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El Gobierno municipal en situación de alerta tras la usurpación de tierras que ocurrió en el barrio Las Heras. El oficialismo elevó un proyecto de comunicación al Concejo Deliberante, con motivo de solicitarle a Nación y Provincia que retire todo tipo de ayuda social (otorgada por el Estado) a aquellas personas que ocupen ilegítimamente terrenos públicos o privados.
Este miércoles, la comisión interna de Legislación, Interpretación y Reglamento, trató el expediente que solicita la elaboración de un Protocolo de Actuación que “deberá contemplar un inmediato accionar policial tendiente a identificar a las personas que se encuentren desarrollando la ocupación ilegítima”, para constatar si son beneficiarios de planes sociales y, en caso que se confirme, se ejecute la inmediata interrupción.
Usurpaciones de terrenos en el barrio Las Heras
El edil de Propuesta Republicana (PRO), Agustín Neme, defendió el expediente de su autoría de forma tajante. “De una vez por todas, tenemos que ponernos de acuerdo que debe haber consecuencias cuando se usurpa una tierra, porque es un delito”, sentenció.
Acto seguido, la concejal del bloque del Frente de Todos (FdT), Verónica Lagos, cruzó a Neme. “Excede por mucho a este Concejo Deliberante pedir la existencia de un protocolo unificado a nivel nacional y provincial. Cada Municipio lo tiene ante cualquier desalojo”.
El oficialismo busca eliminar las usurpaciones en Mar del Plata
La respuesta no tardó en llegar desde la banca oficialista. “El Municipio no va poder decir mucho al respecto porque no es quién gestiona los planes sociales”, argumentó Neme, quién accedió a que el texto normativo (por pedido de la oposición) quede en comisión hasta que lleguen los informes solicitados.
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La salud mental y su abordaje preventivo fueron el eje de un encuentro entre el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, GustavoHein, y autoridades de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). La reunión se realizó este miércoles en la Facultad de Ingeniería, ubicada en Oro Verde, con el objetivo de profundizar la colaboración en iniciativas que promuevan soluciones concretas para las problemáticas de salud mental en la provincia.
Hein fue recibido por el decano de la Facultad de Ingeniería, Diego Campana, mientras que la vicerrectora de la UNER, Gabriela Andretich, participó de manera remota. El motivo central de la visita fue conocer el trabajo que la Facultad realiza en materia de prevención de problemáticas de salud mental y coordinar tareas conjuntas que afiancen la relación entre la Legislatura provincial y la casa de estudios.
“LA UNIVERIDAD ES UN MOTOR Y TIENE UN EFECTO DISPARADOR”
Esta actividad dio continuidad a una jornada celebrada el viernes anterior en la misma institución educativa, durante la cual se presentó el proyecto “Salud mental comunitaria: tecnología para la organización de redes de cuidados en la zona oeste de la ciudad de Paraná (Entre Ríos)”.
La iniciativa es llevada adelante por el Grupo de Estudios en Salud Pública y Tecnologías Aplicadas de la Facultad, en conjunto con la fundación Presencia Presente del barrio Anacleto Medina. En aquel encuentro participaron los diputados Jorge Maier, Juan Rossi y Carolina Streitenberger, además del director general de Salud Mental de la Provincia, Gabriel Fernández Martínez, y otras autoridades.
En relación con la relevancia de esta cooperación entre la Cámara de Diputados y la UNER, Hein destacó: “Tenemos la premisa de hacer un trabajo de territorio e intentamos concretarla en hechos. Tenemos una gran oportunidad de dar los primeros pasos en lo que nos compete desde la Presidencia junto a la universidad”.
El presidente de la Cámara baja también subrayó el valor de aunar esfuerzos: “Creemos que, por lo menos, se deben encauzar principios de soluciones con respecto a algunas problemáticas que estamos teniendo en la provincia. La universidad es un motor que nos va a dar una oportunidad a la Legislatura para poder entablar un trabajo en conjunto”.
Por su parte, el decano Campana remarcó que el proyecto en curso “se ha articulado con diferentes organizaciones que trabajan en el territorio, con la idea de abordar las múltiples facetas de los problemas de salud mental, que vienen asociados a factores como el consumo problemático y otros que se vienen dando en la sociedad”. Además, reflexionó: “Como cualquier cuestión que pasa en la comunidad, finalmente termina impactando en el medio ambiente universitario, así que también por eso nos preocupa mucho abordar la problemática de salud mental, tener un fuerte involucramiento y ser parte de la solución”.
La diputada Streitenberger, presidenta de la comisión de Desarrollo Social de la Cámara, valoró que el objetivo general del proyecto es “fortalecer el acompañamiento a personas con padecimientos de salud mental, en busca de garantizar sus derechos, basados en una asistencia integral de la salud”. Acerca de los avances tecnológicos en la propuesta, añadió: “Nos mostraron el avance de un trabajo que quieren realizar a través de un sistema a desarrollar con un software y una aplicación móvil, que va a permitir mantener la comunicación entre la persona afectada, sus familiares y sus acompañantes terapéuticos para abordar la situación del paciente en general y de manera coordinada”.
El gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, declaró en situación de crisis a dos obras sociales, debido a su grave situación financiera y operativa. La medida afecta a la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo (OSPIF) y a la Obra Social de los Trabajadores del Petróleo y Gas Privado de Chubut. La resolución, publicada en el Boletín Oficial bajo las resoluciones 174/2025 y 175/2025, establece un plazo de 15 días para que las instituciones presenten un plan de contingencia que permita regularizar su situación y hasta un plazo máximo de 30 días para interponer un recurso de consideración.
La decisión de declarar a ambas obras sociales en crisis responde a diversas irregularidades que afectan tanto su solvencia económica como la calidad de los servicios que brindan a sus afiliados. Según la normativa vigente, las entidades superaron el límite de 65 puntos en el índice de criticidad establecido por el Decreto N° 1400/01. Entre los principales problemas que llevaron a la intervención se destacan:
Irregularidades contables: Las obras sociales presentaron estados financieros con deficiencias que impiden su correcta evaluación y supervisión.
Presupuestos deficitarios: Los planes financieros de ambas entidades no eran adecuados ni sostenibles, lo que generó un desajuste económico.
Deficiencias en la atención: Los afiliados denunciaron falencias en la cobertura y la calidad de los servicios médicos, lo que agrava la crisis.
Dependencia de subsidios: Ambas obras sociales recurrieron a subsidios externos para sostener su funcionamiento, lo que refleja una profunda inestabilidad financiera.
Ante este panorama, el gobierno decidió actuar para evitar que los afiliados se vean perjudicados y para garantizar la continuidad de la cobertura médica.
La Superintendencia de Servicios de Salud estableció un plazo de 15 días para que las obras sociales presenten un Plan de Contingencia, que debe incluir una serie de medidas específicas para solucionar las irregularidades detectadas. Este plan debe abordar tanto los problemas financieros como las deficiencias en la atención sanitaria. El gobierno señaló que las entidades deberán trabajar con metas a trimestre vencido, es decir, deberán presentar avances periódicos que garanticen la efectividad de las correcciones.
Además, se conformó un Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis para supervisar el cumplimiento del plan de contingencia. Dicho comité evaluará la situación de las obras sociales y podrá aplicar nuevas medidas si las soluciones propuestas no resultan efectivas.
Las obras sociales afectadas cuentan con un plazo de 30 días para presentar un recurso administrativo o judicial si consideran que la resolución es inapropiada. Esta posibilidad de apelación permite que las entidades puedan intentar revertir la situación por vías legales si consideran que se vulneraron sus derechos.
La medida busca proteger a los afiliados, asegurando que continúen recibiendo la cobertura médica a la que tienen derecho. En este sentido, el gobierno subraya la importancia de que las obras sociales mejoren su gestión y su estabilidad financiera para evitar mayores perjuicios. “El objetivo es garantizar que las personas sigan teniendo acceso a la atención médica que necesitan”, expresaron desde la Superintendencia.
La intervención del Estado en las obras sociales tiene también una clara intención de evitar que la crisis se profundice y se repita en otras entidades. Al establecer plazos claros y un mecanismo de seguimiento riguroso, el gobierno intenta devolver la confianza a los afiliados y al mismo tiempo mejorar la eficiencia en la prestación de servicios de salud.
Los afiliados de ambas obras sociales se mostraron preocupados por la situación, ya que la crisis financiera de las entidades podría afectar directamente su acceso a servicios médicos. Muchos temen que la medida provoque mayores restricciones o demoras en la atención. Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que no habrá interrupciones en la cobertura sanitaria.
La consultora política Federico González y Asociados publicó los resultados de una encuesta realizada sobre 1.500 casos efectivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que muestra un escenario electoral marcado por el liderazgo del radical kirchnerista Leandro Santoro en varias categorías, mientras que La Libertad Avanza (LLA) se consolida como la coalición más votada, aunque pierde apoyo en su flanco más derechista.
En la intención de voto para Senador Nacional por CABA, Leandro Santoro, representante del Movimiento Nacional Alfonsinista dentro de Unión por la Patria (UxP), se posiciona como el candidato más votado, con un 24,5% de las preferencias. La Libertad Avanza, sumando a sus tres principales candidatos (Manuel Adorni, Karina Milei y Martín Menem), acumula un 29,5%, lo que la ubica como la coalición con mayor intención de voto.
Por su parte, el oficialismo de Propuesta Republicana (PRO) aparece fragmentado, sumando un 16,1% entre sus diferentes postulantes. La izquierda, encabezada por Miriam Bregman, alcanza un 6,5%, mientras que un 14% de los votantes se inclina por otras opciones.
En la categoría de Diputados Nacionales, Santoro amplía su ventaja con un 26,1%, el liderazgo de UxP acumula un 32,6% de intención de voto en total. Ramiro Marra, libertario recientemente expulsado de La Libertad Avanza, se posiciona en segundo lugar con un 13,5%, seguido por Manuel Adorni (8,9%). El PRO vuelve a mostrar debilidad, sumando solo un 10,5% en total, mientras que la izquierda mantiene un 3,7%.
Para la Legislatura Porteña, Santoro vuelve a liderar con un 24,1%, mientras que Ramiro Marra se consolida en segundo lugar con un 18,1%. En tercer puesto, Ofelia Fernández (Argentina Humana) obtiene un 7,1%, superando a Fernán Quirós (6,1%) y Waldo Wolff (4,9%), ambos del PRO.
La sorpresa de Peretta y la fragmentación de LLA
El farmacéutico Marcelo Peretta, del Movimiento Plural (liberalismo nacionalista), sorprende con un 4,9% de intención de voto, captando parte del electorado liberal tras la salida de Marra y Diana Mondino de LLA, y de la pelea del gobierno con Victoria Villarruel. La izquierda suma un 6,4%, mientras que la categoría “otros” representa un 11,2% del electorado.
La expulsión de Ramiro Marra de La Libertad Avanza, anunciada por el partido debido a su “voto a favor del aumento de impuestos en la Ciudad”, generó un vacío en el espacio libertario que parece estar siendo ocupado por figuras como Peretta. Marra, fundador de LLA, fue expulsado por “no seguir los lineamientos del partido”.
El informe también destaca la debilidad del PRO, que atraviesa una crisis interna reflejada en su fragmentación electoral. Con la salida de Patricia Bullrich y el casi confirmado pase de Soledad Acuña a LLA, el espacio político que gobernó CABA durante las últimas dos décadas aparece dividido y sin un liderazgo claro.
La encuesta también reveló las principales preocupaciones de los ciudadanos de CABA. El sistema de salud y los hospitales encabezan la lista, con un 71,9% de los encuestados expresando una preocupación “muchísimo” o “bastante”. Le siguen el costo de los medicamentos (65,6%), la pobreza y la marginalidad (64,1%), la corrupción política (59,4%) y la educación (54,7%).
Los resultados globales de la encuesta muestran que Unión por la Patria, con Santoro como principal referente, mantiene una fuerte presencia en CABA, mientras que La Libertad Avanza sigue siendo la coalición más votada, aunque su fragmentación y peleas internas le hacen perder el voto de derecha más nacionalista y antiglobalista.
La irrupción de Marcelo Peretta como una figura emergente en el escenario porteño, junto con la posible incorporación de Ramiro Marra a un nuevo espacio político, configuran un panorama electoral mucho más abierto, variado y competitivo para las elecciones de 2025.
*Con información de encuesta realizada por Federico González y Asociados entre el 23 y el 29 de enero de 2025, con un margen de error de +/- 2,58% y un nivel de confianza del 95,5%.
Este lunes 10 de marzo, en la ciudad de Colón, se llevó a cabo una reunión de trabajo encabezada por el intendente local, José LuisWalser, en su carácter de presidente de la Mancomunidad “Tierra de Palmares”, y por el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein. El tema central fue el pedido de relocalización de una planta de e-combustibles que proyectaban instalar en Paysandú, frente a la costa colonense.
Del encuentro surgió un Comunicado Oficial con el apoyo de todos los participantes, dirigido al gobernador Rogelio Frigerio, para que tomara posición al respecto y continuara con las gestiones ante Cancillería. Walser afirmó ante los presentes: “El gobernador ya avanzó con Cancillería en la posibilidad de pedir la relocalización de este emprendimiento”. Agregó que “para Colón es un sacudón importante la posibilidad de esta instalación y lo debe ser para la microrregión, sin lugar a dudas. Estamos con la guardia alta y tenemos en claro lo que queremos”.
Al tomar la palabra, el presidente municipal de Colón declaró: “Entendemos que esta es una amenaza para nuestra principal industria que es el turismo, pudiendo perjudicar nuestro desarrollo”. Por su parte, Gustavo Hein señaló: “Nunca estaríamos en contra de una inversión privada, pero sí estamos a favor de que esto sea en consulta”. El presidente de la Cámara de Diputados también afirmó que “el gobernador avala y acompaña la consulta popular respecto a una relocalización. Fue claro en que esto no puede demorarse. Se están haciendo gestiones frente a Cancillería; lo que viene hacia adelante son acciones directas”. Y concluyó: “El impacto ambiental y visual está de manifiesto, es un tema que hace meses se viene hablando y si lo dejamos avanza. Tiene que haber normas, una cierta estructura que contemple el no avasallamiento sobre la margen del río”.
También estuvieron presentes representantes del Parque Nacional El Palmar, Cecom Colón, AHGA, guías de Turismo, Coprotuer, Termas Colón, Molino Aventura, la Asociación de Cabañeros, la Escuela Normal de Colón, la Multisectorial Somos Ambiente, profesionales de turismo, vecinos de la región y otros actores vinculados a la actividad turística. Todos manifestaron su respaldo a la solicitud de relocalizar la planta de e-combustibles y pidieron al gobernador Frigerio que acompañara la medida y reforzara las presentaciones ante los organismos nacionales competentes.
Un escándalo sacudió a la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen (Salta) cuando la Policía Vial de San Ramón de la Nueva Orán detuvo a un funcionario por conducir bajo los efectos del alcohol. El hecho ocurrió el pasado sábado 8 de marzo, a las 2:56 de la madrugada, en la intersección de las calles Pueyrredón y Bolivia de la ciudad salteña de Orán. Al realizarle el test de alcoholemia, se comprobó que presentaba 1.41 gramos de alcohol por litro de sangre, y, según las imágenes difundidas por medios locales, se lo observó en un “estado totalmente deplorable”.
– Soledad Cabrera, intendente de Hipólito Yrigoyen
El conductor fue identificado como Carlos Ariel Cabrera, secretario de Gobierno del municipio de Hipólito Yrigoyen y hermano de la intendente, Soledad Cabrera. El portal InformateSalta confirmó tanto su identidad como su vínculo familiar con la jefa comunal. El funcionario se desplazaba en un Volkswagen Virtus y, de acuerdo con la información recabada, viajaba acompañado por el Director de Tránsito del mismo municipio y otro empleado de planta política.
Tras confirmarse la alcoholemia positiva, las autoridades labraron el acta de infracción, retuvieron la licencia de conducir del secretario y designaron a un chofer alternativo para proseguir con el traslado del automóvil.
– LA FOTO DIFUNDIDA POR MEDIOS LOCALES: Carlos Ariel Cabrera, secretario de Gobierno del municipio de Hipólito Yrigoyen y hermano de la intendente
A pesar de la gravedad de los hechos, la intendente Cabrera guardó silencio durante más de 72 horas. Se esperaba que durante la semana siguiente al episodio tomara una postura pública en relación con el accionar de su hermano y de los otros funcionarios. Hasta el momento, no se conocieron declaraciones oficiales que aclararan el futuro del secretario de Gobierno ni el de quienes lo acompañaban en el vehículo.
La comunidad de Hipólito Yrigoyen permaneció a la expectativa de las medidas que podría adoptar el gobierno municipal ante la conducta del funcionario, en vista de la responsabilidad que conlleva su cargo y del hecho de haber infringido las normas de tránsito en un contexto que comprometió la seguridad vial.
El municipio de General José de San Martín, en la provincia del Chaco, se encontró en el centro de la polémica tras la instauración de un sistema de cobro ilegal para el ingreso de mercadería. Comerciantes y especialistas en derecho tributario denunciaron que el intendente Mauro Leiva creó una “aduana paralela”, donde exigió el pago de 56 mil pesos por vehículo y 76 mil pesos si incluía acoplado. Estos montos se abonaron sin recibir facturas ni recibos formales, y quienes se negaron a pagarlos quedaron imposibilitados de ingresar con sus cargas.
Abogados especializados en derecho constitucional advirtieron que la medida contradijo la Carta Magna argentina, que prohíbe aduanas internas entre jurisdicciones. “Una medida de esta naturaleza viola la constitución nacional y configura un delito que debe ser investigado de inmediato por la Justicia”, explicó un abogado representante de los comerciantes afectados.
La situación de Leiva se tornó aún más controversial debido a antecedentes judiciales. Meses atrás, la Justicia archivó una causa en su contra por un siniestro vial en el que falleció un joven motociclista de veinte años. El hecho ocurrió en la ruta nacional 11, a la altura del kilómetro 1014. Las pericias concluyeron que Leiva conducía a alta velocidad y por el carril contrario, pero el caso no avanzó de forma significativa. “Me sorprendió la rapidez con la que se desestimaron las apelaciones y la causa quedó cerrada. Como profesional del derecho, considero que el tratamiento de este caso fue, cuanto menos, irregular”, sostuvo el abogado Justo Mencía, quien representó a la familia de la víctima.
Otro de los proyectos inconclusos de la gestión de Leiva fue la nueva terminal de ómnibus de la ciudad, que permaneció inactiva pese a superar el 95 por ciento de avance. La obra, inaugurada simbólicamente en abril de 2023, no operó por falta de infraestructura básica.
A la polémica de la “aduana paralela” se sumaron graves denuncias contra el director del hospital Félix A. Pertile, José Luis Aguilera. Vecinos y pacientes aseguraron que Aguilera cobró 50 mil pesos para permitir el uso de la ambulancia en casos de urgencia. “Cualquier persona que tenga una emergencia debe pedir permiso a la unidad sanitaria para mover la ambulancia del hospital y pagar en el momento 50 mil pesos para el traslado”, denunció una de las víctimas.
A la crisis sanitaria se suma una situación alarmante relacionada con la salud mental. Una familia de General José de San Martín ha solicitado reiteradamente que su hijo, quien sufre problemas de adicción y ha cometido numerosos robos en la ciudad, sea trasladado a una clínica psiquiátrica para su internación. Sin embargo, el director Aguilera se niega a derivarlo, argumentando falta de combustible para la ambulancia.
La atención médica en General José de San Martín también enfrentó deficiencias por falta de profesionales, insumos y turnos. No hubo pediatra ni médico clínico, y los pacientes debieron esperar desde la noche anterior para conseguir cupos que en muchos casos no alcanzaron. Además, la situación de un joven con adicciones complicó aún más el panorama: la familia pidió reiteradas veces su internación psiquiátrica, pero el director del hospital se negó a derivarlo alegando falta de combustible en la ambulancia. El joven, detenido en varias oportunidades por cometer robos, presentó un documento del Hospital Pertile que certificó su estado mental, lo que propició su liberación inmediata.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
Sí, durante más de 30 años a los jubilados les han robado. No empezó hoy el problema.
¿Cuál sí es el problema hoy? Que los que supuestamente venían a cambiar las cosas son los mismos que ocuparon cargos esos 30 años y están haciendo lo mismo.
