25 octubre, 2024

Pedro Mezzapelle y el monopolio de la mafia del Puerto marplatense

El sindicalista de empleados mercantiles sigue en pie, con apoyo del radicalismo y cierto sector gremial.
10 Years Experiences

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Pedro Mezzapelle, titular honorario de la obra social y el Sindicato de Empleados Mercantiles, continúa muy ligado al gremialismo desde antaño. Su avanzada edad pareciera dejarlo a un costado, sin embargo está más vigente que nunca con sus mañas.

Hombre muy cercano al radicalismo, tiene como pata principal suya al legislador provincial Maximiliano Abad. Durante la campaña del año 2019, se mostró muy cercano y llegó a lanzarle flores con declaraciones a falta de memoria, según se entendía.

Fuentes oficiales indican que Mezapelle, en su gestión delante de Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles, “se robó todo y no dejó un mango”. Por lo que afirmarían la presencia de una cueva repleta de dicha riqueza, en la zona de 25 de Mayo y Salta, donde era la ubicación de su casa.

Mezzapelle
Ni siquiera cuenta con un “retiro” de forma momentánea

Desde Data24, nos encargamos de investigar en profundo la situación actual de dichos negociados. Ahora bien, se pudo confirmar que OSESAC tiene un peón de batalla consigo como lo es la actual subsecretaria general Graciela Colaizzo, quien acompaña en fórmula al titular Guillermo Bianchi de la agrupación Unidad Mercantil.

A su vez, se han mantenido algunos nombres propios, pero con la delicadeza de movilizarlos hacia otros puestos. Asimismo, con la idea de no perturbar algunas cuestiones y que queden ventiladas. Sin ir más lejos, se encuentra el ejemplo de Roger Zumpano, quien ocupaba en el sindicato la Secretaría de Prensa, para actualmente ser removido hacia la Secretaría de Previsión.

Mezzapelle poco pudo desorganizarse de todo, ya que hasta le han mostrado cariño en las redes sociales tras su “retiro” momentáneo. Ese mismo el cual se le habría ido de las manos con algunas mujeres, las cuales lo acusaron por diversos medios ante la posibilidad de acoso sexual.

El diputado Maximiliano Abad defendiendo al mafioso sindicalista

El zorro pierde el pelo, pero no las mañas

En 2018, el histórico dirigente sindical mercantil Armando Cavalieri fue imputado por defraudación por administración fraudulenta debido a supuestas maniobras irregulares, en el marco de la causa de la financiera Cordubensis (CBI). En la misma causa, resultó culpable Mezzapelle, también fueron autores del delito los dirigentes Carlos Alfredo Bélz, Daniel Andrés Ruberto, José Luis Oberto y Carlos Alberto Restivo, aunque ninguno fue detenido.

Según la descripción de los hechos formulada por el fiscal federal Enrique Senestrari, el grupo de directivos, ideó una maniobra para defraudar a la entidad. Estos contaron con la asistencia de empresas creadas por terceros no identificados para actuar como prestadores de salud (Fundapresa) y funcionar como intermediarios en el sistema de salud. En principio, la obra social habría pagado a supuestos prestadores por prácticas que no se habrían brindado.

Los directivos, según la acusación, libraron cheques “no a la orden” o “no negociable” de las cuentas corrientes en la sucursal Plaza de Mayo del Banco Nación para “pagar un lucro indebido”. Si bien se sostiene que el importe de la presunta defraudación no está especificado, se indica más adelante que entre septiembre de 2010 y agosto de 2012 esa suma superó los 53 millones de pesos.

Ulises Catriel Cuenca

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ENTRE RÍOS | Diputados publicó datos sobre empleados, contratos y subsidios, con una fuerte reducción en 2024

La Cámara de Diputados de la provincia brindó información sobre empleados de planta permanente, contratos de obra, de servicios y subsidios otorgados entre los años 2022 y 2024. Esta medida, liderada por el presidente de la Cámara, Gustavo Hein, representa una importante medida en el proceso de transparencia y reordenamiento institucional que la gestión del gobernador Rogelio Frigerio impulsó desde su inicio.

Hein destacó el compromiso de su administración con la transparencia y el acceso a la información pública, afirmando que “los entrerrianos nos eligieron para que realicemos una transformación real; no se hace en un día, pero estamos dando pasos firmes en ese sentido”.

– El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio

Uno de los aspectos más destacados de la información publicada es la notable reducción en la cantidad de contratos y subsidios otorgados por la Cámara de Diputados. En comparación con los años anteriores, los números revelan una disminución significativa en diversas áreas.

Por ejemplo, en el caso de los contratos de obra, la cifra se redujo de 909 agentes en 2023 a solo 325 en 2024. Esta drástica disminución, recordaron las fuentes oficiales, es parte del proceso de reordenamiento interno que busca optimizar el uso de los recursos disponibles y evitar contrataciones innecesarias. En una conferencia de prensa, el presidente de la Cámara enfatizó la necesidad de “transitar liviano” y aclarar que las decisiones de contratación y asignación de recursos deben ser justificadas y transparentes.

Los contratos de servicios, por su parte, se han mantenido relativamente estables, con 15 contratos en 2024, la misma cantidad que en 2022, pero con un ligero aumento en 2023 cuando se registraron 18 contratos.

En cuanto a los subsidios otorgados, la reducción fue aún más drástica. Mientras que en 2023 se otorgaron 823 subsidios, en lo que va de 2024 apenas se registraron 9.

LOS DATOS DIFUNDIDOS POR EL GOBIERNO ENTRERRIANO

TransparenciaCDER-1

Agentes de Planta Permanente:
– 2022: 119 Agentes (al 31/10/2022)
– 2023: 165 Agentes (al 31/10/2023)
– 2024: 157 agentes (al 31/03/2024)

Contratos de Servicios realizados:
– 2022: 15 (al 31/10/2022)
– 2023: 18 (al 31/10/2023)
– 2024: 15 (al 31/03/2024)

Contratos de Obra:
– 2022: 744 agentes (al 31/10/2022)
– 2023: 909 agentes (al 31/10/2023)
– 2024: 325 agentes (al 31/03/2024)

Subsidios otorgados:
– 2022: 177 (al 31/10/2022)
– 2023: 823 (al 31/10/2023)
– 2024: 9 (al 31/03/2024)

Redacción

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Polémica alianza entre libertarios y kirchneristas para frenar el proyecto que termina con la reelección en los sindicatos

La UCR, Pro y la Coalición Cívica impulsan iniciativas para restringir la “cuota solidaria” y limitar las reelecciones sindicales pero en el oficialismo dicen que “no es el momento” y en línea con el kirchnerismo, anunció que no acompañaría por el momento el dictamen para reformar la ley de Asociaciones Sindicales que buscaba limitar el poder de los gremios.

La firma del dictamen en la Comisión de Legislación del Trabajo, donde se esperaba avanzar con un proyecto común entre la UCR, Pro y la Coalición Cívica (CC) que buscaba modificar el modelo sindical, sobre todo en lo relativo a la recaudación y a la democracia interna de las organizaciones, se postergó a raíz de ese acuerdo.

Lamentablemente, el Gobierno cachetea a [Pablo] Biró -secretario general del gremio de pilotos de Aerolíneas Argentinas (APLA)- para la foto, pero después se da vuelta y se abraza a los Gordos de la Confederación General del Trabajo (CGT)”, consideró Martín Tetaz, diputado de la UCR y presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo.

“Es lamentable porque este es el cambio que necesita la Argentina: frenar la reelección de los sindicalistas, más libertad en las obras sociales, transparencia en los fondos de los sindicatos. No sé cuál es el cambio que venían a hacer”.

Las iniciativas apuntan a determinar las condiciones para integrar los órganos directivos de los sindicatos, limitar los mandatos de los delegados, definir la periodicidad del llamado a elecciones en los gremios, incorporar el criterio de paridad de género y eliminar las “contribuciones solidarias” para los no afiliados, un descuento salarial compulsivo a todos los trabajadores de una actividad que es pactada en los convenios colectivos y que es hoy uno de los principales sostenes económicos de los gremios.

Estas reformas son fuertemente resistidas por la CGT y las dos vertientes de la CTA, que ven amenazado como nunca antes su poder de caja y representación.

Sin el acompañamiento de los cinco libertarios que conforman la Comisión de Legislación del TrabajoPablo Ansaloni, Manuel Quintar, Marcela Pagano, Alida Ferreyra y Lorena Villavede-, se obstruyó la firma de un dictamen. Con 12 representantes, la CC, el Pro y la UCR necesitaban del aval del oficialismo para obtener la mayoría de los 31 miembros.

Los diputados del bloque de Unión por la Patria (UxP), que también ofician como dirigentes sindicales, ya habían anticipado su rechazo a los proyectos que apuestan a limitar y transparentar el poder de los gremios. En tándem con los referentes de la CGT, aceleraron las conversaciones con todos los miembros de la comisión para frenar la avanzada.

“[Héctor] Daer también jugó fuerte hablando con los diputados que él conocía y supongo que con [Guillermo] Francos en el gobierno”, confirmó uno de los legisladores kirchneristas. En el oficialismo niegan rotundamente cualquier acuerdo con la bancada liderada por el santafecino Germán Martínez.

Miguel Ángel Pichetto ofició a favor de los gremios y evitó que avance la reforma sindical. El líder de Encuentro Federal fue el principal detractor de los cambios laborales que había impulsado el bloque radical durante la discusión de la Ley Bases. El experimentado legislador hace un delicado equilibrio y prioriza la institucionalidad. Antes que cualquier reforma de peso, pretende sancionar el Presupuesto 2025.

El oficialismo justificó su decisión con el argumento de estar disconformes con la conducción de Tetaz, quien hace más de dos meses está al frente de la puesta en común de un texto que aglutine a los 26 proyectos en discusión. “Nunca nos llamó”, brama un referente del bloque libertario sobre el legislador radical, quien subrayó el vaivén de vínculo de la UCR con el Gobierno.

“Es un proyecto nuestro, nosotros impulsamos esta reforma”, señalan en el oficialismo. No descartan impulsar su propios cambios en el corto plazo. El primer intento del Gobierno fue en el capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei, que está suspendido a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia.

“Esta claro que este Gobierno está asociado, como el anterior, a las mafias sindicales”, bramó Mónica Frade, de la Coalición Cívica, al enterarse de la postergación de la reunión.


Redacción

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La Libertad Avanza presentó en CABA una versión de la “Ley Bases”

Siguiendo la línea a nivel nacional del presidente Javier Milei, el bloque de La Libertad Avanza presentó una propia versión de la “Ley Bases”. El objetivo de este ambicioso proyecto es ajustar el gasto del gobierno porteño para luego poder bajar impuestos. En ese sentido, la propuesta prevé eliminar en un 50% los cargos políticos y reducir el personal de la administración pública.

Con el fin de eficientizar los servicios y reducir el gasto, se propone privatizar empresas públicas como Autopistas Urbanas S.A (AUSA), Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y Subterráneos de Buenos Aires S.E. En ese sentido, también se hará una revisión de los bienes del estado para poder realizar concesiones o, de ser conveniente, poner a la venta esos mismos bienes.

La ley propone, en el caso de la salud, implementar un sistema de compensaciones para cubrir los costos de atención médica a extranjeros no residentes de la Ciudad, en caso de emergencia la cobertura estará garantizada. En el caso de ser un argentino con residencia en otra provincia, se busca promover acuerdos mediante convenios interjurisdiccionales que permitan la atención a estas personas.

En el aspecto de seguridad, la iniciativa establece que si un menor de 13 años se encuentra en una marcha o movilización sin la presencia de sus padres o tutores, o se encuentre en una situación de peligro que atente contra su integridad física, la autoridad pública que constate este hecho deberá dar aviso inmediato al Organismo de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de CABA. 

Además, las organizaciones sociales que realicen manifestaciones en la via pública deberán hacerse cargo de los costos del operativo y de los daños que ocasionen tanto en el espacio público como privado a la hora de manifestarse, afirma el proyecto de ley.

Redacción

info@data24.com.ar

Socios de Baradel extorsionan al gobierno de Entre Ríos y complican el acuerdo docente

El sindicalismo vernáculo que se encolumna detrás de la “lucha docente” pone palos en la rueda a las negociaciones salariales en la provincia de Entre Ríos. La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) llevó a cabo un paro de 48 horas, pese a que los propios dirigentes del gremio habían aceptado previamente la última oferta del gobernador Rogelio Frigerio.

Este año, las paritarias docentes arrojaron un aumento del 104%, en contraste con una inflación acumulada del 94,75%. No obstante, el panorama era distinto durante el último año de la gestión kirchnerista, cuando el exgobernador Gustavo Bordet también acordó un incremento del 104%, pero frente a una inflación del 211,14%.

Nueve días antes de las medidas de fuerza, el secretario general de la AGMER, Marcelo Pagani, celebró el aumento remunerativo del 6,5% para los próximos tres meses. “Conceptualmente, era lo que estábamos planteando, hay una pauta salarial que reconoce los primeros cuatro meses y había una exigencia para equiparar el salario una vez conocidas las inflaciones de diciembre y enero”, manifestó en diálogo con la Agencia de Noticias de Entre Ríos.

– Marcelo Pagani, secretario general de la AGMER

De manera similar, Andrés Besel, secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), consideró la propuesta del gobierno provincial “mucho más consciente que las anteriores, es más amplia y contenedora a las expectativas”.

Pese a estas manifestaciones de acuerdo, horas más tarde, los gremios anunciaron la convocatoria a paro, generando desconcierto e indignación entre los ciudadanos. Este giro se produjo poco antes de que Frigerio decidiera restituir el Fondo de Incentivo Docente (FONID) con recursos provinciales, lo que representó una inversión de 70 mil millones de pesos destinados a mejorar los salarios docentes.

DISCÍPULOS DE ROBERTO BARADEL

El gobierno provincial presentó cinco propuestas salariales desde el inicio del conflicto. La primera, ofrecida el 23 de julio, fue rechazada por AGMER, que la consideró “distorsiva e insuficiente” y decretó cuatro días de paro. Las siguientes ofertas, presentadas el 30 de julio y el 9 de agosto, corrieron la misma suerte, con nuevas medidas de fuerza decretadas por el gremio.

Ante los sucesivos rechazos, el gobierno decidió el 18 de agosto aumentar los salarios por decreto para evitar que los docentes se quedaran sin el beneficio. A partir de allí, se dictó la conciliación obligatoria y se presentaron dos ofertas adicionales, el 17 y el 20 de septiembre, ambas también rechazadas.

– De izquierda a derecha. Marcelo Pagani; Sonia Alesso, secretaria General CTERA; Hugo Yasky, actual diputado kirchnerista e histórico dirigente de CTA y CTERA; Roberto Baradel

La relación de Roberto Baradel, líder de SUTEBA en la provincia de Buenos Aires, con el secretario general de AGMER, Marcelo Pagani, parece explicar la intransigencia de la postura sindical en Entre Ríos. Esta relación preocupa a los sectores docentes que abogan por despolitizar la negociación salarial y llegar a un acuerdo definitivo.

A finales de 2021, por ejemplo, Roberto Baradel fue invitado de honor en el acto de asunción del segundo mandato de Pagani al frente de AGMER, lo que consolidó los vínculos entre ambos líderes gremiales.

Otro referente de AGMER relacionado a Baradel es Guillermo Zampedri, quien la semana pasada anunció un paro de cinco días tras rechazar la quinta propuesta gubernamental. “Esto es simple, se destraba poniendo plata”, amenazó en declaraciones a medios locales, criticando también las políticas nacionales y provinciales de Javier Milei y Rogelio Frigerio. “Desde AGMER entendemos que los rechazos de la oferta se deben al malestar general que tiene la docencia entrerriana por la pérdida escandalosa de salario que hemos tenido en los nueve meses de gobierno de Milei y Frigerio”, expresó.

– Guillermo Zampedri, pechera de AGMER, CTERA y CTA

El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, describió las dificultades en las negociaciones: “Formé parte de muchas negociaciones y nos decían: ‘queremos esto’, lo ofrecíamos, iban a Congreso y después nos decían ‘queremos esto también’. Ofrecíamos eso, estaban contentos, pero volvían a pedir otra cosa. Nos iban corriendo el arco. Así que entiendo que cuando declaran medidas de fuerza tengan que retrotraerlas, pero tengo la confianza y convicción de que hicimos una propuesta muy buena. Cumplimos absolutamente con todos los puntos que el sindicato nos venía pidiendo”.

Finalmente, Troncoso cuestionó los verdaderos intereses detrás de las medidas: “Si no es esto, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué intereses se esconden realmente? Por eso hablamos de la politización de estos reclamos. Una cosa es defender los intereses de los trabajadores y otra es pretender horadar políticamente a un gobierno provincial, y eso es lo que nos preocupa”.

– De izquierda a derecha. Marcelo Pagani; Julio Panceri, ministro de Hacienda y Finanzas; Susana Cogno, vocal Gremial ante el Consejo General de Educación y Manuel Troncoso durante una reunión en la que el síndico de AGMER destacó la “vocación de diálogo constructivo y serio, buscando una síntesis entre el Gobierno y el sindicato. Esta forma constituye la mejor alternativa para superar este momento”. Enero 2024

En sintonía con el ministro Troncoso, el diputado provincial Marcelo López se mostró confuso con el ida y vuelta sindical: “No sabemos a qué obedece ese cambio de opinión ni cuáles son las verdaderas motivaciones de estas medidas tan perjudiciales. Es algo inédito que fracase una conciliación obligatoria, aseveró luego. E hizo notar que “todo este tiempo fuimos cediendo y parece que nada alcanza”.

Redacción

info@data24.com.ar

El Gobierno no financiará las elecciones internas del PJ y solo ofrecerá 3.200 urnas

Desde la administración de Javier Milei se informó que el Estado no destinará fondos para cubrir el costo del proceso, calculado en al menos 500 millones de pesos. Como único aporte, el Ejecutivo se comprometió a proveer 3.200 urnas, cifra que el PJ considera insuficiente para un padrón que supera los 3 millones de afiliados.

Fuentes de la Jefatura de Gabinete, bajo la órbita de la Secretaría de Interior dirigida por Lisandro Catalán, confirmaron que no habrá financiamiento estatal para esta contienda interna. “Estamos dispuestos a poner unas 3.200 urnas, pero no dinero de todos los argentinos”, señalaron.

– Lisandro Catalán junto al jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos

El Partido Justicialista, dividido entre dos listas principales —una encabezada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la otra por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela—, deberá ahora buscar alternativas para cubrir los gastos del evento, que incluirán la logística, el pago de autoridades de mesa y la impresión de boletas.

La cifra ofrecida por el Gobierno resulta especialmente problemática si se compara con las 108.000 urnas utilizadas en el balotaje de las elecciones presidenciales de 2023, lo que generó dudas sobre la viabilidad de los comicios internos.

Según estimaciones, el despliegue necesario para llevar adelante esta elección interna requerirá un mínimo de 30.000 urnas. “Con esa cantidad de urnas será imposible. Como mínimo deberían ser más de 30 mil”, advirtieron desde uno de los sectores cercanos a Cristina Fernández de Kirchner.

– Cristina Kirchner y Ricardo Quintela

La interna justicialista, que se celebrará en coincidencia con el Día de la Militancia, plantea un desafío financiero considerable. A pesar de que todos los partidos reciben financiamiento público para su desenvolvimiento institucional, el dinero destinado al PJ a nivel nacional, que para 2024 es de 34 millones de pesos, no es suficiente para cubrir los altos costos de la elección.

El Fondo Partidario Permanente, distribuido en julio de 2024, otorgó a las provincias montos que van desde los 63 millones de pesos para Buenos Aires hasta menos de un millón para las provincias más pequeñas, como Tierra del Fuego y Santa Cruz. Sin embargo, estas asignaciones son para todo el año y “no alcanzan” para solventar la organización de una elección de esta magnitud. Una de las opciones que baraja el PJ es solicitar un adelanto de fondos partidarios, aunque aún no está claro si esto será factible antes de la fecha prevista para los comicios.

LAS TENSIONES INTERNAS PODRÍAN DERIVAR EN UNA POSTERGACIÓN DE LOS COMICIOS

La negativa del Gobierno causó un profundo malestar dentro del PJ. Sectores cercanos Cristina expresaron que “Milei quiere recortar también la democracia”. Además, el panorama logístico es incierto. Todavía no se determinó en qué lugares se realizarán las votaciones, lo que complica la organización, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso, donde el PJ cuenta con numerosos afiliados.

En este contexto, los apoderados de ambas listas no descartan una postergación de la elección hasta marzo de 2025, aunque prefieren mantener la fecha actual para evitar que los comicios coincidan con el año electoral de medio término.

El caso del radicalismo, que recientemente llevó a cabo elecciones internas en la provincia de Buenos Aires con una participación de 80.000 afiliados y un costo cercano a los 300 millones de pesos, sirve como punto de referencia para el PJ. Sin embargo, las diferencias en la escala de votantes y la falta de recursos en el justicialismo sugieren que la interna será considerablemente más costosa y compleja.

– El costo estimado de la elección del PJ se sitúa alrededor de 500 millones de pesos, y el Gobierno no está dispuesto a colaborar con el financiamiento

Gerardo Scherlis, especialista en procesos electorales y profesor de la Universidad de Buenos Aires, advirtió sobre la magnitud de la logística que se necesitará para movilizar a los votantes peronistas: “Va a ser una interna muy costosa y no se habla mucho de dónde va a salir la plata para cubrir todos los gastos”. Aunque todos los partidos cuentan con financiamiento público para procesos de selección interna, la cantidad disponible no es suficiente para garantizar una elección sin contratiempos.

Mientras tanto, los equipos de campaña de ambas listas ultiman detalles contrarreloj. Por el lado de Fernández de Kirchner, la senadora Anabel Fernández Sagasti, el ex titular de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, y la dirigente Teresa García lideran la organización. En tanto, los representantes de Quintela, Daniel Llermanos y Jorge Yoma, convocaron a la Junta Electoral para exigir transparencia y participación garantizada en el proceso.

Redacción

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ENTRE RÍOS | Frigerio presentó el Presupuesto 2025 con aumentos en educación, seguridad y obra pública

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, presentó el Presupuesto 2025 en la Cámara de Diputados de la provincia. El proyecto incluye una inversión sin precedentes en obra pública y significativos incrementos en las áreas de salud, educación y seguridad. La medida se enmarca bajo el manto de una política de austeridad, eficiencia y baja de impuestos, con el objetivo de equilibrar las finanzas provinciales, reducir el déficit y fomentar el desarrollo.

El presupuesto provincial es “la ley de leyes. Define cuáles van a ser las prioridades de la
gestión”
, comenzó diciendo el mandatario, quién resaltó que es “la primera vez que se presenta de forma totalmente digital”.

Presupuesto 2025

Presupuesto-General-de-la-Administracion-Provincial

La medida prevé destinar más del 8% del gasto a la obra pública, duplicando el promedio del 4% de los años anteriores. También se anunció un incremento del 3,58% en salud; un 2,78% en educación y un 1% en seguridad. Frigerio destacó además que, a pesar de enfrentar un 20% menos de ingresos en comparación con el año 2023, su administración logró mantener los servicios esenciales y reducir la deuda en dólares heredada (pasará del 96% en 2023 al 88% proyectado para 2024).

Inversión en obra pública: “Resolvimos la deuda heredada”

La pieza central del presupuesto es la inversión en infraestructura, que alcanza el 8,4% del gasto total provincial, marcando un hito histórico en la gestión de obras públicas. Las partidas se enfocarán en la mejora de escuelas, rutas y hospitales, con la meta de impulsar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Frigerio enfatizó la importancia de esta inversión para el futuro de la provincia: “El verdadero desarrollo se logra con más y mejor educación pública, con más y mejor salud pública, garantizando la seguridad, sacándole el pie de encima al sector privado y haciendo las obras de infraestructura necesarias para impulsar la producción y la industria”, enfatizó.

Aumentos en educación, salud y seguridad

Otra de las prioridades es el refuerzo de las áreas de salud, educación y seguridad. En su discurso, explicó que la salud recibirá un incremento del 3,58% que permitirá mejorar la atención en hospitales y en centros de atención primaria. La educación, por su parte, verá un aumento del 2,78% para mejorar la infraestructura escolar y garantizar que los docentes reciban un salario competitivo. En cuanto a la seguridad, el presupuesto asignará un 1% más, centrado en fortalecer las Fuerzas de Seguridad y su equipamiento.

El presupuesto entrerriano contempla entrar en vigor entre medidas de austeridad que buscan optimizar el gasto. Entre las acciones implementadas se encuentran la reducción de impuestos, la eliminación de los gastos reservados, la reducción de la planta de vehículos oficiales y el control de ausentismo de empleados públicos. Frigerio subrayó la importancia de estas medidas para garantizar que “cada peso sea utilizado en beneficio de los entrerrianos”.

Otro de los logros destacados fue la reducción de la deuda en dólares, que pasó del 96% en 2023 al 88% proyectado para 2024. El gobierno cumplió con los vencimientos de deuda sin necesidad de recurrir al default, a pesar de enfrentar un 20% menos de ingresos que en 2023.

Frigerio también se refirió a las gestiones que su administración está llevando a cabo ante el Gobierno Nacional de Javier Milei y organismos multilaterales para acceder a financiamiento destinado a grandes obras de infraestructura, por un valor cercano a los 600 millones de dólares. También dio protagonismo a las “batallas” que está librando para recuperar fondos, entre ellas, las presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia por el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones y los excedentes de Salto Grande.

Metodología “Base Cero”

El Presupuesto fue elaborado bajo la metodología “Base Cero”, una herramienta que permite evaluar la eficacia de los programas existentes y priorizar aquellos que generen un mayor beneficio para la población. Según el secretario de Finanzas de Entre Ríos, Uriel Brupbacher, esta metodología implicó un análisis profundo de cada política pública que permitió optimizar el uso de los recursos y garantizar una gestión eficiente.

“Es una mirada introspectiva que permitió eliminar programas que no se ejecutaban o no tenían sentido”, explicó el funcionario, quien destacó que mencionada herramienta fue clave para la elaboración de un presupuesto equilibrado y ajustado a las necesidades reales de la provincia.

Redacción

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