*Por: Carlos Forte

Hoy se realizará la audiencia pública en la que 64 ciudadanos inscriptos podrán plantear observaciones y adhesiones (en ningún caso vinculantes) al candidato nominado por el Poder Ejecutivo Nacional, para ocupar el cargo de Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública.

El director que propone Alberto Fernández es el abogado y escribano Gustavo Juan Fuertes, actualmente asesor de la Jefatura de Gabinete de Ministros, quien ha sido cuestionado por distintas organizaciones de la sociedad civil, y sectores de la oposición, por carecer de idoneidad para el cargo. En efecto, su curriculum, que hizo público el gobierno en cumplimiento de las normas de selección, no hace mención alguna a experiencias o antecedentes académicos en materia de acceso a la información pública.

A la falta de idoneidad, asimismo, se agregan serias dudas sobre la independencia del candidato, quien –como ya hemos dicho- es un empleado de la mismísima Jefatura de Gabinete.

La decisión que está por adoptar el gobierno nacional es de suma importancia. En efecto, la Agencia de Acceso a la Información Pública es quien tiene la última palabra, dentro de la Administración Pública Nacional, para decidir si una información que detenta el Estado u otros entes obligados, debe ser entregada a los solicitantes. Esta potestad, en manos de un amigo del poder que, además, carece de idoneidad, podría implicar la destrucción del sistema de transparencia. Y cabe destacar que, dicho sistema, aunque defectuoso, logró durante la Presidencia de Mauricio Macri mejorar sensiblemente la situación imperante en épocas de Néstor y Cristina.

¿Pero cómo llegamos a esta situación? El Director designado por el gobierno de Cambiemos, cuando se puso en funcionamiento a la Agencia, Eduardo Bertoni, inició sus funciones el 30 de agosto de 2017. Su mandato, finalizaba el 30 de agosto de 2022, pero no lo cumplió, y decidió renunciar a partir del 1° de enero de 2021, para asumir otro cargo, en un organismo internacional. De este modo, dejó abierto el camino para que el kirchnerismo se pusiera a tiro de manejar a su antojo un organismo central para la transparencia.

No obstante lo dicho, debe reconocerse que Bertoni, a diferencia de quien pretende reemplazarlo, es un experto en materia de acceso a la información pública. Y, además, en líneas generales, supo manejarse con independencia, durante el gobierno de Macri y durante la etapa actual.

Sin embargo, el Director saliente había mostrado falta de firmeza a las presiones indebidas de organismos de DDHH, mientras ejercía funciones en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Desde allí, dictaminó en contra de que la Secretaría de Derechos Humanos informara al abogado José Magioncalda los montos y destinatarios de las indemnizaciones abonadas como reparación a víctimas de delitos de lesa humanidad y a sus familiares. Y fue por ese motivo que el propio Magioncalda –quien será uno de los oradores en la audiencia de hoy- fue el autor de la única observación a la candidatura del ahora renunciante.

En definitiva, parte de lo que hoy ocurre se debe a un grosero error del gobierno de Cambiemos, consistente en designar a una persona presionable, que no tuvo el suficiente compromiso y coraje para completar su mandato.

Y si de errores de Cambiemos se trata, también participará de la audiencia pública, la diputada Karina Banfi, principal impulsora de la defectuosa ley que hoy rige el acceso a la información pública. Los críticos de esta norma consideran que la mencionada legislación no tocó la excesiva prolongación de los plazos e instancias judiciales que deben afrontar quienes exigen información pública, cuando los funcionarios obligados a informar desobedecen a la Agencia. Y a ello se agrega que la norma no prevé sanciones rápidas y efectivas de multas para los funcionarios incumplidores.

Los desatinos de la actual oposición, cuando fue oficialismo, y en mayor medida, la mala fe y autoritarismo del actual gobierno, están poniendo en riesgo un insumo básico para el ejercicio del control ciudadano y para el funcionamiento de la prensa honesta: la posibilidad de acceder a la información pública.

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas