “sin asamblea ni votación” debido a la confianza interna. Sin embargo, criticó su falta de gratitud y enfatizó que su enfoque político no funcionó. También mencionó que los liderazgos de Bullrich y Rodríguez Larreta durante la última elección causaron perjuicios al partido.
En esa línea, el ex intendente de Pinamar reconoció las figuras emergentes de los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) como ejemplos de renovación dentro del partido. También hizo un llamado a una renovación generacional en la política, destacando la necesidad de nuevas ideas.
Sobre el futuro de Mauricio Macri, Yeza afirmó que el expresidente está enfocado en “formar nuevos cuadros” y expresó su deseo de que Macri no se vea obligado a postularse nuevamente. “Si tiene que volver, es que hicimos mal las cosas”, enfatizó.
