Pilar | La oposición le terminó aprobando un disparatado Presupuesto al kirchnerismo
El Presupuesto 2023 del municipio comandado por Federico De Achaval fue aprobado y comprende una suma cercana a los $60 mil millones, casi el doble de los fondos solicitados el año pasado.
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Los pilarenses se encuentran disgustados ante lo que denominaron una “traición” por parte de los cuatro diputados opositores que votaron a favor del Presupuesto 2023 presentado por la Gobernación del alcalde Federico De Achaval.
El disgusto se debe a que, como confirmo el intendente, el presupuesto se dilapidará principalmente en “priorizar el acompañamiento a aquel que necesita de un Estado presente“, lo que tradujeron en “Plan Platita”.
Ahora bien, ¿qué diputados opositores votaron a favor del Presupuesto 2023?
Adriana Cáceres concejal del PRO, ex diputada nacional y directora ejecutiva en Desarrollo Social. Claudia Zakhem concejal de la UCR desde el 2011. Juan Moraco concejal de Vamos con Vos, partido fundado por el ex kirchnerista, Florencio Randazzo. Adrián Maciel concejal del PRO.
Este año el municipio de Pilar había solicitado la derivación de $28.995.000.000, pero para el año próximo esa cifra casi se duplicará. En el Presupuesto 2023 que fue aprobado cuenta con un ingreso previsto de $58.996.000.000, que serán destinados a: la Secretaría de Salud se le otorgará el 25% de la suma total; Desarrollo Social será el segundo mejor beneficiado con un 15%; a Servicios Públicos y Planeamiento Urbanos se le otorgará un 14%; también así a la Secretaría de Seguridad.
Por orden de prioridad, según el Gobierno de De Achaval, sigue Secretarías de Infraestructura, General y Educación con un 7% (a cada una); Área de Integración y Desarrollo Comunitario 5%. El 13% restante le será asignado al resto de las secretarías estatales.
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A través de esta resolución firmada por el Director de ANSES, MarianoDeLosHeros, se eliminó el “Registro de Abogados y Gestores habilitados para tramitar prestaciones”. Este registro, creado en 2014, obligaba a los ciudadanos que querían iniciar sus trámites jubilatorios a contratar a un abogado o gestor que estaba anotado en este registro de la ANSES.
Esta medida prioriza la simplificación administrativa y la libertad de elección por parte de los ciudadanos de contratar una persona o realizar por sus propios medios este trámite. La resolución se enmarca dentro de la Ley 27742 (Ley Bases), en lo que respecta a la parte de “transformación administrativa” del Estado.
El ministro ministro de Desregulación y Transformación, FedericoSturzenegger, celebró esta decisión en su cuenta de X, afirmando que “seguimos eliminando cotos de caza que solo perjudican a la ciudadanía”. “Cada trámite es una cabina de peaje a favor de la casta que a la postre pagamos todos. Este es el tipo de restricciones a la libertad individual que el Presidente Javier Milei quiere eliminar”, sentenció.
En el afán de regular la mayor cantidad de cosas posibles, esta vez el kirchnerismo de la mano de la diputada de Unión por la Patria, Gisela Marziotta, presentó un proyecto de ley para regular las redes sociales. Con el argumento de “mejorar el debate público, combatir la desinformación y las cuentas falsas”, esta ley establece sanciones económicas y suspensiones de cuentas para todos aquellos que no verifiquen su identidad, etiquetando las cuentas en “humanos”, “bots”, “multicuentas”.
Esta iniciativa ha recibido críticas por querer establecer formas de control y de censura digital como los hay en países autoritarios como China y Rusia. En esos lugares, las redes sociales están fuertemente reguladas para que el gobierno tenga un control total de la información que por allí circula. De esta manera, aquellos que piensan distinto no pueden manifestarse en un ecosistema hasta ahora “democrático” como son las redes.
En un claro ataque a la libertad de expresión, esta ley podría generar una censura masiva en redes sociales, restringiendo la participación ciudadana, donde las voces disidentes podrían ser calladas automáticamente. Otro caso cercano es el de X en Brasil, donde debido a una orden judicial, esta red social directamente no puede operar en el país, callando las voces de miles de ciudadanos brasileros. En Argentina, bajo esta ley, cualquier usuario que gestione varias cuentas o sea identificado como “bot” podría ser penalizado, sin importar con qué fines lo haga.
Al justificar su veto al financiamiento a las universidades, el presidente alegó que “el aumento a las universidades sería ceder a la vieja forma de hacer política, de ignorar la restricción del presupuesto, volver a las andadas y a los niveles de Riesgo País que teníamos con el kirchnerismo”, en ese sentido remarcó: “lo único que pedimos es auditarlos, parece que eso es poner en riesgo la educación pública, pero, al contrario, es defender la educación pública”.
Frente al reclamo y a las protestas de parte de la oposición, el presidente fue determinante “es un mero eufemismo para defender los curros de tres o cuatro delincuentes que utilizan una causa noble y la prostituyen para ganar dinero a costa de robárselo a los alumnos y a los profesores”. Es decir, si no hubiera problema en la administración de los fondos, la UBA no tendría problema en permitir que se la audite, sin embargo, esto no se hace desde 2015. Milei dio a entender que el hecho de que no dejen auditar la universidad quiere decir que hay “curros” que no quieren que salgan a la luz.
Frente a los empresarios, el mandatario realizó un balance de estos 10 meses de gestión, manifestando un cambio de paradigma en el rumbo económico, donde se pudo estabilizar la inflación y la política monetaria, se redujo la carga estructural de la economía achicando el gasto público, y esto se ve reflejado en el aumento de confianza. Con un riesgo país que perforó los 1200 puntos y que con el kirchnerismo estaba alrededor de 3000 puntos.
En relación a la política económica, Milei se manifestó en contra de una devaluación, ya que esta medida rompería con la señal de precios y no lograría resolver el problema de fondo. En cambio, se expresó a favor de los empresarios, calificándolos de benefactores sociales: “Si Argentina va a empezar a generar un proceso de fuerte crecimiento económico, en la medida que ustedes empiecen a generar ese proceso, se van a generar ganancias extraordinarias. No les demos lugar a los zurdos de mierda que vengan a decir que eso está mal” manifestó frente al aplauso del público presente.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitó la renuncia de la subsecretaria de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Constanza Cassino, luego de que se revelaran compras realizadas por la funcionaria, entre las que destacan una cafetera automática de $1.917.000 y un servicio de catering por $3 millones.
La decisión fue confirmada hoy miércoles por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de redes sociales, en donde compartió la carta de renuncia presentada por Cassino.
El escándalo surgió a raíz de la difusión de documentos que revelaron el gasto realizado en una cafetera Philips modelo EP 2231, comprada por la Secretaría de Niñez y Familia el pasado 21 de octubre, a un precio significativamente superior al de mercado, estimado en aproximadamente $1.390.000 para el mismo modelo.
Apenas una semana antes, el 8 de octubre, la misma secretaría había contratado un servicio de catering por $3 millones para un evento del Consejo Federal de Desarrollo Social y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (incluía 50 desayunos, 100 almuerzos, y otros servicios complementarios).
Cassino, abogada graduada de la Universidad Católica Argentina (UCA), asumió en el cargo en agosto, con la misión de reemplazar a Guillermo GarcíaEleisequi —uno de los múltiples funcionarios removidos en los últimos meses—. Su incorporación a la cartera de Capital Humano se había oficializado en el Boletín Oficial. Pettovello acumula más de veinte bajas en su ministerio en los once meses de gestión.
Desde el Gobierno, aseguraron que tan pronto como la ministra se enteró de lo ocurrido, le exigió la renuncia a Cassino.
Desde la administración de Javier Milei se informó que el Estado no destinará fondos para cubrir el costo del proceso, calculado en al menos 500 millones de pesos. Como único aporte, el Ejecutivo se comprometió a proveer 3.200 urnas, cifra que el PJ considera insuficiente para un padrón que supera los 3 millones de afiliados.
Fuentes de la Jefatura de Gabinete, bajo la órbita de la Secretaría de Interior dirigida por Lisandro Catalán, confirmaron que no habrá financiamiento estatal para esta contienda interna. “Estamos dispuestos a poner unas 3.200 urnas, pero no dinero de todos los argentinos”, señalaron.
El Partido Justicialista, dividido entre dos listas principales —una encabezada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la otra por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela—, deberá ahora buscar alternativas para cubrir los gastos del evento, que incluirán la logística, el pago de autoridades de mesa y la impresión de boletas.
La cifra ofrecida por el Gobierno resulta especialmente problemática si se compara con las 108.000 urnas utilizadas en el balotaje de las elecciones presidenciales de 2023, lo que generó dudas sobre la viabilidad de los comicios internos.
Según estimaciones, el despliegue necesario para llevar adelante esta elección interna requerirá un mínimo de 30.000 urnas. “Con esa cantidad de urnas será imposible. Como mínimo deberían ser más de 30 mil”, advirtieron desde uno de los sectores cercanos a Cristina Fernández de Kirchner.
La interna justicialista, que se celebrará en coincidencia con el Día de la Militancia, plantea un desafío financiero considerable. A pesar de que todos los partidos reciben financiamiento público para su desenvolvimiento institucional, el dinero destinado al PJ a nivel nacional, que para 2024 es de 34 millones de pesos, no es suficiente para cubrir los altos costos de la elección.
El Fondo Partidario Permanente, distribuido en julio de 2024, otorgó a las provincias montos que van desde los 63 millones de pesos para Buenos Aires hasta menos de un millón para las provincias más pequeñas, como Tierra del Fuego y Santa Cruz. Sin embargo, estas asignaciones son para todo el año y “no alcanzan” para solventar la organización de una elección de esta magnitud. Una de las opciones que baraja el PJ es solicitar un adelanto de fondos partidarios, aunque aún no está claro si esto será factible antes de la fecha prevista para los comicios.
LAS TENSIONES INTERNAS PODRÍAN DERIVAR EN UNA POSTERGACIÓN DE LOS COMICIOS
La negativa del Gobierno causó un profundo malestar dentro del PJ. Sectores cercanos Cristina expresaron que “Milei quiere recortar también la democracia”. Además, el panorama logístico es incierto. Todavía no se determinó en qué lugares se realizarán las votaciones, lo que complica la organización, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso, donde el PJ cuenta con numerosos afiliados.
En este contexto, los apoderados de ambas listas no descartan una postergación de la elección hasta marzo de 2025, aunque prefieren mantener la fecha actual para evitar que los comicios coincidan con el año electoral de medio término.
El caso del radicalismo, que recientemente llevó a cabo elecciones internas en la provincia de Buenos Aires con una participación de 80.000 afiliados y un costo cercano a los 300 millones de pesos, sirve como punto de referencia para el PJ. Sin embargo, las diferencias en la escala de votantes y la falta de recursos en el justicialismo sugieren que la interna será considerablemente más costosa y compleja.
Gerardo Scherlis, especialista en procesos electorales y profesor de la Universidad de Buenos Aires, advirtió sobre la magnitud de la logística que se necesitará para movilizar a los votantes peronistas: “Va a ser una interna muy costosa y no se habla mucho de dónde va a salir la plata para cubrir todos los gastos”. Aunque todos los partidos cuentan con financiamiento público para procesos de selección interna, la cantidad disponible no es suficiente para garantizar una elección sin contratiempos.
Mientras tanto, los equipos de campaña de ambas listas ultiman detalles contrarreloj. Por el lado de Fernández de Kirchner, la senadora Anabel Fernández Sagasti, el ex titular de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, y la dirigente Teresa García lideran la organización. En tanto, los representantes de Quintela, DanielLlermanos y Jorge Yoma, convocaron a la Junta Electoral para exigir transparencia y participación garantizada en el proceso.
El ConcejoDeliberante de Gualeguaychú aprobó este jueves la derogación de la Ordenanza N° 11.724/2012, que imponía el tributo por “Retribución por el uso y/o aprovechamiento del dominio público municipal con fines publicitarios”. Este impuesto afectaba a comercios locales que instalaban cartelería en la ciudad, trasladando los costos a los comerciantes y dificultando la llegada de nuevas inversiones.
En los considerandos de la norma se remarca que “resulta necesario acompañar a distintos sectores de nuestra comunidad, promoviendo medidas que tiendan a generar empleo y promover el desarrollo”, a la vez que se asegura que “con el convencimiento de incentivar el comercio y fomentar la llegada de nuevos emprendimientos, es imprescindible que el Municipio promueva acciones tendientes a facilitar la radicación de los mismos”. En ese sentido, refleja que “el cobro por el uso y/o aprovechamiento del dominio público municipal con fines publicitarios se ha tornado una dificultad para el comercio local, dado que las marcas trasladan el pago del mismo a los comerciantes de la ciudad, desalentando la actividad y atentando contra el arribo de nuevas inversiones en el comercio local” y que “es prioridad de esta gestión municipal aliviar la carga tributaria de los contribuyentes, avanzar con la desburocratización del Estado y alentar las inversiones en el comercio local”.
La eliminación del derecho de publicidad es solo una de las 31 cargas municipales suprimidas en los primeros diez meses de gestión del intendente Mauricio Davico, que representan el 60% de los tributos existentes. Entre estas, se incluyen tasas por trámites administrativos, derechos de edificación y sellados municipales, entre otros. Esta política tiene como objetivo aliviar la presión fiscal sobre los contribuyentes y simplificar la burocracia local.
“La eliminación tributaria llevada a cabo en estos diez meses no podría practicarse en una administración desordenada e imprevisora”, afirmó el intendente Davico. Según explicó, la municipalidad dejará de percibir aproximadamente dos mil millones de pesos en 2025, pero el equilibrio fiscal se mantiene gracias a una estricta gestión de los recursos. “Cada peso que entra, se cuida”, enfatizó.
Davico también resaltó que el cobro del derecho por publicidad había sido un obstáculo para que franquicias y marcas de renombre nacional se instalaran en Gualeguaychú. “Tenían que pagar este derecho de publicidad, más la tasa de comercio”, explicó. El problema se agravaba porque el impuesto no se basaba en las ventas, sino en el tamaño de la cartelería, independientemente de la actividad comercial.
El intendente subrayó que la eliminación de este tributo aliviará a los comerciantes locales e incentivará la inversión, permitiendo que ese dinero “se invierta en los propios comercios”. Además, destacó que su gestión acompaña al sector privado en todas las áreas, buscando fomentar una Gualeguaychú productiva y atractiva para nuevas inversiones, tal como sucede en otras localidades turísticas.
LAS TASAS ELIMINADAS POR LA GESTIÓN DE DAVICO
Todo escrito que no esté gravado con sellados especiales.
Inscripción de boletos de compra – venta de inmuebles.
Solicitud de deuda líquida y exigible.
Aprobación para instalación medidor de luz.
Venta de planos del municipio.
Por cada copia heliográfica de planos que integran el legajo de construcciones.
Verificación expedida por organismos o funcionarios de la justicia de Faltas.
Por cada duplicado de análisis expedido por la Dirección de Servicios Sanitarios Municipal.
Por pedido de copia de actuaciones labradas por accidentes de tránsito.
Inscripción de comercio, industria, etc.
Los recursos contra resoluciones administrativas.
Los permisos precarios para 30 días para la circulación de automóviles en el Ejido Municipal.
Por solicitud para exponer animales, plantas, etc.
Por presentación de denuncias contra vecinos.
Por solicitud de inscripción de empresas constructoras viales y/o civiles.
Por solicitud de subdivisión de propiedades, aprobación de loteos hasta un máximo de diez lotes y mensuras.
Por inscripción de títulos técnicos o profesionales.
Inscripción de Propiedades en el Registro Municipal, se cobrará un derecho por la inscripción de propiedades en el Registro Municipal.
Sellados municipales de planos.
Derechos del Cementerio: por las actuaciones por escrito que se presenten ante el Cementerio.
Contrato de suministro de obras y servicios públicos, contratos de suministros, obras y servicios públicos previstos en la Ordenanza de Contrataciones, sobre el importe del contrato.
Por cada solicitud de franquicias especiales de tránsito.
Por cada solicitud de compra de talonario de estacionamiento medido.
Carnet sanitario.
Desinfección y desratización.
Derechos de edificación.
Actuaciones administrativas.
Tasa por servicios especiales.
Tasa por servicios eventuales.
Sobretasa General Inmobiliaria.
Retribución por el uso y/o aprovechamiento del dominio público municipal con fines publicitarios.
Con cada vez más niños atrapados en este mundillo impulsado por plataformas clandestinas, la diputada Florencia De Sensi busca frenar esta problemática. La iniciativa apunta a la promoción irresponsable y pretende proteger a los más vulnerables en un entorno digital que crece sin barreras.
Sr Presidente @JMilei venga por Insfrán, intervenga Formosa antes de que logren reformar la Constitución para garantizar más poder, impunidad y perpetuidad a Insfrán!
No nos deje a nuestra suerte, Formosa es Venezuela, Insfrán es Maduro.