Rabinovich resalta el crecimiento del Parque Industrial de MDQ: “Nadie creía se iba a completar”
El legislador de la Quinta elogió la administración de la municipalidad y señaló que están a punto de inaugurar un segundo complejo industrial. Además, destacó los incentivos fiscales disponibles para los empresarios.
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Durante varios años, la ciudad de General Pueyrredón dejó de depender únicamente del turismo costero para su prosperidad. El desarrollo industrial no solo ha mejorado las finanzas municipales, sino que también produjo un aumento en las oportunidades laborales de los marplatenses.
En este contexto, el senador provincial por la Quita sección electoral, Alejandro Rabinovich, subrayó que “desde el primer día, (el intendente de la ciudad) Guillermo Montenegro, el intendente local, ha defendido el empleo y la industria”.
Además, enfatizó: “Hace cuatro años, nadie creía que el Parque Industrial se llenaría durante esta gestión. A pesar de los desafíos que enfrentó el país, hoy se encuentra repleto de empresas. No queda ni un solo metro disponible para asignar”. También añadió: “Está claro: más empresas significan más empleo. Por eso, vamos en busca de la creación del segundo Parque Industrial”.
El Parque Industrial General Savio se ubica junto a la Ruta Provincial 88, que conecta Mar del Plata con Necochea, a tan solo 9 kilómetros del centro urbano de Mar del Plata, en un punto estratégico de conexiones que facilita una ágil interacción con otras localidades y con terminales de trenes, puerto y aeropuerto. Esto garantiza una rápida conexión tanto con el MERCOSUR como con otros mercados.
La disponibilidad de servicios completos permite una rápida puesta en marcha de las instalaciones, lo que significa que hacer una inversión productiva se traduce rápidamente en la capacidad de comenzar las operaciones.
Optar por establecerse en el Parque Industrial General Savio conlleva la exención de las obligaciones municipales, incluyendo el Derecho de Construcción, la Tasa de Oficina y Habilitación, y las tasas por Seguridad e Higiene, así como las relacionadas con el Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública (exentas durante 7 años). Esta exención también se extiende a los impuestos provinciales, como Ingresos Brutos (exentos durante 7.5 años), Inmobiliario (exento durante 7.5 años), Automotores (exentos durante 7.5 años) y el Impuesto de Sellos en los contratos derivados de la radicación.
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El senador nacional Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso) le presentó al presidente de la Nación, Javier Milei, un proyecto de intervención federal de la provincia Formosaporque “no existe otra vía institucional para frenar el régimen de Gildo Insfran, caracterizado por instituciones deterioradas, un sistema republicano inexistente, derechos humanos ultrajados, clientelismo y hostigamiento a opositores”.
“Estas prácticas violan la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados en el artículo 75, inciso 22. Creemos firmemente en las promesas de campaña que tanto apoyamos y por las cuales trabajamos. Formosa no es un caso aislado, es la madre de las batallas contra el autoritarismo, la libertad de expresión y la defensa de la República. ¡Necesitamos la intervención de Formosa cuanto antes!”, expresó Paoltroni.
A través de un video que difundió en sus redes, el exsenador libertario ratificó que en su provincia “se violan todos los principios republicanos en donde no están ningún tipo de derecho y desde la propiedad privada, ni la libre expresión de los ciudadanos y mucho más la persecución política y todo lo que el pueblo formoseño está padeciendo”.
“Creemos que esta es la única solución para ponerle fin a este sistema corrupto en donde por más que falle la Corte Suprema no va a estar garantizada la irrupción del poder porque podrían implementar un caso de nepotismo como el de Santiago del Estero. Por eso creemos que la única alternativa”, explicó.
ADORNI Y “LAVADO DE MANOS”
Cabe recordar que el pasado 25 de octubre el vocero presidencial afirmó que el Gobierno “no se meterá” en la reforma constitucional de Formosa. “Nosotros no nos metemos en cuestiones que son decisiones provinciales y menos cuando aún no ocurrieron. Cuando pase podremos emitir opinión. Son temas que tiene que resolver la provincia dentro de la Ley respetando la Constitución. Somos observadores nada más de lo que ocurre”, había dicho en ese momento el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Cansados del destrato y la interna de La Cámpora contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, por los presuntos manejos discrecionales de los fondos públicos y “el permanente disciplinamiento contra la militancia que opina distinto”. De esta manera, decidieron salir a expresar su descontento en las calles mediante pintadas.
“Hacemos público nuestro descontento. Perdemos elecciones. Una tras la otra. No hay democracia interna, pero sí total discrecionalidad en la elecciones de funcionarios y candidatos”, resaltaron algunas fuentes oficiales del radiopasillo.
“Una interna feroz para disciplinar a Axel se nota. Hacen actos públicos inaugurando obras de la provincia y ni lo nombran al gobernador. Ni hablar del manejo oscuro de los fondos públicos. Esto se debe acabar de una vez y para siempre”, sentenció un dirigente de peso dentro del peronismo.
Las pintadas en la ciudad de Mar del Plata expresaban que Fernanda Raverta “no va más”, además de que la apodaron como “Derrota”. ¿Se terminó la unidad?
La Legislatura de Tierra del Fuego decidió retirar del debate un controvertido proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. La iniciativa, impulsada por el Bloque FORJA y apoyada por legisladores como Federico Greve, generó un amplio rechazo en redes sociales y críticas de diversos sectores de la sociedad. En una decisión tomada durante la sesión del miércoles 11 de diciembre, el proyecto fue enviado nuevamente a la Comisión 2 para un análisis más profundo.
El proyecto buscaba alinear la legislación provincial con la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género, sancionada en 2012. Entre sus disposiciones más controvertidas, permitía a menores de 13 años iniciar trámites de cambio de identidad de género con la autorización de uno de sus padres o de la justicia. Además, establecía que adolescentes entre 13 y 16 años pudieran realizar este cambio sin consentimiento parental, siempre que contaran con asistencia legal. La reforma también proponía que mayores de 16 años pudieran tomar estas decisiones de manera autónoma, sin intervención judicial.
– Legislador Federico Greve, del FORJA
Esta propuesta estaba “diseñada para simplificar los procedimientos administrativos” relacionados con el cambio de identidad de género, eliminando requisitos judiciales. Sin embargo, estos cambios también generaron preocupaciones sobre el impacto que podría tener en las garantías familiares y el equilibrio entre derechos individuales y responsabilidad parental. Aunque la iniciativa se planteó como una herramienta para garantizar derechos fundamentales, fue interpretada por algunos sectores como una medida apresurada e ideologizada.
La propuesta provocó una reacción adversa en redes sociales, donde se multiplicaron las críticas por considerar inapropiado otorgar este tipo de facultades a menores de edad. Desde el colectivo LGBTI+, solo un segmento reducido expresó apoyo explícito al proyecto.Muchos usuarios en redes sociales calificaron la medida como una “ampliación desmedida de derechos sin sopesar sus implicancias”, mientras otros apuntaron a una posible intromisión en el rol de las familias.
El secretario de Justicia y Bienestar Ciudadano, Gonzalo Carrillo, intentó defender la iniciativa argumentando que respetaba los derechos de las personas trans.“A partir de los 13 años la capacidad progresiva permite a los adolescentes tomar decisiones sobre su cuerpo”, afirmó Carrillo. Sin embargo, estas declaraciones intensificaron las críticas, especialmente entre quienes consideraron que la propuesta debilitaba las garantías familiares y potenciaba conflictos parentales.
Se cuestionó, adicionalmente, la falta de consenso previo a la presentación del proyecto. Varias agrupaciones civiles y organizaciones sociales expresaron su malestar por no haber sido consultadas durante la elaboración de la iniciativa. Desde la oposición, también se criticó la rapidez con la que el proyecto obtuvo dictamen, señalando que el tratamiento legislativo debería haberse extendido para incluir un debate más amplio.
El legislador Federico Greve, uno de los autores del proyecto, solicitó que este fuera enviado nuevamente a la Comisión 2 para continuar el debate: “Se buscará un análisis más profundo antes de someterlo al recinto”, indicó. Esta decisión llegó tras un evidente desgaste en la imagen pública del proyecto y sus promotores.
La retirada también se interpretó como una medida preventiva para evitar un posible rechazo contundente en el recinto. Pese a esto, las tensiones persisten, con críticas de la oposición y de sectores que consideran que el proyecto responde a una agenda ideológica. Mientras tanto, desde FORJA aseguran que la intención de la iniciativa es “promover derechos humanos universales”.
– Agustín Coto, legislador de LLA
El bloque de La Libertad Avanza se manifestó en contra del proyecto, calificándolo de un intento por imponer la ideología de género. “Desde el bloque de La Libertad Avanza frenaremos esta locura junto a los demás bloques opositores”, declaró el legislador Agustín Coto. También subrayó que estas decisiones afectan profundamente los derechos y garantías familiares, pidiendo un debate más amplio y respetuoso de los derechos de los menores y sus familias.
Coto también apeló a un discurso que mezcló argumentos legales y referencias religiosas, afirmando que “la razón y la justicia prevalecerán con el apoyo del pueblo y la guía de nuestra fe”. Sus declaraciones reflejan la polarización que genera este tipo de temas en la arena política y social.
El Poder Ejecutivo reglamentó las medidas máximas y mínimas que deberá tener la Boleta Única de Papel (BUP) y estableció las pautas técnicas y materiales necesarios para la implementación de este nuevo mecanismo de sufragio que comenzará a utilizarse en las elecciones legislativas del próximo año.
La ley 27.781, que establece la Boleta Única de Papel (BUP) como instrumento de votación, fue sancionada el 1° de octubre de este año en el Congreso de la Nación y promulgada 17 días después a través del Decreto 915/2024.
Según el Decreto 1049/2024, publicado en la última edición del Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei y su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la BUP contendrá en su frente una composición de cuatro tintas, además de un espacio en su dorso destinado a la firma del presidente de mesa, y la identificación del tipo y fecha de la elección.
Según se aclara, únicamente podrá contener imágenes y/o leyendas que la Justicia Federal con competencia Electoral determine para cada elección y su dorso no podrá superar las composiciones de dos tintas.
También tendrá un espacio en su margen izquierdo, inmediatamente a continuación del talón troquelado, destinado a la individualización del distrito, circuito y sección en caso de corresponder; un margen de seguridad superior, inferior y derecho de al menos 0,5 centímetros, que facilite su refilado; y en ningún caso podrá contener datos identificatorios que permitan individualizar las Boletas Únicas de Papel.
Además de las medidas correspondientes para su ancho y su alto, el anexo de la normativa indica que cada talonario contendrá una carátula, una contratapa, las Boletas Únicas de Papel correspondientes y talones troquelados de una extensión de 4 centímetros de ancho adheridos a cada una de las boletas en los que constará la información de serie y numeración correlativa dispuesta por el artículo 62 ter del Código Electoral Nacional.
Según el decreto, son votos válidos aquellos emitidos en boleta única oficializada, donde las marcas en los casilleros sean claras y evidentes. Son votos válidos: los afirmativos en los que el elector marca una opción electoral por una o más categorías y en blanco cuando la persona no marca ninguna preferencia electoral en una o más categorías.
Son considerados votos nulos los emitidos mediante una boleta única no oficializada, aquellos que contengan dos o más marcas de distintas agrupaciones políticas para la misma categoría, los que por una rotura no se logre identificar alguna de las opciones marcadas, aquellos en los que aparezcan inscripciones, imágenes o leyendas de cualquier tipo distintas de la marca de la opción electoral que no permitan identificar la opción escogida; y los que incluyan objetos ajenos a la boleta en el pliego.
El Índice Nacional de Transparencia (Intra), elaborado por RUIDO y Poder Ciudadano con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y la Fundación Federalismo y Libertad, revela que el 92% de las provincias argentinas siguen enfrentando barreras importantes para garantizar el acceso a la información pública. El estudio, realizado durante la segunda quincena de octubre de 2024, evaluó 58 variables y abarcó 25 distritos, incluyendo las 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Administración Nacional.
En el análisis, solo dos de los 24 distritos subnacionales alcanzan más de 70 puntos sobre 100, ubicándose en la categoría de “alta transparencia”: Mendoza con un puntaje de 77,2% y CABA con 85%. En contraste, el promedio general de transparencia para los 25 distritos es de 54,3%. De este modo, la mayoría de las provincias se encuentran por debajo de la media, con 22 distritos clasificados en las categorías de “transparencia insuficiente” o “moderada”.
Cuatro provincias destacan en la categoría de “transparencia insuficiente” (con puntuaciones de 0 a 39,9%): Formosa (12,8%), Santiagodel Estero (20,8%), Salta (37,9%) y San Juan (38,6%). Mientras que en la categoría “moderada” (con puntajes de 40% a 69,9%), se encuentran 10 distritos con puntuaciones preocupantemente bajas, como Tucumán (40,3%) y Misiones (41,6%).
Por otro lado, con más de 60% de transparencia figuran provincias como Santa Cruz (60,3%), Córdoba (62,4%) y Entre Ríos (63,2%).
Entre las irregularidades más alarmantes, el informe señala que en varias provincias el acceso a la información pública sigue siendo un reto para los ciudadanos. Algunas de las conclusiones más destacadas incluyen:
Ocultamiento de presupuestos: Formosa, San Juan, Santiago y Tucumán no tienen disponible el presupuesto provincial en línea, una herramienta clave para conocer los ingresos y gastos de un gobierno.
Falta de Boletín Oficial:Formosa es la única provincia que no dispone de un Boletín Oficial en línea, una herramienta básica para acceder a las decisiones y acciones gubernamentales.
Declaraciones juradas inaccesibles: A pesar de que 22 provincias tienen leyes que exigen la presentación de declaraciones juradas de los funcionarios, solo en 8 distritos estas declaraciones son accesibles al público. En muchos casos, estos documentos no reflejan valores reales de los bienes declarados, lo que pone en duda la eficacia de la medida.
Acceso presencial: En 10 provincias, como Catamarca, Misiones y Formosa, aún se exige que los ciudadanos presenten sus solicitudes de acceso a la información de manera presencial, lo que dificulta la participación ciudadana.
El informe también señala que en ningún distrito hay registros de reuniones, regalos o viajes de los gobernadores, lo que representa un obstáculo para el control ciudadano sobre las decisiones gubernamentales.
A pesar de estos desafíos, el estudio pone de manifiesto los avances logrados en algunas provincias. CABA, Mendoza y Córdoba, por ejemplo, se encuentran entre las regiones con mayor acceso a la información pública, lo que demuestra que es posible avanzar hacia una mayor transparencia.
– Gildo Insfrán, el dictador de Formosa, la provincia menos trasparente del ránking
No obstante, el panorama general sigue siendo preocupante, y las deficiencias señaladas en el estudio evidencian la necesidad urgente de reformas que permitan una mayor apertura de los gobiernos provinciales. El análisis revela que, si bien existen leyes y normativas sobre el acceso a la información, su implementación sigue siendo desigual y, en muchos casos, insuficiente.
El Intra no solo mide la existencia de herramientas de transparencia, sino también su accesibilidad. En este sentido, la complejidad de algunos procedimientos y la falta de información en línea dificultan la participación ciudadana, dejando en evidencia la necesidad de mejorar el acceso a los datos oficiales y garantizar que estos sean fáciles de consultar para cualquier persona.
A nivel nacional, la Administración Pública obtuvo una calificación de 83,9%, destacándose en comparación con las provincias. Sin embargo, el reciente decreto presidencial 780/24, que amplía el secreto de ciertos documentos, generó preocupación entre organizaciones civiles que luchan por mantener la transparencia en el gobierno federal. Esto resalta la importancia de seguir monitoreando los avances en la materia y de realizar un seguimiento continuo sobre los niveles de transparencia en todos los distritos.
El índice INTRA, aunque útil, tiene limitaciones, ya que no mide el cumplimiento real de las normativas y solo refleja la existencia de las herramientas. Un seguimiento en los próximos años será clave para evaluar si las reformas propuestas y la presión social logran traducirse en una mayor transparencia en todo el país.
La Dirección de Defensa al Consumidor de Mendoza informó que ya se han registrado al menos 50 denuncias contra la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música por el cobro de derechos de autor en eventos privados, como casamientos, fiestas de 15 años y cenas de egresados.
Este decreto busca proteger a los consumidores y organizadores frente a cobros indebidos. Además, quienes hayan abonado estos pagos entre septiembre y noviembre pueden reclamar reembolsos a través de la Dirección de Defensa al Consumidor.
Las autoridades advirtieron que exigir estos pagos podría ser sancionado bajo la Ley de Defensa al Consumidor y subrayaron que no existe facultad para suspender eventos por este motivo. Por otro lado, SADAIC presentó demandas de inconstitucionalidad contra el decreto, generando un conflicto que podría extenderse a nivel nacional.
Mendoza se posiciona como una de las provincias más firmes en la defensa de los consumidores frente a estas prácticas, estableciendo un precedente en el debate sobre los derechos de autor en eventos privados.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando que nos maten? Estamos hartos. En lugar de preocuparse por lo que decimos y mandar al caradura de @M_Saredi a mentir con estadísticas que no le importan a nadie, hagan algo de una vez, @FerEspinozaOK, @Kicillofok. Hace 40 años que gobiernan… https://t.co/vSkAo96VJG
