Espert presentará un pedido de JUICIO POLÍTICO contra Alberto Fernández
El diputado por Avanza Libertad, José Luis Espert, considera que Alberto Fernández debería ser destituido "por mal desempeño".
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Los fundamentos del legislador liberal se basan, según las declaraciones de Espert en el noticiero de TN, en el mal manejo de la pandemia: “Esto arranca con la cuarentena cavernícola que destrozó la vida de adolescentes, destrozó comercios y empresas mientras el Presidente no solo hacía fiestitas en Olivos sino que además privilegiaba la relación geopolítica con Rusia y China en lugar de tirarse encima sobre las Pfizer americanas para vacunar a la gente.Acá han muerto personas por su culpa”, argumentó y también arremetió a Alberto por sus dichos contra el campo, por los “20 mil millones de dólares que no liquidan”: “Esto también es un mal desempeño de funcionario público”, explicó.
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“El productor agropecuario produce soja y le venden pesos, tiene derecho a quedarse a dormir entre la soja si quiere”. “Acá hay una locura colectiva que dice que los dólares son del Banco Central porque los dólares son de la sociedad”, diagnosticó.
Por estos motivos y fundamentos, sentenció: “Alberto Fernández ya no debería ser Presidente de nuestro querido país”.
EL PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO
El pedido de juicio político es respaldado por su compañera de banca, Carolina Píparo y por unos pocos diputados. En cuanto a la negativa de Juntos por el Cambio en acompañar este proyecto, José Luis los tildó de “cobardes” y aseguró que “le tienen miedo a Cristina”.
En ese contexto, se explayó: “Ya le tuvieron miedo, por eso la mantuvieron viva sin meterla en cana durante el Gobierno de Macri (Mauricio) para agrandar la grieta, cuando todo el mundo sabe que Cristina es chorra y va con pistola en mano contra la Justicia… ¿Cómo no le vamos a hacer juicio política a Cristina, antes y a Alberto Fernández ahora?”, comentaba el diputado.
“Vamos a iniciar un juicio político contra el Presidente Alberto Fernánez”
Estos cuestionamientos abrieron más interrogantes, y Espert continúo: “Si Alberto Fernández es un inútil que está llevando a la sociedad a la ruina, ¿Solo por especulación política no vamos a ir en contra de Alberto Fernández”, cuestionaba entre líneas a la oposición.
La oposición no acompañó el pedido
La negativa de Patricia Bullrich ante el pedido de respaldo a este proyecto no cayó nada bien en el sector liberal, ante este rechazo José Luis dictaminó: “Quiere que el país se incinere de la mano del inútil de Alberto Fernández y que quede claro que el problema es del Frente de Todos pero no se da cuenta -o no quiere tener en cuenta- que la gente va a sufrir de la mano del inútil de Alberto Fernández”.
El hecho ocurrió en el colegio secundario Estación Limay de Cipolletti, Río Negro, cuando un alumno de segundo año, hijo de la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, amenazó de muerte a sus compañeros, declarando que iría al colegio con un arma para matarlos.
“Los voy a matar a todos”, afirmó el menor advirtiendo a sus compañeros, según fuentes vinculadas a la acción preventiva. La amenaza generó pánico inmediato entre estudiantes y familias, muchas de las cuales se presentaron masivamente al colegio para retirar a sus hijos.
La directora del establecimiento radicó de inmediato una denuncia formal en la Comisaría Cuarta, lo que desencadenó un operativo judicial, policial y de protección de menores. En las próximas horas se definirán los pasos a seguir respecto a la escolaridad del menor y el acompañamiento psicológico para el grupo afectado.
Según relató la madre de uno de los estudiantes amenazados, el episodio tuvo lugar durante el recreo, cuando el adolescente intimidó a varios compañeros, incluso señalándolos individualmente. También habría mostrado previamente una imagen del arma de fuego que supuestamente llevaría.
Ante la gravedad de la situación, se activó el protocolo preventivo institucional y la Fiscalía N°1, a cargo de la fiscal subrogante Eugenia Vallejos, ordenó medidas urgentes.
Las instituciones que intervinieron fueron la Policía de Río Negro, que desplegó patrullajes en los alrededores del colegio, ubicado en la calle Ingeniero Krause 450; la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), que actuó en el marco del protocolo para menores de edad; y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, que se incorporó al seguimiento del caso.
A pesar de la amenaza, el colegio mantuvo sus clases con custodia policial permanente en el edificio, aunque el alumno involucrado no asistió a clases mientras dura la investigación.
– La escuela Limay de Cipolleti
Este episodio se produce en un momento de fuerte alarma social en Argentina por la violencia en las escuelas. El caso más grave ocurrió el 24 de marzo de 2026 en San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno de 15 años ingresó con una escopeta a su colegio y mató a un compañero de 13 años (Ian Cabrera), hiriendo a otros.
Tras esa masacre, proliferaron en varios puntos del país amenazas de ataques similares. En Lanús, el Federal Bureau of Investigation (FBI) alertó sobre un menor que planeaba un tiroteo. En Sunchales, fue detenido otro adolescente con amenazas por redes sociales y un revólver en su casa. La amenaza en Cipolletti se inscribe en este clima de tensión e imitación que recorre las aulas argentinas.
Por consiguiente, un grupo de madres y padres se autoconvocó frente al establecimiento para exigir respuestas y una intervención de fondo ante lo que consideran un síntoma de violencia creciente. El Colegio Estación Limay es una institución privada de gestión pública con décadas de historia en Cipolletti, que ya había vivido episodios de conflictividad interna en años anteriores.
El menor es inimputable por su edad
Un dato central del caso es que el adolescente tiene 13 años, por lo cual bajo la legislación vigente es no punible, es decir, no puede ser sometido a proceso penal ni recibir condena como un adulto. Esto se da en un contexto de debate nacional muy caliente.
“Se dio intervención inmediata a los organismos de protección para salvaguardar tanto al menor como al resto de la comunidad educativa”, destacaron desde la Justica.
El Congreso aprobó en marzo de 2026 un nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años, pero esa norma no entrará en vigencia hasta 180 días después de su publicación oficial, por lo que todavía no es aplicable. El menor quedó bajo la tutela y monitoreo de organismos de niñez, no del sistema penal.
Gracias, Sebastián.Cuando hay un menor en el medio, no hay grises: hay límites.Lo que algunos hacen no es periodismo.Es exponer, vulnerar y usar el dolor para construir un relato.Con los chicos no se juega.Y eso no se negocia. https://t.co/tG8QDBmiHV
Según trascendió a medios locales, la amenaza no surgió de la nada, sino que habría sido el punto culminante de una relación agresiva que comenzó en 2025, cuando el grupo cursaba primer año. El acoso escolar aparece como el contexto que habría precipitado la amenaza.
La propia madre del adolescente (la funcionaria Villaverde) emitió un comunicado en el que afirmó que su hijo fue “víctima de hostigamiento y agresiones verbales reiteradas” desde el año pasado, y que había solicitado previamente reuniones con las autoridades del colegio para que se interviniera. Aclaró que lo ocurrido “no está justificado”, pero enmarcó el hecho en ese historial de maltrato. Las autoridades del colegio realizarán un trabajo interdisciplinario sobre la convivencia del grupo.
¿Quién es Lorena Villaverde?
La diputada es una de las figuras más polémicas dentro del espacio libertario. Llegó a la Cámara baja en diciembre de 2023 como representante de LLA por Río Negro y, aunque fue electa senadora nacional en las legislativas de 2025, decidió no asumir esa banca en medio de un escándalo por sus vínculos con el narcotráfico, por lo que permanece en Diputados hasta 2027.
A ello se suma una causa judicial en Estados Unidos por tráfico de cocaína, que ella misma habría admitido en sede judicial argentina en 2012, además de embargos por más de 31 y 40 millones de pesos en causas vinculadas con la venta fraudulenta de terrenos en Las Grutas. En los últimos meses también fue señalada por haber accedido a un crédito hipotecario del Banco Nación en circunstancias que legisladores opositores consideran irregulares.
La provincia de Santa Fe encontró una herramienta que funcionó: cobrarle a las familias de los menores que difundieron amenazas falsas de tiroteo en escuelas. Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad, desde que rigió la medida de enviar intimaciones económicas, las llamadas al 911 por este tipo de episodios cayeron de manera significativa.
Ahora, la familia de un menor que participó en la redacción de un mensaje intimidante se negó a pagar los más de seis millones de pesos que el Estado provincial le reclamó, y recurrió a la Justicia a través del abogado Rodolfo Mingarini, quien presentó el primer recurso administrativo formal contra este tipo de intimaciones. El nombre de Mingarini, para cualquier santafesino con memoria, no es nuevo. Y lo que ese nombre evoca no precisamente habla bien de su criterio jurídico.
El episodio que derivó en la multa tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe. Un grupo de adolescentes escribió un papel en el que se mencionaba un supuesto tiroteo. Luego, según relató el propio Mingarini, se arrepintieron, rompieron el papel y lo tiraron. Un padre lo encontró fuera del horario escolar, la imagen circuló por grupos de WhatsApp y generó alarma entre decenas de familias.
El menor, de entre 12 y 13 años según distintas versiones del caso, reconoció su participación ante sus padres y ante las autoridades del colegio, y pidió disculpas.
Mingarini salió a defenderse en varias radios locales. Allí, repitió sus argumentos con insistencia. El hecho, argumentó, no configura legalmente una amenaza porque le faltan los requisitos típicos del delito (daño concreto, persona determinada, coerción real); que el papel fue encontrado en un estacionamiento y no dentro del establecimiento; que no hubo un operativo de envergadura porque cuando se halló la nota ya no había clases; que el monto de seis millones de pesos carece de desglose y resulta imposible de justificar con la sola intervención de un patrullero; y que el Poder Ejecutivo no puede fijar y cobrar sanciones de manera unilateral sin que medie una sentencia judicial. “El poder administrador no puede decidir unilateralmente que alguien debe pagar millones. Eso debe determinarlo un juez”, sostuvo el letrado. También pidió que no se “criminalice a chicos de 12 o 13 años sin ningún tipo de fundamento”.
Antes de ser abogado defensor, Mingarini fue juez penal en Santa Fe.
Su paso por la magistratura terminó en mayo de 2022 de la peor manera posible: fue destituido por unanimidad, con los diez votos del Tribunal de Enjuiciamiento en su contra, tras el análisis de once fallos que el propio jurado calificó de “faltos de justicia y reñidos con los principios de los derechos humanos y la perspectiva de género”.
El caso que lo hizo tristemente célebre fue el de un albañil acusado de violación al que Mingarini le concedió la libertad porque el uso de preservativo durante el ataque le generó “duda” sobre si el hecho había sido forzado.
– En mayo de 2021, Mingarini liberó con restricciones a un imputado por abuso sexual porque utilizó el preservativo
Sus propias palabras, registradas en una audiencia y difundidas públicamente, grafican con precisión el nivel de su razonamiento: “Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo, si va a tener relaciones forzadas, empujándola y sometiéndola, se toma el tiempo… no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctimaque, según lo que está acá, se negaba. La verdad es que ahí es donde me genera la mayor duda”.
Para llegar a esa conclusión Mingarini había desestimado exámenes de medicina legal que constataron lesiones compatibles con una violación, los restos de semen hallados en la ropa interior y en el cuerpo de la víctima, y las pericias psicológicas incorporadas al expediente.
El fallo fue revocado por la Cámara de Apelación Penal, el acusado fue encarcelado y la Fiscalía solicitó doce años de prisión.
Las militantesfeministas que por aquel entonces marcharon a las puertas del Tribunal durante el jury señalaron que el letrado “ha fallado de manera aberrante, ha descreído de informes que probaban delitos sexuales hasta de niños”, y que “atribuía claras señales de abuso de niños y niñas, que provenían de informes médicos, a secreciones de los pañales”.
No fue ese su único fallo cuestionado. El tribunal lo destituyó por once hechos en total, y la resolución dejó establecido un "patrón de conducta" que, según el diputado Maximiliano Pullaro (entonces integrante del jury, hoy gobernador de Santa Fe), evidenciaba "el menosprecio hacia el perjuicio sufrido por las víctimas" y "la tendencia a minimizar el impacto de delitos gravísimos".
Como consecuencia de la destitución, Mingarini no podrá volver a ocupar un cargo en el Poder Judicial. Conserva la posibilidad de ejercer como abogado mientras no exista una sanción disciplinaria específica sobre su matrícula.
Ese antecedente vuelve especialmente sensible su intervención actual en el debate público. Mingarini es ahora quien cuestiona el alcance jurídico del reclamo estatal, discute si el hecho puede ser considerado una amenaza y plantea objeciones sobre la forma en que la Provincia busca responsabilizar económicamente a las familias involucradas.
La respuesta oficial no tardó en llegar. Georgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, salió al cruce en diálogo con Cadena 3 Rosario y fue categórica. Primero, aclaró que el reclamo no es una multa sino que “esto es una deuda civil que persigue el Gobierno provincial para recuperar recursos públicos que fueron utilizados ante una amenaza".
Luego refutó el argumento de que no hubo operativo ya que cada patrullero que se moviliza hacia una escuela deja de recorrer las calles y de prevenir delitos en otros puntos de la ciudad:" Esto no puede banalizarse", aseguró. Finalmente reivindicó los resultados de la medida, dijo que fue “acertada” y que “permitió una desaceleración importante” de estas situaciones.
Orciani también cargó directamente contra Mingarini. Fue precisamente ella quien presidió la comisión que definió la destitución del polémico exjuez en 2022. "Fue removido por ignorancia manifiesta del derecho y vuelve a demostrarlo con sus declaraciones", lanzó la funcionaria de la cartera de Seguridad.
También VirginiaCoudannes, vocera del Gobierno provincial, cruzó a Mingarini y sostuvo que las amenazas escolares "no son una broma", que implican la movilización de recursos del Estado y que afectan a toda la comunidad educativa.
En los últimos meses, Santa Fe registró una escalada de amenazas falsas en escuelas, muchas de ellas impulsadas por "desafíos virales" (conocidos como trends) que circularon en redes sociales y apps de mensajería. Cada episodio activaba protocolos de seguridad, movilizaba patrulleros, generaba pánico entre padres y docentes, y vaciaba aulas. El Estado absorbió esos costos en silencio durante demasiado tiempo. La decisión del Ministerio de Seguridad de trasladar esa carga económica a las familias responsables fue, en términos prácticos, la única medida que logró torcer la curva: Tras las primeras intimaciones (comenzaron a mediados de abril) las amenazas bajaron “de 80 casos diarios a 15”, aseguran fuentes del Ministerio.
El dato de la merma fue reconocido por Mingarini. "El efecto fue logrado, pero no era la manera", admitió a Radio Mitre Santa Fe.
Desde el Ministerio de Seguridad aclararon que las familias que reciben estas intimaciones pueden presentarse y manifestar voluntad de pago para acceder eventualmente a planes de financiación. "Si no hay respuesta administrativa, la deuda será perseguida judicialmente por Fiscalía de Estado", señaló Orciani.
La familia representada por Mingarini optó por el camino de la impugnación formal. Ahora será la Justicia la que resuelva si el mecanismo creado por la Provincia tiene o no sustento legal.
El núcleo de este escándalo no reside sólo en una disputa de cargos, sino en la institucionalización de una práctica que el liberalismo denunció como el punto más bajo del autoritarismo estatal: el armado de listas negras. Lo que comenzó como una supuesta reunión de diálogo con la base militante terminaría en un empadronamiento de “traidores” con nombre, apellido y DNI, listados que hoy serían utilizados como munición para amedrentar a quienes cuestionan la gestión de Sebastián Pareja, mano derecha de Karina Milei en Provincia de Buenos Aires.
Para entender cómo el movimiento que llegó para romper las cadenas terminó construyendo sus propios cepos digitales, es necesario desarmar el entramado de amenazas y judicialización que hoy fractura al oficialismo. Pero para comprender la magnitud de este “lawfare” interno, hay que empezar por el principio y ponerle nombre a los ejecutores de la vigilancia.
Martín Menem, Karina Milei, Javier Milei, Sebastián Pareja y Patricia Bullrich.
El “lawfare” interno y las amenazas de Seivane
La interna de La Libertad Avanza ha cruzado el límite de la disputa política para adentrarse en el terreno de la persecución penal. El brazo ejecutor de esta táctica es el abogado de Lilia Lemoine, quien actúa bajo su venia, Hernán Emilio Seivane, beneficiario de subsidios por parte del gobierno de Alberto Fernández, como se demuestra en esta investigación.
Además, luego de expresar textualmente “necesitamos más abogados como Hernán”, Lemoine ha admitido que su abogado también representa a la diputada María Celeste Ponce, y a los influencers Lourdes Palavecino, del canal de streaming oficialista Carajo a “Marilongui” (Mariela Marilú Medina), y del canal de streaming oficialista Ánima Digital a “Mate con mote” (Christopher Marchesini), a “En el ojo del poder” (Lucas Apollonio) y a “Herrero Liberal” (Matías Bernal).
El tuit del abogado de Lemoine confirmando las listas negras.
A través de la red social X (ex Twitter), Seivane ha lanzado advertencias explícitas sobre el inicio de denuncias penales contra aquellos integrantes del espacio que manifiesten disidencia frente a las directivas de la dirigencia nacional; aunque luego borró la publicación y se justificó diciendo que “era click bait“. Esta utilización del sistema judicial para inhibir la crítica interna ha sido diseñada para silenciar las voces que cuestionan el armado territorial en la provincia.
Seivane amenazando con incorporar a la causa a una militante disidente y admitiendo sumar críticas provenientes de conversaciones privadas.
La legisladora ex cosplayer no sólo ha respaldado estas acciones, sino que ha validado públicamente laexistencia de un sistema de vigilancia sobre la propia militancia. En diversas intervenciones, la diputada admitió poseer los listadosde quienes, según su óptica, “operan” contra la conducción de Sebastián Pareja. Lo que para la base electoral representaba una fuerza basada en el mérito ideológico y la libertad de expresión, hoy se traduce en un régimen de ultimátums donde la lealtad al armador político se impone bajo la amenaza de la justicia penal.
La diputada nacional Lilia Lemoine junto a Hernan Seivane, su abogado.
La fragilidad de los argumentos para judicializar la política quedó expuesta por el propio Hernán Seivane, quien intentó disfrazar de “asociación ilícita” lo que en realidad son un par de militantes quejándose de su representada. El abogado de la diputada justificó su amenaza de denuncia penal alegando que un grupo de militantes había “organizado un ataque en manada” contra Lemoine.Sin embargo, la captura de pantalla de WhatsApp que él mismo adjuntó como supuesta prueba incriminatoria sólo muestra a un puñado de jóvenes proponiendo redactar un tuit crítico hacia la legisladora. Seivane lo justificó diciendo que estos hechos organizados terminan en que le tiren piedras a Lemoine en su casa.
El abogado de Lemoine justificando la persecución por temor a que las críticas escalen.
Este hecho no sólo confirma que lo más “fuerte” que tiene la cúpula para perseguir a su base es la libre expresión de ideas, sino que además constituye una prueba irrefutable de que el oficialismo accede y monitorea conversaciones privadas para alimentar sus listados de persecución. Lo que para el entorno de Lemoine es una “manada”, para cualquier sociedad democrática es el ejercicio básico de la disidencia política en un entorno privado.
Seivane, el abogado de Lemoine que elabora las listas negras.
Del NODIO kirchnerista a las listas negras del mileísmo
La mayor contradicción de este proceso de vigilancia reside en el espejo histórico que refleja. En 2020, el arco liberal y la derecha argentina reaccionaron con unánime rechazo ante la creación del NODIO, el observatorio de la desinformación impulsado por el kirchnerismo que fue denunciado como un esquema de persecución a opositores y una amenaza a la libertad de expresión. Sin embargo, lo que hoy ocurre en las entrañas de La Libertad Avanza guarda una similitud alarmante con aquel organismo de control. La recolección de datos personales de militantes bajo el pretexto de “ordenar el espacio” se ha transformado en un mecanismo de empadronamiento de la disidencia.
Sergio “Tronco” Figliuolo junto a las diputadas Karen Reichardt y Virginia Gallardo, frente a Casa Rosada.
El caso del diputado nacional de La Libertad Avanza, Sergio “Tronco” Figliuolo, resultaría paradigmático en esta metamorfosis. Quien fuera una figura de confianza para la militancia joven debido a su perfil mediático en Neura, según señala la militancia mileísta en redes sociales, ha sido el encargado de organizar una reunión con el supuesto fin de escuchar las críticassobre la gestión de Sebastián Pareja junto a Lilia Lemoine.
El abogado de Lemoine, Seivane, junto a Ramón “Nene” Vera (izq.) y Sebastián Pareja (der.).
No obstante, los testimonios y capturas de pantalla posteriores revelarían, según la base de La Libertad Avanza, que el encuentro fue una trampa logística para identificar activamente a los focos de resistencia interna. Durante la jornada, se procedió a recolectar nombres, apellidos y números de DNI de los asistentes disconformes, información que luego terminó en manos de la cúpula legislativa para su posterior uso punitivo.
La paradoja es total: las mismas banderas que se alzaron contra el control estatal de la palabra hoy se utilizan para justificar archivos de “traidores” internos.
El obsesivo pasado anti-Milei de Seivane, antes de notar la veta de derecha.
Guerra abierta en X
El conflicto alcanzó su punto de ebullición pública en las redes sociales, donde se produjo un quiebre definitivo en la vanguardia comunicacional del movimiento.El enfrentamiento entre la diputada Lilia Lemoine y Daniel Parisini(alias “Gordo Dan”) simboliza la fractura entre los arquitectos de la narrativa desde la campaña de 2023y la estructura institucional que hoy busca blindar a sus armadores. Parisini —vinculado al asesor presidencial, Santiago Caputo— hizo eco de las denuncias sobre la “limpieza” de militantes propios en la provincia, encontrando como respuesta un ultimátum defensivo de Lemoine hacia la figura de Pareja.
Parte del cruce en redes entre Lemoine y Parisini.
La situación se tornó aún más opaca para la militancia disidente tras el acto oficial en Suipacha. Allí, Karina Milei, flanqueada por Sebastián Pareja y el ex-dirigente del PRO, Diego Santilli(ex vicejefe de gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, apodado “El Siniestro” por el propio Milei), confirmó que uno de los dos sería el candidato a gobernador para el 2027. Esta revelación fue interpretada como la claudicación final ante la “casta amarilla”, desplazando cualquier posibilidad de una opción puramente libertaria en el distrito electoral más grande del país y confirmando que la estructura verticalista prefiere la alianza con el establishment tradicional antes que el sostenimiento de sus bases fundacionales.
Sebastián Pareja, Karina Milei y Diego Santilli.
El factor Pareja y el desplazamiento de la base
La raíz de esta paranoia institucional y la consecuente persecución tiene un nombre propio: Sebastián Pareja. El diputado nacional y armador territorial de la Provincia de Buenos Aires se ha convertido, recientemente, en el epicentro de una crisis de identidad que amenaza con devorar los cimientos de La Libertad Avanza.
Si bien Pareja se encarga del armado bonaerense desde 2022 —y, desde entonces, comenzó a incorporar a “ex” kirchneristas en lugares estratégicos—, las revelaciones sobre su trayectoria política han herido la sensibilidad de la militancia más doctrinaria. Esto ocurrió, en parte, al documentarse sus vínculos estrechos con las estructuras que el movimiento mileísta prometió desmantelar, incluyendo su rol como financista en la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2011.
El registro del aporte de Sebastián Pareja a la campaña de Cristina Fernández y Amado Boudou.
La ironía de que la mano derecha de Pareja, Ramón “Nene” Vera, cargue con denuncias por irregularidades en la gestión de suministros escolares —específicamente la distribución de alimentos en mal estado en escuelas, como ya explicamos en Data 24— ha generado una fractura simbólica imposible de ignorar.
Para sostener esta estructura cuestionada, la estrategia de Pareja ha consistido en la cooptación sistemática de dirigentes provenientes del kirchnerismo y el peronismo tradicional, bajo una supuesta premisa de “gobernabilidad”. Este proceso ha derivado en el desplazamiento de los cuadros jóvenes que, de manera orgánica y sin recursos públicos, sostuvieron la narrativa del partido en sus inicios.
La implementación de las listas negras y las amenazas judiciales aparecen, entonces, como la única herramienta capaz de contener el descontento de una base que ve cómo los espacios de gestión en ANSES, PAMI y ministerios provinciales son ocupados por los mismos actores de la “vieja política” que Milei denunció durante años.
Ramón “Nene” Vera, el candidato de Alberto Fernández y Cristina Fernández.
Vigilancia orwelliana y el espejo de los regímenes autoritarios
La justificación de Seivane para esta persecución alcanza niveles propios de la ciencia ficción distópica al alegar que estos “hechos organizados” —en referencia a la coordinación de tuits— son el preludio necesario para agresiones físicas, como el lanzamiento de piedras al domicilio de la diputada. Esta lógica de criminalización preventiva evoca inevitablemente al “sistema penal” de la conocida novela 1984 de George Orwell donde el cuestionamiento a la infalibilidad de la cúpula ya no se debate, sino que se procesa como un “crimen de pensamiento” que debe ser neutralizado mediante el monitoreo y la amenaza judicial. Esta lógica de criminalización preventiva evoca inevitablemente a la sociedad de Minority Report, donde el sistema penal no castiga hechos consumados, sino que persigue el “pre-crimen”, sancionando a ciudadanos por acciones que todavía no han ocurrido pero que el poder imagina como inevitables.
El abogado de Lemoine justificando la persecución por temor a que las críticas escalen.
Al vincular un mensaje de WhatsApp con un potencial ataque físico, el entorno de Lemoine abandona el derecho penal liberal para abrazar un modelo de castigo basado en la suposición y el miedo, donde cualquier disidencia es etiquetada como una amenaza a la integridad física de la dirigencia con el único fin de justificar la censura previa y el disciplinamiento de la militancia.
Cuando un partido que nació bajo la premisa de la libertad individual recurre a las “listas negras” y al “doxeo” (publicación de datos personales) institucionalizado para disciplinar a sus bases, cruza un punto de no retorno; algo que se ha visto en los años ’70, cuando el diario argentino “El Caudillo” —vinculado a la Triple A— publicaba la información privada de los considerados “enemigos del gobierno”.
Pasado trosko: Seivane junto a Manuela Castañeira, política feminista y troskista.
El riesgo de que La Libertad Avanza implosione bajo el peso de sus propias contradicciones es real; si la cúpula prefiere la vigilancia interna y la cooptación de la vieja política sobre la integridad de su proyecto fundacional, el movimiento continua siendo una cáscara vacía, habitada por los mismos actores que Milei prometió desterrar.
Este jueves, López se presentó de manera presencial ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia para participar de la segunda audiencia del juicio oral en su contra y el de su núcleo familiar. Son investigados por integrar una organización dedicada al lavado de dinero, fraude a la administración pública y asociación ilícita. Antes de ingresar a la sala, brindó declaraciones a la prensa y dejó definiciones que generaron fuerte repercusión.
Cuando fue consultado sobre su relación con el exgobernador Jorge Capitanich, López fue directo: “Él es parte de esto”. Aunque no pidió su detención en términos explícitos, fue contundente: “No soy la ley para decir quién tiene que estar preso, pero es parte”.
Una de las frases que mayor repercusión generó fue su respuesta ante una pregunta sobre la percepción ciudadana de sus dichos: “¿Qué me importa la ciudadanía a mí? Yo no le debo nada a los ciudadanos comunes y corrientes. Yo le debo a mis compañeros”. Luego precisó: “Le debo a los que estuvieron conmigo en el frío y en el calor. Nunca fui candidato ni tuve cargo público”.
Sobre el origen de su patrimonio, uno de los ejes centrales de la acusación, negó irregularidades: “Yo recibí lo que dice la ley. Presenté proyectos como productor y me dieron lo que correspondía”. También cuestionó las cifras difundidas públicamente: “Dijeron que recibimos entre 76 y 96 millones de pesos, pero es mentira: fueron 31 millones”.
Cuando un cronista le preguntó si gran parte de los ingresos de su familia provenían de aportes del Estado, respondió de manera inmediata: “Tenés mucha razón en eso”.
Ante los medios, el dirigente rechazó las acusaciones en términos generales y afrontó el juicio con confianza: “Ahora que llegó el juicio estoy mejor, porque se va a saber la verdad de tantas mentiras que dijeron todos ustedes. Nosotros nunca le robamos un centavo a nadie”. Además, anunció que no presentará testigos: “No hace falta ningún testigo porque los papeles van a hablar. Voy a salir libre de culpa y cargo porque no tienen ni una sola prueba”.
Acusaciones cruzadas: fiscal, juez, Peppo, Zdero y Bullrich
Las críticas de López no se limitaron a Capitanich. Apuntó contra quienes no figuran como imputados: “Fíjense quiénes están en este juicio. Solamente mi familia, no están los empresarios ni ninguno del gobierno anterior”. En ese contexto, mencionó a Marta Soneira, exministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible del Chaco, y a Raúl John Paris, fue presidente del Instituto de Colonización del Chaco entre 2011 y 2015. Ambos forman parte de la causa.
El fiscal federal Patricio Sabadini y el juez federal Ricardo Mianovich recibieron sus críticas más duras. López los acusó de integrar un supuesto “armado político y judicial” de la causa y los calificó, respectivamente, como “el drogadicto de Sabadini” y “el coimero del juez Mianovich”. Los acusó además de sustraer documentación durante los allanamientos: “Me robaron papeles. Sabadini hizo desaparecer un montón de papeles. Destrozaron mi casa y las de mis hijos”.
López fue detenido el 11 de septiembre de 2024 en la capital chaqueña, en un operativo que marcó un giro en la causa. Además de él, están imputados su esposa Librada Romero; sus hijos David, Walter y Daniel; y su nuera Débora Acosta.
Según el expediente, entre 2011 y 2023 el grupo accedió a unas 3.000 hectáreas de tierras fiscales mediante adjudicaciones irregulares gestionadas ante el Instituto de Colonización. Esos terrenos, destinados a fines productivos y sociales, habrían sido utilizados en negocios inmobiliarios a través de fideicomisos, contratos de leasing y ventas a terceros, pese a las restricciones legales que impiden su enajenación durante diez años.
– López junto al oscuro Emerenciano Sena
La acusación sostiene que el entramado incluyó fundaciones y otras estructuras legales para canalizar las operaciones, con la intervención de escribanos y funcionarios públicos. Como resultado, se habría conformado un patrimonio que abarca campos, inmuebles urbanos, vehículos de alta gama, ganado y divisas.
Antes del inicio del debate, la defensa intentó frenar la causa al invocar la Ley de Blanqueo 27.743, con el argumento de que los bienes podían regularizarse bajo ese régimen. El planteo fue rechazado por el fiscal Sabadini y por el juez Ricardo Mianovich, quienes consideraron que el delito de lavado de activos queda fuera de ese marco por tratarse de una afectación al orden económico y financiero.
El fiscal nacional de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, pidió la indagatoria del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, tras concluir que el funcionario ocultó ante la Oficina Anticorrupción (OA) y ante el propio organismo fiscal que conduce su vínculo con sociedades offshore que registran tres propiedades en Estados Unidos valuadas en más de US$2,1 millones. El pedido deberá ser resuelto por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
En su dictamen de 54 carillas Rodríguez afirmó que “sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial por cuanto maliciosamente obvió insertar el real vínculo que tenía con las sociedades que registran bienes en el exterior, inmuebles que él y su familia usufructúan”.
En paralelo, Rodríguez le solicitó al fiscal federal Guillermo Marijuán que amplíe la investigación a los presuntos delitos de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
– Marcelo Martínez de Giorgi
Las tres propiedades señaladas son las unidades 3504 y 2811 del complejo Icon Brickell, en Miami, adquiridas en enero de 2013 por US$710.000 y US$400.000, respectivamente, mediante la sociedad panameña Alcorta Corp., y la suite 904 del condominio Chateau Beach Residences, en Sunny Isles, comprada en julio de 2015 por US$980.000 a través de Pompeya Group Corp.
Ambas firmas panameñas pasaron en 2016 a manos de Galanthus Capital Limited, una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas donde Vázquez figura como beneficiario final y único director, según formularios internos del estudio Trident Trust a los que accedieron el diario La Nación y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). En esos documentos, Vázquez fue catalogado como Persona Políticamente Expuesta (PEP).
– El acta de la reunión de accionistas en Panamá donde las hijas de Vázquez junto a Galanthus, la empresa creada en Islas Vírgenes Británicas, se quedan con el control de una de las sociedades dueña de un departamento en Miami
La PIA sostuvo que “obran sobradas pruebas que dan por sentado que el imputado Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito” de omisión maliciosa, con base en las declaraciones juradas que el funcionario presentó ante la OA y la AFIP entre 2011 y 2015, y en 2023. En ninguna de ellas aludió a las sociedades offshore ni a los inmuebles de Miami. Tampoco declaró a Galanthus Capital Limited, pese a figurar como único director y beneficiario final.
Para la PIA, la hipótesis de enriquecimiento ilícito se apoya en una marcada desproporción patrimonial. Vázquez declaró contar con US$40.000 en activos líquidos al cierre de 2012 y US$44.000 al cierre de 2013, pero adquirió inmuebles por US$1,1 millón en enero de 2013 y por otros US$980.000 en julio de 2015.
A esa brecha se suma otro dato señalado por el fiscal. En sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias ante ARCA, Vázquez reconoció haber percibido ingresos de cuarta categoría provenientes de Estados Unidos por $28,7 millones en 2023 y por $99,4 millones en 2024, montos declarados en pesos ante el fisco argentino. Es decir, declaró en la Argentina los flujos que recibió desde el exterior, pero no los activos que los habrían generado.
– Las firmas de Vázquez y su entonces mujer en un acta de la sociedad Panchy Ventures que forma parte de los Pandora Papers
Rodríguez verificó además que Vázquez y su exesposa, Silvia Ivone Rodríguez, también empleada de ARCA, pagaron impuestos municipales en el condado de Miami por esos inmuebles por un total de US$136.761 entre 2014 y 2018. También se registraron reintegros de impuestos enviados a nombre de ambos, mientras que sus hijas residen allí desde 2022, según ellas mismas dejaron asentado como domicilio real ante el Registro Nacional de las Personas (Renaper).
Para la PIA estos elementos permiten inferir el “animus domini”, es decir, el control efectivo de los bienes más allá de su titularidad formal.
A la hipótesis de enriquecimiento ilícito la fiscalía sumó la del lavado de activos. El dictamen detalló el uso de sociedades pantalla, autopréstamos, compras y ventas sucesivas de inmuebles y la subvaluación de escrituras.
Entre los casos documentados figura la compra, en diciembre de 2018, de un triplex de 318 metros cuadrados en la calle Juana Manso 1124, en Puerto Madero, ubicado en el edificio Los Molinos Building, un emprendimiento de Faena Properties. La operación se realizó mediante la firma Acontec SRL, por un valor escriturado de $8.720.000, equivalentes a apenas US$225.906 al tipo de cambio de entonces, muy por debajo del valor de mercado estimado por la PIA en unos US$2,1 millones, a partir del relevamiento del sitio Reporte Inmobiliario.
– Los edificios de Miami donde están los departamentos adquiridos por las sociedades panameñas vinculadas a Vázquez
La PIA documentó la presunta subvaluación con publicaciones de Zonaprop rescatadas del archivo web. En febrero y noviembre de 2018, unidades del mismo edificio de entre 96 y 98 metros cuadrados se ofrecían entre US$460.000 y US$500.000. Vázquez pagó el equivalente a US$709 por cada uno de los 318 metros cuadrados del triplex. Según el dictamen, la operación habría generado una pérdida de entre US$235.000 y US$551.000 para la vendedora Acontec SRL, que había adquirido el inmueble tres años antes por $7.332.000.
La PIA también detalló el rol de otra firma, Consultora San Andrés SA, a la que describió como una sociedad pantalla por carecer de empleados, tener domicilio en un inmueble del propio Vázquez (quien percibe de ella un canon locativo) y figurar como controlante de cinco automóviles. Según el dictamen esa sociedad también le habría otorgado al funcionario un “préstamo” para comprar el 50% de un departamento en el Chateau de Puerto Madero en 2010, un punto que refuerza la hipótesis de autopréstamos y confusión patrimonial.
– Sergio Rodríguez, fiscal, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)
Entre los vehículos vinculados a Consultora San Andrés SA aparece un BMW X6 blindado en julio de 2015, utilizado por el funcionario y su entorno. Entre 2024 y 2025, la firma se desprendió de sus automóviles. La Ford EcoSport quedó a nombre del propio Vázquez; el Volkswagen Vento, a nombre de su expareja Silvia Ivone Rodríguez; y el Mini Cooper John Cooper Works fue adquirido, en septiembre de 2025, por Oscar Mario Abalo, accionista de Acontec SRL, la misma empresa que siete años antes le había vendido a Vázquez el departamento presuntamente subvaluado de Puerto Madero.
El fiscal Rodríguez también aludió a una posible simulación de prestaciones y a una confusión patrimonial deliberada, vinculada a la facturación que Consultora San Andrés SA emitió a favor de Casino Buenos Aires SA y Loddin SA, dos empresas donde Vázquez habría intervenido como funcionario de la ex AFIP en 2007. La PIA detectó que ambas “le efectuaron retenciones del impuesto a las ganancias en dichos años, lo que implica que la sociedad [Consultora San Andrés SA] le prestó servicios”.
Además de pedir la citación indagatoria, la PIA solicitó al juez Martínez de Giorgi que libre exhortos internacionales al Bank of America, al PNC Bank y al Wells Fargo, donde Vázquez y su grupo familiar tendrían cuentas, y que se reitere el pedido de información a las autoridades judiciales de las Islas Vírgenes Británicas. También requirió información a la Embajada de Estados Unidos sobre los movimientos migratorios de Vázquez, su exesposa y sus dos hijas en territorio norteamericano desde 2012.
El Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, presentó el Sistema Social (SISOC), una plataforma tecnológica integral que centraliza la información de personas, familias y espacios comunitarios alcanzados por programas sociales del Estado nacional.
El lanzamiento se realizó en un encuentro con la prensa en el que participaron el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordoñez; el subsecretario de Promoción Humana, Martín Lepera; y Paola Bohórquez, coordinadora del Área de Desarrollo Inclusivo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El sistema registra actualmente 7,2 millones de perfiles individuales y más de 3.600 centros comunitarios. Todo el desarrollo fue realizado por programadores de la propia Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, sin contratar empresas externas ni realizar licitaciones. En palabras de Lepera, la incorporación de inteligencia artificial potenció el trabajo del equipo interno. Con esa nueva herramienta, “un recurso propio hoy vale por diez. Lo que antes llevaba quince días, ahora lo hacemos en una fracción del tiempo”.
Ordoñez subrayó que el sistema parte de la visión impulsada por la ministra Pettovello, enfocada en la transparencia, la eliminación de intermediarios, la trazabilidad y la eficiencia. El secretario también describió el estado de situación que encontraron al asumir: “No existían nada más que infinidad de exceles con información dispersa, no se intercambiaba la información. Nadie tenía una mirada completa sobre la totalidad de las políticas públicas que se llevaban adelante y eso obviamente dificulta la gestión, complica la transparencia y el entendimiento global”.
Tres etapas permitieron el desarrollo del SISOC. En 2024 comenzó la digitalización y la generación de registros básicos. Luego se automatizaron procesos y se incorporó la interoperabilidad con otros organismos del Estado. En 2025, el ministerio incorporó inteligencia artificial y análisis predictivo. “Pasamos de una gestión reactiva que llegaba tarde y no tenía datos, a empezar a anticiparnos”, resumió Lepera.
Radiografía en tiempo real de cada beneficiario
El núcleo del sistema es lo que denominaron la “historia social digital”: cada persona tiene un legajo único que concentra sus datos personales, las intervenciones del Estado sobre su situación, los vínculos familiares y los programas a los que adhiere. El sistema mantiene ese legajo actualizado al instante (dónde está la persona, a qué espacios asiste, qué coberturas recibe, cómo está compuesto su grupo familiar y si accede o no a las prestaciones disponibles).
Para Ordoñez se trata de un salto cuántico. “De un individuo que estaba suelto por el universo ahora tenés la radiografía que sirve para mejorar la calidad de las prestaciones y asegurarnos que reciba todo lo que tiene que recibir”.
– Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordoñez
Esta información se construye a partir del cruce de bases de datos del Ministerio de Capital Humano con ANSES, ARCA, RENAPER, Progresar y sistemas provinciales a través del SINTI, la única base de datos nacional con cruces interprovinciales consolidados.
También se trabaja con diferentes administraciones provinciales y se prevé lograr, en el mediano plazo, una sinergia con los municipios.
Bohórquez destacó que la herramienta “no es un registro administrativo, es un sistema dinámico con infinita posibilidad de actualización online y on the spot (es decir en el momento y en el lugar donde ocurre la situación), que te permite no solo predecir sino adelantarte y ajustar la política de forma instantánea”.
Los datos descubren lo que el Estado no veía
El SISOC incorpora algoritmos de inteligencia artificial que detectan desvíos en tiempo real. El sistema identifica a personas que figuran en más de un centro simultáneamente o que reciben la misma prestación dos veces el mismo día.
También cruza datos patrimoniales. Al analizar la situación socioeconómica de los beneficiarios, el ministerio detectó casos de personas con cinco propiedades o cuatro vehículos que recibían asistencia del Estado. En esos casos, se procedió a darlos de baja.
El sistema también detecta brechas de acceso. Si una persona, por ejemplo, se anotó en el plan de los Mil Días durante el embarazo y tiempo después no figura ningún registro de documentación del bebé, se genera una alerta automática. “Sabemos que ahí hay un chico que no tiene documentación. Si no tiene documentos, no accede a toda una serie de beneficios que existen a disposición para ese tema”, planteó Ordoñez.
No todas las alertas implican irregularidades. En un caso concreto, el sistema detectó que un centro realizó muchas operaciones pequeñas en un mismo día. La investigación reveló que los operadores no sabían cuánto tiempo le quedaba a la tarjeta de pagos. “A veces no es un fraude, sino un problema. Pero igual nos sirvió para detectarlo”, reconocieron desde el Ministerio.
Los centros comunitarios, bajo seguimiento permanente
El sistema registra los 3.600 espacios comunitarios con los que trabaja la Secretaría. Cada centro tiene su propio legajo donde constan presupuesto, rendiciones, actividades, infraestructura disponible y nómina de asistentes y es auditado de dos maneras: de forma presencial (cada dos meses de manera sorpresiva) y de forma virtual mediante llamadas aleatorias.
La lógica es directa. Si el sistema indica que un espacio abre, por ejemplo, los martes, la auditoría verifica que efectivamente esté abierto ese día y que haya personas dentro.
En los próximos meses, los centros recibirán una aplicación móvil con georeferenciación que funciona sin conexión a internet. La herramienta les permitirá cargar actividades, gestionar asistencia y rendir cuentas de forma digital.
– Subsecretario de Promoción Humana, Martín Lepera
Hasta ahora, la carga de datos era manual: los centros enviaban listas de nombres a mano, una modalidad que el ministerio busca dejar atrás.
El relevamiento de centros arrojó además un dato que cambió la perspectiva sobre la red. De los 3.600 espacios con prestación alimentaria, más de 500 son centros de primera infancia. Esa información, que antes era inexistente, permite segmentar las intervenciones según el perfil real de cada espacio y no tratarlos a todos como si fueran equivalentes.
Derivaciones automáticas entre organismos
Una de las funciones más recientes del sistema es la derivación automática entre organismos.
Si en la nómina de asistentes de un centro comunitario figura una persona con consumo problemático, el sistema indica el espacio del SEDRONAR más cercano y genera una derivación formal. Ambas partes tienen acceso al estado del proceso.
“Antes, si el referente decía ‘acá te va a ver Cacho de parte mía’, y Cacho no iba nunca, la cuestión nunca se resolvía. Acá hay un seguimiento de las dos partes”, describió Ordoñez.
El proceso incluyó escucha activa de los responsables de los centros y articulación con organismos internacionales y organizaciones sociales. El desarrollo no fue unilateral, subrayaron desde el Ministerio de Petovello. La implementación tampoco generó conflictos con los referentes territoriales: “No pensamos esto desde una torre, siempre buscamos apoyarnos en las necesidades. Incluso, recibimos la necesidad de implementar un sistema”.
La experiencia práctica incluyó el primer relevamiento nacional coordinado de personas en situación de calle, realizado entre noviembre y diciembre del año pasado con la colaboración de 17 provincias mediante la aplicación de campo del SISOC. Los resultados de ese informe serán revelados en los próximos días.
“Un Estado que anticipa antes de actuar”
Durante 2026, Capital Humano prevé ampliar la interoperabilidad del SISOC con otros organismos del Estado e incorporar módulos para que los Centros de Familia puedan interactuar con el sistema, rendir cuentas de manera digital y gestionar prestaciones. El objetivo es consolidar una gestión integrada, trazable y basada en información confiable.
La proyección apunta a que, hacia mediados del año que viene, el sistema alcance capacidad predictiva plena.
La idea es poder simular el impacto de una política antes de implementarla: saber cuántas personas va a alcanzar un nuevo centro según dónde se lo ubique, o cómo afecta una suba en una prestación antes de ejecutarla. “Para eso necesitás una capa analítica de datos muy grande, y ahora la tenemos”, resumió Lepera.
Ordoñez trazó el horizonte de esa visión con precisión: “Cuando tengamos mejor el mapa de a quién va qué, podemos predecir dónde nos va a sobrar capacidad y dónde tenemos que estar”.
La primera impugnación formal contra el cobro de multas para recuperar los costos de los operativos por amenazas escolares fue presentada por Rodolfo Mingarini, un exjuez destituido por unanimidad tras liberar a un hombre luego condenado por violación, al poner en duda el ataque porque el agresor “se había tomado el tiempo de ponerse el preservativo”.
Desde la oposición, exigen que se publiquen los haberes de los funcionarios y responsabilizan al intendente por el deterioro financiero del municipio. Se señaló que él y otros funcionarios cobrarían “sumas extra por función”.
Gremios, usuarios y familiares de víctimas pidieron declarar la emergencia vial y apuntaron contra el recorte presupuestario, la pérdida de personal técnico, la paralización de obras y el avance de concesiones por peaje como salida oficial frente a la crisis.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
