ESCÁNDALO EN CÓRDOBA: Llaryora se niega a sacar del cargo a un socio político imputado por golpear a su ex y obligarla a abortar

Se trata de Martín Gill, exintendente de Villa María y actual ministro de Cooperativas. El mes pasado fue denunciado por su expareja, se encuentra imputado por violencia de género: "Tiene un poder impresionante, a mí me hizo mucho mal".
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El 19 de marzo de 2023, Lourdes Astudillo se presentó ante la Justicia para denunciar a su expareja, Martín Gill, un cuadro de gran importancia dentro de la política cordobesa. A finales del pasado mes, la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María —a cargo de Juliana Companys— elevó a juicio la causa.

En diálogo con medios provinciales, la denunciante contó que conoció a Gill a través de Instagram, en febrero de 2022. Con el tiempo la relación se fue afianzando y también hubo un periodo de convivencia. Quedó embarazada y, según denunció, Gill la indujo a abortar: “La idea del embarazo le hacía mal y me decía que se iba a arruinar su vida. Él insistió y tomé la pastilla”.

En octubre sufrió la primera agresión física después de un planteo por infidelidad: “Se lo dije. Él me empujó a la cama y comenzó a ahorcarme. Fueron segundos, pero me pareció mucho tiempo. Me repetía una y otra vez que era para que me tranquilice”.

“No podía contarle a nadie lo que me pasaba. Era de su propiedad. En una discusión fuerte que tuvimos le pedí la llave de mi departamento. Yo vivo en el sexto piso, me agarró del brazo y me arrastró tres pisos. Me dejó el cuerpo marcado con moretones. Ahí comencé a sacarme fotos porque sabía que esto no iba a terminar bien. Esas imágenes las entregué a la Justicia. Cuando yo le decía que lo iba a denunciar, él me desafiaba que lo hiciera y agregaba: ‘Total, a mí nadie me toca’”, detalló la víctima.

“Me costó mucho denunciarlo. Después de la denuncia la pasé bastante mal pero no me arrepiento de haberlo denunciado porque no me merecía lo que pasé. Es muy feo por lo que yo pasé. Es abuso de poder y mi denuncia no tiene nada que ver con una cuestión política“, agregó.

Renuncia o juicio político: “Las lideresas empoderadas están mudas”

La denuncia por violencia de género cayó mientras Martín Gill era intendente de Villa María. Su trayectoria como funcionario en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación —fue secretario, “el segundo” de Gabriel Katopodis— hizo que desembarcara en el Ministerio de Cooperativas y Mutuales, cartera millonaria creada por Martín Llaryora hace apenas cinco meses que se encargará de proveer servicios, negocios y ejecución de obras en el interior de la provincia.

Este mes, la oposición presentó en la Legislatura de Córdoba dos proyectos contra el socio de Llaryora. El primero, de Alejandra Ferrero, proponía que se aparte del cargo de ministro a Gill. Mientras tanto, Gregorio Hernández Maqueda promovió el juicio político: en este caso se abstuvieron los bloques PRO, UCR, Construyendo Córdoba y La Libertad Avanza.

El oficialismo cordobés rechazó debatir el caso en la Unicameral durante la cuarta sesión ordinaria del año. “Una lástima que el mismo peronismo que el año pasado suspendió a (Patricio) Serrano y le dio licencia a (Alfonso) Mosquera por causas de violencia de género, hoy sea cómplice de encubrir en su cargo a un ministro (por Gill) procesado por la misma razón”, expresó Ferrero vía Twitter, y agregó: “Las lideresas empoderadas están mudas”.

Redacción

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La JR quiere echar a Luis Petri de la UCR: “¿Me piden la expulsión por defender la libertad frente al populismo K?”

Ayer miércoles, el presidente de la Juventud Radical de CABA, Agustín Rombolá, emprendió una campaña para expulsar del partido al ministro de Defensa, Luis Petri. El pedido fue publicado en su cuenta personal de Twitter.

“Estemos a la altura de su doctrina, principios y futuro. Un radicalismo sin miedo ni complejos. El primer paso es con la expulsión de Luis Petri de nuestras filas”, puede leerse en el twitt colgado por Rombolá.

Frente a la postura de la Juventud Radical, el mendocino salió con los tapones de punta: “¿Me piden la expulsión por defender la libertad frente al populismo kirchnerista?”, respondió Petri, citando el propio mensaje del dirigente porteño.

Redacción

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ANSES le pagará a Alberto un retroactivo de $32 millones por su jubilación de privilegio

Esta semana, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aprobó la jubilación de privilegio de Alberto Fernández. El organismo realizó el trámite en tiempo récord, tardaron menos de dos meses, por lo que el expresidente cobrará entre 7 y 8 millones de pesos al mes.

El trámite para su jubilación fue iniciado a las pocas semanas de haber finalizado su gestión, en diciembre del año pasado y se llevó a cabo en el expediente número 0240134826860261, que este martes recibió el alta tras pasar por una revisión.

ANSES aceptó, además, abonar un retroactivo de alrededor de 32 millones de pesos a Alberto por los cuatro meses, a contar desde diciembre, que no había cobrado esa pensión graciable para expresidentes.

El vocero del organismo, ahora comandado por el abogado mileista Mariano De Los Heros, manifestó que “la actuación de ANSES se ajustó a derecho y a la ley vigente. Las resoluciones del director ejecutivo cuentan con dictamen del servicio jurídico permanente. No hay forma que una medida de menor rango, como es una resolución del director ejecutivo del ANSES, sea quien sea, modifique el régimen legal vigente”.

Mariano Antonio Salvador de los Heros Battini, titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)

Por otro lado, Federico Despoulis, abogado especialista en temas previsionales, señaló que la actual gestión de ANSES “obvió una resolución que todavía esta vigente y que postergó el pago de retroactivos a ex presidentes y vicepresidentes” primero por la pandemia y luego por la crisis económica. Dicho pliego fue prorrogado por Osvaldo Giordano, sucesor de la camporista Fernanda Raverta, primer titular de ANSES del gobierno de Milei.

Redacción

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Casi el 70% de la población de Formosa recibe un beneficio social de los aportes jubilatorios de la ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estima que el 65% de la población de la provincia norteña recibe algún tipo de beneficio o prestación del Estado a través del organismo.

En diálogo con Diario La Mañana, el jefe de Unidades De Atención Integral (UDAI) de Formosa de ANSES, Fabián Firmán, dio a conocer la cifra: “Sabemos por la situación económica que estamos pasando. Nosotros hemos recorrido (el municipio) Ramón Lista la semana pasada y la concurrencia de la gente a los operativos es impresionante. Hemos tenido prácticamente mil personas que consultaron esta semana”.

Fabián Firmán

Es teniendo en cuenta los datos de ANSES sobre quiénes reciben asistencia en la provincia que Firmán estima el porcentaje, “muy alto” dice, de beneficiarios: el 65%.

Tras 23 años de gestión ininterrumpida de Gildo Insfrán, la ciudad de Formosa cerró el 2023 en 41%, lo que afecta a casi 20 millones de personas. A nivel provincial, esa cifra roza el 50%.

Redacción

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Ordenan dar de baja 3.000 pensiones de personas que no viven en el país | Le cuestan al Estado $5.842.000.000

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recibió ayer la solicitud del fiscal federal Guillermo Marijuán para dar de baja unos 2.954 beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se cobra a través de ANSES, porque incumplen con la normativa de mantener residencia en Argentina. Según los datos de Migraciones, lo que sucedió fue que se inscribieron en el registro como persona mayores de 65 años en estado de vulnerabilidad y regresaron a su país de origen.

Cada mes, esos 3.000 beneficiarios significaron al Estado un gasto de $449.341.802, que anualizado trepa a los $5.842.000.000.

Además, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social, investiga a otros 7.512 casos de titulares PUAM que mantuvieron “intervalos fuera del país por más de 60 días”, lo que también infringe la normativa.

El oficio enviado por el fiscal Marijuan a la ministra Pettovello detalla los procedimientos de la investigación preliminar, solicitando la suspensión inmediata de la pensión para aquellos beneficiarios que hayan salido del país durante su vigencia, con el objetivo de frenar posibles conductas delictivas.

Redacción

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Patricia Bullrich confirmó que el Gobierno evalúa bajar la edad de imputabilidad

En diálogo con Radio Mitre, la ministra de Seguridad de la Nación reconoció que el oficialismo contempla bajar la edad de imputabilidad. Patricia Bullrich comentó que los funcionarios analizan “cómo impactó la medida en la población” de los países que adoptaron esa postura: “Todavía se está discutiendo la edad, si es (bajarla a) 14 años, si es a 13 como en Uruguay o a 12 como en Brasil”.

Lo que tiene claro es que “en los delitos gravísimos, como un asesinato, tiene que haber imputabilidad. Con los que cometen delitos menores hay que tratar de que no cometan delitos mayores. Pero tiene que haber una pena mucho mayor para los que cometen delitos de sangre”.

En tal sentido, señaló que “hay convenios internacionales que nos ponen un tope, la Argentina los tiene en su Constitución, entonces estamos ordenando”. Por ello, tomó como ejemplo a Estados Unidos, país donde “tenían un tratamiento especial cuando (alguien) comenzaba con un delito menor, para que no vuelva a delinquir. Eso en su momento fue muy exitoso, luego eso se ablandó y volvió el delito menor en Nueva York”.

También destacó que se está implementando una política por la que se expulsa a los ilegales que delinquen: “Estamos trabajando con Migraciones, todos los días estamos echando del país a personas que pertenecen a organizaciones criminales y delinquen. Trabajamos para que la Argentina no esté llena de delincuentes extranjeros”, sostuvo Bullrich.

Redacción

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Augusto Lafferriere, abogado de El Presto: “Está en juego la libertad de expresión “

El abogado del periodista, Augusto Lafferriere, dio detalles sobre la primer audiencia, realizada hoy lunes, entre Eduardo Prestofelippo y Adán Bahl, exvicegobernador de Entre Ríos y exintendente de Paraná. “Acá está en juego la libertad de expresión, la prensa independiente”, aseveró de entrada Lafferriere.

El letrado argumenta que el ataque viene desde el poder, “desde gente que más de tres décadas está gobernando la provincia”, de Entre Ríos. Adán Bahl denunció a Prestofelippo por “instigar a la violencia” en mayo de 2020, mientras era intendente de Paraná. De ese tiempo a esta parte, de haber cosechado resultados favorables en elecciones, en este momento, el burócrata estaría ocupando el cargo de Gobernador.

Lo que sucede es que “se toma cualquier exabrupto que pueda tener un periodista para tratar, de esa manera, ponerlo en aprietos, que tenga que andar recorriendo los pasillos de los tribunales para intranquilizarlo y que desvíe atención de su trabajo, sin que pueda ejercerla libremente por temor a terminar preso”.

“Esta causa siguió porque Bahl era el gobernador cantado. Si la denuncia viniera de un vecino común, esto termina archivado sin mucha vuelta. Pero como la hizo el futuro gobernador de Entre Ríos la Justicia le dio curso”, señaló Lafferriere.

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La defensa considera que no hay delito ni tipicidad: “Estamos del ámbito de la libertad de expresión, es un derecho constitucionalmente garantizado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce y que no puede ser coartado por ninguna interpretación que haga un funcionario de turno”.

Un dato que llamó la atención del denunciado y de su defensa es que el juez que lleva adelante el proceso, Santiago Brugo, fue nombrado por el exgobernador de Entre Ríos y compañero de gestión de Bahl, Gustavo Bordet, a través del decreto 4526/23, fechado el 21 de noviembre de 2023.

La designación Brugo “es un dato objetivo”, sostiene el abogado del periodista. “Es una paradoja. Ya que, se juzga un hecho del 2020 con un magistrado que asumió hace poco. No se pone en duda la capacidad del Doctor Brugo, pero, sugestivamente, nos encontramos frente a esta situación curiosa en donde el compañero de fórmula del denunciante (Gustavo Bordet) coloca al juez para dictar sentencia al denunciado”.

Sobre este ítem, Lafferriere insiste en que “el juez está bien designado, ganó un concurso. La situación es muy curiosa, lo que no significa que sea mal juez ni que sea parcial o pretencioso, simplemente es una situación que llama la atención”.

El abogado considera que, en este caso, existe una “puja eterna entre el poder y el vecino de a pie, entre quienes manejan los resortes institucionales de los poderes de la provincia y del otro lado un vecino que opina cosas que no son de agrado para el poder de turno”.

Redacción

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