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Un numeroso grupo de vecinos de distintos puntos de La Plata se reunieron el martes por la tarde frente a Casa de Gobierno bonaerense, con la intención de exigir respuestas a Axel Kicillof por la falta de agua. La protesta se inició poco después de las 18 bajo la consigna: “Sin agua, no se puede vivir”.
En este marco, los manifestantes le pidieron al Gobierno bonaerense que declare “la Emergencia Hídrica en la ciudad de La Plata” por los problemas que se vienen registrando en el normal funcionamiento del servicio. Además, se propuso presentar un petitorio, exponiendo los problemas que atraviesan los barrios en relación al agua, adjuntando firmas y exigiendo obras urgentes y saneamientos para mejorar la calidad de la prestación.
Los vecinos de La Plata reclamaron la falta de agua ante Provincia.
Este fin de semana la Asamblea Vecinal Tolosa organizó un encuentro para analizar la situación e impulsar un plan de acción para que las autoridades den respuestas inmediatas a esta problemática. Pero el gobernador de la provincia de Buenos Aires hizo oídos sordos.
Fue en ese marco que los vecinos resolvieron realizar una marcha a Casa de Gobierno bonaerense de Axel Kicillof, con el objetivo de visibilizar los problemas y exigir respuestas concretas para hallar una solución a la falta de agua.
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El gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, declaró en situación de crisis a dos obras sociales, debido a su grave situación financiera y operativa. La medida afecta a la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo (OSPIF) y a la Obra Social de los Trabajadores del Petróleo y Gas Privado de Chubut. La resolución, publicada en el Boletín Oficial bajo las resoluciones 174/2025 y 175/2025, establece un plazo de 15 días para que las instituciones presenten un plan de contingencia que permita regularizar su situación y hasta un plazo máximo de 30 días para interponer un recurso de consideración.
La decisión de declarar a ambas obras sociales en crisis responde a diversas irregularidades que afectan tanto su solvencia económica como la calidad de los servicios que brindan a sus afiliados. Según la normativa vigente, las entidades superaron el límite de 65 puntos en el índice de criticidad establecido por el Decreto N° 1400/01. Entre los principales problemas que llevaron a la intervención se destacan:
Irregularidades contables: Las obras sociales presentaron estados financieros con deficiencias que impiden su correcta evaluación y supervisión.
Presupuestos deficitarios: Los planes financieros de ambas entidades no eran adecuados ni sostenibles, lo que generó un desajuste económico.
Deficiencias en la atención: Los afiliados denunciaron falencias en la cobertura y la calidad de los servicios médicos, lo que agrava la crisis.
Dependencia de subsidios: Ambas obras sociales recurrieron a subsidios externos para sostener su funcionamiento, lo que refleja una profunda inestabilidad financiera.
Ante este panorama, el gobierno decidió actuar para evitar que los afiliados se vean perjudicados y para garantizar la continuidad de la cobertura médica.
La Superintendencia de Servicios de Salud estableció un plazo de 15 días para que las obras sociales presenten un Plan de Contingencia, que debe incluir una serie de medidas específicas para solucionar las irregularidades detectadas. Este plan debe abordar tanto los problemas financieros como las deficiencias en la atención sanitaria. El gobierno señaló que las entidades deberán trabajar con metas a trimestre vencido, es decir, deberán presentar avances periódicos que garanticen la efectividad de las correcciones.
Además, se conformó un Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis para supervisar el cumplimiento del plan de contingencia. Dicho comité evaluará la situación de las obras sociales y podrá aplicar nuevas medidas si las soluciones propuestas no resultan efectivas.
Las obras sociales afectadas cuentan con un plazo de 30 días para presentar un recurso administrativo o judicial si consideran que la resolución es inapropiada. Esta posibilidad de apelación permite que las entidades puedan intentar revertir la situación por vías legales si consideran que se vulneraron sus derechos.
La medida busca proteger a los afiliados, asegurando que continúen recibiendo la cobertura médica a la que tienen derecho. En este sentido, el gobierno subraya la importancia de que las obras sociales mejoren su gestión y su estabilidad financiera para evitar mayores perjuicios. “El objetivo es garantizar que las personas sigan teniendo acceso a la atención médica que necesitan”, expresaron desde la Superintendencia.
La intervención del Estado en las obras sociales tiene también una clara intención de evitar que la crisis se profundice y se repita en otras entidades. Al establecer plazos claros y un mecanismo de seguimiento riguroso, el gobierno intenta devolver la confianza a los afiliados y al mismo tiempo mejorar la eficiencia en la prestación de servicios de salud.
Los afiliados de ambas obras sociales se mostraron preocupados por la situación, ya que la crisis financiera de las entidades podría afectar directamente su acceso a servicios médicos. Muchos temen que la medida provoque mayores restricciones o demoras en la atención. Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que no habrá interrupciones en la cobertura sanitaria.
Un escándalo sacudió a la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen (Salta) cuando la Policía Vial de San Ramón de la Nueva Orán detuvo a un funcionario por conducir bajo los efectos del alcohol. El hecho ocurrió el pasado sábado 8 de marzo, a las 2:56 de la madrugada, en la intersección de las calles Pueyrredón y Bolivia de la ciudad salteña de Orán. Al realizarle el test de alcoholemia, se comprobó que presentaba 1.41 gramos de alcohol por litro de sangre, y, según las imágenes difundidas por medios locales, se lo observó en un “estado totalmente deplorable”.
– Soledad Cabrera, intendente de Hipólito Yrigoyen
El conductor fue identificado como Carlos Ariel Cabrera, secretario de Gobierno del municipio de Hipólito Yrigoyen y hermano de la intendente, Soledad Cabrera. El portal InformateSalta confirmó tanto su identidad como su vínculo familiar con la jefa comunal. El funcionario se desplazaba en un Volkswagen Virtus y, de acuerdo con la información recabada, viajaba acompañado por el Director de Tránsito del mismo municipio y otro empleado de planta política.
Tras confirmarse la alcoholemia positiva, las autoridades labraron el acta de infracción, retuvieron la licencia de conducir del secretario y designaron a un chofer alternativo para proseguir con el traslado del automóvil.
– LA FOTO DIFUNDIDA POR MEDIOS LOCALES: Carlos Ariel Cabrera, secretario de Gobierno del municipio de Hipólito Yrigoyen y hermano de la intendente
A pesar de la gravedad de los hechos, la intendente Cabrera guardó silencio durante más de 72 horas. Se esperaba que durante la semana siguiente al episodio tomara una postura pública en relación con el accionar de su hermano y de los otros funcionarios. Hasta el momento, no se conocieron declaraciones oficiales que aclararan el futuro del secretario de Gobierno ni el de quienes lo acompañaban en el vehículo.
La comunidad de Hipólito Yrigoyen permaneció a la expectativa de las medidas que podría adoptar el gobierno municipal ante la conducta del funcionario, en vista de la responsabilidad que conlleva su cargo y del hecho de haber infringido las normas de tránsito en un contexto que comprometió la seguridad vial.
El presidente Javier Milei suspendió el viaje que tenía previsto realizar a Mendoza, donde iba a asistir a la tradicional Fiesta de la Vendimia, debido al trágico temporal que azotó la ciudad de Bahía Blanca. Así lo confirmaron hoy fuentes oficiales a los periodistas acreditados en Casa Rosada, que precisaron: “(El Presidente) se va a quedar monitoreando todo lo de Bahía Blanca desde Olivos”. El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó: “El Presidente de la Nación ha suspendido las actividades previstas en la provincia de Mendoza para el día de mañana”.
La decisión tuvo como motivo las fuertes lluvias e inundaciones que se registraron en Bahía Blanca. Desde la madrugada hasta pasado el mediodía, la ciudad recibió más de 290 milímetros de precipitación, con un saldo de al menos seis fallecidos y cientos de familias afectadas. Según informó el último parte de la municipalidad, “en cuanto a la cantidad de personas fallecidas, el número asciende a seis: una mujer en la vía pública en las calles Paroissien y Rawson, cuatro personas en vía pública en la zona de Sarmiento al 1000 y una persona en Cerri. Hasta el momento no se puede descartar, en virtud de la magnitud del desastre climático, la existencia de mayor cantidad de víctimas mortales”.
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, publicó un video en X donde describió la compleja situación: “Bahía Blanca ha sido nuevamente azotada por una catástrofe natural. La situación se ha tornado muy crítica en diversos sectores. En este marco ya se contabilizan más 300 mm de agua acumulada y continuamos trabajando con todos los recursos disponibles para llegar con la asistencia y rescate de las personas afectadas”. Acto seguido, añadió: “Además, hay grandes contingentes de todas las Fuerzas y del Gobierno de la Provincia llegando a Bahía Blanca. Hasta el momento se evacuaron 275 personas en la localidad de Bahía Blanca, y más de 800 en Cerri. En cuanto a la cantidad de personas fallecidas, el número asciende a seis y de momento no se puede descartar, en virtud de la magnitud de lo ocurrido, la existencia de mayor cantidad de víctimas fatales”.
El funcionario municipal solicitó a los habitantes no circular por las calles: “A esta hora, gran parte de la ciudad continúa bajo agua, por lo que solicito a los vecinos extremar las medidas de cuidado y no circular por la vía pública. Estamos desde el inicio de esta tragedia trabajando con maquinaria del Municipio y recursos del Ejército, Bomberos, Policía Bonaerense, Defensa Civil y Prefectura Naval para poder llegar a cada uno de los bahienses afectados”.
La magnitud de la tormenta aisló la ciudad. Los accesos por ruta se cerraron, entre ellos el que conecta con la ruta 3, debido a que el agua cedió el pavimento. Otras vías, como el Camino Viejo y la ruta 51, también sufrieron restricciones. El transporte público se suspendió, el aeropuerto quedó cerrado y el suministro eléctrico se cortó en forma preventiva. El hospital municipal y otros centros de salud reportaron filtraciones y complicaciones para atender a los pacientes. Asimismo, se informó que continuaban las clases suspendidas y no había atención en oficinas públicas.
Como parte de la respuesta oficial, se movilizaron equipos de rescate de Policía Federal Argentina y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezados por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Voceros provinciales explicaron que se enviaron más de 40 efectivos especializados, 8 agentes de Defensa Civil, 6 lanchas de rescate urbano, drones con cámaras de alta definición y dos helicópteros, entre otros recursos. Se dispuso además la restricción y corte del servicio eléctrico en áreas comprometidas. En el ámbito nacional, el ministro de Seguridad envió a las fuerzas federales, mientras las autoridades pidieron a la población mantenerse en sus hogares y detener cualquier tipo de actividad hasta nuevo aviso.
Ante este escenario, Milei decidió permanecer en la Residencia Presidencial de Olivos para supervisar la evolución de la emergencia en contacto con las autoridades locales. El Presidente había sido invitado por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, para asistir al Almuerzo de Bodegas de Argentina y al Acto Central de la Fiesta de la Vendimia. Sin embargo, las fuentes oficiales insistieron en que la prioridad quedó enfocada en Bahía Blanca, donde las condiciones climáticas seguían generando serios riesgos para la población.
La visita de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de su par en Defensa, Luis Petri, al barrio de Ingeniero White, programada como un operativo de imagen solidaria, derivó en caos cuando 150 vecinos rodearon a la comitiva: “¡Saquen a estos mercenarios de acá!”.
Las cámaras registraron el momento en que una mujer lanzó un balde de agua lodosa hacia Bullrich, mientras otros golpeaban la camioneta oficial. La custodia federal requirió refuerzos de Gendarmería para evacuar a los funcionarios en medio de la turba enardecida.
En las redes también fue duramente señalado el gobernador de la provincia, AxelKicillof. Muchos recordaron, por ejemplo, los anuncios de obras millonarias en Bahía Blanca que, según parece, no tuvieron resultados. Algunos insultos fueron dirigidos también contra el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis.
Bullrich declaró: “Fuimos los primeros en llegar” en sus redes sociales, mientras los vecinos llevaban 30 horas sin dormir rescatando familiares. Ambos ministros vistieron botas impermeables y trajes secos, versus ciudadanos con ropas empapadas quienes lo tomaron como “una burla” y reaccionaran violentamente, lo que sirvió para que Javier Milei decidiera no ir “por miedo a los escraches” y “escarmientos”.
“Este tipo de catástrofes muestran la debilidad de un Estado que ha priorizado mal. La infraestructura de ciertas ciudades no aguanta. Y más allá de que 300 milímetros rompen cualquier cosa, tenemos años de desinversión real. Las consecuencias se ven en estos momentos”, declaró Bullrich, posterior al hecho.
La ayuda de 10 mil millones de pesos por parte del gobierno nacional para la reconstrucción de Bahía Blanca representa apenas el 2,5% de los 400 mil millones de pesos requeridos, según estimaciones del municipio costero. municipales por el intendente Federico Susbielles.
Bahía Blanca, ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, presenta una topografía con pendientes inferiores al 0,3% que dificultan el drenaje natural. El arroyo Napostá, principal colector pluvial, colapsó ante las precipitaciones equivalentes al 70% del promedio anual concentradas en un día. Tras la catastrófica inundación que azotó entre el 7 y 8 de marzo de 2025, con más de 300 milímetros de lluvia y vientos huracanados, dejó al menos 16 fallecidos, 1.200 evacuados y barrios completamente destruidos. Este fenómeno repitió patrones del temporal a finales de 2023, cuando las mismas zonas sufrieron anegamientos sin que se ejecutaran las obras de mitigación prometidas.
El pico de la emergencia ocurrió a las 03:45 AM del día sábado, cuando el servicio meteorológico emitió alerta roja por vientos de 140 km/h y lluvias torrenciales. A las 05:30 AM, el Hospital Penna reportó inundación en neonatología, requiriendo evacuación de recién nacidos en incubadoras en plena oscuridad. Para las 08:00 AM, el 40% de la ciudad estaba bajo agua “hasta la cabeza”, incluyendo las plantas potabilizadoras del suministro de agua, lo que dejó sin servicio a 300.000 personas.
Pese a la magnitud del desastre, el propio gobierno nacional tardó 18 horas en declarar la emergencia. El ministro bonaerense Carlos Bianco denunció que “requirió tres llamados” a la Jefatura de Gabinete nacional antes de obtener respuesta. Esta lentitud contrastó con la movilización inmediata de vecinos autoorganizados que rescataron a 89 personas atrapadas en vehículos y viviendas.
Mientras la provincia activó el Sistema de Emergencias BA movilizando 500 camiones con insumos, la Nación retuvo maquinaria vial argumentando “restricciones presupuestarias”. Solo tras el escándalo público, el 9 de marzo se liberaron $2.300 millones del Fondo de Desastres, cantidad insuficiente según Susbielles.
En anteriores planes maestros de drenaje urbano, elaborados tras las inundaciones del 2013, tampoco recibieron financiamiento completo. El gobierno nacional descontinuó en 2024 el Fondo Federal de Infraestructura Hídrica que destinaba $15.000 millones anuales a prevención de inundaciones, priorizando recortes fiscales. Esta decisión dejó sin mantenimiento 23 km de canales aliviadores y 14 estaciones de bombeo críticas para la ciudad.
El municipio de General José de San Martín, en la provincia del Chaco, se encontró en el centro de la polémica tras la instauración de un sistema de cobro ilegal para el ingreso de mercadería. Comerciantes y especialistas en derecho tributario denunciaron que el intendente Mauro Leiva creó una “aduana paralela”, donde exigió el pago de 56 mil pesos por vehículo y 76 mil pesos si incluía acoplado. Estos montos se abonaron sin recibir facturas ni recibos formales, y quienes se negaron a pagarlos quedaron imposibilitados de ingresar con sus cargas.
Abogados especializados en derecho constitucional advirtieron que la medida contradijo la Carta Magna argentina, que prohíbe aduanas internas entre jurisdicciones. “Una medida de esta naturaleza viola la constitución nacional y configura un delito que debe ser investigado de inmediato por la Justicia”, explicó un abogado representante de los comerciantes afectados.
La situación de Leiva se tornó aún más controversial debido a antecedentes judiciales. Meses atrás, la Justicia archivó una causa en su contra por un siniestro vial en el que falleció un joven motociclista de veinte años. El hecho ocurrió en la ruta nacional 11, a la altura del kilómetro 1014. Las pericias concluyeron que Leiva conducía a alta velocidad y por el carril contrario, pero el caso no avanzó de forma significativa. “Me sorprendió la rapidez con la que se desestimaron las apelaciones y la causa quedó cerrada. Como profesional del derecho, considero que el tratamiento de este caso fue, cuanto menos, irregular”, sostuvo el abogado Justo Mencía, quien representó a la familia de la víctima.
Otro de los proyectos inconclusos de la gestión de Leiva fue la nueva terminal de ómnibus de la ciudad, que permaneció inactiva pese a superar el 95 por ciento de avance. La obra, inaugurada simbólicamente en abril de 2023, no operó por falta de infraestructura básica.
A la polémica de la “aduana paralela” se sumaron graves denuncias contra el director del hospital Félix A. Pertile, José Luis Aguilera. Vecinos y pacientes aseguraron que Aguilera cobró 50 mil pesos para permitir el uso de la ambulancia en casos de urgencia. “Cualquier persona que tenga una emergencia debe pedir permiso a la unidad sanitaria para mover la ambulancia del hospital y pagar en el momento 50 mil pesos para el traslado”, denunció una de las víctimas.
A la crisis sanitaria se suma una situación alarmante relacionada con la salud mental. Una familia de General José de San Martín ha solicitado reiteradamente que su hijo, quien sufre problemas de adicción y ha cometido numerosos robos en la ciudad, sea trasladado a una clínica psiquiátrica para su internación. Sin embargo, el director Aguilera se niega a derivarlo, argumentando falta de combustible para la ambulancia.
La atención médica en General José de San Martín también enfrentó deficiencias por falta de profesionales, insumos y turnos. No hubo pediatra ni médico clínico, y los pacientes debieron esperar desde la noche anterior para conseguir cupos que en muchos casos no alcanzaron. Además, la situación de un joven con adicciones complicó aún más el panorama: la familia pidió reiteradas veces su internación psiquiátrica, pero el director del hospital se negó a derivarlo alegando falta de combustible en la ambulancia. El joven, detenido en varias oportunidades por cometer robos, presentó un documento del Hospital Pertile que certificó su estado mental, lo que propició su liberación inmediata.
El expiloto de automovilismo y exdiputado bonaerense, Marcos Di Palma, expresó su frustración respecto a la distribución de las donaciones recolectadas con su “camión solidario”. En diálogo con TN, confesó que no sabe “a quién carajo darles las cosas” debido a la falta de confianza en las vías institucionales.
“Siendo alguien que viene de la política, no sé a quién carajo darles las cosas porque no sé si van a llegar”, remarcó Di Palma, evidenciando su incertidumbre sobre el destino final de la ayuda.
El exdiputado reconoció las dificultades para decidir cómo canalizar la asistencia. “No sé si ir a un club, no sé si pararme en la esquina o ir a un barrio… Ahora, en este momento, no lo sé, pero mañana sí lo sabré”, afirmó.
Explicó que recurrirá a conocidos en Bahía Blanca que no tienen vínculo con la política, ya que, según su experiencia, las posturas partidarias pueden influir en la percepción sobre la gestión de la ayuda.
“Si tenés un amigo kirchnerista, te dice ‘lleváselo al intendente que es el mejor del mundo’, y si tenés otro macrista, te dice ‘no se lo lleves que es el más hijo de puta del mundo’”, sostuvo el exdeportista.
En los días posteriores al devastador temporal que azotó Bahía Blanca, han surgido múltiples denuncias relacionadas con el manejo y destino de las donaciones para los damnificados. La tragedia, que dejó el saldo de 16 personas fallecidas, cientos de calles anegadas y miles de familias destrozadas, ha generado una ola de solidaridad en toda la Argentina, pero también ha puesto de manifiesto diversos problemas en la gestión y distribución de la ayuda recibida.
Un conjunto de denuncias, que apuntan directamente a la gestión municipal kirchnerista de Bahía Blanca, recopilan testimonios recogidos por medios de comunicación donde se sugieren un manejo presuntamente discrecional o politizado de las recaudaciones recibidas.
Uno de los testimonios más impactantes proviene de una mujer mayor que fue entrevistada en una nota de TN, donde habló públicamente que las autoridades municipales habrían negado la entrega de colchones a su nieto por no estar “afiliado a la municipalidad”. Según su relato, cuando los funcionarios preguntaron a su nieto si estaba afiliado a la estructura municipal y este respondió negativamente, le habrían negado la ayuda con un explícito “no le podemos dejar los colchones”.
Otro testimonio significativo proviene de un rescatista voluntario, quien dijo que sufrieron retrasos de hasta dos horas en la entrega de donaciones porque debían esperar a que una delegada municipal se tomara fotografías con los cargamentos antes de autorizar su distribución. El voluntario mostró con indignación que durante ese tiempo perdido “podríamos haber rescatado a gente que terminó muriendo.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
Sí, durante más de 30 años a los jubilados les han robado. No empezó hoy el problema.
¿Cuál sí es el problema hoy? Que los que supuestamente venían a cambiar las cosas son los mismos que ocuparon cargos esos 30 años y están haciendo lo mismo.
