04 diciembre, 2024

Espert presentará un pedido de JUICIO POLÍTICO contra Alberto Fernández

El diputado por Avanza Libertad, José Luis Espert, considera que Alberto Fernández debería ser destituido "por mal desempeño".
10 Years Experiences

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Los fundamentos del legislador liberal se basan, según las declaraciones de Espert en el noticiero de TN, en el mal manejo de la pandemia: “Esto arranca con la cuarentena cavernícola que destrozó la vida de adolescentes, destrozó comercios y empresas mientras el Presidente no solo hacía fiestitas en Olivos sino que además privilegiaba la relación geopolítica con Rusia y China en lugar de tirarse encima sobre las Pfizer americanas para vacunar a la gente. Acá han muerto personas por su culpa”, argumentó y también arremetió a Alberto por sus dichos contra el campo, por los “20 mil millones de dólares que no liquidan”: “Esto también es un mal desempeño de funcionario público”, explicó.

“El productor agropecuario produce soja y le venden pesos, tiene derecho a quedarse a dormir entre la soja si quiere”. “Acá hay una locura colectiva que dice que los dólares son del Banco Central porque los dólares son de la sociedad”, diagnosticó.

Por estos motivos y fundamentos, sentenció: “Alberto Fernández ya no debería ser Presidente de nuestro querido país”.

EL PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO

El pedido de juicio político es respaldado por su compañera de banca, Carolina Píparo y por unos pocos diputados. En cuanto a la negativa de Juntos por el Cambio en acompañar este proyecto, José Luis los tildó de “cobardes” y aseguró que “le tienen miedo a Cristina”.

En ese contexto, se explayó: “Ya le tuvieron miedo, por eso la mantuvieron viva sin meterla en cana durante el Gobierno de Macri (Mauricio) para agrandar la grieta, cuando todo el mundo sabe que Cristina es chorra y va con pistola en mano contra la Justicia… ¿Cómo no le vamos a hacer juicio política a Cristina, antes y a Alberto Fernández ahora?”, comentaba el diputado.

Diputado José Luis Espert con Diego Sehinkman en #SoloUnaVueltaMás po TN – 24/07/2022

“Vamos a iniciar un juicio político contra el Presidente Alberto Fernánez”

Estos cuestionamientos abrieron más interrogantes, y Espert continúo: “Si Alberto Fernández es un inútil que está llevando a la sociedad a la ruina, ¿Solo por especulación política no vamos a ir en contra de Alberto Fernández”, cuestionaba entre líneas a la oposición.

La oposición no acompañó el pedido

La negativa de Patricia Bullrich ante el pedido de respaldo a este proyecto no cayó nada bien en el sector liberal, ante este rechazo José Luis dictaminó: “Quiere que el país se incinere de la mano del inútil de Alberto Fernández y que quede claro que el problema es del Frente de Todos pero no se da cuenta -o no quiere tener en cuenta- que la gente va a sufrir de la mano del inútil de Alberto Fernández”.

https://twitter.com/jlespert/status/1551543050366763011?s=20&t=ctfi9SOOn655l0Ecev3I3Q

Redacción

info@data24.com.ar

Search

Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.

El gobierno le quitó la jubilación de privilegio y la pensión por viudez a Cristina Kirchner

El Gobierno anunció que dará de baja la jubilación presidencial a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la pensión por Néstor Kirchner. La confirmación de la eliminación del beneficio la hizo el vocero Manuel Adorni este jueves en Casa Rosada, tras confirmarse la condena de seis años contra la exmandataria en la causa Vialidad.

“Frente a la reciente confirmación por la Cámara de Casación Penal de la condena a Cristina Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, el gobierno del presidente Milei, a través del Ministerio de Capital Humano, resolvió dar de baja los beneficios de privilegio que la expresidente venía percibiendo, tanto la asignación personal como la derivada por pensión” expresó Adorni.

Según explicó el funcionario, “la baja dispuesta por resolución de la ANSES no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la justicia, sino una necesaria consecuencia por la indignidad que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

De acuerdo a la resolución del Gobierno, “el beneficio previsto por la Ley N° 24.018 para expresidentes y ex vicepresidentes de la Nación, es una asignación graciable, sin carácter previsional, que se otorga como contraprestación al honor, mérito y el buen desempeño del cargo”.

Adorni indicó que se le quita “tanto la personal como la derivada por pensión” por el fallecido Néstor Kirchner y que esto significa “un ahorro de 21 millones 827 mil pesos”.

Causa Vialidad: la Justicia confirmó la condena a Cristina Kirchner a seis años de cárcel por corrupción

La Cámara de Casación confirmó la condena a Cristina Kirchner a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos por corrupción en la Causa Vialidad. La expresidenta ahora apelará la decisión en la Corte Suprema de Justicia con un recurso extraordinario.

La lectura del veredicto ocurrió unos minutos después de las 11, en Comodoro Py. Mientras esto ocurría, la expresidenta participaba de una actividad con mujeres en Moreno.

Frente a este escenario, tanto el PRO y LLA están a favor de la Ley de Ficha Limpia, para que personas con condenas penales por delitos dolosos graves no puedan ser candidatas a cargos electivos nacionales. Para el partido amarillo es una “bandera histórica del espacio”, mientras que el oficialismo también piensa en la resolución de otros proyectos antes de que termine el período de sesiones ordinarias en el Congreso.

*Fuente: Agencias

Redacción

info@data24.com.ar

URRIBARRI A CÁRCEL COMÚN | El ex gobernador K detenido por corrupción

La Cámara de Casación Penal de Entre Ríos ordenó este martes la “inmediata detención” del exgobernador Sergio Urribarri por la causa en la que fue condenado en 2022 a ocho años de prisión e inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos. Lo dispuesto por la justicia provincial es una prisión preventiva ya que la condena todavía no está firme.

Asimismo, se dispuso y se concretó, la orden de detención para Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri que también fue condenado en la causa.

El ex mandatario entrerriano fue detenido en horas del mediodía en su vivienda de la ciudad de Concordia y trasladado a la Jefatura Departamental a la espera de ser trasladado a la cárcel de Paraná.

La orden de detención de Urribarri fue dispuesta esta mañana y comunicada por la presidenta de la Cámara de Casación provincial, Marcela Davite, al jefe de la Policía de Entre Ríos, con la instrucción de que una vez detenido, Urribarri fuera “alojado” en la Unidad Penal 1, de Paraná.

La detención se ordenó en el marco de la causa en la que la justicia entrerriana consideró probado que Urribarri dispuso en forma ilegal de fondos públicos para financiar sus campañas electorales; entre otras maniobras, a través de contratos de imprenta y publicidad.

La fiscalía ya había pedido la detención del exgobernador, pero hasta ahora su planteo había sido rechazado. Esta mañana, finalmente, se ordenó la prisión preventiva “hasta que la sentencia condenatoria recaída en autos adquiera firmeza”.

Urribarri, no obstante, tiene la posibilidad de apelar esta prisión preventiva ante el Superior Tribunal de Entre Ríos, que podría revocar lo ordenado y disponer que Urribarri espere en libertad la definición de la Corte Suprema.

El argumento central del fallo de la Casación provincial de hoy fue el peligro de fuga. La Cámara entendió que cambiaron las circunstancias porque ahora Urribarri tiene una condena confirmada. Y eso se suma a la posibilidad de escapar que le dan sus “importantes vínculos”, según el voto de la jueza Marcela Davite, al que adhirieron las otras dos juezas que firmaron el fallo de hoy, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo.

Las juezas recordaron que en la causa se probó que, como “la máxima autoridad del Poder Ejecutivo”, Urribarri y sus coimputados actuaron “en total impunidad durante ocho años”, recurrieron a “testaferros”, “destinaron el dinero público a fines personales, se sirvieron del aparato estatal y de las facultades legales y constitucionalmente asignadas, y también de las relaciones que entablaron durante el ejercicio de la función pública”.

ASÍ TRASLADABAN AL EX GOBERNADOR K

La Cámara de Casación Penal de Paraná dictó la prisión preventiva de Sergio Daniel Urribarri y, en ese marco, el ex gobernador justicialista y exembajador en Israel fue trasladado desde su casa ubicada sobre calle Néstor Garat al 200 de Concordia hacia la Unidad Penal Nº1 de Paraná.

Periodistas locales registraron en imágenes la caravana de vehículos que transportó al dirigente hasta la cárcel de la capital entrerriana para que cumpla con la condena a ocho años por cinco causas de corrupción.


*Con información de Infobae Clarín y La Nación

Redacción

info@data24.com.ar

La Corte Suprema duda de tomarles juramento a Ariel Lijo y García-Mansilla si Milei los nombra por decreto

En medio del revuelo por los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para que ocupen un lugar en la Corte Suprema y la posibilidad de que sean nombrados por decreto, en el máximo tribunal reflotaron antecedentes y dan señales no estar de acuerdo con la idea de que el Ejecutivo proceda de dicha manera o al menos no sin que sus opiniones sean consultadas.

Desde el Gobierno descreen que la Corte no les tome juramento a los nuevos jueces si estos son nombrados por decreto presidencial, y si llegara a ser así, amenazan con que será el Ejecutivo mismo el que lo haga. En la Corte Suprema, en tanto, el juez Ricardo Lorenzetti, que motorizó el pliego de Ariel Lijo, no ve inconvenientes para que les tomen juramento y sigue confiando en que a la larga, su recomendado llegará al máximo tribunal.

Por el momento, el juez Ariel Lijo cuenta con 9 firmas en su pliego. Una de las mismas es de la senadora Lucía Corpacci, quien accedió a hacerlo por indicación de su jefa política Cristina Kirchner. El pliego de Garcia-Mansilla tiene 6 firmas, le faltan tres para estar en condiciones de ser elevado al recinto. El pliego de Lijo está demorado porque el Gobierno sigue firme en su idea de que van los dos o ninguno, no accediendo así al reclamo del kirchnerismo de acordar por Lijo y, en vez de García-Mansilla, proponer a una mujer. En este escenario, el Gobierno quiere recurrir al decreto para nombrarlos en aras de, en 2025, contar con una Corte Suprema con 5 jueces.

En el actual escenario, desde la Corte Suprema sacaron del cajón antecedentes: el más cercano al presente es la vez que el ex presidente Mauricio Macri nominó a los jueces Hernán Rosatti y Carlos Rosenkrantz como ministros del máximo tribunal. Fue el fruto de un acuerdo entre el entonces mandatario, los jueces de la Corte y la oposición. Con base en esas designaciones, las máximas autoridades del Poder Judicial quieren intervenir con un diálogo con el Gobierno, como sucedió con Macri.

Los gestos de la Corte Suprema para tomar parte en el procedimiento para designar nuevos miembros se inscribe en el marco de una relación ambivalente con el Gobierno, con ministros de buena relación como Ricardo Lorenzetti, y otros como Hernán Rosatti, que no tiene el visto bueno de Javier Milei y su entorno.

*Fuente: Agencias

Redacción

info@data24.com.ar

TUCUMÁN: Secuestraron 40 mil kilos de alimentos de Desarrollo Social en una vivienda durante allanamiento por violencia de género

Un escándalo con olor a arroz, yerba y corrupción sacude nuevamente al Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán, liderado por Federico Masso. Todo comenzó cuando en un allanamiento por una denuncia de violencia de género dejó al descubierto algo más que pruebas del esta denuncia inicial: pilas de mercadería destinada a programas sociales, cuidadosamente almacenadas en un domicilio que no parecía, digamos, un comedor comunitario.

El escenario del descubrimiento fue el Barrio 2500 Viviendas, en Manantial Sur. Allí, la policía encontró no solo al acusado de violencia de género, JALC, sino también fardos de alimentos con el inconfundible sello de “Prohibida su venta”. Lo que debía alimentar a las familias más necesitadas de Tucumán aparentemente estaba tomando otro rumbo, y no precisamente solidario.

Entre los productos incautados había arroz, fideos, puré de tomate, leche en polvo y yerba, todo prolijamente etiquetado como parte de la asistencia social. Además, cuadernos con sospechosas anotaciones apuntaban a una posible comercialización ilegal de los alimentos en negocios locales.

Federico Masso, el ministro de Desarrollo Social, salió rápidamente a ofrecer explicaciones. Según él, la mercadería había sido entregada legalmente a una organización social con personería jurídica, y no al detenido en cuestión. “El detenido no tiene relación con la orden de entrega. Lo que debemos investigar es cómo y por qué esta mercadería fue encontrada fuera de su destino”, declaró, con un tono que oscilaba entre la indignación y el desconcierto.

Sin embargo, este no es el primer incidente que salpica a la gestión de Masso. A principios de año, ya se había denunciado la venta de productos de planes sociales en mercados negros. Al parecer, la fiscalización de la que tanto presume el ministro no está siendo suficiente para evitar que los recursos destinados a los sectores más vulnerables terminen como moneda de cambio en redes de corrupción.

Masso aseguró que “el sistema no falló” y que la mercadería fue retirada por el padre del detenido, quien dirige la organización social beneficiaria. Según él, todo está documentado con remitos y declaraciones juradas. Incluso enfatizó su compromiso con la transparencia y prometió colaborar con la fiscalía. “No vamos a permitir que un gramo de arroz que destinamos a miles de tucumanos sea utilizado inescrupulosamente”, sentenció.

Pero las palabras del ministro no logran disipar las dudas. Si el sistema funciona tan perfectamente como afirma… ¿Cómo es posible que alimentos etiquetados como “Prohibida su venta” terminen en una vivienda particular? ¿Cuántas veces más veremos estas “excepciones” que ponen en evidencia un patrón alarmante?

La causa, que empezó como una investigación por violencia de género, ahora suma un capítulo económico y político. La Unidad Fiscal de Delitos Complejos está detrás de las pistas para esclarecer el desvío de los alimentos y su posible venta ilegal.

Mientras tanto, Masso intenta calmar las aguas reuniéndose con el gobernador y prometiendo investigar “hasta las últimas consecuencias”. Sin embargo, su gestión está bajo la lupa, y cada nuevo escándalo debilita la confianza en la transparencia que tanto pregona.

Tucumán: la lista de productos que encontraron

  • 66 fardos de puré de tomate
  • 41 fardos de aceite
  • 90 fardos de arroz
  • 117 fardos de yerba mate
  • 63 fardos de fideos
  • 122 fardos de harina
  • 101 fardos de lenteja
  • 79 fardos de azúcar
  • 4 fardos de cajas de leche en polvo

*Fuente: La Postal de Mar del Plata

Redacción

info@data24.com.ar

“COMPRA DE VOLUNTADES”: Ritondo destrozó a los libertarios que traicionaron a Milei y le votaron la Reforma Jubilatoria del Bapro a Kicillof

Luego de que el Senado bonaerense girase a Diputados la reforma jubilatoria del Banco Provincia, el ex ministro de María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, cargó duramente contra el gobernador Axel Kicillof. En esa línea, acusó al gobierno bonaerense de comprar “voluntades” en medio de la compleja situación que atraviesa la provincia de Buenos Aires en el día a día.

“Con la ayuda de los traidores del cambio, Kicillof logró media sanción para volver atrás y restablecer las jubilaciones de privilegio en el Banco Provincia, que habíamos eliminado en el gobierno de María Eugenia Vidal”, cuestionó en su cuenta de X.

Asimismo, el titular del PRO bonaerense señaló que el populismo siempre “compra voluntades” para que “todo siga igual” en el país. “Ellos ganan cuando se mantiene el status quo, porque conservan sus privilegios y someten a su gente”, argumentó.

En ese sentido, Ritondo mostró su preocupación ya que, en medio de este debate en la Cámara Alta, la inseguridad “se cobra una nueva víctima” todos los días. “En la misma provincia en la que los pacientes de IOMA se mueren esperando atención médica. En la misma provincia en la que hay más chicos con hambre que chicos con la panza llena. En esa misma provincia, Axel Kicillof elige devolverles los privilegios a unos pocos”, agregó más tarde.

“Pero la historia nos demuestra que el populismo tiene fecha de caducidad. Estamos construyendo un equipo en toda la provincia para decirles basta. Por más que se resistan, el cambio siempre llega”, sentenció.

VIDAL TAMBIÉN EXPUSO SU REPUDIO:

La ex gobernadora, e ideóloga del proyecto que terminó siendo reformulado, recurrió a su cuenta de X para retuitear la exposición que brindó el senador Alex Campbell.

Alex Campbell on X (formerly Twitter): “Armaron una sesión especial para tratar dos disparates, el RIGI provincial y derogar una ley de @mariuvidal que eliminaba jubilaciones de privilegio.Que quede claro, desde el @proargentina NO vamos a acompañar estos proyectos. No vamos a acompañar que en una provincia con… pic.twitter.com/oxEJh7XEJm / X”

Armaron una sesión especial para tratar dos disparates, el RIGI provincial y derogar una ley de @mariuvidal que eliminaba jubilaciones de privilegio.Que quede claro, desde el @proargentina NO vamos a acompañar estos proyectos. No vamos a acompañar que en una provincia con… pic.twitter.com/oxEJh7XEJm

“Desde el PRO NO vamos a acompañar estos proyectos. No vamos a acompañar que en una provincia con déficit sigan generando deudas”, explicaba en su disertación.

No obstante, Campbell bancó el proyecto de Vidal para eliminar las jubilaciones de privilegio, a diferencia de Kicillof que “sigue haciendo populismo con el dinero de los impuestos que pagamos todos”.

LA REFORMA POLÉMICA DE KICILLOF:

El proyecto del BAPRO busca revertir las modificaciones implementadas durante la gestión de María Eugenia Vidal, que habían reducido el haber jubilatorio del 82% al 75% y aumentado la edad de jubilación para las mujeres con el objetivo de reducir el déficit de la Caja previsional. El proyecto que se aprobó este jueves restituye el 82% del haber y establece la edad jubilatoria de 60 años para las mujeres, argumentando una reparación basada en las desigualdades laborales de género.

La propuesta aprobada este jueves incluye la derogación de la ley 15008 con el objetivo de restituir y ampliar los derechos de las personas jubiladas y pensionadas a través de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco Provincia.

Entre las medidas propuestas para achicar el déficit de la Caja se encuentra la ampliación del aporte de las personas afiliadas, tanto activas como pasivas. Para los afiliados activos, el aporte podría aumentar hasta un 16%, mientras que para los pasivos sería hasta un 12%. Además, se prevé un incremento en las contribuciones obligatorias que debe hacer el Banco de la Provincia de Buenos Aires, alcanzando éstas hasta el 21%. Asimismo, se plantea la instauración de un nuevo régimen para los ingresantes al sistema, que contemplaría un aporte personal del 19%.

El proyecto de ley también incluye la incorporación de una contribución adicional por parte del Banco Provincia. Asimismo, se prevé una partida presupuestaria de la Provincia para afrontar de manera conjunta y coordinada el posible déficit que pueda enfrentar la Caja. Esta financiación buscaría restablecer el rol del Estado como garante final del sistema previsional, asegurando de esta manera la sostenibilidad y estabilidad financiera de la Caja en el tiempo, siempre alineado a los recursos disponibles.


Redacción

info@data24.com.ar

OTRO CORRUPTO K A CÁRCEL COMÚN | Se trata de Pedro Báez, ministro de Comunicación de Urribarri

El exministro de Cultura y Comunicación y exdiputado provincial Pedro Báez será trasladado a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná tras la decisión del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná. Báez fue condenado en 2022 a seis años y medio de prisión por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública en el marco del megajuicio por corrupción que también implicó al exgobernador Sergio Urribarri y a su cuñado, Juan Pablo Aguilera.

La resolución del Tribunal —integrado por Carolina Castagno, Julián Vergara y Elvio Garzón— se produjo con una votación dividida. Mientras Castagno abogó por la prisión domiciliaria, Vergara y Garzón coincidieron en enviar a Báez a la cárcel. La medida fue ejecutada inmediatamente, y el exfuncionario fue trasladado desde su domicilio en calle Jozamí al penal ubicado en la intersección de las calles Marcos Sastre y Ruperto Pérez, en Paraná.

La Fiscalía, representada por Gonzalo Badano, Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull e Ignacio Aramberry, argumentó que Báez, al igual que Urribarri y Aguilera, cuenta con recursos económicos que facilitarían una posible fuga. Este argumento fue respaldado por el juez Garzón, quien citó criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la gravedad de los delitos y el riesgo de evasión.

El equipo defensor de Báez, integrado por José Velázquez e Ignacio Díaz, solicitó que, de considerarse una medida coercitiva, esta fuera la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. Además, ofrecieron que la caución de 20 millones de pesos ya abonada se mantuviera como garantía. Sin embargo, el Tribunal rechazó estas solicitudes y dispuso la prisión preventiva en el penal.

La decisión del Tribunal se enmarca en una serie de medidas adoptadas recientemente contra funcionarios del urribarrismo. El pasado martes, Urribarri y Aguilera fueron detenidos y trasladados a la misma cárcel. La Cámara de Casación Penal de Paraná había ordenado previamente la detención inmediata de ambos, un antecedente que pesó en la resolución de Báez.

Este no es el primer intento de encarcelamiento para el exministro. En ocasiones anteriores, la Fiscalía solicitó su prisión preventiva argumentando riesgo de fuga, especialmente después de que su abogado defensor no notificara la continuidad de apelaciones contra la sentencia.

Con esta medida, el exministro, quien ocupó un rol clave en el gobierno de Urribarri entre 2007 y 2015, se suma a la lista de altos funcionarios condenados y encarcelados por corrupción en Entre Ríos. A la espera de que se resuelvan sus apelaciones en instancias superiores, Báez comenzará a cumplir su condena en un contexto de creciente presión judicial sobre los actos de corrupción del pasado gobierno provincial.

El Superior Tribunal de Justicia será la última instancia en determinar si Báez, Urribarri y Aguilera continúan en prisión o acceden a la prisión domiciliaria, una decisión que podría redefinir el desenlace de este resonante caso de corrupción.

Redacción

info@data24.com.ar

Search

LO MÁS IMPORTANTE

TWEET DEL DÍA

LO MÁS LEÍDO

Tevero liberavisse
comprehensam nec.

Copyright 2023 © Data 24 - Todos los derechos reservados
Data 24.com.ar © Copyright 2023

Subscribe Now