Juan Domingo Orabona | EL CAJERO DE LA CORRUPCIÓN

¿Quién es el contador entrerriano que se encarga de los negociados de la provincia? Íntimo del gobernador Bordet, presidente del IAPSER, ahora acorralado por la Justicia.
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En esta primera entrega, el equipo de Data24.com.ar viene investigando de cerca la causa de los contratos de la legislatura de Entre Ríos. Una causa atravesada por criterios de persecución de neto corte político, donde no interesa la conducta desplegada sino quien la realizó.

Justamente por eso, ninguno de los operadores judiciales ha podido explicar, -entre otras cosas-, porque no se está investigando el periodo de la Cámara de Diputados 2008/2011 presidida por el ex Gobernador Jorge Pedro Busti; como así también otras irregularidades manifiestas que serán objetos de próximas investigaciones.

Recordemos que el objeto procesa versa acerca de una asociación ilícita, encargada de extraer fondos de ambas Cámaras de Diputados y Senadores de Entre Ríos desde el 2008 hasta el 2018 (excepto 2008/2011 Diputados), en el que dicho banda, estaba financiada con contratos de obra de dos Senadores Nacionales a decir: Pedro Guastavino y Sigrid Kunath.

La actividad desplegada tenía como eje un estudio contable, (en el que uno de los socios es Sebastián Orlando Bertozzi esposo de la Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, a cargo de la investigación), que se encargaba de las altas y bajas de los monotributos, al mismo tiempo que se blanqueaba el dinero mal habido en inversiones inmobiliarias y ganaderas.

Ese dinero mal habido, entre otras inversiones, terminó en el Fideicomiso Baucis y 9 de Julio.

En esta ocasión, la prensa especializada ha hurgado muchas aristas de la instrucción, pero en este caso, nos enfocaremos en un funcionario que quiere pasar desapercibido, el mismísimo Juan Domingo Orabona.

¿QUIÉN ES JUAN DOMINGO ORABONA?

Alias “Palito”, de profesión contador, se recibió en la Universidad de Nacional de Ciencias Económicas de la ciudad de Concordia, donde forjó una gran amistad con el Gustavo Bordet. Casado, y con un hijo extramatrimonial en la provincia vecina de Corrientes.

SU LLEGADA

“Palito” Orabona, llegó a la Cámara de Senadores de la Legislatura de Entre Ríos en la gestión 1995/1999 -Gobernador Jorge Pedro Busti y Vice Gobernador Hector Alanís-, de la mano del Senador electo por el departamento de Concordia, menemista de la primera hora, abogado, Mario Alberto Yedro, abogado, alias “Tito”.

En esa ocasión, Mario Yedro tenía dos asesores estrellas encargados de hacerle caja, por un lado, Juan Domingo Orabona y por el otro, el contador Julio Ivanovich.

Ya en esta ocasión, antes de que Héctor Alanís dejara la vicegobernación en manos de la fórmula de la Alianza Sergio Montiel y Edelmiro Tomás Pauletti, en noviembre de 1999, por decreto pasó a planta permanente a todos los contratos de obra, pero con numeración de noviembre de 1998. Inmediatamente la Alianza dejó sin efecto todos esos nombramientos irregulares, iniciaron los juicios correspondientes y fueron todos rechazados por improcedente.

Con la llegada de la formula, Jorge Busti y Pedro Guastavino, fueron incorporados a planta permanente de la legislatura todos aquellos que fueron incorporados de manera irregular.

En el entorno del ex senador Yedro (f), todavía cuentan la frase que le decía Palito: “…comprá tito, comprá que están baratos los campos…” Y así fue, el ex senador se compró un campo por recomendación de Orabona, éste se compra su casa actual con dicha comisión.

Tiempo más tarde, es decomisado el campo en el marco de una condena por enriquecimiento sin causa, en el que el mismísimo Fiscal Larrarte puso en consideración, por momento y bajo sospecha la acción desplegada por los contadores Julio Ivanovich y Juan Domingo Orabona, en cuanto a préstamos de dinero y cesión de acciones.

Asimismo, el contador Julio Ivanovich fue condenado en otra causa, caratulada “PACAYUT, Carlos F. s-PECULADO-PACAYUT, Abelardo F. y GABIO, A.V. s-Partíc.Nec; DURRELS, Norberto y MORANA, Rafael s/ participación necesaria; IVANOVICH, Julio C. y LOVERA, Carlos s/ Participación secundaria”.

LA VUELTA DE “PALITO”

En la gestión 2003/2007, Orabona llega de la mano del senador Hector Strassera, alias “Tito”. Esta vez, “Palito” está en mejores condiciones, planta permanente, experiencia y solo se encargaba de la caja de Tito Strassera. No obstante, el senador con más poder en aquel entonces era Hugo Berthet (porque era el presidente del bloque del PJ que junto con el vicegobernador, manejaban la caja más importante). Durante este periodo, el Director Administrativo Contable fue Cristian Treppo, quien hoy pasea por los pasillos de la justicia por causas de corrupción en ocasión de sobreprecios en la Obra Pública.

En el 2006 se genera un quiebre dentro del bloque del PJ, donde compiten dos fórmulas peronistas en el 2007, por un lado, Urribarri-Laurito y por el otro, Solanas-Cresto.

Justamente, como Hugo Berthet toma partido por la lista 100 de Solanas, es desplazado de la presidencia del bloque del PJ, tomando su lugar, el senador Hector Strassera. Ello fue un ascenso para “Palito” Orabona porque la caja era mucho más grande y tenía línea directa con el vicegobernador (Pedro Guastavino y el cerebro de las finanzas, Jorge Debreuil), y su Jefe, devenido en Presidente del Bloque.

Ya en el 2007, con la fórmula ganadora Urribarri-Laurito, y Juan Domingo Orabona por fin llega a la tan preciada Dirección General de Administración de la Cámara de Senadores de Entre Ríos.

El problema que tenía, era que Orabona no era hombre de confianza de Jose Eduardo Laurito. Pero no pasó mucho tiempo en ganarse el beneplácito del ex Juez de Concepción del Uruguay. La causa determinante fue cuando “Palito” Orabona le solucionó con un Contrato de Obra, al amigo y pupilo del ex Juez, Ex Comisario, Félix Orlando Cabrera, alias Nachito.

En esa época, la investigación de los delitos de Lesa Humanidad se había convertido en política de estado, por el cual, funcionarios eran esquivos a verse cercanos a imputados o investigados.

Este era el caso del ex Juez, y como dicen en ciertos círculos de la ciudad de Concepción del Uruguay, “Militar Frustrado”, que no sabía cómo darle una mano a su amigo Nachito. Pero Orabona lo solucionó…

Asimismo, (cuentan algunas fuentes reservadas) Nachito compartía con Orabona y el vicegobernador Jose Eduardo Laurito, muchas horas en las dependencias de un apart hotel de la capital provincial. También solía sumarse un dirigente peronista recientemente desaparecido que se disgustaba con las anécdotas de la represión que contaba Cabrera entre risas y aplausos de Orabona.

Tiempo después, Nachito fue vinculado por crímenes de Lesa Humanidad, a tal punto, que dirigentes del Peronismo Disidente, Augusto Alasino y Aníbal Vergara, requirieron a la coordinadora del Registro Único de la Verdad, María Luz Piérola, que promueva una investigación por participación y complicidad en la última dictadura cívico-militar en Argentina a Eduardo Laurito. Pero bueno, la historia pondrá las cosas en su lugar. (*Fuente La Opinión Popular).

Pero también cumplió de manera extraordinaria las necesidades de caja chica y grande del militar frustrado, o como le gustaba decir a los operadores, “…este se parece al manosanta (en relación al personaje de Olmedo), ya que no le gusta tocar la plata, pero solo tocar, pero si disponer”.

Volvemos a repetir la historia del Senado Provincial. En el 2010 se vuelve a partir el bloque, y Vitulo reemplaza al senador Strassera, pero a esas alturas ya era un protegido del “militar frustrado”, lo que le permitió seguir en la Dirección de Administración Contable hasta el 2011.

Al dejar su cargo, se va con José Laurito al Ministerio de Educación a cumplir la función de coordinación contable que le permitía seguir haciendo lo que mejor hace, pero en la órbita del ejecutivo.

En junio del 2012 Gustavo Bordet designa a su amigo a cargo de la Secretaría más importante de la Municipalidad de Concordia, dejando el Ministerio de Educación.

Ya para el 2016, le pagan con una de las cajas más importante, el Instituto del Seguro de Entre Ríos, que le permite una gran cobertura mediática y presentarse como un analista político sobre la economía de Argentina, con tantos antecedentes, bastará esperar a que deje la gestión para revisar la conducta desplegada.

EN PARALELO, DURANTE EL PERIODO 2007/2011…

No debemos dejar de destacar la impronta privada que siempre tuvo, y en este periodo tampoco. Ya Gustavo Bordet a cargo del Municipio de Concordia, el contador se ocupó de administrarle el estudio contable y los negocios.

Cuenta nuestra fuente política de los pasillos del palacio municipal de Concordia, que en aquel entonces dentro de lo que se llama explosión inmobiliaria, los loteos se convertían en un negocio con éxito.

Los loteos con fines de urbanización hasta 50 lotes están exentos de ganancias siempre y cuando, no haya habitualidad ni permanencia de la fuente generadora. Si a eso, le sumamos, el lobby para orientar el proceso de urbanización y extensión de infraestructura, solo faltan dos cosas para que la operación sea un éxito: AFIP y un testaferro.

Su amigo de la Universidad, le presenta al Jefe titular de la AFIP Concordia, Pedro Verbauwede para que sea flexible con los cruces de datos a cambio de unos lotes. Tiempo más tarde, este señor queda involucrado en la causa por falsificación de marcas y defraudación impositiva de Tabacalera del Litoral, investigación a cargo del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.

Faltaba resolver quienes iban a ser los testaferros, gente de Concordia no podía ser, pero sí de Paraná, ¿quiénes? Es así, que dos de los reclutadores Flavia Beckman y Hugo Mena terminan de prestar su nombre al administrador del loteo, el mismísimo Palito, Juan Domingo Orabona.
¿Ya se imaginarán quienes eran los inversores del loteo para urbanización?

TROPELÍAS EN CALLE SANTA FE

En audiencia pública contaba el Procurador Garcia: “Somos pequeñas aldeas, y en las pequeñas aldeas aún se recuerda cómo (Oscar) Mori contaba los sábados en el Flamingo todas las tropelías que hacía en el ámbito de la administración pública, que finalmente lo llevaron a la condena; donde era sabido lo que hacía (Domingo Daniel) Rossi con los fondos -en Uruguay-, y cuando se quiso dedicar a ser el Don Juan, y su ex mujer le manoteó los papeles y ahí se inició la causa por enriquecimiento ilícito”. (*Fuente: Entreriosahora).

Nos bastó consultar a unos cuantos funcionarios y aficionados a la política y nos dijeron que Juan Domingo Orabona, es el cajero de Gustavo Bordet. Inclusive, en ese sentido, las campañas a intendente de Concordia, Gobernador y su reelección, en gran medida fueron financiadas por la caja de la Cámara de Senadores. Vale aclarar, son solo comentarios propios de una “pequeña aldea” como le gusta decir al Procurador, pero no tenemos aún prueba fehaciente sobre estas aseveraciones.

Fuentes judiciales, indican aquella tarde de sol, cuando el Ministerio Publico Fiscal imputa a Juan Domingo Orabona, inmediatamente suena el teléfono rojo de la casa gris, el aire alrededor de Plaza Mansilla se volvió denso pero la intervención de tres altos mandos, dos del ejecutivo y uno del judicial, pusieron paño frío a la situación y llevaron tranquilidad.

En ese momento, le pusieron el mejor abogado –al que le dicen el “Pavo Real”- de Entre Ríos con excelente relación con la familia judicial pero carente de éxitos.

Inmediatamente el Ministerio Público Fiscal (MPF) inició acciones concretas para justificar el accionar incuestionable. Idas y vueltas, el MPF atropellaba y fulminaba todo en su camino, pero las inconsistencias eran evidentes.

Las mentiras tienen patas cortas dice el dicho, pero pueden sobrevivir por bastante tiempo si es que hay un poder fuerte que sostiene. Pero igual, siempre se caen.

El MPF empieza a cometer errores gravísimos porque trata de proteger lo imposible, juega a la política y se embarra. Hoy ya nadie le cree.

Fuentes cercanas al entorno de “Palito”, como le dicen sus amigos, nos cuentan que él entiende de cuestiones políticos judiciales y le preocupa como el sistema tiende a solucionar los conflictos en el que solo vela por las cabezas más importante.

Pero en estos momentos se encuentra dubitativo, desconfiado del poder político y principalmente de su amigo. Las razones, promesas y promesas sin cumplir. ¿Ni siquiera el MPF pudo elevar una parte de la causa? Siendo que sus abogados se lo habían asegurado. Parafraseando a la fuente señalan que Palito repite: “…una vez que me sienten en el banquillo, todos me van a desconocer. Pero bueno, por lo menos me avisaron de los embargos”.

Pero lo que preocupó realmente a Palito, fue la estrategia desplegada por sus defensores, apelan los embargos y luego no se presentan a la audiencia. Le señalan: “…que se quede tranquilo, porque el Fiscal de Estado, Julio Rodriguez Signes nos dará una mano”. Pero, al ver la audiencia, nada de eso pasó.

La lectura de los observadores de Plaza Mansilla, ven en el accionar de Fiscalía de Estado un apoyo político a un desacreditado MPF. Y en lo concreto, Julio Rodriguez Signes siguió la lógica del sistema, salvar a las cabezas, por lo que trasladó toda la responsabilidad a los Directores Administrativos Contables, entre ellos, Juan Domingo Orabona.

Nos cuentan en el entorno cercano de “Palito”, que estuvo haciendo unas consultas con letrados de experiencia en la Ciudad de Buenos Aires, a quienes le llamó sorpresivamente la atención, el conflicto de intereses que prima en esta causa de los contratos de la Legislatura. Dice que le dijeron: “…no puede ser que un defensor defienda a los legisladores al mismo tiempo que a funcionarios de segunda línea. Pareciera que en Paraná hay un código procesal penal y de ética, poco lógico, le dijeron”.

La lista de entregados en Entre Ríos es larguísima, Yedro, Alanis, Pacayut entre otros, pero todos ellos bustistas. ¿Seguirá Orabona?

ACLARACIONES

Este equipo se ha contactado con Juan Domingo Orabona, quien lamentablemente por indicaciones de sus defensores, no nos dio una entrevista que permitiera aclarar o explicar su rol. De igual manera, sus defensores tampoco quisieron defenderlo. Lo que hemos expuesto son las primeras aproximaciones de una investigación que aún tiene muchas más aristas por indagar…


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La gestión de Kicillof pagó $1.265 millones en intereses por atrasarse con proveedores

Según un informe oficial dado a conocer recientemente, la administración de Axel Kicillof destinó más de 1.265 millones de pesos al pago de intereses moratorios, generados por la cancelación fuera de término de facturas de proveedores y certificados de obra. La cifra surge del fallo con el que el Tribunal de Cuentas aprobó la rendición de la Tesorería General bonaerense, conducida desde entonces por David René Jacoby, tristemente célebre por su procesamiento en la causa del dólar futuro.

No se trata de una inversión, una obra pública ni una mejora en los servicios provinciales. Son recursos que el Estado bonaerense debió desembolsar exclusivamente porque pagó tarde. En otras palabras, más de 1.265 millones salieron de las arcas públicas para cubrir el costo financiero de la propia ineficiencia administrativa.

El informe señala que los intereses fueron generados por facturas de proveedores y certificados de obra abonados después de sus vencimientos. El organismo de control revisó una muestra equivalente al 78,15 por ciento del total y no detectó errores materiales en las liquidaciones. Sin embargo, que los intereses hayan sido correctamente calculados no responde la pregunta central: por qué la gestión de Kicillof dejó vencer esas obligaciones y quién permitió que la mora alcanzara semejante dimensión.

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Una factura que pagan todos los bonaerenses

La responsabilidad política recae sobre el gobierno de Kicillof, mientras que la administración financiera estuvo a cargo del tesorero general David JacobyPese al volumen del gasto improductivo, el fallo no identifica el detalle de los organismos que demoraron los pagos, a los proveedores beneficiados por los intereses ni a los funcionarios responsables de la cadena administrativa.

El silencio resulta especialmente grave porque el dinero pagado en concepto de mora podría haberse destinado a hospitales, escuelas, seguridad o infraestructura. Mientras, el gobierno provincial denuncia restricciones presupuestarias y reclama mayores recursos, su propia Tesorería reconoce que más de mil millones terminaron absorbidos por atrasos administrativos.

— David René Jacoby

La situación coincide, además, con una fuerte ampliación del presupuesto de la Tesorería. Los créditos para gastar pasaron de 1.522 millones a 6.695 millones de pesos, luego de una incorporación superior a los 5.173 millones. El presupuesto definitivo terminó siendo más de cuatro veces superior al originalmente previsto.

Una auditoría incompleta

El fallo también admite que los auditores no pudieron acceder a las bases de datos de los contratos de servicios celebrados por la provincia bajo la ley 14.815. Esa limitación impidió completar el análisis destinado a detectar incompatibilidades entre la planta de personal de la Tesorería y los contratos de servicios provinciales. Pese a ello, el Tribunal resolvió aprobar la rendición.

El resultado expone una combinación tan inquietante como insólita: una Tesorería que pagó una fortuna por intereses, una auditoría que no pudo acceder a toda la información y una resolución aprobatoria que no individualizó responsabilidades.

La gestión Kicillof deberá explicar ahora qué dependencias originaron las demoras, cuánto recibió cada proveedor, qué obras acumularon intereses y qué medidas adoptó David Jacoby para evitar que la mora siguiera drenando recursos públicos. Hasta entonces, el dato permanece: la provincia pagó más de 1.265 millones por llegar tarde.

*Fuente: Realpolitik

Tras la suspensión de sus operaciones, piden informes al Gobierno sobre la situación de Flybondi

En las últimas horas, la diputada nacional Roxana Monzón presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo información detallada sobre la situación de FB Líneas Aéreas S.A. (Flybondi), en medio de las dificultades operativas que atraviesa la empresa y los reclamos de usuarios afectados por cancelaciones y reprogramaciones de vuelos.

La iniciativa pide que la Secretaría de Transporte, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Secretaría de Trabajo informen sobre una serie de aspectos vinculados al funcionamiento de la compañía durante los últimos doce meses. Entre ellos, requiere datos sobre cancelaciones, demoras y reprogramaciones de vuelos, discriminados por mes, ruta y causa invocada por la empresa, además del nivel de cumplimiento efectivo de los servicios programados.

Uno de los puntos centrales del pedido está relacionado con la comercialización de pasajes durante períodos de interrupción de operaciones. La legisladora solicita información sobre la cantidad de boletos vendidos mientras la empresa tenía suspendidos total o parcialmente sus servicios, particularmente desde el 2 de julio de 2026, y pregunta si las autoridades evaluaron limitar o suspender esas ventas para evitar perjuicios a los pasajeros.

El proyecto también busca conocer el estado de la flota de la empresa, la cantidad de aeronaves habilitadas para operar, los aviones fuera de servicio y las medidas previstas para reemplazarlos frente a contingencias. Asimismo, reclama detalles sobre las inspecciones realizadas por la ANAC, los resultados obtenidos y el grado de cumplimiento de las observaciones efectuadas por el organismo de control.

Monzón además solicita información sobre sumarios administrativos, investigaciones o procedimientos abiertos contra la compañía, así como los planes de regularización operativa que Flybondi hubiera presentado ante las autoridades y su nivel de cumplimiento.

En materia de defensa del consumidor, el pedido de informes requiere conocer la cantidad de reclamos recibidos por cancelaciones, demoras y falta de reembolsos, las compensaciones efectivamente pagadas y las acciones coordinadas entre los organismos de control y las áreas de protección al consumidor.

La iniciativa también pone el foco en la situación económico-financiera de la empresa. En ese sentido, solicita precisiones sobre eventuales procesos concursales o pedidos de quiebra, deudas con proveedores esenciales para la operación y evaluaciones oficiales sobre el impacto que esos problemas podrían tener en la continuidad del servicio y en la seguridad operacional.

— Leonardo Scatturice. Exmiembro de la SIDE. Dueño y líder de Flybondi, OCA y el Grupo Flecha Log

Otro capítulo está dedicado a la situación laboral. La diputada pide información sobre trabajadores suspendidos, deudas salariales o indemnizatorias, actuaciones de la Secretaría de Trabajo, conciliaciones obligatorias e inspecciones realizadas durante el último año. También reclama una evaluación sobre cómo esos conflictos podrían afectar la prestación del servicio aéreo.

En los fundamentos del proyecto, Monzón sostiene que Flybondi acumuló una interrupción total de sus operaciones con pasajeros desde el 2 de julio de 2026 y afirma que, durante ese período, la empresa continuó comercializando pasajes sin advertir a los usuarios acerca del riesgo de cancelación. Además, menciona un escenario marcado por conflictos laborales, denuncias de extrabajadores, pedidos de quiebra promovidos por acreedores y acciones judiciales impulsadas por pasajeros que reclaman reintegros de vuelos cancelados.

La legisladora argumenta que el transporte aerocomercial constituye un servicio de interés público y sostiene que el Congreso debe contar con información completa para determinar si los organismos estatales ejercieron adecuadamente sus facultades de control y protección de los derechos de los consumidores frente a la situación que atraviesa la compañía.

*Fuente: Tribuna de Periodistas (Alexis Montefiore)

Atrapado infraganti: importante funcionario de Milei apareció de fiesta junto a Insaurralde y su defensa fue insólita

Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete bonaerense y exintendente de Lomas de Zamora, arrastra un tendal judicial tras su caída en el Yategate y la posterior aparición de fajos de dólares en el vestidor de su casa de San Vicente, hechos que lo mantienen imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Por su parte, Juan Nápoli es el presidente del Banco de Valores, ex candidato a senador de La Libertad Avanza y un hombre de extrema cercanía con Javier Milei. La entidad financiera de Nápoli se encuentra bajo la lupa de la jueza federal María Servini por sospechas de haber sido el canal principal para el lavado de activos y maniobras con el dólar blue de la financiera Sur Finanzas, ligada directamente al entorno de Insaurralde y a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.

Los lazos económicos entre la cúpula oficialista y los operadores kirchneristas exponen un entramado de negocios cruzados de larga data. El propio Javier Milei arrastra un antecedente comercial directo en este ecosistema, habiendo sido contratado en el pasado para hacer la publicidad de CoinX World, una firma cripto cuyo dueño era socio de los mismos financistas que hoy manejan la red de lavado vinculada a Insaurralde. Esta red de vínculos previos y favores económicos cruzados fundamenta las sospechas sobre la connivencia entre el dinero negro de la política tradicional y la nueva elite financiera del mileísmo.

Juan Nápoli junto a Javier Milei en una charla.

El video de la impunidad

Un registro audiovisual filmado a la medianoche del sábado 11 de julio en Puerto Madero expuso la convivencia entre ambos mundos durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Suiza. En la grabación se observa a Insaurralde relajado, fumando un habano y cantando temas de cancha a escasos centímetros de Juan Nápoli, quien comparte la celebración entre copas de alcohol.

El dato que oscurece la escena es que, como se adelantaba, la Justicia federal ya allanó el banco de Nápoli en una causa por lavado directamente vinculada al entorno del exintendente, un entramado que se profundizará más adelante.

Martín Insaurralde fumando un habano y festejando junto a Juan Nápoli.

Tras la difusión, la respuesta de Nápoli consistió en un descargo cínico donde exigió el derecho a la intimidad, asegurando ante la prensa que no tiene nada que ocultar. La defensa del banquero se centró en sugerir que esto no tendría que haberse sabido, instalando la lógica de que el problema radica simplemente en haber sido grabado.

Esta postura choca de frente con el archivo de sus propios aliados: fue el exjefe de gabinete de Nación, Manuel Adorni, quien sentenció en sus redes que los funcionarios públicos no tienen privacidad y que su vida privada es automática y totalmente pública. Alegar un asunto privado resulta un absurdo insostenible cuando el video es la evidencia explícita de un vínculo estrecho de amistad y celebración compartida.

El tuit de Juan Nápoli: “tengo derecho a la intimidad”.

La doble vara de los auto-percibidos libertarios queda expuesta al imaginar cómo reaccionaría el arco oficialista si una figura opositora, como por ejemplo Elisa “Lilita” Carrió, apareciera de fiesta con la corrupción kirchnerista; el ataque mediático habría sido inmediato. El escenario del encuentro fue el departamento de Rodrigo Fernández Prieto, un empresario conocido como el Príncipe de Puerto Madero, amigo histórico de Insaurralde y ex pareja de Jésica Cirio.

La “defensa” de Nápoli también la predijo Homero Simpson.

La punta del iceberg

La recurrencia de estos encuentros deja en claro una hipótesis sistémica: las relaciones promiscuas entre los diferentes estratos del poder son constantes y el secreto ciudadano sólo depende de que no haya una cámara encendida en el momento justo. El entramado político y financiero opera habitualmente en las sombras, blindado por pactos de silencio mutuo que únicamente se resquebrajan cuando un protagonista comete el error de dejarse registrar o cuando las internas sectoriales derivan en traiciones y filtraciones interesadas.

El antecedente histórico y fundacional de esta matriz se remonta al video de Néstor Kirchner frente a una caja fuerte exclamando “cuando veo estas… éxtasis”, seguido de un revelador “no me habrás filmado, ¿no?”. El registro fílmico conecta directamente con la causa Cuadernos, donde diversos testigos detallaron la obsesión física del expresidente por acumular, tocar y oler billetes en efectivo; una patología delictiva que la opinión pública podría haber considerado una exageración si no existiera ese preciso documento audiovisual que lo dejó en evidencia.

El paralelismo con los escándalos de la gestión actual es directo. La sociedad civil terminaría de confirmar el retorno del 3% en los contratos de la ANDIS debido a los audios filtrados del desplazado funcionario Diego Spagnuolo, amigo de José Luis Espert y de Javier Milei. De igual manera, las investigaciones judiciales sobre el patrimonio, los fondos y las propiedades de Manuel Adorni se activaron únicamente después de la viralización de los videos que lo mostraban utilizando un jet privado rumbo a Punta del Este y otro vacacionando en el Caribe, forzando la revisión de sus declaraciones juradas.

La impunidad del conurbano replica el mismo patrón. El recordado Yategate en el Mediterráneo y el posterior hallazgo de los fajos de dólares en el vestidor de San Vicente salieron a la luz exclusivamente porque los propios protagonistas cometieron el descuido de registrarlo. Incluso el paradigmático caso de los bolsos de José López en el convento se conoció por el llamado fortuito de un vecino al 911 que permitió capturar al funcionario infraganti y acceder a las cámaras de seguridad, ¿cuántos más bolsos habrán volado durante tantas madrugadas, pero nadie llamó al 911 y no nos enteramos? Incluso nunca nos hubiéramos enterado de que Alberto Fernández violó sus propias restricciones anti-constitucionales si no fuera por la foto filtrada, en lo que se conoció como el “Olivosgate”.

La conocidísima secuencia capturada en 2016: José López en un convento, de madrugada, con millones de dólares y una carabina sin registrar.

Este esquema de cooperativas subterráneas se remonta al origen mismo del armado político actual. Durante la campaña electoral de 2023, sucesivas filtraciones revelaron que el massismo, a través de Malena Galmarini, le estructuraba las listas de candidatos a La Libertad Avanza en Tigre, sumado a la militancia compartida y el cuidado mutuo de boletas en los cuartos oscuros.

Todo esto demuestra que la filtración es la excepción y la complicidad la regla. El video de Puerto Madero es la confirmación de que, detrás del escenario de confrontación mediática, los hilos del poder real se siguen tejiendo entre los mismos actores de siempre.

La famosa foto del “Olivosgate”, que habría sucedido aunque no nos hubiéramos enterado.

La ruta del rulo financiero

El escenario del encuentro fue el departamento de Puerto Madero de Rodrigo Fernández Prieto, ex de Jésica Cirio y amigo histórico de Insaurralde (claro: también ex de Cirio). El dato no es menor si se sigue la ruta de vínculos: el otro gran protagonista del entramado es Elías David Piccirillo, también exesposo de Cirio y dueño de Sur Finanzas. En este círculo cerrado, donde los actores comparten hasta las relaciones personales, se tejen los verdaderos negocios ocultos.

Cuando ocurrió el “Yategate”, ni Insaurralde invocó el “derecho a la intimidad”.

Sur Finanzas es, precisamente, la cueva investigada por la Justicia federal por lavar la plata negra de la política de Lomas de Zamora, municipio donde Insaurralde fue intendente durante varias gestiones. La hipótesis de la jueza María Servini es que el Banco de Valores, presidido por Juan Nápoli, era la estructura formal que usaba Piccirillo para blanquear esas operaciones ilegales. Por este motivo, la Justicia ya allanó el banco del financista mileísta. Resumiendo: la hipótesis judicial es que Insaurralde lavaba dinero mediante una financiera que usaba la estructura cedida por Juan Nápoli.

En los pasillos de tribunales se sospecha que la filtración de este nuevo video es un vuelto mafioso del propio entorno de Piccirillo por el control del negocio cambiario. El festejo de copas y habanos confirma que el banquero de Milei y el exintendente procesado no eran desconocidos: operaban bajo el mismo techo económico y social.Ah

Elías Piccirillo y Jésica Cirio en su casamiento.

El silencio de las redes aliadas

La filtración provocó un apagón informativo inmediato en las terminales de comunicación de la militancia oficialista. Inicialmente el ecosistema mileísta difundió el video criticando a Insaurralde por aparecer de fiesta, sin notar que el de al lado era Nápoli. Acostumbrados a viralizar en red cualquier desliz opositor, los creadores de contenido de La Libertad Avanza y las cuentas que responden a la Jefatura de Gabinete optaron por un mutismo absoluto tras notar a Nápoli en la fiesta.

Este bloqueo coordinado desnuda el funcionamiento de las granjas de trolls que operan bajo el amparo de la estructura estatal. El silencio selectivo demuestra que las campañas de indignación moral no buscan transparencia, sino la demolición de opositores y el blindaje de propios. La orden implícita de no replicar al banquero mileísta evidencia el temor a que la sociedad asimile la existencia de una cooperativa transversal, donde el discurso contra la casta se disuelve en las noches de Puerto Madero.

Esta conducta contrasta con la ferocidad con la que exponen los gastos y reuniones de cualquier dirigente opositor. La doble vara comunicacional deja al descubierto que, al igual que en las gestiones anteriores, el acceso a los despachos del poder actual incluye un pacto implícito de protección mediática para los financistas del modelo.

*Por Augusto Grinner

Milei habilitó por decreto la exploración petrolera del Mar Argentino a una firma británica con sede en un paraíso fiscal

Mientras el fervor popular se concentraba en la semifinal del Mundial contra Inglaterra, ese foco mediático fue aprovechado por el Gobierno nacional para concretar una medida estratégica de alto impacto. En la antesala del encuentro, Javier Milei oficializó la entrega de áreas clave del Mar Argentino para la explotación de hidrocarburos.

El instrumento elegido fue el Decreto 590/26, publicado en el Boletín Oficial del miércoles 15 de julio. La norma instruye a la Secretaría de Energía a convocar a un concurso público internacional para otorgar un permiso de exploración y explotación sobre el área CAN 200, una zona estratégica de costa afuera de aproximadamente 5.000 km2.

La decisión desnuda una paradoja política: mientras el oficialismo mantiene un discurso de supuesta confrontación con el Reino Unido en el marco de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, por vía administrativa la letra de este decreto habilita a una empresa británica a instalarse en aguas nacionales.

El movimiento no parece casual. La publicación del decreto en un momento de distracción social masiva evita el escrutinio público sobre una medida que, de otra forma, habría despertado una reacción inmediata por su carga simbólica y geopolítica.

Parte del decreto firmado por Javier Milei, Luis “Toto” Caputo y Diego Santilli.

El beneficiario y la jurisdicción

La empresa protagonista de esta maniobra es Challenger Energy Group PLC. Se trata de una firma de origen británico, con sede operativa y legal en la Isla de Man, un territorio reconocido mundialmente como una plaza financiera de baja o nula tributación, lo que en la jerga se conoce como un “paraíso fiscal”.

La compañía presentó su manifestación de interés el 14 de febrero de 2025. Su objetivo es claro: el área CAN 200, situada a 350 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Challenger Energy busca posicionarse en el margen atlántico mediante la adquisición de licencias de exploración de bajo costo y alto impacto.

Ubicación del área a explotar por los ingleses, diagrama elaborado por el Ejecutivo Nacional.

En su estrategia global, la firma se encuentra en una fase de reestructuración profunda. Desprendiéndose de sus activos terrestres, la petrolera británica ha concentrado su apuesta en la explotación offshore en el Cono Sur, con intereses operativos en Uruguay, Bahamas, Surinam y Trinidad y Tobago. Hoy, gracias a la rúbrica de Milei y sus ministros, Argentina se suma a esa lista de activos bajo la lupa de una corporación que cotiza en la Bolsa de Londres.

Ubicación geográfica de Isla de Man, de tan sólo 50 km de largo por 18 km de ancho.

El conflicto de intereses

La coincidencia geográfica entre los intereses de Challenger Energy Group PLC y la arquitectura financiera del ministro de Economía, Luis Caputo, no pasa desapercibida. La Isla de Man es, precisamente, la plaza elegida por Caputo para gestionar parte de su patrimonio declarado.

Esta superposición entre el beneficiario del decreto y el destino de los fondos del ministro responsable de la firma pone sobre la mesa un interrogante ineludible sobre posibles conflictos de interés. Mientras el Estado convoca a un concurso para una petrolera británica, los ojos del mundo financiero observan la trazabilidad de los activos que gestiona quien impulsa la medida.

El Gobierno, en su afán por atraer inversiones, parece ignorar la opacidad que rodea a estas plazas financieras. La pregunta que surge es si la licitación responde a una política de desarrollo nacional o a una conveniencia funcional entre quienes gestionan los hilos del Estado y la jurisdicción donde se resguarda su capital personal.

Javier Milei junto a Luis “Toto” Caputo, su Ministro de Economía.

La letra chica y la soberanía

El Decreto 590/26 no sólo abre la puerta a la exploración británica, sino que garantiza condiciones blindadas para el inversor. El texto oficial autoriza expresamente la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales, asegurando que cualquier conflicto futuro se dirima fuera de los juzgados argentinos.

Esta cláusula, que coloca a la justicia nacional en un segundo plano, se complementa con un listado detallado de bienes estatales que mantienen su inmunidad de ejecución. Sin embargo, este resguardo de activos parece ser una medida preventiva técnica, mientras que el control del recurso hidrocarburífero queda sujeto a marcos legales internacionales y arbitrajes extranjeros. En la práctica, esto implica que, ante cualquier desavenencia, la empresa británica tendrá la cancha inclinada a su favor en tribunales foráneos.

Esta entrega de soberanía jurídica se contrapone con el potencial que el país tiene para fortalecer su reclamo territorial. Al ceder la jurisdicción a entes externos, el Gobierno renuncia a una de las herramientas soberanas más valiosas para el desarrollo de su plataforma continental.

Contexto de tensiones

La licitación coincide con una fuerte tensión diplomática: mientras la Cancillería protestaba formalmente por la incursión ilegal del buque británico HMS Medway en nuestro mar, el Ejecutivo firmaba el decreto que abre la puerta a otra firma británica.

Mientras el oficialismo relativiza el valor simbólico de la disputa, la realidad administrativa del Boletín Oficial es contundente: el Ejecutivo prioriza la cesión de recursos y soberanía jurídica a actores británicos en pleno conflicto por la integridad territorial.

*Por Augusto Grinner

La intervención de la obra social de los peones rurales expone una disputa entre Karina Milei y Daniel Scioli por una caja millonaria

Una intervención estatal presentada como una “medida de ordenamiento” encubriría una disputa de poder por el control de recursos millonarios. En este caso, la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) y los actores que enlazan al gobierno del presidente Javier Milei con la vieja maquinaria política del sciolismo.

Según fuentes políticas consultadas por el medio Realpolitik, la llegada del abogado César Augusto Lococo como interventor habría contado con el aval de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, bajo la órbita de Karina Milei y el exgobernador bonaerense Daniel Scioli.

Scioli lleva más de dos años integrado la gestión libertario como Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes. Lejos de ser una figura decorativa, conserva operadores y terminales propias dentro del aparato estatal.

El detalle que ata los cabos es Guillermo Scarcella. La documentación periodística muestra que Scarcella y el interventor Lococo comparten el mismo domicilio fiscal y profesional en Cerrito 774, piso 2, CABA. Eso indica un vínculo profesional estrecho entre ambos, aunque no prueba por sí solo una irregularidad formal.

Scarcella es señalado como un operador político con trayectoria en el aparato sciolista. Presidió Aguas Bonaerenses SA (ABSA) durante toda la gestión de Scioli como mandatario de la provincia de Buenos Aires y, con el paso de los años, quedó bajo la mira judicial y política. Elisa Carrió lo denunció como presunto testaferro de Scioli e incluyó su nombre en una causa por fraude, lavado de dinero y administración fraudulenta.

En 2016, además, lo nombró como uno de los administradores de las llamadas “cajas negras” del Estado bonaerense durante el sciolismo. Más tarde, en 2018, fue citado a indagatoria por el fiscal Álvaro Garganta, quien dio por probada la realización de 22 contratos irregulares por casi $63 millones en beneficio de un exsocio suyo durante su paso por ABSA. En 2020, finalmente, una nueva denuncia penal volvió a ponerlo en el centro de la escena al acusarlo de defraudación por administración fraudulenta, extorsión y lavado de activos en el marco de un negocio privado.

En pocas palabras, Scarcella es un nombre con judicialización activa, vinculado históricamente al manejo ilícito de recursos públicos, y hoy aparece como articulador del nuevo interventor de una de las obras sociales más grandes del país.

OSPRERA es la obra social del sindicato de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) que agrupa a los peones rurales de todo el país. No es una obra social menor, ya que tiene entre 500.000 y 700.000 afiliados, y por sus cuentas circulan alrededor de $10.000 millones mensuales. Es, en síntesis de quienes siguen la causa, “una caja sindical que todos miran”.

Esa caja —contratos con prestadores de salud, medicamentos, clínicas, delegaciones territoriales— la convierte en un botín político de primer nivel. Cronológicamente fue disputada por el Partido Justicialista (PJ), el PRO, y hoy también por La Libertad Avanza (LLA).

¿Por qué fue intervenida?

En agosto de 2024, el gobierno de Milei decretó la intervención de OSPRERA mediante el Decreto 720/2024, argumentando graves irregularidades institucionales, económico-financieras y prestacionales. El blanco político fue José Voytenco, secretario general de la UATRE. Una auditoría posterior detectó una deuda de casi $100.000 millones y un déficit mensual de $4.200 millones.

Sin embargo, lo que se presentó como una intervención técnica tuvo desde el inicio una dimensión política clara. Varios mensajes de WhatsApp extraídos del celular del primer interventor, Marcelo Petroni, revelaron que el mismo interventor se jactaba de representar a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, escribiéndole a un contacto: “Nosotros somos Lule y Karina”. Otro mensaje decía: “Nadie más que los Menem está impulsando la intervención de UATRE”. Estos chats son la prueba clave en una actual causa judicial.

— Guillermo Scarcella, exfuncionario de la provincia de Buenos Aires y empresario

Lejos de “ordenar” la obra social, la primera intervención dejó un rastro de sospechas graves. Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, los interventores designados por Milei autorizaron 193 transferencias por más de $7.700 millones a la droguería Suizo Argentina, una empresa ya investigada por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Además, la empresa HTECH Innovation, propiedad de Sergio Aguirre —socio comercial de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados— recibió contratos por más de $266 millones durante la intervención. En julio de 2026, el juez federal Sebastián Casanello embargó los bienes de HTECH y citó a indagatoria a Aguirre, junto a dos exinterventores.

El 13 de enero de 2026, Casanello ordenó restituir el directorio de OSPRERA a sus autoridades legítimas, Voytenco incluido, considerando que la situación crítica que había justificado la intervención “hoy estaría sustancialmente superada”. Pero el gobierno apeló y la Sala 2 de la Cámara Federal revocó ese fallo. Con la intervención revalidada judicialmente, el Ejecutivo dictó el Decreto 127/2026 y designó a un nuevo interventor, el propio Lococo.

La investigación judicial avanza en múltiples frentes simultáneos. Si los contratos firmados durante la nueva intervención de Lococo generan cuestionamientos similares a los que ya llevaron a indagatoria a sus predecesores, la trama podría escalar desde la Superintendencia de Salud hasta el Congreso y Comodoro Py.

*Con información de Realpolitik

La deuda de la obra social de las Fuerzas Armadas superó los $213.000 millones

La deuda de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) ya trepa a $213.902.225.670 y abrió un nuevo conflicto entre Defensa y Seguridad. Ambas carteras se disputan quién debe hacerse cargo del pasivo de la obra social militar.

La definición parece haber superado el plano técnico y ahora queda en manos del presidente Javier Milei, en su rol de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

El cierre del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), la obra social que anteriormente reunía bajo una misma estructura a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, quedó trabado por una deuda de unos US$145 millones, de la cual el 65% corresponde a aportes impagos de Gendarmería y Prefectura, y ni el Ministerio de Defensa ni el de Seguridad quieren asumir el costo.

Todo comenzó en febrero de 2026, cuando Milei firmó el DNU 88/2026, que ordenó disolver el IOSFA —creado en 2013— y reemplazarlo por dos entidades separadas. Entre ellas OSFA, bajo Defensa (para Ejército, Armada, Fuerza Aérea y sus familias) y la OSFFESEG administrado por el Ministerio de Seguridad Nacional, (para Gendarmería y Prefectura). La medida buscaba resolver el “desequilibrio financiero persistente” que arrastraba el organismo por la suba de costos médicos y la heterogeneidad de su padrón, que llegó a tener 575.000 afiliados de las cinco fuerzas combinadas.

El decreto fijó un período de transición de hasta 365 días, designó como administrador al coronel mayor retirado Ariel Guzmán, nombrado por Defensa para gestionar el cierre, y creó una Comisión Ad Hoc con representantes de Defensa, Seguridad, Salud, Economía y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para supervisar el proceso. Crucialmente, el artículo 12 del decreto dejó pendiente definir “el proceso para la cancelación de los pasivos” del IOSFA, sin resolver quién pagaría.

El núcleo del conflicto sería concretamente una cuenta pendiente por contribuciones patronales impagas que Gendarmería mantiene desde 2017, de acuerdo con el propio decreto 637/2013 que regulaba esos aportes. En abril de 2026, cuando la Comisión Ad Hoc empezó a reunirse, Guzmán detectó expedientes heredados de la gestión anterior del IOSFA que reclamaban esa deuda histórica de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que entonces rondaba los $212.000 millones.

Ariel Guzmán, designado administrador para la etapa de liquidación de IOSFA

Ahí se produjo la primera divergencia real, siendo que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea cancelaron su parte usando fondos del inciso 1 (partida de sueldos del personal militar), lo que permitió al ex IOSFA pagar deudas atrasadas a prestadores médicos, por ejemplo unos $1.999 millones a proveedores de Tucumán. Gendarmería y Prefectura, en cambio, se negaron a saldar la suya, que a fines de abril ya alcanzaba los $101.692.401.866 solo por parte de Gendarmería.

El crecimiento hasta julio de 2026

Cinco meses después de la primera reunión de la Comisión Ad Hoc en abril, y tras la quinta reunión, el panorama no mejoró en absoluto. La deuda consolidada creció a $213.902.225.670, con $139.057.260.804 correspondientes exclusivamente a las contribuciones impagas de Gendarmería y Prefectura. El representante de Seguridad, Fernando Domínguez, volvió a decir en la reunión que su ministerio “no dispone de los recursos” para afrontar esa obligación, repitiendo la misma negativa de meses anteriores.

Esto llevó a Guzmán a elevar un informe al ministro de Defensa Carlos Presti donde reconoció el fracaso de la instancia técnica. Él afirmó en el escrito que “no se ha podido avanzar en la concreción de un plan para cancelar la [deuda]” y que “este tema deberá plantearse en otras instancias decisorias para su conocimiento e intervención” — es decir, admite que la comisión fracasó, que ya no puede resolverlo y que la decisión pasa a un nivel político superior.

Informe-de-la-5ta-reunion-de-la-comision-especial-Ad-hoc

El propio esquema institucional explicaría por qué el hecho sube tan alto en la jerarquía gubernamental. OSFA depende de Defensa y OSFFESEG de Seguridad, pero ambas nacieron del mismo decreto presidencial, y es el propio Poder Ejecutivo quien debe “instrumentar las medidas necesarias” para cancelar los pasivos que tenía IOSFA, según el artículo 12 del DNU 88/2026.

Como ningún ministerio (Defensa ya pagó lo suyo, Seguridad no puede o no quiere) resuelve el diferendo, y la Comisión Ad Hoc —integrada también por representantes de Economía, Salud y SIGEN— se declaró sobrepasada, la resolución final depende de una decisión presidencial que autorice una partida extraordinaria de recursos.

La particularidad es que el propio Estado nacional aparece simultáneamente como acreedor (a través del ex IOSFA, que reclama la deuda) y deudor (porque Gendarmería y Prefectura, fuerzas federales bajo su propio paraguas, son las morosas). Sin esa definición clara, el riesgo es que la liquidación se convierta en un proceso interminable, con proveedores médicos impagos, litigios judiciales y deterioro de la cobertura sanitaria tanto de militares como de gendarmes y prefectos por un tiempo indeterminado.

La situación parece no encontrar solución, ya que casi dos tercios del endeudamiento financiero de una obra social ya disuelta recaen sobre fuerzas de seguridad que dependen de una cartera —Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva— que asegura no tener presupuesto para afrontarlo.

HUMOR por Argüelles​

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