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El ex Director del FMI, Alejandro Werner opinó sobre el duro presente de la Argentina y cuestionó al Gobierno de Alberto Fernández: “Es difícil encontrar elementos para volverse optimistas con respecto a haya un consenso en la sociedad argentina para aplicar un paquete de políticas relativamente agresivo que estabilice y transforme el país”.
Por otra parte, criticó al kirchnerismo y al presidente Alberto Fernández manifestando que “no entienden nada. Es un gobierno en el que no ha habido plan económico. Se llegó a un acuerdo con el FMI nada más para lograr el refinanciamiento”.
Alejandro Werner criticó al Gobierno de Alberto Fernández
Warner se refirió a la posición que debe tomar el gobierno: “Una apertura de la economía más agresiva donde la inversión nacional e internacional llegue. Lo que tenemos ahora es una incongruencia entre la ambición de apoyo social a través de planes, subsidios y otras intervenciones del gobierno y, a la vez, la falta de un consenso de pagar impuestos para sostenerlo. Lo que ha llevado a reestructuraciones recurrentes y la inflación más alta del mundo”.
Sobre el futuro del país, dijo que “hay ciertos elementos que pintan que pueda haber un cambio importante, una discusión más honesta sobre lo que Argentina necesita: un arranque del próximo gobierno con un planteamiento fiscal mucho más agresivo”.
Para Werner el próximo gobierno tiene que tener un planteamiento fiscal más agresivo
“Hay políticos argentinos que hablan de que la argentina tiene que moverse a privatizar activos públicos, reducir el tamaño del Estado”, y analizó que, el país no puede mantener un gasto público del 45% del PBI porque “el tamaño del Estado debe ser proporcional a la capacidad que tiene la economía para sostenerlo”.
Sobre el acuerdo que se hizo con el FMI, Warner declaró: “La idea fue alcanzar un programa de políticas públicas que sean las menos malas posibles. Son las que está intentando lograr Sergio Massa para contener esta situación que, en un buen escenario, le permitirá llegar a la elección del año entrante sin que estalle la olla a presión”.
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Este miércoles, la legislatura provincial tratará la reglamentación de un proyecto de ley que fue aprobado en el año 2019 (Ley 6116) que crea el “Sistema Provincial de Seguro de Salud para Personas Extranjeras”. La reglamentación nunca llegó a ser ejecutada debido a convenios de ayuda mutua en cuestiones de salud entre el gobierno argentino y su par boliviano.
Sin embargo, en los últimos años quedó en evidencia que Bolivia no cumplió con su parte del acuerdo, factor que motivó a los legisladores jujeños a impulsar esta ley, que establece un régimen que garantice la prestación del servicio público provincial a personas extranjeras no residentes que permanecen transitoriamente en la provincia, para ello se le faculta al Poder Ejecutivo la determinación de los montos a cobrar según el tipo de prestaciones que se den.
La normativa aclara que, en casos de emergencia médica, cuando la vida del paciente esté en peligro, la atención será garantizada sin que el pago sea un condicionante previo. Esto implica que los hospitales y centros de salud podrán asistir a los pacientes extranjeros en situaciones críticas sin demoras, pero se buscará, posteriormente, recuperar los costos de atención a través del propio paciente o su país de origen.
El éxito de esta medida en la vecina provincia de Salta —la asistencia a hospitales públicos por parte de extranjeros cayó un 80% y significó un ahorro de 60 millones de pesos en seis meses— es otro de los motivos considerados. Mencionada provincia norteña eliminó la gratuidad en marzo del corriente año.
Esto permitirá tener un sistema de salud más eficiente y equitativo, donde las personas que pagan sus impuestos puedan acceder a este servicio, y aquellos que no, deban pagar respectivamente por el servicio que se les brinda.
Se espera que en la legislatura se apruebe este proyecto y quede en manos del gobernador Carlos Sadir, quien decidirá en qué momento se reglamenta esta ley y cuáles serán los montos a cobrar respectivamente.
El sindicalismo vernáculo que se encolumna detrás de la “lucha docente” pone palos en la rueda a las negociaciones salariales en la provincia de Entre Ríos. La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) llevó a cabo un paro de 48 horas, pese a que los propios dirigentes del gremio habían aceptado previamente la última oferta del gobernador Rogelio Frigerio.
Este año, las paritarias docentes arrojaron un aumento del 104%, en contraste con una inflación acumulada del 94,75%. No obstante, el panorama era distinto durante el último año de la gestión kirchnerista, cuando el exgobernador Gustavo Bordet también acordó un incremento del 104%, pero frente a una inflación del 211,14%.
Nueve días antes de las medidas de fuerza, el secretario general de la AGMER, Marcelo Pagani, celebró el aumento remunerativo del 6,5% para los próximos tres meses. “Conceptualmente, era lo que estábamos planteando, hay una pauta salarial que reconoce los primeros cuatro meses y había una exigencia para equiparar el salario una vez conocidas las inflaciones de diciembre y enero”, manifestó en diálogo con la Agencia de Noticias de Entre Ríos.
– Marcelo Pagani, secretario general de la AGMER
De manera similar, Andrés Besel, secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), consideró la propuesta del gobierno provincial “mucho más consciente que las anteriores, es más amplia y contenedora a las expectativas”.
Pese a estas manifestaciones de acuerdo, horas más tarde, los gremios anunciaron la convocatoria a paro, generando desconcierto e indignación entre los ciudadanos. Este giro se produjo poco antes de que Frigerio decidiera restituir el Fondo de Incentivo Docente (FONID) con recursos provinciales, lo que representó una inversión de 70 mil millones de pesos destinados a mejorar los salarios docentes.
DISCÍPULOS DE ROBERTO BARADEL
El gobierno provincial presentó cinco propuestas salariales desde el inicio del conflicto. La primera, ofrecida el 23 de julio, fue rechazada por AGMER, que la consideró “distorsiva e insuficiente” y decretó cuatro días de paro. Las siguientes ofertas, presentadas el 30 de julio y el 9 de agosto, corrieron la misma suerte, con nuevas medidas de fuerza decretadas por el gremio.
Ante los sucesivos rechazos, el gobierno decidió el 18 de agosto aumentar los salarios por decreto para evitar que los docentes se quedaran sin el beneficio. A partir de allí, se dictó la conciliación obligatoria y se presentaron dos ofertas adicionales, el 17 y el 20 de septiembre, ambas también rechazadas.
– De izquierda a derecha. Marcelo Pagani; SoniaAlesso, secretaria General CTERA; Hugo Yasky, actual diputado kirchnerista e histórico dirigente de CTA y CTERA; Roberto Baradel
La relación de Roberto Baradel, líder de SUTEBA en la provincia de Buenos Aires, con el secretario general de AGMER, Marcelo Pagani, parece explicar la intransigencia de la postura sindical en Entre Ríos. Esta relación preocupa a los sectores docentes que abogan por despolitizar la negociación salarial y llegar a un acuerdo definitivo.
A finales de 2021, por ejemplo, Roberto Baradel fue invitado de honor en el acto de asunción del segundo mandato de Pagani al frente de AGMER, lo que consolidó los vínculos entre ambos líderes gremiales.
Otro referente de AGMER relacionado a Baradel es Guillermo Zampedri, quien la semana pasada anunció un paro de cinco días tras rechazar la quinta propuesta gubernamental. “Esto es simple, se destraba poniendo plata”, amenazó en declaraciones a medios locales, criticando también las políticas nacionales y provinciales de Javier Milei y Rogelio Frigerio. “Desde AGMER entendemos que los rechazos de la oferta se deben al malestar general que tiene la docencia entrerriana por la pérdida escandalosa de salario que hemos tenido en los nueve meses de gobierno de Milei y Frigerio”, expresó.
– Guillermo Zampedri, pechera de AGMER, CTERA y CTA
El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, describió las dificultades en las negociaciones: “Formé parte de muchas negociaciones y nos decían: ‘queremos esto’, lo ofrecíamos, iban a Congreso y después nos decían ‘queremos esto también’. Ofrecíamos eso, estaban contentos, pero volvían a pedir otra cosa. Nos iban corriendo el arco. Así que entiendo que cuando declaran medidas de fuerza tengan que retrotraerlas, pero tengo la confianza y convicción de que hicimos una propuesta muy buena. Cumplimos absolutamente con todos los puntos que el sindicato nos venía pidiendo”.
Finalmente, Troncoso cuestionó los verdaderos intereses detrás de las medidas: “Si no es esto, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué intereses se esconden realmente? Por eso hablamos de la politización de estos reclamos. Una cosa es defender los intereses de los trabajadores y otra es pretender horadar políticamente a un gobierno provincial, y eso es lo que nos preocupa”.
– De izquierda a derecha. Marcelo Pagani; Julio Panceri, ministro de Hacienda y Finanzas; SusanaCogno, vocal Gremial ante el Consejo General de Educación y Manuel Troncoso durante una reunión en la que el síndico de AGMER destacó la “vocación de diálogo constructivo y serio, buscando una síntesis entre el Gobierno y el sindicato. Esta forma constituye la mejor alternativa para superar este momento”. Enero 2024
En sintonía con el ministro Troncoso, el diputado provincial Marcelo López se mostró confuso con el ida y vuelta sindical: “No sabemos a qué obedece ese cambio de opinión ni cuáles son las verdaderas motivaciones de estas medidas tan perjudiciales. Es algo inédito que fracase una conciliación obligatoria“, aseveró luego. E hizo notar que “todo este tiempo fuimos cediendo y parece que nada alcanza”.
La Cámara de Diputados sancionó este martes 1 de octubre la utilización de la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones para cargos nacionales, una iniciativa que implica un importante cambio en el sistema electoral y que se verá desde los comicios legislativos de 2025.
El proyecto, que impulsaron en conjunto La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Encuentro Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica (CC), cosechó 143 votos a favor, 87 en contra y cinco abstenciones. Unión por la Patria, por su parte, se inclinó por el rechazo, tal como había anunciado. El Frente de Izquierda se abstuvo.
¿DE QUÉ SE TRATA LA BOLETA ÚNICA DE PAPEL?
La iniciativa propone condensar toda la oferta electoral para cargos nacionales en una única planilla de papel, la cual se divide en filas horizontales para cada una de las categorías a cargos electivos, y columnas o franjas verticales para cada una de las agrupaciones políticas que compiten.
Por cada tramo y por cada alianza electoral habrá un casillero vacío. El elector deberá seleccionar solamente una opción por cada categoría: si marca dos o más casilleros el voto se considerará nulo. En tanto, si no marca ningún casillero se considerará voto en blanco en esa categoría específica. Por otro lado, no habrá un casillero específico para el voto en blanco. Y si una agrupación política no presenta candidatos en alguna de las categorías se incluirá en ese espacio la inscripción “No presenta candidato”.
La BUP tendrá impresos los nombres de los primeros cinco candidatos de la lista de diputados nacionales, y se incluirán fotografías a color de los primeros dos candidatos (de acuerdo a la ley de paridad de género serán un hombre y una mujer, o viceversa). En la categoría de senadores nacionales, aparecerán con foto los dos candidatos titulares, al igual que el candidato a presidente y vicepresidente.
Las listas completas de candidatos deben ser publicadas en afiches o carteles en cada cabina de votación, asegurándose que tengan una adecuada visibilidad.
LOS PUNTOS A FAVR DE LA BUP, SEGÚN CIPPEC
Si bien hubo mayoría de votos a favor, hay diversas posturas respecto de los puntos a favor y en contra de esta medida. Desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) celebraron la decisión y destacaron los beneficios de una propuesta por la que vienen empujando para su implementación.
SEGÚN CIPPEC, LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA BUP SON:
La distribución y disponibilidad de la BUP en los centros de votación es responsabilidad del Estado. Esto garantiza el acceso a una oferta electoral completa en todo el territorio mientras se desarrolla la jornada electoral.
Asegura equidad. Cada boleta contiene la oferta electoral completa y es diseñada por la autoridad electoral, que aplica los mismos criterios de diseño y presentación para todas las listas por igual.
Brinda una mejor experiencia al electorado. En Santa Fe (2015), el 94,5% de los y las votantes aseguró que el uso de boleta única papel le resultó más fácil que hacerlo con boleta partidaria y el 92,3% calificó el sistema como “muy bueno o bueno”.
“Los partidos son los responsables de diseñar, imprimir –con aprobación judicial previa–, distribuir y custodiar las boletas el día de la elección. Esto genera desventajas para algunos partidos con dificultades para custodiar y asegurar la disponibilidad de boletas en todas las mesas”, destacaron desde la institución.
“Además, la boleta partidaria puede resultar compleja para quienes emiten un voto cruzado (apoyar diferentes partidos para distintos cargos en juego). En la mayoría de las democracias del mundo se utiliza la boleta única de papel (BUP) en la que se presentan las listas y/o candidaturas de los diferentes partidos: su distribución y disponibilidad en los centros de votación es responsabilidad del Estado“, agregaron.
Por eso, consideraron que la BUP “equipara las condiciones de competencia entre partidos y mejora el acceso al sufragio entre los y las votantes. A diferencia de la boleta partidaria, la boleta única permite que quienes votan tengan todas las opciones en un único papel y puedan elegir la que prefieren marcándola. Esto evita la complejidad y los errores potenciales que surgen con el corte de boleta partidaria”.
En Córdoba, Santa Fe y Mendoza implementan esta forma de votar, con una evaluación positiva de los y las electores/as: en Santa Fe (2015), el 94,51% aseguró que votar con boleta única papel le resultó más fácil que hacerlo con boleta partidaria“.
La situación salarial de los docentes en la dictadura formoseña llegó a un punto crítico. Esta semana, el secretario general del gremio Voz Docente, Manuel Pereyra, responsabilizó directamente al gobernador, Gildo Insfrán, y a los “secretarios generales dialoguistas” por los bajos sueldos que perciben los trabajadores de la educación.
El gremialista afirmó con dureza: “Acá el único culpable de los malos sueldos es el gobernador y los secretarios generales dialoguistas, no puede ser que se le quiera echar la culpa al gobierno nacional. Formosa es una de las jurisdicciones con los sueldos más bajos de toda la Nación”.
Pereyra señaló que los sueldos docentes están muy por debajo de la canasta básica —actualmente supera los 900 mil pesos— mientras que el salario garantizado ronda los 450 mil. “Estamos lejos de lo que un trabajador necesita para vivir dignamente”, denunció tras criticar el reciente anuncio de un aumento del gobierno provincial, de apenas 28%, calificándolo como una “burla” para el sector. El porcentaje fue acordado sin el consenso de los docentes.
Además de exigir un salario acorde a la canasta básica, Pereyra mencionó el pedido de un bono de 50 mil pesos por el retraso en el pago de la jornada extendida. Según explicó, el dinero fue depositado en vísperas del operativo solidario de la tiranía conocido como Por nuestra gente todo, lo que no permitió a los docentes celebrar el Día del Maestro como corresponde. Ante la falta de respuestas el gremio adelantó que volverá a presentar un pedido formal para participar en la mesa de diálogo y reclamó a los secretarios generales del sector que consideren el desfasaje entre el salario y el costo de vida.
Por su parte, Nilda Patiño, secretaria general de Docentes Autoconvocados, también expresó su preocupación por la precarización salarial en la provincia, afirmando que las políticas de Insfrán llevaron al sector a la indigencia.
– Nilda Beatriz Patiño, secretaria general de Docentes Autoconvocados
En una entrevista radial, la dirigente destacó que “el hecho de que el gobernador reconozca públicamente que no nos alcanza el salario ya es importante”, pero lamentó que, pese a ello, la situación sigue siendo insostenible.
La gremialista, en línea con Pereyra, precisó que el salario inicial de los docentes en mencionada provincia es “la mitad de la canasta básica”, lo que coloca a muchos trabajadores por debajo de la línea de pobreza. Añadió que las medidas de protestas organizadas por el gremio que representa, además de ser ignoradas por el gobierno, han sido castigadas con descuentos salariales: “Realizar un paro en estas condiciones es sinónimo de fortaleza y convicción”.
El panorama que describen los referentes gremiales se vuelve más complejo al considerar el contexto económico a nivel nacional. Patiño advirtió que “van a ajustar los envíos a la provincia y el año que viene puede que lleguen los despidos”, lo que agravarían la crisis del sector educativo y profundizaría las tensiones sociales en la región.
El conflicto entre el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) continúa escalando, con un nuevo paro de 48 horas que afecta a los afiliados de la obra social en toda la provincia.
La medida se desarrolla los días jueves 12 y viernes 13 de septiembre, es la segunda de este mes y responde a la decisión del IOMA de prescindir de los servicios de FEMEBA en más de diez distritos bonaerenses: Junín, Alberti, Bragado, Chacabuco, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, Leandro N. Alem, Colón y Rojas.
El enfrentamiento comenzó a finales de agosto, cuando IOMA —bajo la presidencia de Homero Giles— decidió cortar el convenio con FEMEBA en estas localidades. La obra social justificó la medida al denunciar cobros indebidos por parte de los médicos, la falta de oferta prestacional en ciertas especialidades y demoras en la atención de los afiliados, que suman aproximadamente 80.000 personas. Esta ruptura provocó una serie de paros por parte de los profesionales médicos, nucleados en la federación que agrupa a especialistas de 120 de los 135 distritos bonaerenses.
FEMEBA, por su parte, criticó duramente la gestión del gobierno de Axel Kicillof y de IOMA, señalando que las autoridades de la obra social no mostraron disposición para un diálogo fructífero: “Parece no importarles las dificultades de los afiliados ni precarizar el trabajo médico como nunca antes en la provincia de Buenos Aires”, indicaron desde la federación en un comunicado firmado por su vicepresidente, Sandro Scafati.
– “Causó sorpresa y malestar, la intransigencia de los funcionarios de IOMA al momento de escuchar el aporte de soluciones para destrabar el conflicto y de esa forma evitar poner en riesgo la fuente de trabajo de más de 1.000 médicos y la atención de 80.000 afiliados”.
Además, la Federación asegura que presentó una propuesta alineada con las necesidades de los afiliados y de sus prestadores, que garantiza la libre elección y la continuidad en la atención de la salud, pero IOMA ratificó la ruptura del convenio en los once distritos en conflicto.
Otro de los puntos de tensión en las negociaciones es la deuda que el IOMA mantiene con FEMEBA: el montoasciende a más de 7.000 millones de pesos. La federación inició reclamos administrativos formales pero ante la falta de respuesta por parte de la obra social, decidió implementar las medidas de fuerza que ya afectaron a los afiliados los días 5 y 6 de septiembre.
En tanto, desde IOMA sostienen que están trabajando para ampliar su red de prestadores, dialogando con médicos individuales y círculos médicos locales, sin la intermediación de FEMEBA. Las principales clínicas de los distritos afectados, aseguran desde la obra social, siguen atendiendo sin inconvenientes, y se busca llegar a nuevos acuerdos con otros profesionales de la salud para asegurar la continuidad del servicio. No obstante, el titular de IOMA Homero Giles advirtió que la situación podría replicarse en otras localidades si FEMEBA no muestra voluntad de resolver los problemas planteados por la obra social.
El conflicto alcanzó tal magnitud que figuras del gobierno provincial también se pronunciaron al respecto. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, NicolásKreplak, calificó la medida de FEMEBA como “extorsiva” y pidió a los médicos que “reconsideren” sus acciones. Sin embargo, la federación médica sigue firme en su postura y ratificó la continuidad de su plan de lucha en defensa de los derechos de los afiliados y de las condiciones laborales de los profesionales médicos.
El gobierno de Javier Milei comenzó una investigación a raíz de las denuncias presentadas por comunidades indígenas y productores locales que aseguran que cientosde bolivianos están invadiendo tierras en la provincia de Salta. Los reportes indican que alrededor de 2.500 hectáreas de selva en la región fronteriza de General Mosconi fueron desmontadas para plantar caña de azúcar, la cual es luego contrabandeada hacia Bolivia. Se estima que, anualmente, unas 150.000 toneladas del producto cruzan la frontera de manera ilegal.
Las acusaciones fueron formalmente presentadas ante la Fiscalía Federal de Orán el pasado 13 de septiembre, pero los denunciantes —entre ellos el pueblo indígena Ava Guaraní— señalan que la Cancillería argentina fue “indiferente” ante esta violación de la soberanía nacional.
En contraste, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia sí actuó en respuesta a una denuncia presentada en 2021 por Horacio Cruz Castro, el líder de los productores bolivianos involucrados, contra los Ava Guaraní. Cruz Castro, acusado de liderar la usurpación de tierras argentinas, alegaba que los indígenas lo estaban perturbando en un terreno que él llamaba “Isla Valle Dorado”, aunque las autoridades bolivianas confirmaron que dicha área está, en realidad, dentro de territorio argentino.
La situación en la frontera de Salta no es nueva. Desde 1994, las comunidades locales denunciaron la remoción ilegal de las señales que demarcan los límites entre nuestro país y Bolivia.
En un operativo realizado en 2014, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó a 60 ciudadanos bolivianos indocumentados trabajando en las plantaciones de caña de azúcar y logró incautar 70.000 toneladas del producto contrabandeado. A pesar de estas intervenciones, la situación parece haber empeorado, y el volumen de caña que se contrabandea hoy en día es más del doble que hace diez años.
La reciente intervención de la Gendarmería Nacional, ordenada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, permitió localizar plantaciones de caña en la zona en disputa, pero la ubicación precisa de estas tierras sigue sin poder determinarse con claridad. La crecida del río Grande de Tarija, que sirve como frontera natural entre ambos países, destruyó los hitos fronterizos, lo que complicó aún más la delimitación del territorio. Se solicitó la intervención de la Comisión de Frontera para restablecer los límites, pero hasta el momento no se logró avanzar en la solución del conflicto.
– Horacio Cruz Castro
La comunidad Ava Guaraní, que habita en las serranías del municipio de General Mosconi, denunció la invasión de sus tierras y la violencia a la que están siendo sometidos por parte de los productores bolivianos. Según los testimonios recogidos, el grupo boliviano, liderado por Cruz Castro, amenazó a las mujeres y niños de la comunidad con machetes y armas de fuego.
La Cancillería boliviana reconoció en un informe reciente que las coordenadas del territorio en disputa se encuentran efectivamente dentro de Argentina, lo que refuerza la legitimidad de las denuncias de invasión. Sin embargo, hasta el momento, no se tomaron medidas concretas para frenar la usurpación ni el contrabando.
El Ejecutivo cedió ante las demandas de la CGT y permitió que los sindicatos formen parte de la reglamentación del artículo que sanciona los bloqueos sindicales, una medida clave para combatir prácticas extorsivas.
La inflación más baja de los últimos 3 años no es casual. Es consecuencia de un Gobierno que no emite más; que todos los días achica el gasto público de un Estado que era elefantistico; que sostiene el superávit fiscal a pesar de los embates populistas que buscan romper la caja;…
