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El Gobierno municipal en situación de alerta tras la usurpación de tierras que ocurrió en el barrio Las Heras. El oficialismo elevó un proyecto de comunicación al Concejo Deliberante, con motivo de solicitarle a Nación y Provincia que retire todo tipo de ayuda social (otorgada por el Estado) a aquellas personas que ocupen ilegítimamente terrenos públicos o privados.
Este miércoles, la comisión interna de Legislación, Interpretación y Reglamento, trató el expediente que solicita la elaboración de un Protocolo de Actuación que “deberá contemplar un inmediato accionar policial tendiente a identificar a las personas que se encuentren desarrollando la ocupación ilegítima”, para constatar si son beneficiarios de planes sociales y, en caso que se confirme, se ejecute la inmediata interrupción.
Usurpaciones de terrenos en el barrio Las Heras
El edil de Propuesta Republicana (PRO), Agustín Neme, defendió el expediente de su autoría de forma tajante. “De una vez por todas, tenemos que ponernos de acuerdo que debe haber consecuencias cuando se usurpa una tierra, porque es un delito”, sentenció.
Acto seguido, la concejal del bloque del Frente de Todos (FdT), Verónica Lagos, cruzó a Neme. “Excede por mucho a este Concejo Deliberante pedir la existencia de un protocolo unificado a nivel nacional y provincial. Cada Municipio lo tiene ante cualquier desalojo”.
El oficialismo busca eliminar las usurpaciones en Mar del Plata
La respuesta no tardó en llegar desde la banca oficialista. “El Municipio no va poder decir mucho al respecto porque no es quién gestiona los planes sociales”, argumentó Neme, quién accedió a que el texto normativo (por pedido de la oposición) quede en comisión hasta que lleguen los informes solicitados.
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3 días después del discurso que brindó Cristina Kirchner, este domingo se derrumbó el techo del Teatro Argentino de La Plata, donde la vicepresidente dio el jueves pasado una “clase magistral” de economía y confirmó que no se presentará como candidata a las elecciones. El hecho fue minimizado por el gobernador Axel Kicillof, pero un funcionario platense lo cruzó. “De milagro no fue una tragedia”, dijo Marcelo Leguizamón Brown, secretario de Gobierno de Julio Garro.
“Con todo respeto, señor gobernador, no minimicemos lo ocurrido”, pidió Leguizamón Brown, en Twitter, y reforzó: “Había 2 mil espectadores dentro del teatro y al desprendimiento de parte de la marquesina de ingreso se sumaron ventanales del tercer piso con riesgo de caída”. El funcionario bonaerense destacó trabajo de Bomberos y Defensa Civil. “Gracias a su trabajo se logró reducir el riesgo para que los vecinos puedan salir sin inconvenientes”, indicó.
Momento del derrumbe exacto en el Teatro Argentino.
Y denunció: “Pero le recuerdo que los platenses ya sufrimos las consecuencias de las obras de maquillaje que se hacen pensando en el resultado electoral, pero que no atienden los problemas estructurales que se tienen. A pesar de que lo busquen ocultar o lo nieguen, el Teatro Argentino sigue con el subsuelo inundado por las filtraciones, y la situación que ocurrió este fin de semana merece dejar de lado la pelea mediática y ponerse a trabajar con seriedad y responsabilidad”.
Previamente, el gobernador Axel Kicillof utilizó las redes para minimizar el desprendimiento en el Teatro Argentino. “Hoy a la tarde, por la tormenta, se cayeron 2 vidrios de una marquesina de afuera. Pero algunos medios porteños mienten para que parezca que se desmoronó el techo de la Sala Ginastera“, dijo el mandatario provincial, y señaló: “Ni siquiera se suspendieron las funciones. Patético”.
El año pasado, el Gobierno dijo que aseguraría la conexión a internet para 45.000 de las 50.000 escuelas estatales del país (el 90%). Un informe realizado por dos ONG, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Amnistía Internacional Argentina, evidenció que solo fueron 28.000 las instituciones educativas que gozaron de internet durante el año pasado (un 56,5%)
El informe exige una educación “de calidad y en condiciones de equidad”, en un país donde el acceso a internet es “bastante irregular”. Según datos preliminares del Ministerio de Educación, mientras Buenos Aires y San Luis contaban con un 100% de escuelas estatales conectadas a internet en 2022, Santiago del Estero tenía el 25%, y Entre Ríos, el 35%.
Mientras la agenda de Educación Nacional se arma en torno a la conectividad, miles de escuelas norteñas no cuentan con los servicios ni condiciones básicas
Varios investigadores pedagógicos coincidieron en la disparidad del acceso a internet según la urbanidad de las escuelas. Fabio Tarasow, coordinador académico del Proyecto Educación y Nuevas Tecnologías (PENT) de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), dijo que se trata de un “espejo de la conectividad en el país”. Y agregó: “En los centros urbanos la conectividad es mejor; si te alejás, es peor, o no hay”.
Entre las principales causas de esta deficiencia, el informe delata que existió un recorte presupuestario en el programa Conectar Igualdad. El Estado invirtió 43.000 millones de pesos de los 90.000 millones pactados en el 2022. Y del millón y medio de computadoras que se suponía que se entregarían, solo 610.000 dispositivos llegaron a manos de los alumnos.
La conectividad total no es sencilla de alcanzar, según Tarasow: “No es algo que llega y ya está. Hay que mantenerla”, dijo. Y remarcó que las políticas argentinas de conectividad han sido “ambivalentes”. Al respecto, Alejandro Artopoulos, director de Investigación y Desarrollo del Centro de Innovación Pedagógica de la Universidad de San Andrés (UdeSA) propuso observar como ejemplo a Uruguay, que con el Plan Ceibal de 2008 logró conectar todas las escuelas primarias del país en cinco años.
De todos modos, la conexión a internet no es la completa respuesta a la crisis educativa nacional. Incluso puede ser perjudicial si no se le da el debido lugar. Tanto así que, según Tarasow, también es responsabilidad de los docentes formar a los estudiantes para que sean “capaces de cuestionar las respuestas de la inteligencia artificial”. Y concluyó: “La cuestión más importante es qué se hace con la conectividad. Tiene que haber una propuesta pedagógica que le dé sentido a esa conectividad”.
“No llego a fin de mes”, sentenció el diputado provincial de Mendoza, Emanuel Fugazzotto, en una entrevista para Radio Mitre. Actualmente representa al Partido Verde y es precandidato a vicegobernador por el mismo.
El legislador estuvo invitado a Radio Mitre Mendoza en donde participó de una entrevista a los precandidatos a vicegobernador de cara a las elecciones del próximo 11 de junio. Fugazzoto habló de sus propuestas y también contestó a la hora de ser consultado sobre la dieta que percibe en el Poder Legislativo.
“Cobro 500 mil pesos legislador y no llego a fin de mes. No siento que un legislador cobre mucho sino que la gente cobra poco”. @EFugazzotto #HoyPorHoy
Fugazzotto afirmó que cobra “alrededor de 550 mil pesos”. Y, al instante, añadió sin tapujos: “Nosotros trabajamos en el acompañamiento del partido, yo debo decir no llego a fin de mes como una persona que pueda tener su profesión o su empresa. Me siento más cerca de la clase media, trabajadora”.
Y fue mucho más allá, al confirmar que de ese dinero que percibe, realiza “aportes partidarios”. “Nosotros entendemos que no es que nos sobre. No siento que un legislador cobre mucho, siento que la gente está cobrando poco“, señaló sin vergüenza alguna.
El diputado provincial de Mendoza por el Partido Verde, Emanuel Fugazzotto.
“A mí me queda menos de 450 mil pesos, lo que ganaba siendo docente, trabajando por mi parte como profesional era cercano a ese número, no estaba más lejos”, aseveró Fugazzotto. A lo que agregó: “Estoy en situaciones similares a las que plantea la clase media mendocina. Hoy no puedo salir a comprarme un terreno, no puedo pensar en cambiar un vehículo, no puedo pensar en invertir, en desarrollar emprendimientos“.
“No tengo reparo en trabajar 24 horas por día. No siento que el legislador que trabaja en serio cobre demasiado”, remarcó. Y cerró de manera sorprendente: “Tengo la suerte de poder vivir en una casa de mi vieja, pero no tendría problema en alquilar si pudiera”.
El juez federal Leopoldo Bruglia, trasladado durante el Gobierno de Mauricio Macri a la estratégica Cámara Federal porteña, demandó el viernes pasado al presidente Alberto Fernández por daños y perjuicios. Lo acusa de haberlo difamado y le reclama un resarcimiento de 40 millones de pesos.
Según Bruglia, el Presidente debe retractarse de sus dichos porque fue el responsable de una “difamación pública” en su contra “con argumentos falaces y ataques a la investidura” de juez federal, y porque eso le causó “daño al honor, reputación y dignidad (con afectación moral) daño en la imagen pública, familiar, social e institucional”.
Leopoldo Bruglia, juez de la Cámara Federal penal de la Capital Federal.
El juez acusa a Fernández de haber propagado sus falsas acusaciones, vertidas en Twitter, “exponencialmente” y “sin límite alguno”. Dice que el Presidente llegó con su mensaje “a la comunidad toda” y que incluso transgredió “los límites nacionales” con “fuertes implicancias” en el ejercicio de su actividad de magistrado.
“Provocando además (afirmó Bruglia), daño a mi buen nombre y honor, con repercusiones sobre mi dignidad y afectación a la intimidad, hiriendo diversos aspectos de mi vida por la abrupta, sorpresiva, injustificada y falaz publicación efectuada por el accionado en la red social Twitter, incurriendo así en la transgresión a los principios de decoro y respeto a la buena fe, entre otros”, señaló.
Una vez más, la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por dos magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional.
“Los que deben primar en el trato entre las personas en general y en especial porque los hechos públicamente transmitidos son absoluta y totalmente mendaces, en tanto, no cuentan con asidero ni sustento real ni legal alguno resultando injustificados, falsos y contrarios a derecho“, expresó.
Bruglia le reclama también a Fernández “la retractación pública por el mismo medio y cuenta personal y/o mediante una publicación equivalente a la efectuada el día 02/11/2022”. Ese día el Presidente publicó los tuits que el juez objeta. Eran mensajes contra fallos dictados por el magistrado y Pablo Bertuzzi (también trasladado a la Cámara Federal por Macri) relacionados con el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, cuya investigación ordenaron elevar a juicio de inmediato, sin esperar a que se determinara si hubo autores intelectuales aún no identificados.
Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi deberían estar solo en los tribunales para los cuales concursaron.Solo una maniobra ilegal (que es un secreto a voces) del ex presidente Mauricio Macri,
“Una vez más, la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por 2 magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional“, dijo el Presidente en el primero de los tuits de la cadena que dedicó a los camaristas.
“Pareciera que lejos de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están empecinados en tapar lo obvio: que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación”, añadió.
La Corte Suprema debe intervenir para hacer cumplir su propio fallo. Ojalá tenga la misma celeridad que tuvo para para imponer a su presidente al frente del Consejo de la Magistratura.
Bruglia dijo en su demanda, presentada el viernes pasado en la Justicia civil: “El demandado es abogado, hijo de Juez, profesor universitario y Presidente; características que lo convierten en un personaje especialmente cualificado, lo que provoca que su conducta asuma ribetes que no son ordinarios, así como tampoco las consecuencias dañosas de sus dichos”.
“Y su escondida motivación solo él la sabrá, tal vez intentar agradar, quedará solo en el campo de lo condicional y de las suposiciones. Lo que ya no puede conjeturarse fue la clara intención política; por su consecuencia que fue la degradación verbal a la que sometió al suscripto y el origen del enojo, que determinó el desborde de sus expresiones”, concluyó.
La monja Martha Pelloni se refirió a la situación social y económica que afronta la Argentina e hizo especial hincapié en la provincia de Formosa, donde denunció que la ciudadanía vive bajo el “sometimiento del régimen de Gildo Insfrán“. En LN+, calificó a su gobierno como “tiránico” y confesó que “la gente le tiene miedo”.
En el programa conducido por Luis Novaresio, la referente de los derechos de niños y adolescentes cuestionó, entre otros puntos, el plan de viviendas en que se lleva adelante en la provincia norteña. “Es la forma de tener a los formoseños quietos porque las construyen, pero no son dueños”, denunció.
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La religiosa dio cuenta de lo que observó cuando estuvo allí. “Hace no mucho me llevaron a comer unos sanguches a un barrio donde hay unas 4 mil viviendas hechas por el gobernador. Pero muchas están desocupadas”, dijo. Sin embargo, agregó que en otras edificaciones cercanas hay familias hacinadas. “Quiénes no están en esas nuevas casas, viven en una pieza con otras 10 personas. Esas también las entregó Insfrán”, expresó.
En ese sentido, se refirió al caso particular de una mujer que fue a ver a su madre enferma a una provincia del sur, se llevó a sus hijos “porque no los podía dejar ahí” y “cuando volvió no tenía vivienda”. “No la dejaron entrar. Le sacaron todo y tiraron sus pertenencias a la tierra y por donde pasan los desagües”, relató.
La religiosa Martha Pelloni visitó Formosa.
Pelloni expresó que en la provincia “todos dependen de Gildo Insfrán” y remarcó que “la gente le tiene miedo”. Asimismo dijo que la provincia es la identidad de la “no democracia”: “Cuando uno escucha hablar a la gente, piensa que se trata de una tiranía. Someten al formoseño. Es muy fuerte”.
En esa línea, Pelloni contó que le envió una carta al líder formoseño, en la que le expuso distintas situaciones que observa allí como los problemas con la entrega de viviendas. “Le dejé una carta pidiéndole que haga funcionar a sus instituciones según el cumplimiento de los derechos”, contó.
La Universidad Católica Argentina (UCA) dio a conocer un informe realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) que expone el aumento de chicos pobres en el país, a pesar de que cada vez son más las familias que recurren a beneficios del Estado. Entre los que viven en hogares con ingresos debajo de la línea de pobreza están: el 83,5% de adolescentes, el 51,4% de chicos de entre 5 y 12 años, y el 54,2% de niños de 5 años o menos. Además, hay un 3,2% más de menores privados de educación, respecto del 2021.
Según el relevamiento, la población de clase baja de hasta 17 años que recibe asistencia alimentaria del Estado, ya sea en comedores, escuelas, o usando la Tarjeta Alimentar, se elevó del 51,6% al 77,7%, respecto del año pasado. En cuanto a la clase media, el porcentaje es de 62,4%; antes de la pandemia era del 36%. Ianina Tuñón, coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la OSDA en la UCA, se refirió al problema: “Los niños de las clases medias son los nuevos pobres de la infancia. Es un contexto macroeconómico muy difícil”, dijo.
La investigación, que abarca más de 60.000 hogares urbanos, demostró que la mayoría de las políticas destinadas a niños apuntan a los primeros años de vida, lo que descuida ampliamente a los adolescentes, dificultándoles mucho más que solo la inserción laboral.
En ese sentido Tuñón, comentó: “Los adolescentes no solo están teniendo mucho menos conocimiento en términos de formación educativa, sino que también están alejados del sistema de salud, con problemas que nunca fueron tratados”. Y sumó: “Además, tienen dificultades con habilidades como llevar adelante una rutina con horarios, normas de higiene y vinculación en un grupo, que son fruto de la crianza y la socialización. Muchos crecieron sin ver a sus padres cumplir una rutina laboral. Las empresas pueden asumir la capacitación técnica, pero la formación en habilidades sociales es más difícil porque son procesos muy complejos”.
Según el Índice de Pobreza Multidimensional, la educación fue el aspecto donde los niños más sufrieron. Mientras que antes de la pandemia eran el 18% los chicos privados de dicha estimulación, en el 2023 son el 27%. Los menores carentes de condiciones sanitarias dignas también aumentaron más de un 3%. Otro dato que arrojó la investigación refleja que casi el 15% de chicos de entre 5 y 17 años realiza tareas fuera del hogar para ayudar a su economía familiar.
Durante la presentación de los resultados, Tuñón expresó su preocupación: “No hay muchos motivos para pensar que la clase dirigente del país alguna vez vaya a priorizar a la infancia”. Los 8,2 millones de niños pobres en el país no parecen contradecirla.
Santiago Viola, ex abogado de Leandro Báez, hijo del bancario que se volvió millonario durante la era K, procesado en Cámara y sobreseído en Casación por presentar testigos falsos, fue nombrado como apoderado del espacio de Javier Milei.
La Patria es de cada uno de los 46 millones de argentinos. No dejemos que nadie se apropie de esta fecha que es de todos. Hoy #25deMayo celebremos unidos un nuevo aniversario de la Revolución que hicieron los padres fundadores de nuestra nación. ¡Viva la Patria! pic.twitter.com/0IntRikJOK
