Pese a la reciente confirmación de la medida cautelar por parte del máximo tribunal que obligó al Poder Ejecutivo de la Provincia a garantizar la presencia de facilitadores/as interculturales y albergues de tránsito en el Hospital Materno Infantil y los hospitales cabecera de los departamentos en emergencia, el gobierno de Gustavo Sáenz continúa sin cumplir con sus obligaciones legales y parece no importarle la salud de los chicos del interior de la provincia norteña.
Francisco Rodríguez, abogado del programa Derechos Sociales de la Niñez de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), expresó su preocupación ante la ausencia de respuestas del Estado provincial al medio Nuevo Diario: “La provincia en principio no estaba dispuesta a contestar la primer denuncia, y ya la segunda vez contestó de una forma indignante, señalando que era el ministerio de salud quien debía responder, y que no lo hizo, pese a que personalmente tuve un diálogo con el ministro Esteban, además de su compromiso en solucionar lo requerido por las comunidades”, señaló el abogado.
Rodríguez analizó además que “la situación de las comunidades es una cuestión estructural, de vulneración de derechos con nulas acciones por parte del gobierno; es una situación muy acuciante, y el poder ejecutivo no solamente les niega asistencia a las comunidades, sino que le niega la información de lo que sucede a la misma justicia y a la sociedad en general”.
Recordemos que el máximo tribunal salteño confirmó la medida cautelar en un triste momento en la provincia de Salta, donde en el interior, mueren constantemente niños como consecuencia del hambre y enfermedades.
