El Gobierno municipal en situación de alerta tras la usurpación de tierras que ocurrió en el barrio Las Heras. El oficialismo elevó un proyecto de comunicación al Concejo Deliberante, con motivo de solicitarle a Nación y Provincia que retire todo tipo de ayuda social (otorgada por el Estado) a aquellas personas que ocupen ilegítimamente terrenos públicos o privados.
Este miércoles, la comisión interna de Legislación, Interpretación y Reglamento, trató el expediente que solicita la elaboración de un Protocolo de Actuación que “deberá contemplar un inmediato accionar policial tendiente a identificar a las personas que se encuentren desarrollando la ocupación ilegítima”, para constatar si son beneficiarios de planes sociales y, en caso que se confirme, se ejecute la inmediata interrupción.
El edil de Propuesta Republicana (PRO), Agustín Neme, defendió el expediente de su autoría de forma tajante. “De una vez por todas, tenemos que ponernos de acuerdo que debe haber consecuencias cuando se usurpa una tierra, porque es un delito”, sentenció.
Acto seguido, la concejal del bloque del Frente de Todos (FdT), Verónica Lagos, cruzó a Neme. “Excede por mucho a este Concejo Deliberante pedir la existencia de un protocolo unificado a nivel nacional y provincial. Cada Municipio lo tiene ante cualquier desalojo”.
La respuesta no tardó en llegar desde la banca oficialista. “El Municipio no va poder decir mucho al respecto porque no es quién gestiona los planes sociales”, argumentó Neme, quién accedió a que el texto normativo (por pedido de la oposición) quede en comisión hasta que lleguen los informes solicitados.
