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Este 30 de noviembre, el municipio entrerriano de Pueblo Belgrano cumplió 39 años, por lo que su intendente, Mauricio Davico, saludó al pueblo mediante una postal por redes sociales. “¡Feliz cumpleaños querido Pueblo Belgrano!”, inició su mensaje el funcionario.
“39 años creciendo en comunidad, rodeados de naturaleza, con el amor, sacrificio y esfuerzo de su gente”, agregó el funcionario de uno de los municipios más ordenados de la provincia de Entre Ríos.
Mauricio Davico, intendente de Pueblo Belgrano, realizó un posteo en redes por el aniversario.
“¡Quiero desearles a todos los vecinos un feliz 39° aniversario!”, cerró su posteo el intendente responsable de la baja de impuestos en su distrito.
En declaraciones a Data 24, Davico aseguró: “Un nuevo aniversario de Pueblo Belgrano es un momento de festejo, celebración y sobre todo encuentro con los vecinos que hacen día a día a la ciudad. Ellos son el motor del pueblo y quienes hacen el gran aporte al crecimiento de la localidad”.
El intendente aseguró que los vecinos son el motor del pueblo y quienes hacen el gran aporte para el crecimiento de la localidad.
Asimismo, señaló que “un aniversario también sirve de momento para hacer balances, mirar hacia atrás y reconocer el camino realizado, con sus virtudes y también con las deudas que nos quedan por cumplir”.
El funcionario afirmó que ser parte de la historia de su localidad es muy gratificante: “Estos últimos años la ciudad creció a pasos agigantados en todos los aspectos y logramos posicionarla como una de las mejores a nivel turístico en la provincia”.
Davico señaló que estos últimos años la ciudad creció a pasos agigantados en todos los aspectos y lograron posicionarla como una de las mejores a nivel turístico en la provincia.
“Pudimos generar más y mejores servicios para todos los vecinos y acompañar el desarrollo de sus emprendimientos. Es un orgullo desarrollar esta tarea y que el ciudadano se sienta cuidado por su representante”, concluyó.
Triple festejo
Por otra parte, también anunció por Instagram un triple festejo este jueves 8 de diciembre: se celebrarán los 39 años de Pueblo Belgrano, se encenderá el arbolito de Navidad con un mágico espectáculo y se inaugurará la temporada turística verano 2023.
Davico anunció por Instagram el triple festejo.
El evento que se realizará en el predio Curva de Fioritto, iniciará a las 18 hs. y contará con una torta gigante para compartir entre todos los vecinos, feria artesanal, coro de niños y Fantasy, un show navideño Además se presentarán el Ballet Cadencia, Mitaí y Marcelo Teubner y su conjunto.
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El Gobierno nacional otorgó una suma fija para todo el personal de las fuerzas de seguridad y de la Armada en actividad. El bono será de $60.000 y alcanza al personal con estado militar de gendarme en actividad de la Gendarmería Nacional, a aquellos con estado policial en actividad de la Prefectura Naval Argentina (PNA), a los oficiales de la Policía Federal Argentina (PFA), al personal con estado policial en actividad de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA); al personal en actividad del Servicio Penitenciario Federal y al personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. Todos ellos dependientes del Ministerio de Seguridad.
Esta suma fija que será “remunerativa, excepcional, por única vez y de percepción única por persona” también le corresponderá al personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas, como así también a los oficiales de la Policía de Establecimientos Navales y al personal civil en actividad de la Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Tal como se establece, el bono se cobrará junto con los haberes correspondientes al mes de septiembre.
“El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente medida será atendido con los créditos que se asigne a la Jurisdicción respectiva del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional”, establece los Decretos 781/2024 y 778/2024, publicados en Boletín Oficial.
REFUERZO EN LOS SALARIOS DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD: LOS MOTIVOS
Con respecto a las fuerzas de seguridad, el Ejecutivo explicó que el propósito de otorgar esta suma es “reconocer y mantener una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación para la correcta ejecución de las actividades encomendadas a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, el Gobierno nacional considera necesaria la implementación de medidas concretas que impacten positiva y directamente en la capacidad adquisitiva de dicho personal”.
A su vez, indicaron que “esta medida tiende a garantizar la igualdad del personal antes mencionado, en relación con las actualizaciones acordadas para el personal permanente y no permanente incluido en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional”.
Por otro lado, el decreto que establece el pago de la suma fija a las Fuerzas Armadas plantea que, “para garantizar el camino de recuperación económica, el Gobierno nacional considera necesario mejorar los ingresos de los trabajadores con el fin de mantener una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación para la correcta ejecución de las actividades que desarrolla el personal involucrado en esta medida”.
NUEVO CAMBIO EN EL COBRO DE LOS SALARIOS DE LAS FFAA
La medida se hizo efectiva dos días después de que el Gobierno publicara un DNU que mejora el tiempo de cobro de los aumentos salariales en las Fuerzas Armadas, puesto que, anteriormente, los uniformados percibían los incrementos con un mes de demora en relación con el resto de los estatales.
Con la firma del total de los ministros del Gabinete nacional, y tras una gestión del Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, el Poder Ejecutivo resolvió modificar la Ley N° 11.672 complementaria de Presupuesto para permitir que las FFAA puedan percibir los aumentos en el mismo mes en el que son otorgados al resto de la Administración Pública Nacional (APN). Se trata de una “demanda histórica” del personal castrense, según señalaron fuentes oficiales.
El Decreto 775/2024, publicado el viernes en el Boletín Oficial, reemplazó el artículo 86 de la Ley N° 11.672, que regula los incrementos salariales en el marco de la negociación colectiva en el Estado nacional. El texto incluye un agregado que extiende estas retribuciones a los militares, con el fin de equiparar la situación con el personal civil de las FFAA que ya gozan de este derecho.
Con la legislación anterior, según explicaron desde el Gobierno, el personal militar cobraba sus aumentos con un mes de demora respecto al resto de los empleados estatales. Esto generaba un perjuicio económico y una pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.
Tras la epidemia que azotó al país el verano pasado y la dificultad de los usuarios para conseguir repelentes, el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Eugenio Casielles pidió implementar políticas públicas que permitan frenar el avance del mosquito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En ese sentido, el legislador se pronunció en sus redes sociales. “¿Y si nos anticipamos esta vez? Estamos en época invernal y es por eso que de dengue se habla poco. Pero lejos estamos de haber solucionado el problema”, comenzó diciendo y precisó que “algunos informes indican que en lo que va de 2024 ya hubo más de 25 mil afectados. Esto triplica lo registrado en 2022/2023 y es más de 8 veces lo que se registró en 2019/2020”.
“Y es lógico. Porque el dengue, sabemos, es algo que vino para quedarse. La cuestión es qué hacemos con eso. Santa Fe, sin ir más lejos, anunció la compra de más de 160 mil vacunas. Córdoba otras 150 mil y más de 60 mil tests”, remarcó Casielles.
Al mismo tiempo que advirtió que “sin embargo, en nuestra Ciudad, que tiene particularidades que la hacen sumamente vulnerable a la proliferación de mosquitos y al desarrollo de la enfermedad, todavía estamos esperando novedades. ¿Qué se va a hacer en cuanto a infraestructura hospitalaria para afrontar lo que se viene? ¿Qué se va a hacer en cuánto a vacunación?”.
“Estamos en agosto y parece que falta mucho, pero la epidemia está a la vuelta de la esquina. ¿No es esta una prioridad?”, sentenció el diputado libertario.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que declara a la educación como “Servicio Estratégico Esencial”, con el fin de garantizar 180 días de clases en las escuelas públicas del país y evitar que los alumnos pierdan días de clases por los paros docentes. La iniciativa recibió 131 votos afirmativos, 95 negativos y dos abstenciones.
El proyecto tuvo el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques aliados del oficialismo como el MID, CREO, Independencia, Producción y Trabajo, y Buenos Aires Libre, en tanto que fue rechazado por el grueso de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.
El documento, que ahora se debatirá en la Cámara de Senadores, estipula un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias que garantice un 30% de presencialidad del personal docente y no docente en los escenarios de paro o cese de actividades.
EDUCACIÓN COMO SERVICIO ESENCIAL: LA EXPLICACIÓN DE ALEJANDROFINOCCHIARO
El impulsor de la ley y presidente de la comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, explicó las bases y los objetivos y señaló una contradicción entre el derecho a huelga y el derecho a los niños a educarse.
“Esta ley dará el marco para que buenos gobiernos puedan revertir la tragedia educativa argentina”, aseguró el diputado del PRO.
Y agregó: “Acá están representados los padres que se dieron cuenta que sus hijos no sabían leer o escribir en pandemia, porque acá proponemos escuelas abiertas”.
¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO EN DIPUTADOS PARA REGULAR LAS HUELGAS DOCENTES?
La iniciativa declara a la Educación como Servicio Estratégico Esencial en todos los niveles y modalidades comprendidas en la obligatoriedad escolar, para garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo.
La iniciativa legislativa propone que, en caso de declararse paro, el 30% del personal de la escuela deberá permanecer en sus puestos durante los dos primeros días de huelga. De esta manera se busca garantizar la continuidad de las clases incluso en días de manifestación.
En caso de que la la medida de fuerza se prolongue por más de dos días, el documento propone un cambio en el porcentaje y este se incrementa al 50%. De esta manera, si bien el proyecto no impide la realización de las protestas, si estipula reglas estrictas sobre las que las mismas deben llevarse a cabo.
En detalle, uno de los artículos también plantea que, a principios de cada año, los equipos de conducción de las escuelas deberán informar a las autoridades sobre la “nómina anual del personal docente y no docente que estará afectado al cumplimiento” de esta medida.
El documento recoge aportes de otras propuestas similares presentadas por diferentes legisladores y llega al recinto luego de ser aprobada en la Comisión de Educación. La iniciativa cuenta con un amplio consenso entre los diputados del PRO, UCR, CC, LLA, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, pero es rechazado por los diputados de Unión por la Patria y la Izquierda, que consideran que, de aprobarse, afectaría al derecho a huelga.
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, dijo que “este proyecto beneficia a toda la sociedad” y agregó que “pone en el centro del debate educativo a los chicos, sin los cuales no habría sistema educativo”. “Tenemos que encontrar un equilibrio entre el derecho a educarse y el derecho a huelga. Claramente en nuestro país en los últimos años hay una colisión entre dos derechos. El derecho de los docentes a ejecutar medidas de fuerza y el derecho de los chicos a educarse”, precisó.
Añadió que el proyecto busca que “en el caso de una medida de fuerza federal, la escuela debe estar abierta, los directivos deben ser responsables de que eso suceda”. “Y que debe haber una guardia de directivos docentes y no docentes que ese día reciban a los chicos que den clase de acuerdo a la organización de la escuela y que además garanticen los otros derechos que hoy garantiza la escuela, como el derecho alimentario”, remarcó.
Desde la oposición, la diputada kirchnerista Blanca Osuna indicó que el proyecto lo único que busca “es regular el derecho de huelga como ya lo ha dicho claramente el informante del oficialismo”. “A nosotros estamos planteando es que eso nos avergüenza”, agregó y señaló: “El verdadero problema es el agravamiento de la situación de hambre y de nutrición lo vemos en cada rincón, en cada centro de salud del país”.
Por su parte, el diputado radical Julio Cobos afirmó que respaldaba este proyecto porque tienen que “hacer todo el esfuerzo posible para que esa relación se mantenga en la cantidad de días establecidos para cumplir con un calendario académico de 180 o 190 días”.
La diputada de izquierda, Vanina Biasi, por su parte, sostuvo: “Nosotros vamos a defender la docencia, el derecho a la protesta. Quienes quieren prohibirlo son los verdaderos responsables de que la educación no sea de calidad en la Argentina”.
La disciplina fiscal es importante, y es verdad que muchas de las desgracias de la Argentina provienen de la irresponsabilidad de muchos políticos que han impreso dinero para pagar gastos, haciendo que los argentinos vivan con el cáncer de la inflación. Toda esta metodología nefasta empezó, cuando no, con Perón, quien en su primera presidencia cambió la carta orgánica del Banco Central para poder imprimir billetes. Luego, a pesar de haber recibido un país con reservas récord, declaró el default. En la Argentina de antes de Perón no se imprimía dinero. Usando la denominación de Milei podríamos decir que Perón fue el primer degenerado fiscal (también era degenerado a secas y se acostaba con una chica de 14 años).
Es cierto que la disciplina fiscal es clave. Pero me preocupa la búsqueda de la disciplina fiscal olvidando la empatía. Un presidente no puede ser sólo un contador preocupado por las cuentas; para eso está el ministro de Economía. El presidente tiene que tener empatía con la gente y, en especial, con los que lo están pasando peor. El caso de los jubilados es paradigmático.
No hay sector más vapuleado que el de los jubilados. Son un caso especial, también, porque son personas que trabajaron muchos años y le dieron su dinero al Estado para que se lo devuelva después con la jubilación. Un jubilado no es un “planero” ni alguien que se jubiló sin aportes; es alguien que puso su dinero y que, si no lo recibe de manera justa, está siendo estafado. Ese hecho, sumado a que un grupo de jubilados (los de mayor edad) no pueden esperar demasiado, lleva a una situación de particular complejidad. La búsqueda de la disciplina fiscal no puede estar desligada de la empatía y de la compasión por los que sufren.
El presidente no les habla a los jubilados, no les dice cuándo se podrá votar una ley que los beneficie y los saque de cobrar sumas que dan vergüenza. Las palabras y las promesas ayudan a sentirse acompañado. No es poca cosa: Argentina es un país donde la clase media está desamparada. Los ricos no tienen problemas, y los muy pobres cobran un plan que, muchas veces, es más de lo que cobran los jubilados. La clase media paga el ajuste y, para esta administración, son invisibles. Entre los tantos asesores que tiene Milei, debería haber alguno que le diga que tener empatía con los que lo pasan mal forma parte de la tarea de gobernar. Se puede cuidar la disciplina fiscal y ser empático con los que sufren.
El sistema jubilatorio está quebrado y lo que necesitan los jubilados es que se trabaje en un sistema nuevo. No se debe prestar atención a los que hacen demagogia con los jubilados, pero sí hablarles y explicarles que es necesaria una reforma del sistema, ya que el actual no tiene viabilidad porque el peronismo usó las cajas jubilatorias para beneficio político.
Hay que recordar cómo el delincuente de Boudou nos robó la plata a los que habíamos optado por la jubilación privada y con toda esa plata hicieron un desastre. El gobierno tiene la posibilidad de plantear una reforma y hablarles a los jubilados con respeto. Esto es especialmente importante cuando uno ve que los más grandes degenerados fiscales siguen haciéndose ricos gracias al gobierno. ¿Por qué no elimina el gobierno el infame régimen de Tierra del Fuego, donde los amigos del poder no pagan impuestos? No producen ningún producto sofisticado, ni medicamentos, ni nada que justifique que no se paguen cifras enormes de impuestos, y solo un par de empresarios se hacen ricos con ese régimen. Uno de esos empresarios se apellida, casualmente, Caputo.
Cuando dicen que quieren 100 millones extra para la SIDE (para el aparato comunicacional del gobierno), también muestran, obscenamente, que para la política siempre hay plata. Mientras tanto, se empieza a notar cierta lentitud en el cierre de organismos. En la Televisión Pública (que nadie ve) siguen gastando dinero, y hay muchas empresas públicas que siguen abiertas cuando la promesa era cerrarlas. La Televisión Pública es un antro K que nadie ve y que fue una de las primeras cosas que Milei prometió cerrar. Los impuestos no bajan y el cepo sigue, con lo cual nadie invierte en Argentina. Hace falta que se implementen más de las medidas que Milei prometió en campaña. La motosierra se está apagando.
Otro factor irritante es la impunidad judicial que hay con los corruptos. ¿Quién protege a Insaurralde, que solo ha hecho política en su vida y es millonario? ¿Por qué no se investiga a Massa y a todo su equipo por las barbaridades que hicieron durante su gestión en Economía? ¿Por qué siguen defendiendo a Lijo, que es rico y tuvo actitudes dudosas en casos como el de YPF? ¿Por qué no echan a los miles de La Cámpora y de massistas que aún están metidos en el Estado? El Estado argentino está lleno de militantes y de amigos y amigas del poder. El patetismo de Alberto Fernández dándole cargos a las chiruzas que le hacían favores sexuales es, amplificado, lo que pasa en todos los municipios y provincias gobernados por el PJ.
La clase media y los jubilados deben sentir que no están solos haciendo el ajuste. Nunca hay que olvidar que mucha gente votó a este gobierno como el mal menor frente a Massa. Muchos dijimos públicamente que por eso había que votarlos.
Si el camino va a ser duro, el gobierno debe mostrar empatía con las clases medias y los jubilados. El liberal tecnócrata que no tiene sensibilidad es inofensivo en los países ricos. En los países pobres como Argentina, quedan desubicados. La empatía con los que sufren es una característica de los buenos liberales. Es muy importante que a este gobierno le vaya bien, por eso está bien que muestre los horrores del pasado para explicar este presente espantoso que viene de años de desastre peronista. La inflación va bajando, y eso es un logro, pero nadie explica cómo se sale de la recesión.
Y si hay que sufrir, tienen que sufrir todos. Los amigos del poder y los corruptos tienen que pasarlo muy mal. Si esto no sucede, lo pasan mal solo los buenos, y eso, les aseguro, además de injusto, es violento.
La Ciudad no acepta cubrir el subsidio que quitará Javier Milei para los colectivos y el boleto en las líneas porteñas se iría a 642 pesos.
Hoy el costo del viaje en colectivo en las 31 líneas de jurisdicción nacional pero que tienen recorrido solo por dentro de la Ciudad de $863. De ese importe, el pasajero paga $371, la Nación aporta en subsidio $271 y el gobierno porteño aporta $221.
Al retirarse el aporte de la Nación, como la Ciudad mantiene su parte del subsidio actual, el Gobierno Nacional debería establecer una nueva tarifa en $642 para sustituir la quita del subsidio nacional.
“Sin dudas el Gobierno Nacional tiene la potestad de bajar o eliminar subsidios al transporte público de Colectivos en el Amba, también tiene la responsabilidad de definir la tarifa, la habilitación, los recorridos, etc.”, comentaron fuentes del gobierno porteño.
“Lo que el Gobierno Nacional no puede hacer es quitar los subsidios sin corregir las tarifas. No hay pensamiento mágico en esto, o hay subsidio o hay tarifa. Una u otra decisión son potestad plena y exclusivas del Gobierno Nacional”, dicen en la Ciudad.
En el entorno de Jorge Macri se quejan de que el gobierno nacional pretende dejar de aportar a los subsidios de las 31 líneas de colectivos que circulan por la Ciudad, pero mantener el poder de fiscalización de todo el servicio y fijar las tarifas y los montos de las compensaciones, que pretende que sean soportadas por la Ciudad.
“Es decir, la Nación decide todo y quiere que la Ciudad pague las consecuencias de sus decisiones”, protestan en la Ciudad. Lo mismo asegura el gobierno bonaerense. El razonamiento de Jorge Macri (al igual que el de Kicillof) es que Milei no les quiere dar los subsidios pero quiere que asuman ellos el costo para que no suba el boleto y no se dispare la inflación.
La provincia de Salta reafirmó su decisión de cobrar la atención médica a ciudadanos extranjeros en sus hospitales, a pesar del pedido del consulado boliviano para revisar la medida. La cónsul de Bolivia, Felipa Huanca, solicitó al gerente del Hospital San Vicente de Paul, Fabián Valenzuela, que se consideren nuevos convenios para establecer un arancel diferencial para los bolivianos, argumentando que reciben numerosas quejas por el reciente cobro. Sin embargo, Valenzuela indicó que la solicitud “estaba fuera de lugar” y no podía prosperar.
El cobro a extranjeros fue implementado por un decreto del gobernador Gustavo Sáenz y ratificado por la Legislatura salteña. La medida busca cubrir los costos de atención médica, aplicando tarifas para tratamientos específicos y cirugías, mientras que las emergencias que comprometan la vida siguen siendo gratuitas. Valenzuela también informó que, tras la implementación de los aranceles, la cantidad de pacientes extranjeros se redujo drásticamente, pasando de 300 a solo 5 personas por semana en su hospital.
En el departamento de Orán, fronterizo con Bolivia, la medida permitió ahorrar 60 millones de pesos en el área de salud en lo que va del año. “Mientras esté vigente la medida, no tenemos otra alternativa que hacer cumplir la ley”, subrayó el responsable del hospital local, respaldando la aplicación de la Ley Provincial 8.421.
La política de cobro fue impulsada después de que varios argentinos fallecieran en Bolivia al ser rechazados por no poder cubrir los costos médicos. Esto llevó al Gobierno de Salta a revisar los convenios de reciprocidad con Bolivia. “Allá te cobran absolutamente todo, de hecho han fallecido pacientes en la puerta del hospital porque no han querido atenderlos”, denunció el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione.
Los aranceles fijados en abril incluyen $100.000 por día de internación, $250.000 por terapia intensiva y $245.000 por parto. Estas cifras fueron actualizadas en un 20% en el segundo semestre del año, y se espera que la medida siga vigente a pesar de las peticiones del consulado boliviano.
No conozco jubilados que prendan fuego tachos, les peguen a la policía y marchen encapuchados. Esta es la máxima expresión de militantes políticos que solo buscan el Kaos. pic.twitter.com/KLZajYzTa4
