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Este miércoles en La Plata estuvo plagado de protestas, cortes y manifestaciones de parte de la comunidad educativa en diferentes establecimientos, reclamando por la falta de obras y condiciones básicas para el normal desarrollo de las clases. Señalando como responsable principal al gobernador bonaerense Axel Kicillof.
La ausencia de ventilación para afrontar la ola de calor, la falta de energía y agua, son los problemas más recurrentes que afectan algunos colegios, a dos semanas de haber comenzado el ciclo lectivo y tras promesas incumplidas.
Protestas en los colegios contra el Gobierno de Axel Kicillof.
Una de las manifestaciones es llevada adelante por padres y madres de los estudiantes de la Escuela 38 de Abasto (ubicada en calle 519 y 208), quienes aseguran que “están furiosos” y este miércoles se hicieron presente en la institución “porque hace un año que las autoridades del Consejo escolar prometieron aires y reparaciones, pero no cumplieron“.
Por otro lado, en el Colegio María Reina, de calle 44 entre 126 y 127 (Berisso) la situación fue muy particular debido a que los problemas se agravaron. Allí un grupo de padres inició acciones por cuenta propia y decidió comprar bidones con agua potable para que sus hijos puedan estudiar.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Al mismo tiempo, hubo un corte y protesta de alumnos de la escuela Normal 3, ubicada en 8 y 58, mientras que en la Escuela 8, de diagonal 74 y 57, realizó un abrazo solidario por las condiciones edilicias. A estos se le sumará el Centro de Estudiantes del Colegio Albert Thomas (junto a padres y docentes), quienes durante el mediodía cortaron la calle en la puerta de la escuela, reclamando por las condiciones de estudio y la falta de ventiladores.
Estos son algunos de los puntos en donde se desarrollaron protestas, en la ciudad y gran parte de la región, evidenciando una situación que preocupa y viene de tiempo atrás sin encontrar una solución por parte de los responsables.
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Bajo las peticiones internas, el ministro de Defensa Luis Petri se encuentra evaluando la restitución de un plus salarial del 40% para militares destacados en el exterior, beneficio que fue eliminado durante la gestión kirchnerista en 2007 mediante el decreto 1140. Esta medida, que equiparaba los ingresos de los agregados militares, con los del personal diplomático.
“Siempre nos hacen hacer shows para el público y turistas como una corrida por las playas de Mar del Plata”, afirmaron fuentes militares.
El conflicto sobrepasa la cuestión meramente económica, abarcando problemas estructurales como el mal funcionamiento de la obra social militar (IOSFA), que se encuentra “sumida en una crisis financiera y de funcionamiento profunda”.
La ex ministra de Defensa, identificada como “filo montonera” y diputada de la Juventud Peronista en 1973, Nilda Garré, implementó estas medidas en un contexto político particular que generó resistencia institucional, con una doctrina política “contra los uniformados”, agravado posteriormente con la aplicación del impuesto a las Ganancias a los funcionarios en el exterior, lo que profundizó aún más la brecha.
– El contador Roberto Fiochi, presidente del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad
La estructura salarial actual de las Fuerzas Armadas presenta una distribución que va desde los 800.000 pesos para los grados inferiores hasta los 2.500.000 pesos para los rangos superiores, según el grado militar y la fuerza específica. Estos montos son considerados “muy bajos a nivel interno” y aún más insuficientes cuando se comparan con los salarios de militares de otros países de la región. La situación se ve agravada por la inflación y el costo de vida en Argentina, lo que ha llevado a que muchos militares consideren sus ingresos como “sueldos de subsistencia”, del 9% en los puestos más altos y del 35% en los rangos superiores comparado con las fuerzas de seguridad. Particularmente crítica es la situación en la Armada, donde el 55% del personal cobra por debajo de la canasta básica.
Es revelador comparar con el caso de Gendarmería, donde según reportes recientes, “un gendarme con 15 años de servicio percibe un salario aproximado de 750.000 pesos, lo que lo coloca por debajo de la línea de pobreza”. Esta realidad económica ha llevado a que algunos efectivos busquen ingresos complementarios en trabajos alternativos, como se evidencia en testimonios donde declaran ganar “más de delivery que con el miserable sueldo”.
Ante esto, el gobierno ha planteado la posibilidad de asignar militares para “combatir el crimen organizado en la frontera norte de la Argentina” similar a México, según anuncios del propio ministro Petri. Sin embargo, esta propuesta genera resistencia entre los militares, quienes reclaman “que se promueva una nueva ley que los ampare para el caso de tener que actuar en seguridad interior y no queden en la ilegalidad”.
La magnitud del malestar es tal, que las quejas han alcanzado no solo a los militares en actividad, sino también a los retirados, muchos de los cuales fueron “desafectados sin motivos claros” con la llegada del gobierno actual.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, defendió con firmeza la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia (IOSPER) y el proyecto de ley que dará origen a la Obra Social de Entre Ríos (OSER), actualmente en debate en el Senado provincial. “La salud pública no puede estar en manos de los sindicatos”, afirmó, tras calificar al organismo como “una estructura capturada por intereses corporativos”.
Frigerio explicó que el Ejecutivo presentó ante la Justicia documentación sobre “graves irregularidades administrativas y financieras” y subrayó: “Nosotros no somos jueces. El Ministerio Público Fiscal es quien tiene que investigar”. Según detalló, la intervención halló 42.000 millones de pesos de deuda y un déficit mensual de 3.000 millones, mientras el directorio costaba 200 millones de pesos mensuales en sueldos.
En una extensa entrevista en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), el mandatario denunció la existencia de una “industria del juicio” alentada desde dentro del IOSPER: “Muchos funcionarios le decían a la gente que presentara amparos y después cobraban del otro lado de la ventanilla”. Citó que, durante la intervención, se tramitaron 1.572 amparos, con un costo señalado por los entrevistadores de “2.515.000 millones de pesos” para la obra social. “No me van a amedrentar jamás”, advirtió al referirse a las protestas gremiales.
El gobernador insistió en que el IOSPER se transformó en “un botín de guerra” y sostuvo que “la gran mayoría de los afiliados no están sindicalizados”. Añadió que el proyecto de ley incorporó precisiones para despejar dudas: “No se va a tercerizar, no se va a privatizar y seguirá siendo solidaria”. También consideró simbólico cambiar la sigla impuesta durante la dictadura de Alejandro Lanusse: “Queremos un nombre que represente a la democracia y a un nuevo tiempo para los trabajadores estatales”.
Por su parte, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, confirmó que el texto se analiza en tres comisiones conjuntas del Senado y enumeró las modificaciones acordadas con legisladores, sindicatos y sociedad civil:
Solidaridad plena del sistema: “El servicio y la prestación serán iguales para todos los afiliados, independientemente de sus ingresos”.
Cobertura familiar integral para cada beneficiario.
Aporte invariable del 3 % sobre los haberes.
Estabilidad laboral de todo el personal actual.
Eliminación de los términos “gerenciamiento” y “tercerización” para descartar cualquier privatización.
Sin cierre de delegaciones y representación sindical con dos vocales en el Consejo Directivo, más un Consejo Consultivo integrado por todas las entidades gremiales.
Frigerio adelantó que le “gustaría” que el interventor Mariano Gallegos continúe en la futura OSER, aunque aún no lo conversó con él. También ratificó su política salarial: “Nadie debería ganar más que el gobernador”, recordó, al contrastar su ingreso mensual de 5.380.000 pesos con los más de 10 millones de legisladores provinciales.
Al ser consultado sobre su propia afiliación, respondió que mantiene “una obra social de toda la vida” para no sumar gastos al sistema, pero continuó aportando el 3%. Además, defendió el plazo legislativo: “Tiempo hubo. No es una ley de 500 hojas”, y señaló que la discusión se redujo a quién administrará la obra social: “¿La corporación y los sindicatos, o el Estado?”.
Frigerio también reclamó mayor apoyo del Gobierno nacional para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones y mejorar el precio de la energía que genera Salto Grande, y recordó que Entre Ríos inició una demanda ante la Corte Suprema por esos fondos.
Sobre eventuales hechos de corrupción futuros, sentenció: “Hechos de corrupción van a existir siempre; lo que puedo garantizar es transparencia, control e implacabilidad con los responsables”.
Con la fecha del 12 de junio como límite de la intervención, el Senado definirá si aprueba la creación de la OSER. Mientras tanto, el gobernador reiteró que no retrocederá: “Estamos preparados para bancarnos la mentira, los escraches y los paros; esto no tiene marcha atrás”.
La diputada provincial entrerriana Gabriela Lena (Juntos) alertó sobre la participación de lo que describió como “barras bravas” en la movilización convocada este martes en la explanada de Casa de Gobierno. La protesta, organizada por la Intersindical, rechazaba el proyecto oficial de creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) y defendía la continuidad del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER).
En declaraciones recogidas por este medio, Lena expresó su preocupación por la inclusión de actores ajenos al ámbito sindical y sanitario: “Nos preocupa seriamente que detrás de una movilización que debería expresar legítimamente el reclamo de los trabajadores se utilicen mecanismos extorsivos y grupos ajenos al debate sanitario y legislativo”, afirmó.
La legisladora hizo hincapié en la presencia de una batucada vinculada a la barra brava de Patronato, señalando su historial de acuerdos con sectores del peronismo. “Estos grupos no están afiliados a la obra social ni tienen vínculo real con el debate sobre el sistema de salud. Están ahí porque alguien los puso, y eso enturbia cualquier reclamo genuino”, sostuvo.
Además, recordó incidentes previos en los que estos mismos grupos habrían actuado como fuerza de choque. “Hace no mucho los vimos protagonizar incidentes en la marcha de los jubilados. Y ahora los vemos otra vez, como fuerza de choque en una protesta que debería ser pacífica y democrática”, remarcó.
La diputada cuestionó los intereses detrás de la movilización, insinuando que la protesta podría estar siendo instrumentalizada. “Todos tenemos derecho a protestar y a expresar nuestras posiciones, pero recurrir a barras bravas para generar intimidación o mostrar una fuerza artificial no sólo le hace daño al reclamo, sino que revela intereses que nada tienen que ver con la defensa de la salud de los trabajadores”, argumentó.
Y concluyó con una pregunta provocadora: “Es momento de preguntarnos qué se está defendiendo en realidad: ¿una obra social o un sistema de privilegios enquistados?”.
En la Cámara de Diputados de Entre Ríos comenzó a discutirse una iniciativa que cambiaría de raíz la forma en que se designan los jueces de Paz en la provincia. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento—presidida por la radical GabrielaLena—abrió este martes el debate sobre la propuesta presentada por el justicialista Enrique Cresto, que traslada el proceso de selección al Consejo de la Magistratura y suma el control de los concejos deliberantes locales.
Durante la reunión, Lena explicó los ejes del proyecto: “Creemos que tenemos que mejorar el sistema de selección, que sea muy parecido a la elección de todos los otros jueces, es decir, que pase por el Consejo de la Magistratura. Pero además, que luego de pasar el concurso de oposición y antecedentes, la terna resultante pase al Concejo Deliberante de cada ciudad”.
Para enriquecer la discusión, la comisión invitó a especialistas vinculados al ámbito judicial. Participaron Andrea Belén Saxer, vicepresidenta 2.ª del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, y la exdiputada nacional Mayda Cresto, quienes aportaron su experiencia y respaldaron la necesidad de modernizar el régimen vigente.
La presidenta de la comisión subrayó la urgencia de la reforma al señalar que el esquema actual quedó desfasado frente a la creciente complejidad de los conflictos que aterrizan en los juzgados de Paz: “Es un tema que preocupa, las cuestiones judiciales se han complejizado en la provincia, esto es necesario para mejorar nuestro sistema de justicia”.
Según fuentes legislativas, hay un principio de consenso entre las distintas bancadas para introducir los ajustes que resulten necesarios y elaborar un dictamen unificado. La comisión volverá a reunirse la próxima semana, oportunidad en la que se escuchará a nuevos invitados y se pulirán los aspectos técnicos de la iniciativa. Si el acuerdo se consolida, el proyecto podría obtener despacho y avanzar al recinto antes de fin de mes, marcando un paso decisivo hacia un mecanismo de selección más transparente y federal para los jueces de Paz entrerrianos.
Manifestantes yerbateros y tareferos se cruzaron con militantes libertarios y agentes de seguridad durante una breve recorrida de la hermana del presidente, Karina Milei, por las calles del centro de Oberá.
“Milei, no somos la casta, somos tareferos. Nos prometiste otra cosa”, afirmaron los manifestantes. “Esto no es Buenos Aires, vayanse a la mierda”, agregaron.
El incidente se dio luego de una movilización organizada por parte de productores yerbateros y tareferos que se apostaron desde temprano en el centro cívico de la Capital del Monte. Los protestantes llevaron pancartas con mensajes directos hacia el presidente, reclamando un “precio justo” para la producción yerbatera.
Karina hasta entonces realizaba su recorrida protocolar junto a su comitiva, como el candidato a diputado provincial, Diego Hartfield, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el influencer libertario, Iñaki Gutiérrez y el presidente de La Libertad Avanza por Misiones, Adrián Núñez, en un encuentro que generó una escalada de tensión que derivó en empujones, golpes, insultos y corridas que obligaron a la suspensión inmediata del acto previsto en una gira por Misiones que formaba parte de una estrategia de consolidación territorial de LLA en la provincia.
La caminata programada desde la calle Entre Ríos hasta la intersección de Bolívar con San Lorenzo fue concebida como “una demostración de apoyo popular al proyecto político libertario”. No obstante, la interrupción por parte de los yerbateros transformó el acto en una expresión visible de rechazo.
“El poder de negociación del productor es muy bajo porque la industria sabe que tenemos que vender”, subrayaron los yerbateros, contra la nueva estructura de mercado que ha transferido el poder de fijación de precios completamente hacia las industrias procesadoras, eliminando los mecanismos de protección que existían para los productores primarios.
Desde los primeros días del gobierno de Javier Milei, la desregulación del mercado de la yerba mate, activada el 1 de abril de 2024 como parte del controvertido DNU 70/2023, eliminó las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para negociar y fijar precios de referencia. Esta medida representó un cambio fundamental, siendo que el último valor del kilo de yerba cosechada fijado por el organismo fue de 370 pesos, que tras el proceso de estacionamiento, deshidratación y picado alcanzaba los 1.406 pesos antes de llegar a las industrias. Sin embargo, la desregulación trasladó completamente el poder de negociación hacia las empresas.
La problemática se agravó significativamente con la acefalía prolongada en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, situación que motivó una denuncia penal por parte de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) contra el presidente Milei y funcionarios del área económica. La falta de designación de un presidente para el INYM provoca, según los denunciantes, un incumplimiento de deberes como funcionarios públicos que contraviene la Ley Nacional 25.564.
El gobierno implementó una nueva estrategia de seguridad fronteriza denominada Plan Guacurarí, dirigida específicamente al combate del crimen organizado en la frontera con Brasil. Esta iniciativa, oficializada mediante la resolución 626/2025 y firmada por la ministra Patricia Bullrich, establece un comando unificado que coordina múltiples fuerzas federales y provinciales para enfrentar delitos complejos como narcotráfico, trata de personas, contrabando y lavado de dinero.
“Algunos ofician de intermediarios influenciados por los grupos delictivos brasileños”, detalla el documento oficial. “Argentina ya fue demasiado permisiva para quienes ingresan de forma ilegal”, agrega.
La región seleccionada para la implementación comprende un tramo crítico de la frontera argentino-brasileña, específicamente en la ciudad misionera de Bernardo de Irigoyen. Esta zona presenta características geográficas particulares que la convierten en un punto estratégico para actividades ilícitas: abarca 25 kilómetros lineales de frontera seca, caracterizada por su difícil acceso y la ausencia de barreras naturales que obstaculicen el tránsito irregular.
La configuración del terreno facilita el establecimiento de pasos clandestinos, mientras que ambos márgenes de la frontera cuentan con avenidas asfaltadas que permiten movimientos rápidos y discretos, una infraestructura que ha sido sistemáticamente aprovechada por organizaciones criminales, afirmando que “se ha entrelazado con la actividad de bandas criminales” y definiendo el objetivo de “recuperar el control territorial estatal en una zona donde el poder público ha perdido presencia.”
La presencia de estas organizaciones no se limita únicamente al control de rutas de tráfico, sino que incluye el establecimiento de estructuras logísticas, redes de comunicación y sistemas de protección que les permiten mantener operaciones sostenidas en el tiempo.
Las principales estructuras delictivas identificadas incluyen el Primer Comando Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, junto con otros grupos como Bala na Cara y, en menor medida, el Comando Vermelho. Estas organizaciones han establecido conexiones sólidas con bandas locales, creando una estructura delictiva transfronteriza que opera de manera coordinada y sofisticada.
El Plan Guacurarí encuentra su sustento legal en la resolución 626/2025, publicada en el Boletín Oficial el 26 de mayo de 2025, y firmada por la ministra de Seguridad Nacional, basándose en las competencias establecidas en el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios N° 22.520, que faculta al Ministerio de Seguridad Nacional para asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en todo lo concerniente a la seguridad interior. La resolución también se fundamenta en modificaciones recientes al marco normativo, incluyendo el Decreto N° 58/2025, que cambió la denominación del ministerio a “Ministerio de Seguridad Nacional” para reflejar de manera más precisa su misión en la prevención y lucha contra los delitos federales.
Se contempla una duración inicial de 180 días con posibilidad de prórroga, lo que permite una evaluación periódica de resultados y la adaptación de estrategias, con ayuda de efectivos de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, cada una aportando capacidades especializadas según su expertise institucional. La participación de la Policía de Misiones está asegurada a través de enlaces designados por otras estrategias, incluyendo el Plan Güemes y el Plan Roca, que han estado activos en puntos de la provincia de Salta, específicamente en localidades como Aguas Blancas, Tartagal y Salvador Mazza.
El oficialismo no reunió los 24 senadores necesarios para abrir la sesión. La ausencia de la massista Sofía Vanelli truncó la estrategia y la oposición celebró la caída del debate.
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