El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez, ratificó que las clases presenciales se mantendrían en la ciudad de Buenos Aires hasta tener la definición de la Corte Suprema de Justicia al respecto. Lo hizo a pesar de que unas horas antes, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari declaró la incompetencia de la justicia porteña y dejó entonces sin efecto la medida cautelar para permitir la presencialidad en las aulas, que había sido avalada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, y profundizando así la pelea política y la pulseada judicial que mantiene con la Casa Rosada por este tema.
Como era previsible, la réplica del kirchnerismo no se hizo esperar y este miércoles los tribunales de Comodoro Py amanecieron con cuatro denuncias penales en contra del mandatario porteño. Todas motorizadas por abogados ligados al oficialismo, que lo acusan de delitos como «asonada», «propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa», «envenenamiento culposo de medicinas», «instigación a cometer delito», «resistencia o desobediencia a funcionario público», «propagación de epidemia» y «abuso de autoridad». A la cabeza de los denunciantes estuvo Adrián Albor, letrado del dirigente social Luis D’Elía.
Ex candidato a legislador porteño por una lista colectora del kirchnerismo en las elecciones de 2015, Albor fue uno de los hombres que formó parte de la task force dedicada a combatir el avance de las causas judiciales contra Cristina Kirchner. De hecho, llegó a denunciar al fallecido juez federal Claudio Bonadio ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.
También denunciaron a Rodríguez Larreta la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), históricamente ligada al kirchnerismo; el abogado Daniel Aníbal Valmaggia, quien impulsó la causa por supuestas irregularidades en el otorgamiento de préstamos a la agroexportadora Vicentín; y los abogados Juan Manuel Leotta, que trabajó para el Estado durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, y Darío Gustavo Liurgo, quien forma parte del equipo «Proyecto Económico» que dirige la diputada nacional Fernanda Vallejos.
La denuncia de Albor recayó en el juzgado federal Nº 1, a cargo de María Servini. Mientras que las de los abogados Valmaggia, Leotta y Liurgio quedaron en manos del número 10, a cargo de Julián Ercolini. La presentación de ATE, en tanto, fue a parar al juzgado Nº 8 de Marcelo Martínez de Giorgi.
*Fuente: Periodismo y Punto
