Juan Domingo Orabona | EL CAJERO DE LA CORRUPCIÓN

¿Quién es el contador entrerriano que se encarga de los negociados de la provincia? Íntimo del gobernador Bordet, presidente del IAPSER, ahora acorralado por la Justicia.
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En esta primera entrega, el equipo de Data24.com.ar viene investigando de cerca la causa de los contratos de la legislatura de Entre Ríos. Una causa atravesada por criterios de persecución de neto corte político, donde no interesa la conducta desplegada sino quien la realizó.

Justamente por eso, ninguno de los operadores judiciales ha podido explicar, -entre otras cosas-, porque no se está investigando el periodo de la Cámara de Diputados 2008/2011 presidida por el ex Gobernador Jorge Pedro Busti; como así también otras irregularidades manifiestas que serán objetos de próximas investigaciones.

Recordemos que el objeto procesa versa acerca de una asociación ilícita, encargada de extraer fondos de ambas Cámaras de Diputados y Senadores de Entre Ríos desde el 2008 hasta el 2018 (excepto 2008/2011 Diputados), en el que dicho banda, estaba financiada con contratos de obra de dos Senadores Nacionales a decir: Pedro Guastavino y Sigrid Kunath.

La actividad desplegada tenía como eje un estudio contable, (en el que uno de los socios es Sebastián Orlando Bertozzi esposo de la Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, a cargo de la investigación), que se encargaba de las altas y bajas de los monotributos, al mismo tiempo que se blanqueaba el dinero mal habido en inversiones inmobiliarias y ganaderas.

Ese dinero mal habido, entre otras inversiones, terminó en el Fideicomiso Baucis y 9 de Julio.

En esta ocasión, la prensa especializada ha hurgado muchas aristas de la instrucción, pero en este caso, nos enfocaremos en un funcionario que quiere pasar desapercibido, el mismísimo Juan Domingo Orabona.

¿QUIÉN ES JUAN DOMINGO ORABONA?

Alias “Palito”, de profesión contador, se recibió en la Universidad de Nacional de Ciencias Económicas de la ciudad de Concordia, donde forjó una gran amistad con el Gustavo Bordet. Casado, y con un hijo extramatrimonial en la provincia vecina de Corrientes.

SU LLEGADA

“Palito” Orabona, llegó a la Cámara de Senadores de la Legislatura de Entre Ríos en la gestión 1995/1999 -Gobernador Jorge Pedro Busti y Vice Gobernador Hector Alanís-, de la mano del Senador electo por el departamento de Concordia, menemista de la primera hora, abogado, Mario Alberto Yedro, abogado, alias “Tito”.

En esa ocasión, Mario Yedro tenía dos asesores estrellas encargados de hacerle caja, por un lado, Juan Domingo Orabona y por el otro, el contador Julio Ivanovich.

Ya en esta ocasión, antes de que Héctor Alanís dejara la vicegobernación en manos de la fórmula de la Alianza Sergio Montiel y Edelmiro Tomás Pauletti, en noviembre de 1999, por decreto pasó a planta permanente a todos los contratos de obra, pero con numeración de noviembre de 1998. Inmediatamente la Alianza dejó sin efecto todos esos nombramientos irregulares, iniciaron los juicios correspondientes y fueron todos rechazados por improcedente.

Con la llegada de la formula, Jorge Busti y Pedro Guastavino, fueron incorporados a planta permanente de la legislatura todos aquellos que fueron incorporados de manera irregular.

En el entorno del ex senador Yedro (f), todavía cuentan la frase que le decía Palito: “…comprá tito, comprá que están baratos los campos…” Y así fue, el ex senador se compró un campo por recomendación de Orabona, éste se compra su casa actual con dicha comisión.

Tiempo más tarde, es decomisado el campo en el marco de una condena por enriquecimiento sin causa, en el que el mismísimo Fiscal Larrarte puso en consideración, por momento y bajo sospecha la acción desplegada por los contadores Julio Ivanovich y Juan Domingo Orabona, en cuanto a préstamos de dinero y cesión de acciones.

Asimismo, el contador Julio Ivanovich fue condenado en otra causa, caratulada “PACAYUT, Carlos F. s-PECULADO-PACAYUT, Abelardo F. y GABIO, A.V. s-Partíc.Nec; DURRELS, Norberto y MORANA, Rafael s/ participación necesaria; IVANOVICH, Julio C. y LOVERA, Carlos s/ Participación secundaria”.

LA VUELTA DE “PALITO”

En la gestión 2003/2007, Orabona llega de la mano del senador Hector Strassera, alias “Tito”. Esta vez, “Palito” está en mejores condiciones, planta permanente, experiencia y solo se encargaba de la caja de Tito Strassera. No obstante, el senador con más poder en aquel entonces era Hugo Berthet (porque era el presidente del bloque del PJ que junto con el vicegobernador, manejaban la caja más importante). Durante este periodo, el Director Administrativo Contable fue Cristian Treppo, quien hoy pasea por los pasillos de la justicia por causas de corrupción en ocasión de sobreprecios en la Obra Pública.

En el 2006 se genera un quiebre dentro del bloque del PJ, donde compiten dos fórmulas peronistas en el 2007, por un lado, Urribarri-Laurito y por el otro, Solanas-Cresto.

Justamente, como Hugo Berthet toma partido por la lista 100 de Solanas, es desplazado de la presidencia del bloque del PJ, tomando su lugar, el senador Hector Strassera. Ello fue un ascenso para “Palito” Orabona porque la caja era mucho más grande y tenía línea directa con el vicegobernador (Pedro Guastavino y el cerebro de las finanzas, Jorge Debreuil), y su Jefe, devenido en Presidente del Bloque.

Ya en el 2007, con la fórmula ganadora Urribarri-Laurito, y Juan Domingo Orabona por fin llega a la tan preciada Dirección General de Administración de la Cámara de Senadores de Entre Ríos.

El problema que tenía, era que Orabona no era hombre de confianza de Jose Eduardo Laurito. Pero no pasó mucho tiempo en ganarse el beneplácito del ex Juez de Concepción del Uruguay. La causa determinante fue cuando “Palito” Orabona le solucionó con un Contrato de Obra, al amigo y pupilo del ex Juez, Ex Comisario, Félix Orlando Cabrera, alias Nachito.

En esa época, la investigación de los delitos de Lesa Humanidad se había convertido en política de estado, por el cual, funcionarios eran esquivos a verse cercanos a imputados o investigados.

Este era el caso del ex Juez, y como dicen en ciertos círculos de la ciudad de Concepción del Uruguay, “Militar Frustrado”, que no sabía cómo darle una mano a su amigo Nachito. Pero Orabona lo solucionó…

Asimismo, (cuentan algunas fuentes reservadas) Nachito compartía con Orabona y el vicegobernador Jose Eduardo Laurito, muchas horas en las dependencias de un apart hotel de la capital provincial. También solía sumarse un dirigente peronista recientemente desaparecido que se disgustaba con las anécdotas de la represión que contaba Cabrera entre risas y aplausos de Orabona.

Tiempo después, Nachito fue vinculado por crímenes de Lesa Humanidad, a tal punto, que dirigentes del Peronismo Disidente, Augusto Alasino y Aníbal Vergara, requirieron a la coordinadora del Registro Único de la Verdad, María Luz Piérola, que promueva una investigación por participación y complicidad en la última dictadura cívico-militar en Argentina a Eduardo Laurito. Pero bueno, la historia pondrá las cosas en su lugar. (*Fuente La Opinión Popular).

Pero también cumplió de manera extraordinaria las necesidades de caja chica y grande del militar frustrado, o como le gustaba decir a los operadores, “…este se parece al manosanta (en relación al personaje de Olmedo), ya que no le gusta tocar la plata, pero solo tocar, pero si disponer”.

Volvemos a repetir la historia del Senado Provincial. En el 2010 se vuelve a partir el bloque, y Vitulo reemplaza al senador Strassera, pero a esas alturas ya era un protegido del “militar frustrado”, lo que le permitió seguir en la Dirección de Administración Contable hasta el 2011.

Al dejar su cargo, se va con José Laurito al Ministerio de Educación a cumplir la función de coordinación contable que le permitía seguir haciendo lo que mejor hace, pero en la órbita del ejecutivo.

En junio del 2012 Gustavo Bordet designa a su amigo a cargo de la Secretaría más importante de la Municipalidad de Concordia, dejando el Ministerio de Educación.

Ya para el 2016, le pagan con una de las cajas más importante, el Instituto del Seguro de Entre Ríos, que le permite una gran cobertura mediática y presentarse como un analista político sobre la economía de Argentina, con tantos antecedentes, bastará esperar a que deje la gestión para revisar la conducta desplegada.

EN PARALELO, DURANTE EL PERIODO 2007/2011…

No debemos dejar de destacar la impronta privada que siempre tuvo, y en este periodo tampoco. Ya Gustavo Bordet a cargo del Municipio de Concordia, el contador se ocupó de administrarle el estudio contable y los negocios.

Cuenta nuestra fuente política de los pasillos del palacio municipal de Concordia, que en aquel entonces dentro de lo que se llama explosión inmobiliaria, los loteos se convertían en un negocio con éxito.

Los loteos con fines de urbanización hasta 50 lotes están exentos de ganancias siempre y cuando, no haya habitualidad ni permanencia de la fuente generadora. Si a eso, le sumamos, el lobby para orientar el proceso de urbanización y extensión de infraestructura, solo faltan dos cosas para que la operación sea un éxito: AFIP y un testaferro.

Su amigo de la Universidad, le presenta al Jefe titular de la AFIP Concordia, Pedro Verbauwede para que sea flexible con los cruces de datos a cambio de unos lotes. Tiempo más tarde, este señor queda involucrado en la causa por falsificación de marcas y defraudación impositiva de Tabacalera del Litoral, investigación a cargo del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.

Faltaba resolver quienes iban a ser los testaferros, gente de Concordia no podía ser, pero sí de Paraná, ¿quiénes? Es así, que dos de los reclutadores Flavia Beckman y Hugo Mena terminan de prestar su nombre al administrador del loteo, el mismísimo Palito, Juan Domingo Orabona.
¿Ya se imaginarán quienes eran los inversores del loteo para urbanización?

TROPELÍAS EN CALLE SANTA FE

En audiencia pública contaba el Procurador Garcia: “Somos pequeñas aldeas, y en las pequeñas aldeas aún se recuerda cómo (Oscar) Mori contaba los sábados en el Flamingo todas las tropelías que hacía en el ámbito de la administración pública, que finalmente lo llevaron a la condena; donde era sabido lo que hacía (Domingo Daniel) Rossi con los fondos -en Uruguay-, y cuando se quiso dedicar a ser el Don Juan, y su ex mujer le manoteó los papeles y ahí se inició la causa por enriquecimiento ilícito”. (*Fuente: Entreriosahora).

Nos bastó consultar a unos cuantos funcionarios y aficionados a la política y nos dijeron que Juan Domingo Orabona, es el cajero de Gustavo Bordet. Inclusive, en ese sentido, las campañas a intendente de Concordia, Gobernador y su reelección, en gran medida fueron financiadas por la caja de la Cámara de Senadores. Vale aclarar, son solo comentarios propios de una “pequeña aldea” como le gusta decir al Procurador, pero no tenemos aún prueba fehaciente sobre estas aseveraciones.

Fuentes judiciales, indican aquella tarde de sol, cuando el Ministerio Publico Fiscal imputa a Juan Domingo Orabona, inmediatamente suena el teléfono rojo de la casa gris, el aire alrededor de Plaza Mansilla se volvió denso pero la intervención de tres altos mandos, dos del ejecutivo y uno del judicial, pusieron paño frío a la situación y llevaron tranquilidad.

En ese momento, le pusieron el mejor abogado –al que le dicen el “Pavo Real”- de Entre Ríos con excelente relación con la familia judicial pero carente de éxitos.

Inmediatamente el Ministerio Público Fiscal (MPF) inició acciones concretas para justificar el accionar incuestionable. Idas y vueltas, el MPF atropellaba y fulminaba todo en su camino, pero las inconsistencias eran evidentes.

Las mentiras tienen patas cortas dice el dicho, pero pueden sobrevivir por bastante tiempo si es que hay un poder fuerte que sostiene. Pero igual, siempre se caen.

El MPF empieza a cometer errores gravísimos porque trata de proteger lo imposible, juega a la política y se embarra. Hoy ya nadie le cree.

Fuentes cercanas al entorno de “Palito”, como le dicen sus amigos, nos cuentan que él entiende de cuestiones políticos judiciales y le preocupa como el sistema tiende a solucionar los conflictos en el que solo vela por las cabezas más importante.

Pero en estos momentos se encuentra dubitativo, desconfiado del poder político y principalmente de su amigo. Las razones, promesas y promesas sin cumplir. ¿Ni siquiera el MPF pudo elevar una parte de la causa? Siendo que sus abogados se lo habían asegurado. Parafraseando a la fuente señalan que Palito repite: “…una vez que me sienten en el banquillo, todos me van a desconocer. Pero bueno, por lo menos me avisaron de los embargos”.

Pero lo que preocupó realmente a Palito, fue la estrategia desplegada por sus defensores, apelan los embargos y luego no se presentan a la audiencia. Le señalan: “…que se quede tranquilo, porque el Fiscal de Estado, Julio Rodriguez Signes nos dará una mano”. Pero, al ver la audiencia, nada de eso pasó.

La lectura de los observadores de Plaza Mansilla, ven en el accionar de Fiscalía de Estado un apoyo político a un desacreditado MPF. Y en lo concreto, Julio Rodriguez Signes siguió la lógica del sistema, salvar a las cabezas, por lo que trasladó toda la responsabilidad a los Directores Administrativos Contables, entre ellos, Juan Domingo Orabona.

Nos cuentan en el entorno cercano de “Palito”, que estuvo haciendo unas consultas con letrados de experiencia en la Ciudad de Buenos Aires, a quienes le llamó sorpresivamente la atención, el conflicto de intereses que prima en esta causa de los contratos de la Legislatura. Dice que le dijeron: “…no puede ser que un defensor defienda a los legisladores al mismo tiempo que a funcionarios de segunda línea. Pareciera que en Paraná hay un código procesal penal y de ética, poco lógico, le dijeron”.

La lista de entregados en Entre Ríos es larguísima, Yedro, Alanis, Pacayut entre otros, pero todos ellos bustistas. ¿Seguirá Orabona?

ACLARACIONES

Este equipo se ha contactado con Juan Domingo Orabona, quien lamentablemente por indicaciones de sus defensores, no nos dio una entrevista que permitiera aclarar o explicar su rol. De igual manera, sus defensores tampoco quisieron defenderlo. Lo que hemos expuesto son las primeras aproximaciones de una investigación que aún tiene muchas más aristas por indagar…


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Villa Gesell: Crece la crisis política y económica mientras “el intendente cobra casi $20 millones”

En una entrevista exclusiva con el periodista Eduardo Prestofelippo (conocido popularmente como “El Presto”), la concejal del PRO en Villa Gesell Clarisa Armando, reveló en el programa de streaming Canal EY!, durante el segmento Perdón X La Vehemencia, que el intendente Gustavo Barrera percibe “cerca de $20 millones” mensuales.

“Gana más que el presidente”, afirmó Armando, agregando que “él y todos los funcionarios tienen una herramienta que se llama los adicionales, que duplica, en algunos casos al 200%, el 150%, en otros el 100%, el sueldo base. Ningún funcionario se deja de cobrar el adicional por función. Y el intendente lo cobra, cobra por representarnos un adicional, por función completa, por la representación que tiene porque viaja.”

El líder comunal Barrera, del partido kirchnerista de Unión por la Patria (UxP), y que gobierna el municipio desde 2014, es decir, lleva más de 12 años al frente de la localidad. Este dato es central, ya que la oposición usa su larga gestión para señalarlo como el principal responsable del deterioro financiero acumulado.

La acusación de que Barrera cobra alrededor de $20 millones por mes circuló en ese contexto político, en el que la discrepancia reclama que se publiquen los sueldos de toda la planta política. Armando también denunció que el intendente “fue acomodando a cada uno de los militantes que responden al intendente Barrera, por encima de todos los empleados de carrera del municipio”.

“Es una locura lo que te estoy diciendo, pero es real. Y lo hacen por decreto. O sea, él mismo firma su aumento. Él mismo le firma el aumento, el adicional, a sus funcionarios. Si vos, o cualquier vecino que se meta y pueda ver los decretos que están publicados, esos decretos figuran cuando descaradamente se lo cobran”, recalcó Armando.

En síntesis, la crítica no sería solo al número del sueldo en sí, sino a la opacidad con que se maneja la nómina política en una administración que dice no tener dinero.

La crisis financiera de Villa Gesell es real y está documentada. Entre 2025 y el primer trimestre de 2026, el municipio perdió $3.653 millones en recursos, resultado de una caída de $2.903 millones durante 2025 y otros $750 millones en los primeros meses de este año. A eso se suma un fuerte incremento de la deuda municipal, que pasó de $39 millones en 2014 a casi $10.000 millones en 2025, lo que representa un aumento del 25.000%, según un informe del bloque PRO en el Concejo Deliberante.

LA ENTREVISTA COMPLETA

También le cobra a los vecinos cuando tiene que viajar a otro lado en representación del municipio. Se llaman gastos por representación y lo cobra todos los meses”, indicó Armando.

Barrera atribuye la crisis principalmente al recorte de coparticipación por parte del gobierno nacional del presidente Javier Milei y la caída de la actividad económica. La contraposición, en cambio, destaca que el deterioro comenzó antes y es producto de una administración deficiente durante 12 años.

Pettovello lanzó un sistema con IA para detectar irregularidades en planes sociales

Pettovello lanzó un sistema con IA para detectar irregularidades en planes sociales

El Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, presentó el Sistema Social (SISOC), una plataforma tecnológica integral que centraliza la información de personas, familias y espacios comunitarios alcanzados por programas sociales del Estado nacional. 

El lanzamiento se realizó en un encuentro con la prensa en el que participaron el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordoñez; el subsecretario de Promoción Humana, Martín Lepera; y Paola Bohórquez, coordinadora del Área de Desarrollo Inclusivo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El sistema registra actualmente 7,2 millones de perfiles individuales y más de 3.600 centros comunitarios. Todo el desarrollo fue realizado por programadores de la propia Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, sin contratar empresas externas ni realizar licitaciones. En palabras de Lepera, la incorporación de inteligencia artificial potenció el trabajo del equipo interno. Con esa nueva herramienta, “un recurso propio hoy vale por diez. Lo que antes llevaba quince días, ahora lo hacemos en una fracción del tiempo”.

Ordoñez subrayó que el sistema parte de la visión impulsada por la ministra Pettovello, enfocada en la transparencia, la eliminación de intermediarios, la trazabilidad y la eficiencia. El secretario también describió el estado de situación que encontraron al asumir: “No existían nada más que infinidad de exceles con información dispersa, no se intercambiaba la información. Nadie tenía una mirada completa sobre la totalidad de las políticas públicas que se llevaban adelante y eso obviamente dificulta la gestión, complica la transparencia y el entendimiento global”. 

Tres etapas permitieron el desarrollo del SISOC. En 2024 comenzó la digitalización y la generación de registros básicos. Luego se automatizaron procesos y se incorporó la interoperabilidad con otros organismos del Estado. En 2025, el ministerio incorporó inteligencia artificial y análisis predictivo. “Pasamos de una gestión reactiva que llegaba tarde y no tenía datos, a empezar a anticiparnos”, resumió Lepera.

Radiografía en tiempo real de cada beneficiario

El núcleo del sistema es lo que denominaron la “historia social digital”: cada persona tiene un legajo único que concentra sus datos personales, las intervenciones del Estado sobre su situación, los vínculos familiares y los programas a los que adhiere. El sistema mantiene ese legajo actualizado al instante (dónde está la persona, a qué espacios asiste, qué coberturas recibe, cómo está compuesto su grupo familiar y si accede o no a las prestaciones disponibles). 

Para Ordoñez se trata de un salto cuántico. “De un individuo que estaba suelto por el universo ahora tenés la radiografía que sirve para mejorar la calidad de las prestaciones y asegurarnos que reciba todo lo que tiene que recibir”.

Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordoñez
– Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordoñez

Esta información se construye a partir del cruce de bases de datos del Ministerio de Capital Humano con ANSES, ARCA, RENAPER, Progresar y sistemas provinciales a través del SINTI, la única base de datos nacional con cruces interprovinciales consolidados. 

También se trabaja con diferentes administraciones provinciales y se prevé lograr, en el mediano plazo, una sinergia con los municipios.

Bohórquez destacó que la herramienta “no es un registro administrativo, es un sistema dinámico con infinita posibilidad de actualización online y on the spot (es decir en el momento y en el lugar donde ocurre la situación), que te permite no solo predecir sino adelantarte y ajustar la política de forma instantánea”.

Los datos descubren lo que el Estado no veía

El SISOC incorpora algoritmos de inteligencia artificial que detectan desvíos en tiempo real. El sistema identifica a personas que figuran en más de un centro simultáneamente o que reciben la misma prestación dos veces el mismo día.

También cruza datos patrimoniales. Al analizar la situación socioeconómica de los beneficiarios, el ministerio detectó casos de personas con cinco propiedades o cuatro vehículos que recibían asistencia del Estado. En esos casos, se procedió a darlos de baja.

El sistema también detecta brechas de acceso. Si una persona, por ejemplo, se anotó en el plan de los Mil Días durante el embarazo y tiempo después no figura ningún registro de documentación del bebé, se genera una alerta automática. “Sabemos que ahí hay un chico que no tiene documentación. Si no tiene documentos, no accede a toda una serie de beneficios que existen a disposición para ese tema”, planteó Ordoñez.

No todas las alertas implican irregularidades. En un caso concreto, el sistema detectó que un centro realizó muchas operaciones pequeñas en un mismo día. La investigación reveló que los operadores no sabían cuánto tiempo le quedaba a la tarjeta de pagos. “A veces no es un fraude, sino un problema. Pero igual nos sirvió para detectarlo”, reconocieron desde el Ministerio.

Los centros comunitarios, bajo seguimiento permanente

El sistema registra los 3.600 espacios comunitarios con los que trabaja la Secretaría. Cada centro tiene su propio legajo donde constan presupuesto, rendiciones, actividades, infraestructura disponible y nómina de asistentes y es auditado de dos maneras: de forma presencial (cada dos meses de manera sorpresiva) y de forma virtual mediante llamadas aleatorias. 

La lógica es directa. Si el sistema indica que un espacio abre, por ejemplo, los martes, la auditoría verifica que efectivamente esté abierto ese día y que haya personas dentro.

En los próximos meses, los centros recibirán una aplicación móvil con georeferenciación que funciona sin conexión a internet. La herramienta les permitirá cargar actividades, gestionar asistencia y rendir cuentas de forma digital. 

Subsecretario de Promoción Humana, Martín Lepera
– Subsecretario de Promoción Humana, Martín Lepera

Hasta ahora, la carga de datos era manual: los centros enviaban listas de nombres a mano, una modalidad que el ministerio busca dejar atrás.

El relevamiento de centros arrojó además un dato que cambió la perspectiva sobre la red. De los 3.600 espacios con prestación alimentaria, más de 500 son centros de primera infancia. Esa información, que antes era inexistente, permite segmentar las intervenciones según el perfil real de cada espacio y no tratarlos a todos como si fueran equivalentes.

Derivaciones automáticas entre organismos

Una de las funciones más recientes del sistema es la derivación automática entre organismos. 

Si en la nómina de asistentes de un centro comunitario figura una persona con consumo problemático, el sistema indica el espacio del SEDRONAR más cercano y genera una derivación formal. Ambas partes tienen acceso al estado del proceso. 

“Antes, si el referente decía ‘acá te va a ver Cacho de parte mía’, y Cacho no iba nunca, la cuestión nunca se resolvía. Acá hay un seguimiento de las dos partes”, describió Ordoñez. 

El proceso incluyó escucha activa de los responsables de los centros y articulación con organismos internacionales y organizaciones sociales. El desarrollo no fue unilateral, subrayaron desde el Ministerio de Petovello. La implementación tampoco generó conflictos con los referentes territoriales: “No pensamos esto desde una torre, siempre buscamos apoyarnos en las necesidades. Incluso, recibimos la necesidad de implementar un sistema”.

La experiencia práctica incluyó el primer relevamiento nacional coordinado de personas en situación de calle, realizado entre noviembre y diciembre del año pasado con la colaboración de 17 provincias mediante la aplicación de campo del SISOC. Los resultados de ese informe serán revelados en los próximos días.

“Un Estado que anticipa antes de actuar”

Durante 2026, Capital Humano prevé ampliar la interoperabilidad del SISOC con otros organismos del Estado e incorporar módulos para que los Centros de Familia puedan interactuar con el sistema, rendir cuentas de manera digital y gestionar prestaciones. El objetivo es consolidar una gestión integrada, trazable y basada en información confiable.

La proyección apunta a que, hacia mediados del año que viene, el sistema alcance capacidad predictiva plena. 

La idea es poder simular el impacto de una política antes de implementarla: saber cuántas personas va a alcanzar un nuevo centro según dónde se lo ubique, o cómo afecta una suba en una prestación antes de ejecutarla. “Para eso necesitás una capa analítica de datos muy grande, y ahora la tenemos”, resumió Lepera.

Ordoñez trazó el horizonte de esa visión con precisión: “Cuando tengamos mejor el mapa de a quién va qué, podemos predecir dónde nos va a sobrar capacidad y dónde tenemos que estar”.

Kicillof gastó más de USD 150 mil para asistir a una cumbre progresista en España

El gobernador de la provincia de Buenos Aires viajó a España para participar de la Movilización Progresista Mundial (MPM), organizada por el presidente español Pedro Sánchez.

“Las consecuencias de las decisiones de la ultraderecha en Argentina solo pueden abordarse internacionalmente. Necesitamos respuestas conjuntas de Latinoamérica y Europa para construir un mundo más multipolar y evitar la subordinación a grandes monopolios y poderes externos”, afirmó Kicillof, buscando justificar de alguna manera su viaje.

Lo que generó controversia pública fue el conocimiento del nivel de gasto que implicó el viaje por más de USD$150.000 en pasajes, viáticos y estadía para una comitiva de al menos 20 personas, financiados en su mayoría por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). A esto se sumó una segunda delegación del Partido Justicialista (PJ), encabezada por Eduardo “Wado” de Pedro, con costos aún no revelados.

La delegación oficial encabezada por Kicillof exhibió un núcleo político claramente identificado, con la presencia de Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Jesica Rey, ministra de Comunicación Pública y Cecilia Nicolini, diputada del Parlasur y asesora en Asuntos Internacionales. También formaron parte de la comitiva otros funcionarios del gobierno bonaerense, además de cónyuges, secretarios y personal técnico.

– Kicillof junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni

El monto reportado corresponde únicamente a tres rubros, ya sean pasajes aéreos, viáticos y estadía. El promedio por individuo ronda los USD$6.000. Aún no sé esclareció los otros costos adicionales que supuestamente habrían sido afrontados por los propios funcionarios y consortes.

Un vuelo en clase ejecutiva (business) ida y vuelta entre Buenos Aires y Barcelona tenía un costo aproximado de USD$13.500 en la fecha del viaje. En clase económica, los precios rondan entre USD$1.000 y USD$1.600 ida y vuelta.

– La viepresidente II de España, Yolanda Díaz Pérez

Para una comitiva de 20 personas en ejecutiva, solo en pasajes el gasto podría quedar en USD$270.000.

La delegación se alojaría en el Mandarin Oriental Ritz de Madrid, uno de los hoteles más lujosos de España, ubicado en la Plaza de la Lealtad. La cifra de USD$12.000 por noche corresponde al costo de varias habitaciones del establecimiento, que en cotizaciones actuales de plataformas como Expedia muestra precios que parten desde USD$1.100 por habitación por noche para fechas similares. Dado que la delegación permaneció varias noches y en múltiples habitaciones, el gasto en alojamiento acumula rápidamente cifras elevadas.

Los viáticos incluyen gastos diarios de movilidad, alimentación y otros gastos personales. Para una comitiva numerosa, estos suman fácilmente decenas de miles de dólares en pocos días.

Al mismo evento viajó una segunda delegación impulsada institucionalmente por el PJ y convocada por su propia presidenta, Cristina Kirchner. La encabezó el senador Eduardo “Wado” de Pedro, histórico referente de La Cámpora y quien concentra el control político del CFI en los últimos años.

Junto a él viajaron Jorge Taiana, exministro de Defensa y diputado, Eduardo Valdés, también diputado, Nicolás Trotta, exministro de Educación y legislador, Lucía Cámpora, diputada y nieta de Héctor Cámpora, además de Roxana Monzón, Lorena Pokoik, Delfina Rossi, Franco Metaza, Gustavo Menéndez, Soledad Magno y Valentina Morán.

Por su parte, el viaje tuvo una clara carga de posicionamiento político de Kicillof de cara al escenario electoral de 2027, año en el que se elegirá presidente.

Villa Gesell | Una patota K golpeó a concejales que rechazaron un presupuesto con brutales aumentos de tasas

La última sesión del Concejo Deliberante de Villa Gesell terminó en un escándalo que dejó al descubierto, con fuerza inusitada, las tensiones políticas acumuladas en ese municipio de la costa bonaerense. Al menos tres concejales de la oposición fueron agredidos dentro del recinto y en las inmediaciones del edificio luego de que la totalidad del bloque votara en contra del presupuesto municipal 2026 impulsado por el intendente kirchnerista Gustavo Barrera, quien gobierna la localidad desde 2014. 

Lo que ocurrió después quedó registrado en videos que circularon en redes sociales y provocó repudio inmediato de dirigentes del PRO y de La Libertad Avanza.

Según relataron los propios afectados, una vez consumada la negativa, militantes kirchneristas vinculados al sindicato de trabajadores municipales y al Sindicato de Camioneros irrumpieron en el recinto. Hubo insultos, empujones y golpes. A la concejal Clarisa Armando le arrojaron una botella. El concejal Luis Vivas también resultó golpeado. 

Armando fue atacada también afuera del Concejo en circunstancias que describió como particularmente graves. “Tuve que salir a acompañar a una de las concejales que se descompensó a la ambulancia. Nos atacaron físicamente, no solo a nosotras, sino al personal de salud que se había hecho presente para asistir a la concejal”, detalló.  

– Gustavo Barrera

Esta escena involucró agresiones directas a una médica, una enfermera y un ambulanciero que simplemente intentaban asistir a una funcionaria con una descompensación.

La sesión se desarrolló “en un marco de mucha violencia convocada por el intendente, los funcionarios y el sindicato de Camioneros” desde antes de que comenzaran las agresiones. Los ediles opositores, que especularon que la jornada sería picante más no que escalara de esa manera, señalaron que las autoridades del Concejo no actuaron en ningún momento para contener la situación: “La presidenta del Concejo, en ningún momento pidió la intervención de la Secretaría de Seguridad ni de la Policía. La poca fuerza policial que estaba presente la habíamos solicitado nosotros. Abrieron todas las puertas, dejaron que entraran, dejaron que pudiéramos salir sin protección. Realmente liberaron para que esto pasara”.

Como se dijo, el trágico episodio sucede a raíz de la discusión en torno al presupuesto municipal 2026: ascendía a 64 millones de pesos, el doble de lo que costaba gobernar el municipio hasta entonces

El documento público “disparaba las tasas municipales a un 80%, aumentaba el gasto público, creaba nuevas secretarías y el impuesto a la nafta”. En concreto, incorporaba seis nuevas áreas dentro de la estructura municipal en un momento en que “todo el país está achicando en gastos y achicando las plantas políticas”. El 68% de ese presupuesto estaba destinado al pago de salarios.

La oposición no llegó al rechazo de un día para otro. La propuesta presupuestaria auspiciada por el intendente venía resistiendo su aprobación desde noviembre del año pasado, cuando los concejales de la composición saliente se negaron a dar quórum. Desde el PRO local la exigencia fue la eliminación de los nuevos cargos y aumento cero de tasas municipales. “En los últimos tres años aumentó un 168% por encima de la inflación”, señaló Armando. “Nosotros tenemos una de las tasas más caras de la provincia de Buenos Aires. Tenemos las habilitaciones comerciales más caras de la provincia de Buenos Aires”. Otra parte de la oposición pedía al menos contener el aumento al 25%. Pero el texto que llegó al recinto no incorporó ninguna de estas modificaciones.

Uno de los elementos más perturbadores de la sesión fue la revelación pública de dos datos que la oposición había ido construyendo con la información disponible. El primero involucra a los empleados municipales: el presupuesto rechazado contemplaba 2.600 cargos, mientras que el municipio declara formalmente tener 1.700. La diferencia de 900 personas corresponde a empleados que cobran sueldo pero que nadie puede ubicar físicamente. “No sabemos a dónde están”.

– Edición Nº 30219 del Boletín Oficial de PBA, jueves 16 de abril de 2026

El Tribunal de Cuentas, en paralelo, ya había observado inconsistencias en la planta municipal. En la rendición 2024 detectó 2.680 cargos aprobados frente a 3.256 ocupados (una diferencia de 576), confirmó el reparo por falta de depuración de agentes y aplicó sanciones al intendente y a funcionarios del área.

El segundo dato tiene que ver con la deuda flotante del municipio. Armando la describió como el dinero que el municipio gasta “como si fuera con tarjeta de crédito”. Esa cifra pasó de 1.000 millones de pesos a 9.000 mil millones en “los últimos tres años” y representa actualmente el 20% del presupuesto total. 

La oposición dijo que lleva años reclamando acceso actualizado al RAFAM, el sistema informático que permite a los concejales monitorear en tiempo real los gastos del municipio. El acceso nunca fue garantizado de forma plena. “El ocultamiento del dato es parte de esta gestión” sentenció Armando.

La presencia del sindicato de Camioneros en la violenta sesión tiene una historia propia que la concejal develó en detalle. El gremio del clan Moyano habría hecho campaña por Barrera en 2023 para conseguirle los votos que le faltaban bajo la promesa de mantener el contrato del servicio de barrido de la ciudad. Barrera, ya reelecto, recortó ese servicio. 

Según trascendió, el intendente habría intentado trasladar la responsabilidad de ese incumplimiento comunicándole a los dirigentes del sindicato, “en la última reunión que tuvieron”, que el motivo era el rechazo al presupuesto por parte de los concejales opositores. 

Esa maniobra explicaría el por qué la protesta del sindicato terminó dirigida contra el Concejo Deliberante y no contra el despacho del intendente. 

REPUDIOS

El PRO local fue el primero en articular una respuesta pública. “El oficialismo kirchnerista mandó una patota a golpear a nuestra concejal Clarisa Armando y a toda la oposición que se negó a avalar su presupuesto”, sostuvo el partido en un comunicado, y añadió: “Les pegaron adentro del recinto. Le patearon la ambulancia a otra concejal que se descompensó. Eso es lo que hacen cuando pierden”. 

El PRO bonaerense también expresó su repudio y habló de una “patota” que habría actuado dentro del recinto. 

La Libertad Avanza, por su parte, calificó lo ocurrido como de “gravedad institucional inaceptable” y advirtió que “no se trató de un hecho aislado, sino de una expresión más de un modelo que, cuando es cuestionado, responde con aprietes en lugar de argumentos”. Dirigentes de ambos espacios exigieron que se identifique y sancione a los responsables.

Armando construyó una lectura que va más allá del episodio puntual. Barrera viene gobernando ininterrumpidamente desde 2014, siempre con mayoría en el Concejo. Recordó que “es un intendente que viene aprobando presupuestos tras presupuestos porque tenía mayoría”. La violencia del lunes, dijo, no fue una anomalía sino una consecuencia lógica de ese esquema de poder: “Es el resultado de un modelo de gestión que cuando no consigue lo que quiere actúa de esta manera, con la violencia. Éste es el modelo kirchnerista que los resultados son como ellos quieren o son a la fuerza”.

La gravedad del episodio se vio amplificada por la dimensión personal de las amenazas. En un municipio de escala reducida el anonimato no existe. “Hubo amenazas. En Villa Gesell vivimos 45.000 habitantes, que nos conocemos todos, que al día siguiente salimos a la calle y saben dónde vivimos, nos encontramos en el súper, en la carnicería”.

La concejal no dejó margen para la ambigüedad respecto de su posición: “No vamos a claudicar: no le tenemos miedo”, escribió en redes sociales.

Kicillof suspendió un programa alimentario escolar y subió el boleto de colectivo bonaerense en medio de gastos millonarios en pauta oficial

En los primeros días de mayo, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, suspendió por 90 días el programa alimentario MESA, aplicó una suba del 11,6% en las tarifas de colectivos y quedó bajo cuestionamientos por el gasto millonario en pauta oficial.

Mediante la Resolución 842/2026, firmada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, la provincia suspendió el MESA a partir del 1° de mayo de 2026. La decisión, presentada oficialmente como un “reordenamiento del gasto”, afecta directamente a más de 2 millones de familias bonaerenses.

– El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque

El gobierno provincial argumentó que la medida responde a la “caída de transferencias nacionales” y al aumento sostenido en el precio de los alimentos. También aclaró que el Servicio Alimentario Escolar (SAE) continuará funcionando, es decir, los chicos seguirán comiendo en el colegio, pero las familias ya no recibirán la caja mensual para llevar a casa.

La medida generó una fuerte lluvia de críticas incluso dentro del peronismo. Según varios medios, La Cámpora apuntó contra Kicillof y los intendentes peronistas, especialmente de los distritos más golpeados socialmente, mostraron preocupación abierta. Mario Ishii, intendente de José C. Paz, expresó su preocupación por el “colapso” en su distrito. Un grupo de intendentes marchó incluso al Ministerio de Capital Humano de la Nación en busca de la asistencia de Sandra Pettovello.

“En diciembre de 2024 el gobernador quería comprar Aerolíneas Argentinas; en mayo de 2026 suspende la asistencia alimentaria a más de 2 millones de bonaerenses”, comparó la situación con ironía desde la oposición, el diputado bonaerense por la Unión Cívica Radical (UCR) Diego Garciarena.

El cartel que le dejó Pettovello a los intendentes que le reclamaron

En paralelo, el Ministerio de Transporte provincial confirmó que desde el 4 de mayo de 2026 los colectivos urbanos provinciales (líneas numeradas desde el 200) y municipales aplicaron un aumento en el boleto general.

Este porcentaje resultó notoriamente superior al 5.4% que aumentaron los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires el mismo mes. La diferencia se debe a que la provincia sumó un cargo adicional para compensar la suba de más del 23% en el precio de los combustibles.

Hasta una distancia de 3 kilómetros, la tarifa con SUBE nominada sería de $918. Para recorridos de entre 3 y 6 kilómetros, el valor asciende a $1.023. En trayectos de 6 a 12 kilómetros, el pasaje costará $1.101, mientras que para distancias de 12 a 27 kilómetros la tarifa será de $1.180. En tanto, los viajes de más de 27 kilómetros tendrán un costo de $1.259.

Para quienes viajan con SUBE sin registrar, los valores se duplican aproximadamente, llegando a más de $2.100 por el tramo mínimo.

La pauta oficial

El elemento polémico de esta discusión es el gasto en publicidad oficial. De acuerdo con un relevamiento periodístico, el Ministerio de Comunicación Pública de la provincia distribuyó $57.565 millones en publicidad oficial durante 2025. Otras fuentes elevan esa cifra a $58.300 millones, con un incremento del 63% real respecto al año anterior.

Los principales medios beneficiados fueron C5N (con $6.970 millones), el Grupo Olmos, Clarín, América y El Destape, entre muchos otros. Esta cifra representa el corazón de la crisis actual, ya que si la provincia dice no tener recursos para sostener el MESA (que costaba entre 28.000 y 30.000 millones mensuales), ¿cómo destinó casi el equivalente a dos meses del programa solo en publicidad a lo largo de 2025?

El MESA nació durante la pandemia de COVID-19, cuando las escuelas cerraron y los comedores escolares dejaron de funcionar. La idea era que si los chicos no podían ir a comer al comedor, que la caja de alimentos llegase a sus casas.

Cuando volvió la presencialidad, el programa no se eliminó sino que se mantuvo como complemento del SAE. En la práctica, consistía en entregar mensualmente una caja o bolsón con alimentos secos a las familias de alumnos en situación de vulnerabilidad que asisten a escuelas públicas bonaerenses. Era, en palabras del propio Kicillof cuando lo lanzó en 2022, “la columna vertebral de la asistencia alimentaria en la provincia”.

Históricamente, el programa costaba el 40% lo financiaba el gobierno nacional, pero desde que asumió el presidente Javier Milei ese aporte se cortó y la provincia debió cubrirlo sola.

La UIF escondió sanciones antiguas de lavado de dinero tras un pedido del Banco Hipotecario de Elsztain

La Unidad de Información Financiera (UIF) restringió el acceso público a las resoluciones de sanciones antiguas luego de un pedido formal del Banco Hipotecario, entidad presidida por Eduardo Elsztain. La decisión, revelada por elDiarioAR, implicó que desde el lunes pasado dejaran de figurar en el buscador principal los textos completos de multas firmes con más de cinco años de antigüedad, que hasta la semana anterior podían consultarse online sin restricciones.

El cambio no eliminó esos antecedentes del sitio oficial, pero sí les quitó visibilidad. Ahora, las sanciones más viejas quedaron relegadas a un apartado secundario bajo la leyenda “Acceso al registro histórico de sanciones”. Allí solo aparece el listado, sin enlace para abrir cada resolución. Quien quiera conocer el contenido de esos expedientes debe iniciar un trámite formal por la vía de acceso a la información pública.

La modificación tuvo un efecto concreto sobre el propio Hipotecario. Entre las sanciones que dejaron de estar disponibles en forma abierta quedó la multa firme aplicada al banco en 2019, que ya no aparece con el mismo nivel de exposición que tenía hasta hace unos días. El planteo de la entidad apuntaba precisamente a ese punto: evitar que resoluciones antiguas, fácilmente localizables a través de buscadores de Internet, siguieran generando un daño reputacional ante inversores o actores del sistema financiero internacional.

Desde el Ministerio de Justicia, que controla la UIF, defendieron la medida con un argumento preventivo. Según la explicación citada por citado medio, se decidió “ajustar la información publicada” para evitar futuros planteos vinculados al llamado “derecho al olvido” y eventuales reclamos por daños y perjuicios. La cartera está a cargo de Juan Bautista Mahiques, quien llegó al puesto por impulso de Karina Milei, en medio de la interna oficialista y del avance de causas sensibles para el Gobierno.

En términos jurídicos, la modificación no altera el valor de esas sanciones antiguas. Antes y después del cambio, las multas con más de cinco años de antigüedad seguían funcionando como antecedente para inspecciones del organismo, aunque ya no podían utilizarse para agravar nuevas sanciones. El punto sensible pasa por otro lado: la exposición pública de esos castigos y su impacto sobre la imagen de las entidades alcanzadas.

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Ese aspecto no es menor en materia de prevención del lavado. La publicidad de las sanciones también opera como castigo reputacional, un componente especialmente valorado por los estándares internacionales. En países como la Argentina, donde las multas suelen ser bajas y las condenas penales por lavado casi no aparecen, esa dimensión adquiere todavía más peso.

Por eso el tema se conecta con las observaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que evalúa a sus miembros no solo por el diseño formal de sus normas, sino también por la eficacia real de sus mecanismos de control. En ese frente, la Argentina ya arrastra otros puntos de tensión: la elevada rotación en la conducción de la UIF durante la gestión de Javier Milei, con cuatro jefes en poco tiempo, uno de los cuales ni siquiera llegó a asumir, y la postulación de Matías Álvarez, impulsado por Mahiques, que todavía debía atravesar la audiencia pública correspondiente. A eso se suma el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal, que relajó el control antievasión tributaria, pero no el antilavado.

La decisión de restringir el acceso a las resoluciones antiguas no fue adoptada por Álvarez, sino por el vicepresidente de la UIF, Santiago González Rodríguez, identificado con la línea de Santiago Caputo, hoy en retroceso dentro de distintos organismos del Estado. Tampoco surgieron objeciones desde el Ministerio de Justicia ni desde el entorno de la Secretaría General de la Presidencia.

El movimiento se produjo, además, en un contexto de cercanía política y personal entre Milei y Elsztain. Durante la campaña presidencial de 2023, el entonces candidato libertario se alojó en el Hotel Libertador, propiedad del empresario. Ese mismo año ambos viajaron juntos a Nueva York para visitar la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, referente espiritual del movimiento Jabad Lubavitch.

Según la investigación de elDiarioAR, no trascendieron negocios estatales directos que hayan favorecido a las empresas de Elsztain durante la administración libertaria. De todos modos, el empresario conserva un peso específico en el mundo financiero y corporativo. A través de firmas como IRSA y Cresud, además, avanzó en inversiones mineras en San Juan y Salta, dentro de un sector beneficiado en términos generales por los cambios sobre la Ley de Glaciares, aunque sin precisiones oficiales sobre el impacto puntual en cada proyecto.

El nuevo esquema de publicación también dejó expuesta una inconsistencia en el criterio aplicado por la UIF. En la sección de sanciones todavía visibles figuran antecedentes de BBVA de 2023, pero también aparecen casos anteriores al supuesto corte de cinco años, como Galicia, cuya sanción es de 2010, y Macro, con una resolución de 2020. En cambio, dentro del archivo histórico y ya sin acceso al detalle quedaron Patagonia con una multa de 2018, Supervielle con una de 2014 y Comafi con una de 2018.

*Con información de elDiarioAR (Alejandro Rebossio)

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