Neme avanzó con la impugnación a la candidatura de Insfrán: “No puede quedarse como un monarca hasta que muera”
Formosa | La diputada provincial de Juntos por el Cambio y precandidata a intendente Gabriela Neme avanzó con el pedido de impugnación a la candidatura de Insfrán, quien está frente al mando de la provincia desde 1995.
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Tras haberse conocido que Gildo Insfrán iría por la reelección en la provincia de Formosa, donde lleva gobernando más de 25 años,Gabriela Neme decidió impugnar su candidatura para evitar otro nuevo periodo de cuatro años más, con el que acumularía su octavo mandato consecutivo.
Cabe destacar que, la semana pasada el precandidato a gobernador de JxC Fernando Carbajal realizó un pedido con el mismo objetivo al que se sumó Neme. En ese contexto, la precandidata a intendente expresó que hay un “claro abuso de poder” por parte del Gobernador quen somete “a la mayoría del pueblo formoseño”. “Requerimos que la Justicia se pronuncie en defensa de nuestra ley Suprema, que es la Constitución”, sumó.
Luego de la presentación de la candidatura de Insfran, presentamos la impugnación a su candidatura en el tribunal electoral, para luego realizar el accionar jurídico en la Corte Suprema. La República y la Democracia se defienden con la vida. ¡Basta de dictadura! pic.twitter.com/prwN0O7jhr
En diálogo con radio Delta 90.3, la diputada provincial dio tristes detalles de cómo el ciudadano formoseño es sometido con dádivas a vender su voto: “El formoseño vota pensando en qué va a comer mañana porque ya no tiene proyectos, hasta eso nos robó Insfrán. No hay un solo formoseño que no tenga un pariente que viva del Estado”.
Ante la posibilidad de que Insfrán adopte un discurso similar al de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, condenada por malversación de fondos públicos, Neme analizó: “Insfrán para nada va a ser proscripto porque estuvo 36 años en el gobierno, no puede quedarse como una monarquía hasta que se muera”.
Por último, aseguró que desde su espacio están trabajando arduamente para lograr un verdadero cambio en la tan azotada provincia. “Estamos comprometidos a garantizar nuestro sistema republicano y que Formosa deje de manejarse como la isla de Insfrán y pase a regirse por la Constitución Nacional de la República Argentina”, concluyó.
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Un gravísimo episodio de violencia escolar sacudió el pasado viernes a la comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 29 “Hipólito Bouchard”, de Grand Bourg, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas. Según denunciaron trabajadoras de la institución, la familia de una alumna ingresó de manera violenta al establecimiento, agredió a auxiliares y desató una situación de caos que obligó a encerrar a los alumnos en las aulas para resguardarlos.
El episodio ocurrió por la tarde en el comedor del complejo educativo ubicado en la localidad de Pablo Nogués, que alberga la Escuela Secundaria N° 18, la Escuela Primaria N° 29 y el nivel inicial. De acuerdo con las versiones, la situación se originó con un enfrentamiento entre dos alumnas, que los docentes separaron. Una vez que se calmó el conflicto, la madre de una de las involucradas se presentó en el colegio y pidió hablar con la directora pero, dijo, no fue atendida.
Ante la falta de respuesta, el grupo familiar pateó el portón del comedor —que separa los distintos niveles y conecta el edificio de primaria con el de secundaria— e irrumpió a los gritos en el espacio donde las trabajadoras preparaban la merienda. Según relataron a los medios locales, las agresiones fueron directas y contundentes: insultos, golpes de puño y líquido caliente arrojado sobre las trabajadoras. Los agresores tomaron las ollas con agua hirviendo y rociaron a las docentes con el mate cocido que pensaban servirles a los chicos poco antes de que comenzaran a merendar.
Varias trabajadoras sufrieron quemaduras y crisis nerviosas. Dentro del colegio, la directora de la escuela fue amenazada y varias auxiliares resultaron con diversas lesiones. En medio de un caos generalizado, con gritos, golpes y corridas dentro del establecimiento, los agresores les exigieron a las docentes que se encerraran en las aulas junto a los estudiantes, que no entendían el motivo del ataque. Desde la escuela advirtieron que “pudo haber ocurrido una tragedia”, y que si el ataque hubiera ocurrido minutos después, el comedor habría estado lleno de niños.
El portón del comedor quedó destruido, al igual que las mesas que los chicos utilizaban para almorzar y merendar, y se registraron otros destrozos en el establecimiento. La disputa se trasladó luego a la plaza ubicada frente al lugar del hecho, donde continuaron las peleas e insultos entre familiares. Patrulleros y ambulancias intervinieron para contener el caos.
Las víctimas realizaron la denuncia y publicaron un comunicado en redes sociales. Las trabajadoras de la EP N° 29 difundieron allí su testimonio y expresaron desesperación y agotamiento frente al incremento de episodios violentos en las escuelas bonaerenses.
“Entraron a los gritos, irrumpieron sin control y buscaron agredir directamente a nuestras auxiliares”, aseguró Laura Sosa, una de las docentes atacadas. “Fueron atacadas, insultadas y rociadas con mate cocido caliente, sufriendo quemaduras y un shock emocional enorme. La violencia se dirigió principalmente hacia ellas, que estaban cumpliendo con su tarea cotidiana de alimentar a nuestros estudiantes”, contó Laura en su mensaje.
A raíz de este ataque, los docentes recordaron que, apenas un día antes, el jueves pasado, una maestra de un colegio de San Martín fue brutalmente golpeada por la madre de un alumno: “La violencia en torno a las escuelas está aumentando y nosotras, las trabajadoras, estamos absolutamente desprotegidas. Entramos a trabajar, no a sobrevivir”, subrayaron.
“Terminamos la jornada con miedo, angustia y cansancio emocional, después de ver cómo golpeaban, amenazaban y quemaban a nuestras compañeras auxiliares. Y mañana tenemos que volver igual, porque amamos lo que hacemos y porque necesitamos trabajar. Pero así, no se puede más”, concluyó la docente que ofició de vocera de sus colegas.
En el plano institucional, hoy lunes los directivos del colegio se reunieron con las autoridades de Educación de la provincia de Buenos Aires. Según trascendió, la familia agresora tuvo antecedentes. Por este motivo, desde la institución realizaron la denuncia en la comisaría local y la tía de la menor fue demorada, aunque ya recuperó la libertad.
La investigación por daños y lesiones quedó en manos de la fiscal Mirna Sánchez, de la UFI N° 19 Descentralizada de Malvinas Argentinas, perteneciente al Departamento Judicial San Martín.
El gobierno de San Luis estableció esta semana que los alumnos que ejerzan bullying u otras formas de violencia en las escuelas de la provincia podrán perder total o parcialmente el beneficio económico del programa “Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro”. La medida se formalizó mediante un decreto que el gobernador Claudio Poggi firmó para modificar la Ley N° VIII-0752-2011, que regula el Estímulo Educativo y la Concientización del Ahorro a través del mencionado programa.
La nueva normativa estableció que los estudiantes deberán acreditar una conducta escolar basada en el respeto y la convivencia. Así, los alumnos que incurran en prácticas de bullying (acoso, extorsión, amenazas o cualquier forma de violencia física, sexual, psicológica o verbal) ya sea de manera personal o virtual, quedarán alcanzados por un esquema de sanciones que contemplará descuentos importantes en el beneficio económico, la exclusión parcial del programa o la pérdida total de las estampillas acumuladas.
Según informó la Agencia de Noticias de San Luis, la normativa precisó que los alumnos que incurran en alguna de esas conductas serán pasibles del descuento del equivalente en estampillas correspondiente al año en curso al momento del hecho.
– El gobernador de San Luis, Claudio Poggi
En caso de verificarse la reiteración de la conducta en tres oportunidades, en un mismo ciclo lectivo o en años continuos o discontinuos, el Ministerio de Educación procederá al descuento total de las estampillas acumuladas hasta esa fecha y los ‘imputados’ podrían perder hasta 1200 dólares. El esquema sancionatorio entrará en vigencia a partir del ciclo lectivo 2026.
El decreto incorporó además la obligación de que los estudiantes mantengan un comportamiento adecuado no solo con sus compañeros, sino también con docentes, directivos, preceptores, personal administrativo y de maestranza, a modo de garantizar el normal funcionamiento del establecimiento educativo.
Encabezada por Guillermo Araujo, la cartera educativa señaló que el programa buscó fomentar el ahorro escolar y propuso convertirse en un instrumento de promoción de la convivencia pacífica y el respeto dentro de las escuelas de la provincia de San Luis.
– El ministro de Educación de San Luis, Guillermo Araujo
En diálogo con medios locales, el ministro ahondó en la iniciativa: “La escuela es la caja de resonancia de lo que va pasando en la sociedad. Se busca reconstruir el tejido social y fomentar un ambiente sano en la escuela, forma parte de eso. No podemos permitir que un chico tenga miedo de ir a la escuela, porque no aprende”.
Asimismo, sumó que la intención es concientizar acerca de que el bullying es un flagelo que “no se puede dejar pasar”.
La medida decretada por la provincia “es una herramienta sancionatoria más. También tenemos otro mecanismo para intervenir, mediar, tener reuniones, evaluar las actas con hechos objetivos, charlar con compañeros, no es sólo a partir de la denuncia. La idea no es llegar a la sanción. También enviamos un proyecto de ley para que los padres se hagan responsables penalmente con tres días de arresto y aumento del trabajo comunitario si sus hijos tienen estas conductas. Los actos tienen consecuencias”, consideró el burócrata.
¿Cómo es el programa de ahorro del gobierno de San Luis?
El programa “Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro” se implementó en San Luis en el año 2011 como un estímulo educativo y una herramienta de concientización del ahorro. Las estampillas funcionaron como un incentivo que los alumnos de escuelas públicas y privadas acumularon a lo largo de la primaria y la secundaria. Cada año, el estudiante que promocionó el grado o curso anterior recibió la estampilla correspondiente y la coleccionó en una libreta. En el nivel primario, cada estampilla tuvo un valor equivalente a u$s50; en el nivel secundario, las estampillas valieron u$s100 de 1º a 6º año y u$s300 en el último año. Al finalizar sus estudios, el alumno logró un ahorro equivalente a u$s1.200, que pudo canjear en pesos para financiar estudios superiores o emprendimientos.
La izquierda nativa no descansa. Sus ocurrencias sorprenden en las redes; la última es una campaña para que ciudadanos argentinos soliciten la “ciudadanía palestina” como gesto de repudio a Israel, a Donald Trump, a Javier Milei y, en general, a todo lo que autopercibe como “extrema derecha mundial”.
Bajo el lema “Yo quiero ser palestino”, el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino coordinó una movida que incluyó recolección de formularios en varias provincias, actos frente a cámaras y una puesta en escena cuidadosamente amplificada en redes sociales. Todo desembocó en la elegante casona de Riobamba 981, en Recoleta, la sede de la Embajada en Buenos Aires, donde los organizadores se presentaron para entregar los pedidos de “ciudadanía simbólica”.
Según informó la propia embajada, el encargado de negocios, Riad Al-Halabi, recibió más de 700 solicitudes, reunidas “a lo largo y ancho” del país, en el marco de las actividades por el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Para el diplomático, el gesto argentino expresa un “compromiso político y moral que va más allá del simbolismo”.
Quienes se anotan en esta campaña —señala el comunicado— no solo piden un papel simbólico: dicen “compartir la identidad de un pueblo que lucha desde hace décadas por su libertad, sus derechos nacionales y su autodeterminación”. Por supuesto, no se habla de Hamas ni de terrorismo, ni de las víctimas civiles israelíes; la trama se cuenta en blanco y negro: de un lado, “la resistencia heroica”; del otro, “el genocidio”.
El movimiento de marketing se sostuvo en una serie de reels y videos breves, difundidos principalmente en Instagram, la plataforma del magnate capitalista Mark Zuckerberg, a la que la militancia anticapitalista recurre cada vez que necesita dar su batalla cultural.
En uno de esos materiales, una joven militante de izquierda anuncia con entusiasmo que, “a partir de hoy”, es “oficialmente palestina”, igual que “los más de 200 jóvenes” que habrían completado el formulario en todo el país. La escena continúa con la intervención de Al-Halabi, que delante de la cámara “proclama” como palestinos a los presentes, como si se tratara de una naturalización exprés a fuerza de consignas.
La militante remata invocando un panteón de referencias locales y revolucionarias: Rodolfo Walsh, Diego Maradona, el Che Guevara, Eve de Bonafini y “toda la resistencia palestina”. La consigna final condensa en una rimita: “Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Yo quiero ser palestina”.
Otra cara visible de la campaña es Celeste Fierro, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), figura del Frente de Izquierda – Unidad y diputada electa en la Legislatura porteña. En su reel, Fierro presenta la iniciativa como una herramienta más de denuncia del “genocidio” y de apoyo al “pueblo heroico” palestino.
La tercera voz protagonista es la de Marina Hidalgo Robles, trabajadora social, militante socialista, feminista y abolicionista, que articula de manera directa el puente con la política local. En su video, sostiene que el “gobierno sionista y genocida de Netanyahu” cuenta con el apoyo de Trump, Milei y toda la extrema derecha mundial, que —según su lectura— estarían empeñados en “exterminar a todo un pueblo”.
Mientras las cámaras registraban las declaraciones de coyuntura, la embajada elaboraba su propio balance. En su comunicado, subrayó que el pedido de “ciudadanía palestina simbólica” constituye una “declaración clara de rechazo al genocidio continuo” y a los crímenes del Estado ocupante en Cisjordania, incluida Jerusalén, con especial énfasis en los asentamientos y en los ataques de colonos. El texto insiste en que la solidaridad argentina “no es solo una postura simbólica” sino una forma de lucha contra los “intentos de silenciar la verdad”.
Junto al cuerpo diplomático se ubicó el secretario del sindicato del Subte y el Premetro, Jorge “Tano” Pisani, uno de los voceros sindicales de la campaña. Pisani señaló que las imágenes diarias del conflicto lo llevaron, junto con otros gremios y organizaciones sociales, a adoptar la iniciativa como un gesto “ético, humano y político” frente a un supuesto bloqueo mediático.
La nómina de organizaciones presentes da una pista del armado político detrás de la campaña. Entre las adhesiones figuran la Confederación General del Trabajo (CGT), el sindicato docente de Córdoba, el sindicato del Subte y el Premetro (SUBTE), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), la red NODAL, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, además de diversos centros culturales, movimientos sociales y agrupaciones universitarias.
Buena parte de quienes impulsan la jugada tienen representación en el Estado, acceso a recursos públicos o presencia institucional en universidades y medios. No es exactamente un elenco marginal.
Una serie de chats extraídos de los teléfonos de los empresarios Claudio y Marcelo Tortul describió presuntas maniobras de pago de coimas para asegurar y mejorar contratos de seguridad con Enersa (Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima) y mencionó al ex gobernador entrerriano y actual diputado nacional, Gustavo Bordet, a su entorno más cercano y al senador electo Adán Bahl.
Los mensajes que la Justicia recuperó de los celulares de los empresarios de apellido Tortul, directivos de la filial argentina de Securitas, formaron parte central de la causa federal que investigó el pago de coimas para quedarse con contratos con el Estado y que se tramitó en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. En el caso de Entre Ríos, el foco estuvo puesto en Enersa, la empresa estatal eléctrica de la provincia.
De esos teléfonos surgieron más de 25 mil páginas de conversaciones entre 2016 y 2024, en las que el nombre del ex gobernador peronista y actual diputado nacional Gustavo Bordet apareció 98 veces. En las conversaciones se habló de pagos que llegarían hasta el exgobernador y se mencionó también al entonces vicegobernador y luego intendente de Paraná, Adán Bahl, quien recientemente fue electo senador nacional del PJ electo por Entre Ríos.
Entre los interlocutores que, según los chats, funcionaron como vínculo indirecto entre los empresarios y los burócratas aparecieron dos nombres. Uno se identificó con claridad: José Gervasio Laporte, mencionado como “el negro” en las conversaciones. En uno de los mensajes, incluso, figura una foto en la que Claudio Tortul y Laporte comparten un café en un bar de un hotel de la costanera de Paraná. El otro nombre apareció como “Hugo”, quien podría ser Hugo Ballay, ex ministro de Economía durante las dos gestiones de Bordet y ex presidente de Enersa, aunque esa identificación no está confirmada y su apellido no figura en los chats ni en el expediente, según remarcaron desde su entorno.
En la causa, “El Negro” fue José Gervasio Laporte, histórico secretario Legal y Técnico de la Gobernación de las gestiones peronistas de Jorge Busti, Sergio Urribarri y Gustavo Bordet, y síndico de Enersa. Su función resultó estratégica: cuidaba la firma de los gobernadores en todos los actos administrativos. Laporte falleció hace más de 5 años, en julio de 2020, pero en los mensajes previos a su muerte ocupó un rol clave en el vínculo entre los Tortul y el poder político. “Le voy a encarar a Christian. Xq aumente enersa pirq bajo epe. Huntar a christian y bordet o el negro. Porque es grande li q vamos armar. Y q le den acuerdo entre el y el negro o bordet”, escribieron los hermanos en una de las conversaciones.
En marzo de 2017 los chats registraron una nueva reunión con Laporte. “Ayer Estuvimos cn el negro. Le pedi li ascienda. Y me dijo q si. Depende de el. Y ahora le preg a bordet si ouede pinerlo de 2. Cn ginzalez parec se pudrio bastante. El negro no sabia como ahradecer. Estamos para pedir li q querramos”, dice una de las conversaciones que apuntan a un aumento del contrato con la empresa estatal eléctrica.
Un año después, los mensajes se refirieron de manera explícita a un porcentaje de sobornos vinculado a los pagos. “El Negro me dijo q si le damos el 40 saca el pago cn el ajuste. Reparte cn Bordet Julio y el. Me pidio el 50 le dije q era alevoso no x el pedido q era incobrable (sic)”, consignó Claudio Tortul en otro chat. En noviembre de 2019, y siempre según las conversaciones incorporadas al expediente, se detalló incluso el reparto de una suma millonaria. “Te paso maso en 5 numeros como quedaria los 10 palos y pico de ENERSA. Los politicos el fronting nosotros. 4000000( bordet / Negro / Gonz / Charly / Cis / Marcelo M / Aldana / Ramiro / Daniel / Vos / yo ) Participacioned en Grone . Mas 200 lucas para mi ( gastos obra social hoteles etc )”, escribió.
Los chats también dejaron constancia de la intención de los empresarios de establecer una relación más directa con el ex gobernador, sin desplazar a Laporte. “Yo hablaba cn Taincho de que en vez de usar al Negro de interlocutor cn Bordet porq esta todos kos días. Ir directamente nosotros una vez cada tanto y hablar cn el. Ain correrlo al Negro. Ni que se sienta corrido. Porq en un cambio se raya se pelean y quedamos mirando el techo. Y tenemos muchos negocios en el medio”, señaló uno de los mensajes.
En 2019, esa relación apareció ya asociada a pagos concretos. En los chats, uno de los hermanos afirmó:“esa guita se la lleve yo a Bordet” y agregó: “El jueves vamos a pagar Negro Bordet. 1,1 millon. Aceito para que paguen toda la factura de junio el dia q facturaron”. Esos intercambios formaron parte de las pericias judiciales que describieron las operaciones ilícitas entre 2016 y 2024.
Tras la muerte de Laporte, las conversaciones comenzaron a mencionar a “Hugo”. “El lunes me contesta Hugo. Habla cn Bordet y me dice. Cree que si” Con todo como lo planteas. 14 / costos / y lo que repartimos. Leestoooo”, escribió Claudio a su hermano Marcelo. En otros mensajes agregó: “Me dijo tbm q lo tuvo que alinear medio fuerte a Caminos cn el ajuste y el presupuesto cn”, “Asi que cree si le da Ok Border”, “Vamos para delante !!!”.
En paralelo, la trayectoria de Hugo Ballay dentro de Enersa y del gobierno provincial quedó detallada. Ballay se desempeñó como presidente de la empresa eléctrica casi dos años, tras ser designado por el entonces gobernador Sergio Urribarri en enero de 2012. En noviembre de 2013 dejó ese lugar para incorporarse al gabinete. Cuando Bordet llegó a la Gobernación, a fines de 2015, Ballay volvió a Enersa como director titular durante la presidencia de Alfredo Muzachiodi. Los chats que describieron las operaciones ilícitas abarcaron un período que fue desde 2016 hasta 2024.
Sin embargo, el entorno de Ballay subrayó que el ex funcionario no tuvo relación con el caso Securitas. Confirmó que conoció a Claudio Tortul, pero precisó que el vínculo no estuvo relacionado con actividades comerciales o políticas, sino sociales: el empresario era presidente del Club Rowing, uno de los más exclusivos de la capital entrerriana, que tiene a más de un socio implicado en este expediente. También remarcaron que el apellido Ballay no figura mencionado ni en los chats ni en la causa.
En el plano personal, tres fuentes cercanas a Bordet, sin relación entre sí y con altas responsabilidades en el gobierno provincial durante el período 2015-2023, confirmaron a Infobae que el actual diputado nacional tuvo con Laporte y Ballay una relación personal de larga data. Ninguna de ellas habló de amistad. El ex gobernador suele remarcar que no tiene amigos en política y que ocupar cargos públicos lo alejó de sus relaciones personales. En el caso de Ballay, la relación fue más marcada: ambos se conocieron de jóvenes en las aulas de la Universidad, son coetáneos y estudiaron para ser contadores, en los años de la vuelta a la democracia y de la primavera alfonsinista.
En el expediente también apareció mencionado Edgardo Kueider, ex senador que ahora está detenido. La jueza Arroyo Salgado no imputó ni a Bordet ni a Ballay, pero sí involucró a Kueider en la causa. Se basó en dos elementos: un mensaje –el único– en el que Claudio Tortul lo mencionó y el hecho de que, cuando era secretario General de la Gobernación, representó al Poder Ejecutivo provincial en asambleas de Enersa.
Las conversaciones recuperadas de los teléfonos de los Tortul alcanzaron también al hoy senador electo Adán Bahl, que encabezó la lista del peronismo en las elecciones legislativas de octubre y quedó segundo. Las referencias se remontaron a su etapa como intendente de Paraná. “Viste lo del hipodromo. Mañana te cuento bien. Y vamos a tener q hacer algo. Ejemplo lotear en terrenos chicos y sacar lo que se pueda. Valoshablar cn Bahl y le decimos eso”, dicen los chats en relación a un negocio inmobiliario. En otro tramo, los hermanos agregaron: “Buen dia. Ayer Bahl se ofrecio apurar el tema de los Algarrobos si necesitabanos. Asi q aprovechemos la volada y aceleremos”. Las expectativas de los empresarios sobre el dirigente quedaron expresadas en otro mensaje, vinculado a las elecciones para la Gobernación de 2023: “Si gana bahl estamos PIPI CUCU !!!”.
La reacción de Bordet llegó a través de un comunicado público. El ex gobernador aseguró que “no formé parte de ningún sistema de coimas o maniobras ilícitas vinculadas a la relación comercial entre la empresa de seguridad Securitas y ENERSA”. Tras afimar que “nunca” tuvo “ningún tipo de contacto personal ni vínculo con los hermanos Tortul ni con los responsables de la empresa Securitas”, señaló que durante su gestión “no tuve intervención en la selección, contratación ni continuidad de dicho servicio, que se mantenía dentro de los procedimientos administrativos habituales de ENERSA”. Y remarcó que “Securitas no prestó servicios ni mantuvo contratos con ningún otro organismo del Estado provincial durante mi período de gobierno”.
“Hay que decirlo bien claro: esas carnes importadas de Brasil son un sobrestock de congelados que, cuando se les acerca la fecha de caducidad, tienen que salir a colocarlo en mercados alternativos, al precio que sea. Son carnes llenas de agua y que contienen promotores de crecimiento como la Ractopamina, prohibida en 160 países. Estamos ante una carne, además, que cuando el consumidor la descongela tiene muy pocos días para consumir y no se puede volver a congelar”.
Esa advertencia surgió de Guillermo Lloveras, un médico veterinario muy reconocido en el sector porcino local, por haber trabajado muchos años desde su empresa Genporc en el mejoramiento genético de la calidad de los cerdos argentinos, lo que posibilitó una visible mejoría del consumo. Ahora, con las facilidades que el gobierno de Javier Milei instrumentó para las importaciones de alimentos, ve peligrar todo ese esfuerzo, ya que espera que haya un ingreso importante de carne de origen brasilero cuya calidad es inferior a la de Argentina.
En línea con los productores locales, que han salido a advertir que los cerdos brasileños reciben un medicamento que aquí está prohibido, Lloveras indicó que “la Ractopamina es un promotor de crecimiento que favorece la deposición de músculo en detrimento de la grasa y mejora la conversión alimenticia del animal”.
“Quieren disciplinar a las carnes, rompiendo un sector que venía con un crecimiento sostenido”: Los productores de porcinos advierten sobre un aluvión de carne (con hormona incluida) desde Brasil
Y explicó que el riesgo para el consumidor al comer carnes de origen brasileño es que ese compuesto “está prohibido en 160 países”, entre ellos la Argentina. “La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) la prohíbe esencialmente porque no se puede garantizar la inocuidad de su consumo en la población. Lo que sí se sabe es que, en el animal, el uso de Ractopamina produce alteraciones a nivel cardíaco y neurológico”, explicó el veterinario al sitio especializado El productor porcino.
Por eso, Lloveras enfatizó: “Tenemos que decirle al consumidor que consuma carne de cerdo argentina: que está libre de promotores de crecimiento, que es fresca, que va a tener más durabilidad, que la va a poder congelar. La carne de cerdo brasilera no tiene la seguridad alimentaria ni la calidad que tiene la carne de cerdo argentina”, declaró.
-¿Cómo sabe el consumidor lo que está comprando?
–Ante la duda, el consumidor tiene que saber que la carnicería de barrio tiene carne de cerdo argentina, porque son las grandes cadenas de supermercados las que importan de Brasil. Además, la etiqueta tiene que decir ‘Origen Brasil’, tiene que decir que es carne congelada y se tiene que vender congelada al público.
El experto insistió en que “no tenemos que dejarnos engañar con los precios, eso es clave. No lo analizaron ni en el Ministerio de Economía, ni en la Secretaría de Comercio. En lugar de tomarse el trabajo de sentarse con la cadena porcina y analizar la situación de los precios (y los cortes nacionales disponibles, que incluso pueden ser más baratos que la bondiola brasilera), tomaron esta decisión de dar beneficios impositivos a un importador sin pensar que, al productor argentino. Si no revierten la medida, le están firmando un acta de defunción” a la actividad, señala el gerente de Genporc.
“Tienen que rever estas políticas que no fueron bien pensadas, porque a veces lo urgente atenta contra lo importante”, opinó el veterinario, quien reclamó a la comunidad porcina: “Tenemos que hacer oír nuestras voces, porque yo creo que el Presidente no está al tanto de lo que va a suceder con esto, que es una medida que atenta contra los privados, que estamos ansiosos por seguir creciendo con unas pautas más libres, en un marco más lógico de crecimiento y desarrollo. Creo que esto merece un análisis un poco más profundo”.
En este sentido, Lloveras formuló una autocrítica, al considerar que la producción local de cerdos no ha sabido posicionarse ante la política como un sector estratégico: “En su máxima expresión, Argentina podría ser líder mundial en producción de cerdos y en exportación, podrían ingresar 30 mil millones de dólares anuales. Además, eso sería agregando valor a los granos que ya producimos, generando trabajo, generando arraigo rural, dando de comer carne económica y sanísima a los argentinos”, reflexionó.
E insistió en su rechazo a la política de apertura indiscriminada: “El mundo está viendo el potencial que tenemos. Es un sector que puede atraer inversiones y que ya dio muestras de que, por sí mismo, puede crecer y puede competir en un mercado libre. Pero si un grupito de supermercadistas va a poder importar carne de cerdo de sobre stock internacional de forma irresponsable; atenta contra el propio espíritu libertario y se transforma en libertinaje”.
“Mientras en el cielo se están dando algunas batallas, parece que en la tierra se tejen negocios poco claros. Tenemos que alzar la voz y hacer saber al Presidente que, si no hay un cambio, la situación va a ser realmente grave”, cerró Lloveras con su alegato.
La Dirección General Impositiva (DGI) denunció a la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por presunta evasión impositiva y maniobras de lavado de dinero. La presentación se radicó en la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora y señaló que la firma se habría usado para lavar activos y movió alrededor de $818.000 millones, además de evadir más de $3.300millones del denominado Impuesto al Cheque entre 2022 y 2025.
La investigación tomó cuerpo cuando agentes de ARCA detectaron un patrón que se repitió en distintos expedientes: cuentas pertenecientes a personas de bajos ingresos que recibieron montos siderales en efectivo y que, de inmediato, derivaron esas sumas hacia billeteras virtuales. Ese movimiento, habitual para eludir controles, terminó por señalar a Sur Finanzas como uno de los nodos principales del circuito.
– Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas
Según la denuncia, la DGI detectó la maniobra de presunto lavado de activos a través de la billetera virtual de Sur Finanzas, mediante pagos con QR, terminales SurPos y links de pago, con operaciones que movieron (hasta abril pasado) unos $818.000 millones. Las sospechas se consolidaron cuando se comprobó que el 31% de quienes realizaron movimientos de dinero eran “sujetos no categorizados”, sin inscripción en ARCA.
La financiera surgió hace pocos años en la localidad bonaerense de Adrogué, partido de Lomas de Zamora. En 2022 se creó con la denominación Neblockchain S.A. y empezó a funcionar como operadora de criptomonedas y billetera virtual. A fines de 2023 tomó impulso en torno a la gestión de criptoactivos y servicios digitales y, en agosto de 2024, modificó su nombre para pasar a llamarse Sur Finanzas PSP SA. En apenas cuatro años, el emprendimiento pasó de operar con tres empleados a manejar más de veinte sucursales dedicadas a préstamos, cambio de divisas y servicios digitales.
En lo formal, la firma quedó ligada a la familia Vallejo. La financiera, cuya presidenta era Graciela Vallejo y cuyo vicepresidente era Maximiliano Ariel Vallejo, tuvo como figura central a Ariel Vallejo, señalado como el hombre a cargo de la empresa y cercano a Claudio “Chiqui” Tapia. En las redes sociales, Vallejo se mostró con dirigentes y figuras del fútbol, acompañado por la frase “Somos la billetera del futbol”. La denuncia indicó que Sur Finanzas era “en lo formal” propiedad de Ariel Vallejo, quien figura como investigado por presunto lavado de dinero.
El vínculo con el mundo del fútbol se extendió más allá de las fotos. Durante la gestión de Tapia en la AFA, Sur Finanzas actuó primero como anunciante y luego como prestamista de distintos clubes del fútbol argentino, especialmente de primera división. La firma logró que el Torneo de la Liga Profesional se llamara “Copa Sur Finanzas” y también se convirtió en sponsor de la camiseta de Racing de Avellaneda. Además, colocó importante publicidad en el club de Tapia, Barracas Central, y en otros equipos.
Detrás de la estructura formal, los investigadores describieron un circuito basado en prestanombres y contribuyentes de bajo perfil fiscal. Para ARCA, las inconsistencias mostraron una estructura sostenida apoyada en terceros que ocultó al verdadero dueño del dinero. Los casos individuales ilustraron el alcance de la maniobra.
– El 24 de octubre, dos días antes de las elecciones, Vallejo creó cuatro empresas en Miami (La Nación)
En uno de los expedientes apareció la constructora TAR, que recibió más de $6.000 millones sin relación con su actividad declarada y derivó parte de esos fondos hacia una casa de cambio comprada por el propio Ariel Vallejo. En paralelo, en la causa Andis se detectó que dinero manejado por otros imputados habría terminado invertido en criptomonedas a través de “Neblockchain”, el nombre anterior de Sur Finanzas PSP.
La investigación también se concentró en monotributistas con niveles de facturación incompatibles con los montos operados. Un contribuyente inscripto en la categoría “D”, que facturó menos de $5 millones en 2024, movió más de $230 millones y registró operaciones digitales por $87.000 millones, además de comprar un BMW valuado en casi $99 millones. Otro monotributista, de categoría “A”, manejó $7.000 millones en apenas cuatro meses y realizó retiros por $176 millones en el exterior, pese a declarar como único bien un vehículo modelo 2008.
En el plano tributario, la DGI sostuvo que Sur Finanzas no pagó el Impuesto a los Débitos y Créditos, conocido como Impuesto al Cheque, que debía cobrar a las empresas que operaron con sus sistemas y a las personas no alcanzadas por las excepciones previstas en ese régimen. De acuerdo con los cálculos del organismo, la evasión acumulada desde el inicio de las operaciones en 2022 hasta abril de este año ascendió a $3.327 millones.
La avanzada oficial contra la financiera se produjo en medio de las críticas al presidente de la AFA por recientes irregularidades en el ámbito deportivo, como la entrega de un sorpresivo título a Rosario Central por una sumatoria de puntos y no por haber ganado un certamen concreto, y las sospechas sobre Pablo Toviggino, ladero de Tapia, por su presunta influencia sobre los arbitrajes. En ese contexto, la denuncia penal contra Sur Finanzas apuntó a desarmar la estructura que, según la DGI y ARCA, utilizó billeteras virtuales, criptoactivos y prestanombres para mover enormes volúmenes de dinero por fuera de los controles fiscales.
El veterinario y referente del sector porcino, Guillermo Lloveras, alertó que las bondiolas importadas desde Brasil contienen Ractopamina —un promotor de crecimiento prohibido en 160 países— y que provienen de “sobrestock a punto de vencer”. Denuncia que la decisión del Gobierno de Milei destruye a la producción nacional y abre la puerta a un negocio millonario para un puñado de supermercadistas.
Con el aval de la embajada y el aplauso de gremios, militantes de extrema izquierda presentaron formularios para obtener la ciudadanía y posaron como nuevos “palestinos” desde CABA.
La corte polaca ordenó la inmediata ilegalización del KPP al considerar su ideología incompatible con “los valores fundamentales y las tradiciones de la civilización europea y cristiana”.
