La vecina de CFK teme ser la próxima vinculada al intento de asesinato contra la Vicepresidente y ya contrató un abogado defensor
Se trata de Ximena de Tezanos Pinto, militante activa de Republicanos Unidos (RU), la cual se hizo reconocida por vivir encima del departamento de la Vicepresidente en CABA y colgar banderas tratando de "chorra" a su vecina.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Ximena de Tezanos Pinto, la reconocida vecina del piso de arriba de Cristina Fernández de Kirchner, se presentó a través de su abogado en la causa que investiga los posibles vínculos entre la organización Revolución Federal (RF) con el presunto atentado contra la vicepresidente, ocurrido el ya pasado 1 de septiembre.
La decisión tomada a la defensiva por parte de la vecina fue hecha luego de que Gastón Guerra, uno de los cuatro procesados este jueves en esa causa que está a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, la mencionara en sus declaraciones ante el juzgado. Tezanos Pinto puso como representante y defensor a Martín Sarubbi.
Ximena de Tezanos Pinto podría ser la próxima perseguida por la Justicia en el caso del presunto atentado contra Cristina Fernández de Kirchner
A Sarubbi, la vecina de Cristina lo presentó “como defensor de confianza en las presentes actuaciones” y solicitó que “se vincule al profesional al sistema Lex 100”, el programa informático en el que tramita el expediente digital al que, luego de esa movida, ella tendrá acceso como parte involucrada. En su argumentación, Tezanos Pinto indicó que la decisión de compulsar en el expediente que obra en la causa 3103/2022 la tomó por “propio derecho”.
Por otro lado, es propicio dejar en claro que la vecina se encuentra a Republicanos Unidos (RU), que tiene entre sus referentes a Ricardo López Murphy. Es crítica de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, a quién la considera hija de la “dedocracia” de Horacio Rodríguez Larreta, denostado por los “halcones “Halcones” alineados detrás de Patricia Bullrich.
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la controversial cesión de 180 hectáreas de tierras de un cuartel del Ejército a una comunidad mapuche en Bariloche, impulsada por el kirchnerismo.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, concluyó que la controversia legal no fue válida porque la provincia de Río Negro no fue consultada.
El conflicto judicial se originó cuando la jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, jubilada desde entonces, dictaminó el 2 de febrero de 2022 a favor de un amparo presentado por la comunidad Millalonco Ranquehue. Este amparo solicitaba la entrega de 180 hectáreas del Batallón de Montaña del Ejército al Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), para que sean transferidas a nombre de la comunidad mapuche.
El terreno en cuestión, ubicado en la ladera oeste del cerro Otto, está registrado a nombre del Ejército Argentino. La Corte Suprema determinó la anulación del caso debido a la omisión de citar a la provincia de Río Negro, la cual era necesaria para su participación en defensa en el juicio.
La comunidad mapuche había demandado al Estado Nacional para obtener el título de propiedad comunitaria sobre las tierras que afirmaba ocupar de manera “actual, tradicional y pública”, reconocidas por una resolución del INAI en 2012, basada en un relevamiento técnico, jurídico y catastral.
En primera instancia, se había ordenado al Poder Ejecutivo Nacional que, en 60 días desde la firmeza de la resolución, transfiriera gratuitamente el dominio de las tierras al INAI. El Ejército Argentino apeló la decisión fuera de plazo, y la Cámara Federal de General Roca rechazó el recurso por presentarse fuera de los términos procesales establecidos.
En 2023, tanto el Ejército Argentino como la fiscal general María Claudia Frezzini presentaron recursos extraordinarios contra la decisión judicial, los cuales fueron denegados, resultando en la presentación de quejas ante la Corte Suprema de Justicia. Este proceso también derivó en una causa penal contra los abogados estatales por presunto incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, proceso en el cual la Cámara Federal de Casación Penal anuló los procesamientos. Esta decisión está actualmente recurrida ante la Corte Suprema.
Recientemente, la Corte Suprema declaró la nulidad del trámite judicial relacionado con la transferencia de las tierras, ordenando que la Provincia de Río Negro sea incluida en el proceso judicial.
El fallo se fundamentó en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, el cual establece competencias concurrentes entre la Nación y las provincias en materia de adjudicación de tierras a comunidades indígenas.
La Corte destacó que las normativas reglamentarias específicamente prevén la participación de las provincias en los procedimientos de adjudicación de tierras y criticó que, en este caso particular, el INAI había excluido inicialmente a la Provincia de Río Negro a petición de la comunidad mapuche, sin luego darle intervención en el proceso judicial para que pudiera ejercer sus derechos.
El caso ha tenido varias idas y vueltas, incluyendo decisiones previas de la Corte que suspendieron la entrega de las tierras con la intervención del procurador Eduardo Casal. Además, el fiscal Carlos Stornelli fue uno de los que impulsó las acciones legales contra los abogados que apelaron fuera de plazo, lo que impidió temporalmente la transferencia de parte del predio militar. –
Ayer, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, realizó una recorrida por varios pueblos de la provincia. Desde sus redes, el funcionario narró que comenzó el día visitando la localidad de Pozo Borrado, y siguió su recorrido por El Nochero, Margarita, Llambi Campbell y, finalizó su gira en Helvecia.
Durante su paseo, el gobernador de la provincia fue protagonista de un episodio que despertó carcajadas en las redes.Ocurrió que se viralizó un video del jefe provincial rodeado de niños que le pedían autógrafos y, en el tumulto, puede escucharse el reproche de uno de los niños: “¡Pero ese no es Milei!”.
Algunos usuarios cuestionaron la supuesta espontaneidad del video, argumentando que la vieja costumbre de pedir autógrafos no es una conducta esperable en un niño. Comentarios como “Obligan a los chicos a que se le acerquen” y “Los chicos no piden autógrafos. Esa es cabeza de adulto” fueron comunes en las redes.
Los fiscales federales Diego Luciani y José Ipohorski solicitaron cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para el exsecretario de Comercio Interior del kirchnerismo, Guillermo Moreno, acusado de manipular los índices del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para ocultar los verdaderos niveles de inflación.
Moreno enfrenta cargos por abuso de autoridad, violación de secretos, destrucción de registros y documentos, y falsedad ideológica de documentos públicos. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Capital Federal —compuesto por los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini— es el encargado de juzgar el caso.
La misma condena fue solicitada para Beatriz Paglieri, exdirectora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, mientras que para las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda se pidieron dos años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La “intervención de facto” de Moreno: Bajar los índices “a martillazos”
La investigación se inició en 2007 a raíz de una denuncia presentada por la asociación civil “Asamblea por los Derechos Sociales”, basada en publicaciones periodísticas que denunciaban irregularidades en el desplazamiento de la entonces directora del IPC, Graciela Bevacqua. Según las acusaciones, Moreno habría ordenado a Bevacqua revelar datos confidenciales sobre los comercios utilizados para medir la inflación, y al negarse esta, fue reemplazada por Paglieri.
Fiscales que pidieron la condena para Moreno: Diego Luciani (medio) y José Ipohorski (izquierda)
El fiscal Luciani afirmó que Moreno llevó a cabo una “intervención de facto” del INDEC para bajar artificialmente la inflación, sosteniendo que “a martillazos bajaban los índices”. Según Luciani, desde la llegada de Paglieri, se extraían a diario copias de los formularios del índice que luego eran sacadas del organismo por Paglieri, con la colaboración de Filia y Cámpora Avellaneda.
Las anteriores condenas a Moreno
Los fiscales también solicitaron abrir una investigación contra la exministra de Economía, Felisa Miceli, argumentando que elINDEC dependía de su Ministerio, por lo que se debe evaluar su posible implicación en los delitos. Además, se describió un sistema de control y coerción dentro del INDEC, donde incluso se habría llegado a encerrar a empleados en oficinas y retirarles contraseñas o tareas.
Guillermo Moreno ya enfrentó otros juicios: En octubre de 2017 fue condenado a dos años y seis meses de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado, y en julio de 2022 fue condenado a dos años de prisión en suspenso por amenazas coactivas.
Felisa Miceli, exministra de Economía
El juicio actual continuará con los alegatos de las defensas el próximo miércoles 10 de julio. Luego, los jueces determinarán la fecha para la audiencia en la que se dará a conocer el veredicto final. Moreno, por su parte, negó las acusaciones, argumentando que su gestión no dependía del INDEC y que simplemente utilizaba la “conversación de los precios” para su trabajo.
Los concejales de Santa Rosa han preparado un encendido pedido de informes. Allí piden explicaciones por el crecimiento patrimonial de la intendenta Flor Destéfanis y su grupo familiar. Lo hacen de manera ingeniosa, sacando cuentas de los eventuales ingresos del clan.
Lo fundamentan contrastando la cuestión con la situación económica que viven los ciudadanos de a pie: “Hace años, que a los argentinos, y por ende a los santarrosinos se nos hace más complejo sobrevivir, quizás ahora un poco más, pero es un debate político al cual no es el propósito de este escrito, aunque a veces miran a nuestro alrededor, escuchamos y de ahí empezamos a sacar conclusiones, equivocas o no, pero para eso están los debates, los papeles y los distintos poderes en nuestro país y provincia”.
El documento avanza luego en el mismo sentido: “Sabemos lo difícil que es llegar a fin de mes, con lo mínimo e indispensable, como pensar en comprar un lote, un vehículo, o ir un poco más allá, construir una vivienda propia, un sueño imposible, o poco probable hoy en día”.
Acto seguido, el paper va al hueso: “Nos pusimos a sacar cuentas, en base a estas deducciones, como para entender un poco la situación a plantear, como para comprender un simple problema matemático, donde 2 más 2 son 4, pero aunque eso en la práctica de la política de algunos no es así. Entonces, primero vamos a las dudas que tenemos, que nos hicieron solicitar este informe, debemos primero plantear el problema matemático, y así tratar de develarlo, que sinceramente a nosotros las cuentas no nos dan”.
Los ediles explican que se trata de una “familia tipo”, de 4 personas, “padre y madre y dos menores, deduciendo que los niños no trabajan, ya que sería un delito”. Hablan de los años que se desempeñaron como funcionarios públicos Diego Foco y Flor Destefanis.
En tal contexto describen el supuesto patrimonio de la pareja. “Decimos supuestamente, ya que no coincidiría con lo informado a la Oficina de Ética Pública de la provincia a través de la declaración jurada presentada por los funcionarios”. Se trata de:
Una mansión en el distrito La Dormida, con un terreno de una superficie de 13.000 metros cuadrados y una superficie cubierta de 500 metros cuadrados aproximadamente, casa y caballerizas, piscina, reservorio de agua, paneles solares de importante envergadura.
Un lote con construcción, ubicado en km 11 distrito de Guaymallén, con un lote con superficie de 589 metros cuadrados, una vivienda de 250 metros cuadrados aproximadamente, más piscina.
Un vehículo Hyundai Tucson modelo 2020.
Declaración de productos bancarios y tenencia de dinero que no sabemos los montos ni el tipo de moneda.
Caballos de carrera, los cuales serían 3, pero sin certeza alguna.
EN EL MISMO PEDIDO DE INFORME, LOS CONCEJALES LE DAN UN VALOR APROXIMADO A LOS BIENES DE REFERENCIA:
Terreno 1300 metros cuadrados. $ 3.000.000. Mansión 500 metros cuadrados aproximadamente precio enero por metro cuadrado según el centro de ingenieros de mendoza de $ 927.721 lo que da un total de $ 463.860.500. Piscina costo por metro cuadrado $ 300.000 por 50 metros cuadrados total $ 15.000.000. Paneles solares aproximadamente $ 2.000.000. Reservorio de agua $3.500.000 lo que da un subtotal del punto de: $483.860.500.
Lote en km 11 $ 10.000.000. Casa de 230 metros cuadrados aproximadamente x $ 927.721 el metro de construcción: $213.373.830. Piscina de 30 metros cuadrados aproximadamente por $ 300.000 el metro de construcción: $9.000.000. Subtotal punto dos: $232.373.830.
Camioneta aproximadamente $30.000.000.
Monto desconocido.
Precio estimado de caballos $ 5.000.000.
Todo esto da un total de $751.233.330. “Tenemos un patrimonio, sin saber el punto 4, sin el equipamiento tecnológico y amoblamiento de aproximadamente $ 751.233 330”, sostienen los ediles.
Luego, ponen el foco a una cuestión inquietante:“Según la cuenta oficial de redes sociales de la intendente, un empleado municipal gana $101.000 por mes de promedio, por lo lo desarrollaremos un problema matemático como para un alumno de escuela primaria, preguntándonos ¿cuántos años se demoraría un empleado municipal para poder alcanzar el patrimonio de la intendente?”.
Ello se resuelve de manera matemática de la siguiente manera: “Un empleado necesitaría 619 años para llegar a ese número, esto sin contar que al sueldo hay que descontar lo que se necesita para lo cotidiano, alimentos, indumentaria, servicios, etcétera”, según el comunicado.
Allí mismo se plantea otro problema: “Supongamos que el patrimonio se haya alcanzado en 6 años, serían $751.233.330 en 6 años lo que por mes necesitaron un ingreso mensual de $ 10.433.796,25”. Por todo ello, para evitar suspicacias y dudas, los concejales solicitan que se apruebe el siguiente pedido de informes, con reservas:
Que la Sra. intendenta envié copia de la declaración jurada presentada ante la Oficina de Ética Pública de la provincia de Mendoza.
Que se solicite a A.T.M los montos pagados en impuestos por facturación como profesiones del doctor Diego Foco y de la doctora Flor Destéfanis.
Que se solicite a la A.F.I.P lo facturado como profesionales por el doctor Diego Foco y la doctora Flor Destéfanis.
A su vez, se deja reserva de iniciar la correspondiente comisión investigadora a la Sra. intendenta Flor Destéfanis y al concejal Diego Foco.
Finalmente, piden que se deje reserva de denuncia penal, “por mal desempeño como funcionarios públicos y enriquecimiento ilícito ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza”.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó el juicio contra 14 personas, incluidos exfuncionarios y dirigentes del fútbol, por irregularidades y desvío de fondos en el programa “Fútbol Para Todos”.Este programa, impulsado por la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), buscaba televisar de manera pública y gratuita los partidos de fútbol entre 2009 y 2015. La próxima audiencia está fijada para el primero de julio.
En el banquillo de los acusados se encuentran figuras prominentes del kirchnerismo como los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, y el excoordinador del programa, Gabriel Mariotto. Junto a ellos, también están acusados varios exdirectivos de la AFA, como Luis Segura y Miguel Ángel Silva, así como directivos de Futbolistas Argentinos Agremiados y representantes de entidades crediticias involucradas en el escándalo financiero.
El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Miguel Ángel Osorio y la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Andrea Garmendia Orueta, acusa a los imputados de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. En particular, se señala a Fernández y Segura como autores de estos delitos, mientras que Capitanich está imputado por violación de los deberes de funcionario público.
Durante la primera audiencia, el tribunal integrado por RicardoBasílico, José Michilini y Adrián Grünberg, escuchó la acusación fiscal que detalla cómo los fondos públicos destinados al programa fueron desviados a cuevas financieras mediante maniobras fraudulentas. Según la fiscalía, estos desvíos resultaron en un significativo daño al patrimonio público, con fondos que debían fortalecer a los clubes de fútbol terminando en entidades crediticias.
El programa “Fútbol Para Todos” nació con la promesa de ofrecer acceso “libre y gratuito” a los partidos de fútbol y mejorar la situación económica de los clubes. Sin embargo, según la acusación, los objetivos no se cumplieron y los pasivos de los clubes aumentaron. Además, se cuestiona la legalidad de contratos de sponsoreo y la falta de auditorías en los clubes, lo que permitió maniobras de desvío de fondos a través del cobro de cheques en financieras.
A raíz del aumento de la inseguridad por los delitos graves cometidos por menores en la Argentina, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, ha reafirmado su postura a favor de bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Esta propuesta, según Cúneo Libarona, responde a un cambio en el desarrollo y comportamiento de los jóvenes en la actualidad que no se condice con los buenos valores y costumbres que practicaban en 1980.
“El artículo 34 del Código Penal dice que no es punible quien no tenga conciencia de la criminalidad del acto y no pueda dirigir sus acciones.En 1980, cuando se dictó la ley, el joven de 13 años no era el mismo de hoy. Hoy tiene conciencia, actúa con dolo, tiene intención”, declaró Cúneo Libarona en una entrevista con Jonatan Viale. El ministro sostiene que los adolescentes de hoy son plenamente conscientes de sus acciones y deben ser responsables por ellas.
El funcionario nacional argumentó que, si un joven de 13 años comprende que usar un arma y matar constituye homicidio, es indudable que tiene la capacidad de entender la criminalidad de sus actos. “¿Qué le decimos al padre al que le mató un hijo un chico de 13 años? ¿Qué son inimputables, que quedan en libertad? No hay límites”, añadió con preocupación.
“La cantidad de delitos cometidos por chicos de 13 años nos sorprendería. Hubo un incremento del 20% de un año a otro, con lo cual no cabe duda de que el chico de 13 años de 2024 no es el mismo de antes”, detalló el abogado. Este enfoque integral del proyecto de ley busca no solo reducir la delincuencia juvenil, sino también ofrecer un marco legal que permita tratar a los menores con la seriedad que la situación amerita, sin descuidar su rehabilitación y reintegración social.
¿DÓNDE IRÁ EL MENOR DE 13 AÑOS QUE COMETE UN DELITO? | EL PLAN DE CUNEO LIBARONA
El proyecto de ley propuesto por La Libertad Avanza establece que los menores privados de libertad serían internados en establecimientos especiales o en secciones separadas dentro de las penitenciarías, bajo la supervisión de personal especializado. Los padres de los menores recibirían notificación tanto de la imputación como de los actos procesales subsiguientes, y se garantizaría la protección de los derechos de las víctimas en todo momento.
Además, la propuesta incluye medidas complementarias para las condenas condicionales, como la asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, y tratamiento médico o psicológico, entre otros. Estas medidas buscan no solo castigar sino también rehabilitar y reintegrar al menor en la sociedad de manera constructiva.
Las penas propuestas varían entre tres y seis años, con alternativas a la prisión en ciertos casos. La implementación de estas penas será supervisada por un juez o fiscal, y también por la víctima si así lo desea. “El máximo de las penas será de 20 años. Al cumplir dos tercios, el tribunal podrá disponer que se continúe con algunas de las medidas alternativas”, explicó Cúneo Libarona. Además, se establece que ante el incumplimiento injustificado de una pena alternativa, el juez la sustituirá por otra más severa.
