El Juzgado Criminal y Correccional Federal 12 de Capital Federal, a cargo de Ariel Lijo, dio lugar a la denuncia del intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, a raíz de la polémica por la cesión de terrenos para un proyecto agroecológico en la zona de El Marquesado al Movimiento de Trabajadores Excluidos, la agrupación liderada por el piquetero Juan Grabois.
La denuncia realizada por el jefe comunal del PRO había sido planteada semanas atrás contra el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Eduardo Alfonso Albanes, y 2 integrantes de la Asociación Civil “Tercer Tiempo”, que forma parte de la organización que conduce Grabois.
A través de la acción judicial, el intendente Guillermo Montenegro afirmaba que la cesión de un inmueble de 140 hectáreas en la ciudad balnearia era con “argumentos falaces y arbitrarios” a “solo efecto de pretender justificar la ilegal entrega del inmueble”.
En el escrito Montenegro acusa a las personas mencionadas de los delitos de “usurpación, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos” y exige “el inmediato reintegro del inmueble”.
La Justicia Federal tomará intervención en el caso de Mar del Plata
Según informaron fuentes judiciales, la presentación de Guillermo Montenegro fue incorporada al sistema informático de la Justicia federal. “Téngase por contestada en legal tiempo y forma la vista conferida al agente fiscal y por impulsada la acción penal”, informó el Juzgado.
Además, el magistrado ordenó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado que “tenga a bien remitir el expediente original junto a sus anexos y documentación vinculado a la entrega del inmueble” ubicado en el kilómetro 553 de la Ruta Provincial 11, en Chapadmalal y dispuso que se libre un oficio a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la AABE, el cual deberá ser remitido electrónicamente.
Para la Justicia Federal “corresponde elaborar un amplio informe en donde se pueda establecer el estado actual del predio” en el que “será fundamental conocer la cantidad de ocupantes que allí se radican, las condiciones en las que se encuentran viviendo, como así también los motivos principales que hicieran a su traslado al lugar”.
La decisión de radicar la denuncia en la Ciudad de Buenos Aires se fundamenta en la premisa de que los presuntos delitos habrían sido cometidos en aquella jurisdicción mediante la firma del convenio.
