26 julio, 2024

Cristina, Kicillof y Wado de Pedro denunciados por “traición a la Patria”

Dirigentes de la oposición denunciaron a los funcionarios por las movilizaciones en apoyo a la vicepresidenta.
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Dirigentes de Juntos por el Cambio denunciaron por “traición a la patria” tanto a Cristina Kirchner como al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro por las repetidas movilizaciones en apoyo a la vicepresidente tras el pedido de 12 años de prisión por parte del fiscal Diego Luciani por la causa Vialidad.

Asimismo, Patricia Bullrich, Gerardo Milman, Héctor Baldassi, Alejandro Finocchiaro, Cristian Ritondo, Graciela Ocaña y María Luján Rey, entre otros integrantes del partido, los acusan por lo que sería un “plan de impunidad” a su favor.

Los funcionarios fueron denunciados por la oposición por “traición a la Patria”.

“La consigna ‘si la tocan a Cristina Kirchner que quilombo se va a armar’ remite claramente a la idea de disturbios contra el orden institucional a partir del desconocimiento de las decisiones judiciales”, alertaron desde la oposición.

En la denuncia sostienen que existe “un plan coordinado para desbaratar las investigaciones, amedrentar jueces y fiscales y avanzar hacia la impunidad de Fernández de Kirchner, sus hijos y algunos de sus ex colaboradores”.

“El plan comenzó con una campaña de desprestigio de las investigaciones a partir de considerárselas parte de un sistema de ‘lawfare’, conforme el cual presuntamente tales personas fueron involucradas en procesos penales como un modo de persecución política a través del sistema judicial, no obstante las confesiones brindadas en sede judicial por numerosos arrepentidos”, señala el escrito.

Además, denunciaron que Cristina “utilizando las dependencias asignadas por y para el ejercicio de su cargo en el Senado de la Nación, además de las estructuras y personal de esa institución, lanzó una versión falsa del proceso -sobre la causa de Obra Pública- a modo de proclama política”.

En este sentido, sostuvieron que incitaron a “la violencia colectiva, asonada, abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, encubrimiento, perturbaciones al ejercicio de la función pública, coacción agravada e instigación a cometer delito”.

Finalmente, aseguraron que “el artículo 36 de la Constitución Nacional atribuye la calidad de traidores a la patria a quienes cometan graves hechos de corrupción que conlleven enriquecimiento”.

Karin Leiva

Política Nacional, Interior y Economía kleiva@data24.com.ar

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Piden investigar la gestión de Larreta por posibles delitos de defraudación al Estado

Tras las declaraciones del jefe de Gobierno Jorge Macri sobre irregularidades en la gestión anterior relacionadas con los procesos de licitación para el acarreo de autos, el abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia penal para investigar posibles delitos de cohecho y defraudación al Estado durante la administración de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires.

La denuncia se formuló después de que Macri anunciara la cancelación de los contratos con las empresas de grúas de acarreo, señalando directamente a la administración de Rodríguez Larreta por irregularidades en los procedimientos de licitación. “Una preadjudicación que ocurre el 7 de diciembre, yo asumí el 7 de diciembre. Con algunas firmas hechas el 11, con funcionarios que ya no eran funcionarios. Es parte de una investigación interna que estamos haciendo”, explicó Macri en una entrevista con LN+.

Y agregó: “No sé si hubo mano negra. Alguien creyó que faltaba firmar algo y lo firmó. Para mí está mal hecho. Lo firmó después de que dejó de ser funcionario. Firmó después de que había dejado el cargo, sin tener la potestad”.

 Al ser preguntado sobre si el gobierno anterior había actuado de manera “impropia”, contestó: “Yo creo que sí, pero eso lo definirá una investigación interna. Vamos a ver si termina en la Justicia. Si hay delito es otra cosa. Si está aclarado administrativamente que hubo una firma digital antes y que después solo se perfeccionó en papel, que pudo haber pasado. Igual, si se firmó el 6 o 7 de diciembre cuando se estaban yendo y yo asumo el 7, por lo menos fue descortés para conmigo”.

Monastersky decidió presentar la denuncia tras leer un artículo que reflejaba las declaraciones del jefe de Gobierno. En su escrito, Monastersky indicó: “Que vengo a formular denuncia penal por averiguación de ilícito, al tomar conocimiento en día de hoy sobre la cancelación de contratos preadjudicados a las empresas de acarreo, el jefe de Gobierno apuntó directamente contra la gestión de Horacio Rodríguez Larreta por irregularidades en los procesos licitatorios. Todo hace presumir que dicha decisión fue tomada porque se habrían cometido delitos a investigar como el de cohecho activo y pasivo y defraudación al estado”.

En su pedido, el abogado citó fragmentos de una nota de Infobae relacionados a los comentarios de Macri durante la entrevista, donde explicó: “Hoy el acarreo vale 25 mil pesos. Si yo tuviera que cobrar el acarreo al valor que se licitó tengo que cobrar 181.250 pesos. Siete veces más. Pero eso no es todo, es más grave”.

Y añadió: “Es la única licitación, además de la basura, que fue por 10 años. Todas las demás son siempre por cuatro. Le dan 8 millones de dólares de adelanto a las empresas para que se equipen. Les pagamos antes de que arranquen 8 millones de dólares. Les garantizamos acarreos aunque no los hagan: 24 mil por mes. Supongamos que los porteños se educan en el marco de 10 años y baja la cantidad de autos mal estacionados, igual les pago. Es un negocio en el que te doy la plata, te garantizo el mercado y la rentabilidad es más del doble que lo que me cuesta hacerlo a mí hoy”.

En ese contexto, el jefe de Gobierno aclaró: “Yo no me lo quiero quedar siempre estatizado, lo que digo es ‘así no lo voy a adjudicar’. Lo sigo teniendo en la Ciudad, pero no descarto hacer una licitación distinta. En el medio, garantizamos el trabajo a los que están hoy y la seguimos haciendo nosotros. Era tres empresas porque eran tres zonas”.

Entre otras solicitudes, Monastersky pidió que se corra vista al fiscal y que se designe a peritos informáticos e ingenieros de oficio para que “propongan medidas de prueba”. Además, solicitó que se continúe con la tramitación del expediente “con toda prueba que vuestra fiscalía y el Juzgado considere”.


Redacción

info@data24.com.ar

ABERRANTE | Senador de LLA justificó LA VENTA DE NIÑOS en el Congreso

En una sesión polémica y tensa, la Cámara Alta vivió un controversial momento cuando el senador de La Libertad Avanza (LLA), Juan Carlos Pagotto, introdujo modificaciones escandalosas en el proyecto de ley destinado a aumentar las penas por la compra y venta de niños.

Desde su banca, el legislador riojano —miembro informante de la Comisión de Justicia y Asuntos Penalespropuso que las familias que vendan a sus hijos por necesidad queden exentas de pena. Pagotto, conocido aliado de Lule Menem, leyó estas modificaciones como si fueran parte del dictamen aprobado por la mayoría, generando una inmediata y feroz reacción y confusión de la oposición.

Durante la sesión, Pagotto enunció: “Se impondrá prisión de 4 a 10 años a quien reciba o entregue un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”. Sin embargo, agregó: “Queda exento de esta pena el progenitor que entregare a su hijo cuando mediare estado de necesidad”.

La senadora Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, lo interrumpió inmediatamente: “No está leyendo el dictamen, ¿no, senador Pagotto? Usted no está leyendo el dictamen, está leyendo una propuesta que trajo y está en nuestras bancas pero no es el dictamen”. La aclaración de Di Tullio desató una ola de críticas hacia Pagotto, quien intentó excusarse diciendo que el dictamen de comisión era solo una “guía” y que la discusión debía darse en el pleno.

El debate giraba en torno a la modificación del artículo 139 bis del Código Penal, inicialmente impulsada por la senadora radical, Carolina Losada, y el peronista, Antonio Rodas. El proyecto buscaba endurecer las penas por la compra y venta de menores, aumentando las condenas de “4 a 10 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.

La “trampa” de Pagotto y la inclusión de la excepción para familias en estado de necesidad provocaron un escándalo mayúsculo: “Hay familias enteras que tienen ocho o nueve hijos, que alguna vez han dando, como quien dice, algún chico y si nosotros lo sancionamos, dejamos todo el resto de la familia sin protección”, expresó, intentando justificar su polémica modificación.

Pagotto junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem

La organización Militamos la Adopción denunció la maniobra del senador libertario a través de Twitter, señalando que los cambios propuestos hubieran implicado la aprobación de un código penal que legalizaba la venta de menores de edad. La reacción de los senadores y la presión de la sociedad civil lograron evitar la aprobación de esta modificación, devolviendo el proyecto a la comisión para un análisis más exhaustivo. “Los niños no son mercancía, ni puede equipararse la apropiación con adoptar. No existe la adopción ilegal, si no es legal es apropiación”, puede leerse en el texto.

El proyecto original de Losada y Galaretto contemplaba la eximición de la pena a los progenitores en “situación de vulnerabilidad, ignorancia o facultades mentales alteradas”, exceptuando aquellos casos donde se denoten antecedentes relacionados a los artículos comprendidos en el Capítulo. Esta redacción más cuidadosa buscaba evitar la criminalización de las familias más vulnerables sin abrir la puerta a la legalización de la venta de niños.

Finalmente, el Senado aprobó la ley en general por unanimidad, pero la intervención —señalada como “maliciosa”— de Pagotto, y la necesidad de un debate más profundo sobre el articulado, obligaron a los legisladores a regresar el expediente a comisión. La votación final, sin embargo, reafirmó el compromiso del Senado con la protección de los menores y el endurecimiento de las penas por su comercialización.


Redacción

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¿ENFRENTADAS? | Karina Milei contradice a Victoria Villarruel y fue a la embajada de Francia a pedir disculpas

La interna política del gobierno de Javier Milei tuvo una escalada internacional. Karina Milei, hermana y secretaria general de la Presidencia, protagonizó un encuentro de urgencia con el embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, en un intento por “neutralizar” las declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Todo comenzó cuando Villarruel, a través de su cuenta en la red social X, expresó su apoyo al futbolista Enzo Fernández y criticó duramente a Francia. “Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo, yo te banco, Messi, gracias por todo. ¡Argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad!”, manifestó la vicepresidenta, en referencia a los cánticos de la selección argentina.

Estas declaraciones llegaron a pocos días de que el presidente Javier Milei viaje a París para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos, y provocaron un malestar considerable en la sociedad francesa. Ante la posibilidad de un conflicto diplomático, Karina Milei tomó la iniciativa y se reunió con Nadal para pedir disculpas oficiales.

Según fuentes de la Casa Rosada, el encuentro duró más de media hora, durante el cual Karina Milei se esforzó en dejar claro que las opiniones de Villarruel no representan la postura del gobierno argentino. “Fue una gestión de urgencia y reservada que buscó neutralizar los efectos negativos de una declaración polémica”, comentó un colaborador del presidente.

La reunión no pasó desapercibida en el ámbito político nacional. La relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel fue objeto de escrutinio debido a las tensiones y diferencias que han surgido en los últimos meses. Desde la negativa de Villarruel a apoyar ascensos militares impulsados por el Ministerio de Defensa, hasta su ausencia en eventos clave y ahora esta controversia internacional, los roces se han vuelto más evidentes.

“No estuvo bien. Karina se tuvo que juntar de urgencia con el embajador de Francia para desactivar el conflicto que generó Victoria Villarruel. Pudo solucionarlo”, afirmaron fuentes oficiales.

El episodio también puso de relieve la frágil dinámica entre las principales figuras del gobierno: A pesar de que tanto en público como en privado se adoptó la postura de que los comentarios de Villarruel fueron “desafortunados”, las tensiones internas persisten. Diana Mondino, la canciller, no participó en la reunión con Nadal —una decisión que algunos interpretan como una muestra de la falta de cohesión dentro del equipo de gobierno—.

La vicepresidenta, quien no tiene despacho en la Casa Rosada y opera desde el Senado, ha mantenido una relación distante con otros miembros clave del gobierno. Su cercanía con el ex presidente Mauricio Macri también generó suspicacias.

Redacción

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ESCÁNDALO LIBERTARIO | Denunciaron a la diputada Celeste Ponce por sacarle dinero a sus asesores

La diputada nacional por Córdoba, María Celeste Ponce (36 años) ya cosecha una variedad de controversias en su haber. Cuando inició su campaña política de la mano de Javier Milei, fue escrachada por usurpación de título (decía que era abogada, pero no estaba recibida). Ahora, una grave denuncia se sumó a su prontuario y los abogados de la víctima ya se encuentran estudiando la posibilidad de pedir su desafuero para que la legisladora de La Libertad Avanza pueda ser juzgada.

La trama comenzó poco después del 10 de diciembre del año pasado, cuando Ponce asumió como diputada en el Congreso de la Nación, tras ser elegida por la provincia de Córdoba, donde La Libertad Avanza cosechó más del 30 por ciento de los votos. En aquel entonces, Ponce nombró a varias asesoras con el objetivo de conformar su equipo de trabajo. Todas recibieron en tiempo récord sus contratos y comenzaron a cobrar sus salarios. Lo que no sabían, era que parte de ese dinero tenía que volver a los bolsillos de la diputada, al menos según lo de denunció una de sus empleadas.

“De los 700 mil pesos que yo cobraba como asesora, ella me sacaba 500 y yo me quedaba con 200”, confirmó María Guillermina Ruiz, una de las víctimas de la extorsión. La denuncia se fundamentó con las capturas de pantallas de las numerosas transferencias que recibió Ponce de parte de su asesora Ruiz.

La última denuncia cayó como un balde de agua fría en el despacho de Ponce. Quienes la conocen aseguran que las pruebas del grave delito parecen irrefutables. En efecto, la denunciante anexó documentación que compromete a la diputada de La Libertad Avanza, como comprobantes de transferencias que van desde los 400 mil a los 500 pesos, con fechas de abril, mayo y junio de 2024.

A partir de entonces, la asesora denunciante, María Guillermina Ruiz, decidió dar un paso al costado y alejarse de los presuntos pedidos de Celeste Ponce. “Decidí no darle más la plata que me exigía. Estaba trabajando para ganarme la plata y por ende me pertenecía. Decidí no prestarme más a la extorsión”, aseguró.

Lo que siguió fue digno de una película de suspenso. De acuerdo a la denuncia, Ponce interpretó que su asesora no iría más a cobrar el salario y comenzaron una serie de amenazas para que continúe con la operatoria. “Quería seguir cobrando 500 mil pesos de mi parte”, aseguró Ruiz. Finalmente, y cuando quedó claro que la diputada no recibiría más dinero producto de la extorsión, la asesora fue despedida.

En las próximas horas se espera que la denuncia sea presentada ante la Justicia. Los abogados de una de las víctimas aseguraron a este medio que se encuentran estudiando la posibilidad de pedir el desafuero de Ponce, con el objetivo de que las víctima de esta maniobra puedan obtener Justicia.




Redacción

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MENTIROSO | “El Dipy” negó tener un cargo, pero está contratado en el Estado desde abril y cobra $ 2 millones al mes

David Adrián “El Dipy” Martínez es funcionario del gobierno nacional desde el 1° de abril pasado, a pesar de que este miércoles negó tener un cargo y dijo que le hicieron una “opereta”.

El documento de designación del cantante cumbiero lo nombra como “asesor en bandas emergentes”, con fecha de inicio el 1° de abril de 2024 y finalización el 31 de diciembre de este año. El documento está firmado por el secretario de Cultura, Leo Cifelli.

La designación oficial establece que El Dipy percibirá por mes el equivalente a 3450 unidades retributivas de servicios (URS). En julio, eso implicaba un sueldo de algo más de 1,7 millones de pesos. En agosto, por el aumento de la URS el sueldo de El Dipy superará los 2 millones de pesos. Es septiembre llegará a 2,35 millones.

El martes que El Dipy había sido designado en Cultura y un día después el cantante salió a desmentirlo. “Llegué de gira de Misiones, donde hice un show, y no sé nada. Nadie me ofreció nada, no me llamaron. No tengo ningún cargo en ninguna área del Gobierno”, dijo a América TV.

El sitio LPO ya había mostrado la documentación que presentó El Dipy para ser funcionario ante la dirección general de Recursos Humanos del Ministerio de Capital Humano. En el CV, el cantante villero detalla que sólo tiene el primario completo y que su experiencia laboral incluye la grabación de dos discos, incluido el de oro y platino. También destaca que en 2021 ganó un premio Gardel por su trabajo “Es lo que hay”.





*Fuente: La Política Online

Redacción

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“Es una desagradecida con Mauricio Macri” | Martín Yeza destrozó a Patricia Bullrich

El diputado nacional y flamante presidente de la asamblea partidaria del Pro, Martín Yeza, criticó duramente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificándola de “desagradecida con Mauricio Macri” y con el partido.

El exintendente de Pinamar también acusó al grupo cercano a Bullrich de haber “larretizado” la interna partidaria.

Yeza recordó un acto reciente donde el excandidato presidencial, el intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela y su esposa, la senadora bonaerense Daniela Reich, propusieron una fusión con referentes libertarios sin consultar al partido. “No hace falta ser así de despectivo, de desagradecido”, criticó.

El diputado también destacó que, en 2015, Bullrich no tenía antecedentes en seguridad, pero Macri confió en ella para liderar el Ministerio de Seguridad, destacando su apoyo en crisis como el caso de Santiago Maldonado y el incidente de Chocobar. “Mauricio la bancó”, afirmó.

Yeza señaló que, en 2020, Bullrich fue elegida titular del PRO “sin asamblea ni votación” debido a la confianza interna. Sin embargo, criticó su falta de gratitud y enfatizó que su enfoque político no funcionó. También mencionó que los liderazgos de Bullrich y Rodríguez Larreta durante la última elección causaron perjuicios al partido.

En esa línea, el ex intendente de Pinamar reconoció las figuras emergentes de los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) como ejemplos de renovación dentro del partido. También hizo un llamado a una renovación generacional en la política, destacando la necesidad de nuevas ideas.

Sobre el futuro de Mauricio Macri, Yeza afirmó que el expresidente está enfocado en “formar nuevos cuadros” y expresó su deseo de que Macri no se vea obligado a postularse nuevamente. “Si tiene que volver, es que hicimos mal las cosas”, enfatizó.


Redacción

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