ESCÁNDALO EN CÓRDOBA: Llaryora se niega a sacar del cargo a un socio político imputado por golpear a su ex y obligarla a abortar

Se trata de Martín Gill, exintendente de Villa María y actual ministro de Cooperativas. El mes pasado fue denunciado por su expareja, se encuentra imputado por violencia de género: "Tiene un poder impresionante, a mí me hizo mucho mal".
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El 19 de marzo de 2023, Lourdes Astudillo se presentó ante la Justicia para denunciar a su expareja, Martín Gill, un cuadro de gran importancia dentro de la política cordobesa. A finales del pasado mes, la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María —a cargo de Juliana Companys— elevó a juicio la causa.

En diálogo con medios provinciales, la denunciante contó que conoció a Gill a través de Instagram, en febrero de 2022. Con el tiempo la relación se fue afianzando y también hubo un periodo de convivencia. Quedó embarazada y, según denunció, Gill la indujo a abortar: “La idea del embarazo le hacía mal y me decía que se iba a arruinar su vida. Él insistió y tomé la pastilla”.

En octubre sufrió la primera agresión física después de un planteo por infidelidad: “Se lo dije. Él me empujó a la cama y comenzó a ahorcarme. Fueron segundos, pero me pareció mucho tiempo. Me repetía una y otra vez que era para que me tranquilice”.

“No podía contarle a nadie lo que me pasaba. Era de su propiedad. En una discusión fuerte que tuvimos le pedí la llave de mi departamento. Yo vivo en el sexto piso, me agarró del brazo y me arrastró tres pisos. Me dejó el cuerpo marcado con moretones. Ahí comencé a sacarme fotos porque sabía que esto no iba a terminar bien. Esas imágenes las entregué a la Justicia. Cuando yo le decía que lo iba a denunciar, él me desafiaba que lo hiciera y agregaba: ‘Total, a mí nadie me toca’”, detalló la víctima.

“Me costó mucho denunciarlo. Después de la denuncia la pasé bastante mal pero no me arrepiento de haberlo denunciado porque no me merecía lo que pasé. Es muy feo por lo que yo pasé. Es abuso de poder y mi denuncia no tiene nada que ver con una cuestión política“, agregó.

Renuncia o juicio político: “Las lideresas empoderadas están mudas”

La denuncia por violencia de género cayó mientras Martín Gill era intendente de Villa María. Su trayectoria como funcionario en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación —fue secretario, “el segundo” de Gabriel Katopodis— hizo que desembarcara en el Ministerio de Cooperativas y Mutuales, cartera millonaria creada por Martín Llaryora hace apenas cinco meses que se encargará de proveer servicios, negocios y ejecución de obras en el interior de la provincia.

Este mes, la oposición presentó en la Legislatura de Córdoba dos proyectos contra el socio de Llaryora. El primero, de Alejandra Ferrero, proponía que se aparte del cargo de ministro a Gill. Mientras tanto, Gregorio Hernández Maqueda promovió el juicio político: en este caso se abstuvieron los bloques PRO, UCR, Construyendo Córdoba y La Libertad Avanza.

El oficialismo cordobés rechazó debatir el caso en la Unicameral durante la cuarta sesión ordinaria del año. “Una lástima que el mismo peronismo que el año pasado suspendió a (Patricio) Serrano y le dio licencia a (Alfonso) Mosquera por causas de violencia de género, hoy sea cómplice de encubrir en su cargo a un ministro (por Gill) procesado por la misma razón”, expresó Ferrero vía Twitter, y agregó: “Las lideresas empoderadas están mudas”.

Redacción

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La JR quiere echar a Luis Petri de la UCR: “¿Me piden la expulsión por defender la libertad frente al populismo K?”

Ayer miércoles, el presidente de la Juventud Radical de CABA, Agustín Rombolá, emprendió una campaña para expulsar del partido al ministro de Defensa, Luis Petri. El pedido fue publicado en su cuenta personal de Twitter.

“Estemos a la altura de su doctrina, principios y futuro. Un radicalismo sin miedo ni complejos. El primer paso es con la expulsión de Luis Petri de nuestras filas”, puede leerse en el twitt colgado por Rombolá.

Frente a la postura de la Juventud Radical, el mendocino salió con los tapones de punta: “¿Me piden la expulsión por defender la libertad frente al populismo kirchnerista?”, respondió Petri, citando el propio mensaje del dirigente porteño.

Redacción

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Casi el 70% de la población de Formosa recibe un beneficio social de los aportes jubilatorios de la ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estima que el 65% de la población de la provincia norteña recibe algún tipo de beneficio o prestación del Estado a través del organismo.

En diálogo con Diario La Mañana, el jefe de Unidades De Atención Integral (UDAI) de Formosa de ANSES, Fabián Firmán, dio a conocer la cifra: “Sabemos por la situación económica que estamos pasando. Nosotros hemos recorrido (el municipio) Ramón Lista la semana pasada y la concurrencia de la gente a los operativos es impresionante. Hemos tenido prácticamente mil personas que consultaron esta semana”.

Fabián Firmán

Es teniendo en cuenta los datos de ANSES sobre quiénes reciben asistencia en la provincia que Firmán estima el porcentaje, “muy alto” dice, de beneficiarios: el 65%.

Tras 23 años de gestión ininterrumpida de Gildo Insfrán, la ciudad de Formosa cerró el 2023 en 41%, lo que afecta a casi 20 millones de personas. A nivel provincial, esa cifra roza el 50%.

Redacción

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Santilli apoyó la Ley Bases | “Es un punto de inflexión para generar un país distinto”

Diego “El Colo” Santilli defendió la Ley de Bases, proyecto del presidente Javier Milei. “¿Por qué necesitamos esta ley? ¿Quién va a discutir que no necesitamos modernización laboral? Esta ley laboral es del 75, donde no había teléfonos, no había fax, no había robótica, no había inteligencia artificial. Había televisión en blanco y negro”.

“Necesitamos una modernización laboral porque el 20% de los trabajadores formales son pobres y porque tenemos que sacar de la informalidad a los trabajadores. Necesitamos una reforma fiscal para terminar con la maraña de más de 150 tributos que tiene este país”, finalizó diciendo.

Redacción

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Patricia Bullrich confirmó que el Gobierno evalúa bajar la edad de imputabilidad

En diálogo con Radio Mitre, la ministra de Seguridad de la Nación reconoció que el oficialismo contempla bajar la edad de imputabilidad. Patricia Bullrich comentó que los funcionarios analizan “cómo impactó la medida en la población” de los países que adoptaron esa postura: “Todavía se está discutiendo la edad, si es (bajarla a) 14 años, si es a 13 como en Uruguay o a 12 como en Brasil”.

Lo que tiene claro es que “en los delitos gravísimos, como un asesinato, tiene que haber imputabilidad. Con los que cometen delitos menores hay que tratar de que no cometan delitos mayores. Pero tiene que haber una pena mucho mayor para los que cometen delitos de sangre”.

En tal sentido, señaló que “hay convenios internacionales que nos ponen un tope, la Argentina los tiene en su Constitución, entonces estamos ordenando”. Por ello, tomó como ejemplo a Estados Unidos, país donde “tenían un tratamiento especial cuando (alguien) comenzaba con un delito menor, para que no vuelva a delinquir. Eso en su momento fue muy exitoso, luego eso se ablandó y volvió el delito menor en Nueva York”.

También destacó que se está implementando una política por la que se expulsa a los ilegales que delinquen: “Estamos trabajando con Migraciones, todos los días estamos echando del país a personas que pertenecen a organizaciones criminales y delinquen. Trabajamos para que la Argentina no esté llena de delincuentes extranjeros”, sostuvo Bullrich.

Redacción

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El Gobierno cerró casi la mitad de los registros automotores

Este mediodía, a través de un comunicado publicado en redes, el Gobierno anunció el cierre del 40% de los registros automotores de todo el país. Según argumentaron desde el Ministerio de Justicia, la medida se tomó para “reducir costos y eliminar trámites burocráticos”. En ese marco, también se recortó en un 30% el personal de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), que depende la cartera comandada por Mariano Cúneo Libarona.

Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona

Los registros automotores son los organismos responsables de patentar y documentar todos los cambios en la titularidad de los vehículos que circulan en el país. Según la base de datos de la DNRPA, existen 1.558 registros automotores seccionales, que, durante el año 2023, realizaron un promedio de 254.940 trámites mensuales (3.059.285 a nivel nacional).

“A partir de este momento, se inicia la segunda etapa de la auditoría, que tendrá por objetivo revisar el contrato general de administración de los Registros Automotor, acelerar la digitalización y transformación del proceso, y bajar fuertemente los costos de transferencias y/o patentamientos”, explicaron desde mencionado Ministerio.

¿Qué dice el comunicado del Gobierno?

  • Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos.
  • Se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.
  • ⁠⁠Se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP.
  • Se eliminará la “cédula azul”: A partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil.
  • Se eliminará el vencimiento de todas las “cédulas verdes”.
  • Los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros.
  • Se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos.
  • Se propondrá a las Provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia.
  • Se implementará un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función.
  • Se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales.
  • Se deroga el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos. Ello permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios.
  • Se digitalizará la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales.
  • Se aumentará significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo.

Redacción

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Más de 110 mil beneficiarios del plan Potenciar Trabajo son extranjeros

Las auditorías que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano revelaron las cifras del plan social que fue emblema del Frente de Todos: el Potenciar Trabajo, ahora relanzado como Volver al Trabajo.

En tal sentido, las nuevas autoridades del exministerio de Desarrollo Social revelaron que unas 1,3 millones de personas reciben la asistencia. El 10% del total, unas 110 mil, corresponde a extranjeros. A razón de los $78 mil que cada uno cobra, el gasto total es de $8.580 millones.

Unos 80 mil extranjeros se encuentran inscriptos en el plan Volver al Trabajo, los 30 mil restantes se encuentran bajo la órbita de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y serán parte del programa Acompañamiento Social.

Redacción

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