La vecina de CFK teme ser la próxima vinculada al intento de asesinato contra la Vicepresidente y ya contrató un abogado defensor

Se trata de Ximena de Tezanos Pinto, militante activa de Republicanos Unidos (RU), la cual se hizo reconocida por vivir encima del departamento de la Vicepresidente en CABA y colgar banderas tratando de "chorra" a su vecina.
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Ximena de Tezanos Pinto, la reconocida vecina del piso de arriba de Cristina Fernández de Kirchner, se presentó a través de su abogado en la causa que investiga los posibles vínculos entre la organización Revolución Federal (RF) con el presunto atentado contra la vicepresidente, ocurrido el ya pasado 1 de septiembre.

La decisión tomada a la defensiva por parte de la vecina fue hecha luego de que Gastón Guerra, uno de los cuatro procesados este jueves en esa causa que está a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, la mencionara en sus declaraciones ante el juzgado. Tezanos Pinto puso como representante y defensor a Martín Sarubbi.

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Ximena de Tezanos Pinto podría ser la próxima perseguida por la Justicia en el caso del presunto atentado contra Cristina Fernández de Kirchner

A Sarubbi, la vecina de Cristina lo presentó “como defensor de confianza en las presentes actuaciones” y solicitó que “se vincule al profesional al sistema Lex 100”, el programa informático en el que tramita el expediente digital al que, luego de esa movida, ella tendrá acceso como parte involucrada. En su argumentación, Tezanos Pinto indicó que la decisión de compulsar en el expediente que obra en la causa 3103/2022 la tomó por “propio derecho”.

Por otro lado, es propicio dejar en claro que la vecina se encuentra a Republicanos Unidos (RU), que tiene entre sus referentes a Ricardo López Murphy. Es crítica de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, a quién la considera hija de la “dedocracia” de Horacio Rodríguez Larreta, denostado por los “halcones “Halcones” alineados detrás de Patricia Bullrich.

Ulises Catriel Cuenca

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El Min. de Justicia detectó 100 expedientes truchos que cobraron indemnizaciones de víctimas de la dictadura

En base a declaraciones realizadas Mariano Cúneo Libarona, trascendió que hay 22.500 expedientes en revisión y se analizan “el respaldo documental, la veracidad y legalidad” de la documentación que se presentó en cada caso para cobrar las reparaciones.

En promedio, cada indemnización alcanza los $80 millones y en total, según reveló el Ministro, la cifra reconocida por el kirchnerismo superó los $14.000 millones. Hasta el momento se detectaron 100 expedientes irregulares y pagos duplicados.

La Justicia investiga una supuesta asociación ilícita, que se dedicaba a falsificar documentación para cobrar las indemnizaciones y por este motivo, la Jueza María Eugenia Capuchetti ya ordenó notificar de procesamiento firme y embargo de bienes al abogado Omar Enrique Ramón García, que representa a varios de los solicitantes.

En promedio, cada indemnización alcanza los $80 millones

Según la investigación, en muchos casos se simulaba ser hijos de desaparecidos o víctimas de la última dictadura.

Cúneo Libarona dio el ejemplo de la causa “Martínez Moreira, Adrián y otros s/defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita”, donde se procesó por estafa al Estado a un grupo de personas. En el fraude al Estado, estarían involucrados familiares de personas que estaban viviendo en el exterior; es decir, que no fueron desaparecidos.

Redacción

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ESTADO DE EMERGENCIA | Cardiólogos advierten por la crisis: “No podrán colocarse más stents”

“Se trata de un problema generalizado del sistema de salud argentino”. Mediante un alarmante comunicado, el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) se declaró en estado de emergencia. Los profesionales advirtieron que, en el mediano plazo “la actividad puede desaparecer y no podrían colocarse stents ni efectuarse angioplastias” porque “se está dando una conjunción de factores que ponen en peligro la misma actividad”.

Esta situación, aclararon, es consecuencia de la combinación del aumento exponencial del costo de los equipos y suministros médicos, y la reducción sistemática de honorarios: “El aumento exponencial del costo de los equipos y los insumos médicos, la baja sistemática de los honorarios profesionales están mostrando ya consecuencias indeseables, como lo son la reprogramación de prácticas y la demora en realizar las mismas dilatándolas por largos meses, lo que evidentemente pone en riesgo la salud del paciente. De no mediar una solución en el mediano plazo, toda la actividad va a verse paralizada, generando un impacto incalculable sobre la salud de la población a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina”.

Consultado por los medios, el doctor Alfredo Bravo, vicepresidente de la institución que nuclea a más de 600 cardiólogos intervencionistas, aclaró que el problema no se reduce a la provisión y colocación de stents, “si fuera sólo eso podríamos llegar a resolverlo con insumos más económicos, pero en realidad se trata de un problema generalizado del sistema de salud argentino”.

Desde el CACI aseguraron que el equipamiento y los insumos registraron subas de entre un 300 y 500%. “Estos incrementos no se han visto reflejados en los centros asistenciales donde se realizan estos procedimientos y que las obras sociales y sistemas de medicina privada pagan”.

Redacción

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Casi el 70% de la población de Formosa recibe un beneficio social de los aportes jubilatorios de la ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estima que el 65% de la población de la provincia norteña recibe algún tipo de beneficio o prestación del Estado a través del organismo.

En diálogo con Diario La Mañana, el jefe de Unidades De Atención Integral (UDAI) de Formosa de ANSES, Fabián Firmán, dio a conocer la cifra: “Sabemos por la situación económica que estamos pasando. Nosotros hemos recorrido (el municipio) Ramón Lista la semana pasada y la concurrencia de la gente a los operativos es impresionante. Hemos tenido prácticamente mil personas que consultaron esta semana”.

Fabián Firmán

Es teniendo en cuenta los datos de ANSES sobre quiénes reciben asistencia en la provincia que Firmán estima el porcentaje, “muy alto” dice, de beneficiarios: el 65%.

Tras 23 años de gestión ininterrumpida de Gildo Insfrán, la ciudad de Formosa cerró el 2023 en 41%, lo que afecta a casi 20 millones de personas. A nivel provincial, esa cifra roza el 50%.

Redacción

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Con un contundente discurso, El Presto destrozó a Bahl en pleno juicio

Este lunes, Eduardo Prestofelippo, más conocido como El Presto, cruzó en los Tribunales de Paraná, en Entre Ríos, al exintendente y exvicegobernador de esa provincia, Adán Humberto Bahl. El burócrata denunció al periodista por una declaración que éste realizó durante una emisión en vivo en el año 2020.

El discurso de El Presto

A la declaración del burócrata siguió la de El Presto. En la declaración, de poco menos de 20 minutos, el periodista cargó contra algunos ítems mencionados por Bahl: “El intendente dijo que nunca persiguió a nadie, haciendo referencia a los periodistas. Me pregunto a quién podría perseguir en la ciudad de Paraná si casi la totalidad del periodismo responde, directa o indirectamente, a la pauta oficial”.

Luego, volvió a citar otra de las frases de Bahl. A Prestofelippo le sorprendió que Bahl haya tratado a los empleados municipales de “animales arriados” donde “los sindicalistas dan órdenes y ellos responden”. Finalmente, antes de leer su discurso, contó que, en medio de pequeño encontronazo con su abogado, el exintendente Adán Bahl lo insultó en medio del juicio.

Frases destacadas de su discurso:

– Aquí se están utilizando los mecanismos de la golpeada Justicia entrerriana para llevar adelante un circo político/mediático.

– (Lo que dijo) Fue un exabrupto porque en ese momento, pleno confinamiento, Adán Bahl estaba echando descarada y arbitrariamente, a cientos de trabajadores municipales que cobraban —como ahora— míseros sueldos. Muchos en condiciones laborales deplorables… Ahí no existían ni “compañeros”, ni “justicia social”, ni todos esos slogan que estos populistas utilizan para llegar al poder.

– Este Señor me trae aquí y desea que la Justicia me condene, porque nosotros, en el año 2019, a través de una larga y cuidada investigación, descubrimos que, el por entonces candidato a intendente de la ciudad de Paraná, Adán Bahl, tenía un hijo extramatrimonial que había abandonado, un hijo al que no dió su apellido ni cuota alimentaria, un hijo que dejó tirado peor que un perro. Y ese era el mismo Señor que quería hacerse cargo de los paranaenses y cuidar a los paranaenses, no tuvo ni el valor ni la hombría para cuidar, como mínimo de manera económica, a su propio hijo. Es por eso que este hombre me aborrece.

Yo no soy ejemplo de nada ni de nadie. Soy un hombre vehemente, que se equivoca mucho. Pero yo no le robo a los entrerrianos, yo no uso al Estado para perseguir gente, ni meter familiares sin talento ni estudios.

Redacción

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Grabois y Fernández Sagasti imputados por malversación de fondos para viviendas

El pasado viernes, el fiscal Carlos Stornelli imputó al piquetero Juan Grabois, a la senadora de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, a la militante Ramona Fernanda Miño y a Jorge Tanus, titular del BICE Fideicomisos durante la gestión de Alberto Fernández. Los datos se conocieron tras una auditoría solicitada por el Poder Ejecutivo.

La investigación se centra en posibles irregularidades en los Fondos de Integración Socio Urbana (FISU). Los montos del desfalco implican fondos para la construcción de viviendas sociales por 1 millón de dólares, entregados entre 2020 y 2023, que se habrían utilizado para campañas políticas, viajes y demás gastos que no se rindieron. Según la auditoría del gobierno de Milei, se presupuestaron 6.517 viviendas pero se finalizaron apenas 400.

También se investiga el crecimiento desproporcional de empleados del FISU, cifra que pasó de 60 a 600 trabajadores, de los cuales estaban todos afiliados al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), partido fundado por Grabois.

“Resulta objeto de investigación la presunta administración fraudulenta, y/o malversación de caudales públicos, y/o abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en relación al Fondo de Integración Social Urbano (FISU), ocurridos en el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2019 y el 10 de diciembre de 2023″, indica el dictamen del fiscal Stornelli entregado al juez Sebastián Ramos.

Según el documento oficial la administración de los fondos que integran ese fideicomiso se encontraría en manos de la Unidad Administrativa del Estado (BIFISA) a cargo de Anabel Fernández Sagasti, Jorge Tanus, y por la Secretaría de Integración Socio Urbana, a cargo de Fernanda Ramona Miño, quien a su vez sería integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Redacción

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El Gobierno restituyó a Parques Nacionales tierras que Alberto entregó a los mapuches

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la decisión del Gobierno de restituir a Parques Nacionales dos hectáreas de tierras cedidas a “presuntas comunidades indígenas” Mapuches por la gestión de Alberto Fernández. El terreno en cuestión pertenecían a la Universidad del Sur, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, Bariloche.

Los terrenos fueron entregados a la Fundación Arcángel San Miguel por Justicia, Igualdad y Solidaridad, agrupación política liderada por “Franco Dellavalle, un abogado cooperativista cercano al ex candidato a presidente Juan Grabois, quien fue también director de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía entre abril y diciembre de 2023″, explicó el vocero.

Franco Dellavalle (Instagram)

Adorni puntualizó que, durante la gestión del Frente de Todos, “se reconocieron 221 comunidades indígenas sin demostrar necesariamente pertenencia a comunidades originarias”. Además, explicó que unos 81 reconocimientos fueron realizados los últimos 16 días de gestión, “para que se entienda el desorden que había en este tipo de cuestiones”.

Ayer jueves, autoridades de Parques Nacionales mantuvieron reuniones en San Carlos de Bariloche (Río Negro) con el fin de rescindir la cesión de comodato emitida el 25 de noviembre de 2021.

El acuerdo fue firmado por el extitular de Parques Nacionales, Federico Granato, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla y por el titular del Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), Alejandro Fabián Marmoni.

Redacción

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