La vecina de CFK teme ser la próxima vinculada al intento de asesinato contra la Vicepresidente y ya contrató un abogado defensor
Se trata de Ximena de Tezanos Pinto, militante activa de Republicanos Unidos (RU), la cual se hizo reconocida por vivir encima del departamento de la Vicepresidente en CABA y colgar banderas tratando de "chorra" a su vecina.
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Ximena de Tezanos Pinto, la reconocida vecina del piso de arriba de Cristina Fernández de Kirchner, se presentó a través de su abogado en la causa que investiga los posibles vínculos entre la organización Revolución Federal (RF) con el presunto atentado contra la vicepresidente, ocurrido el ya pasado 1 de septiembre.
La decisión tomada a la defensiva por parte de la vecina fue hecha luego de que Gastón Guerra, uno de los cuatro procesados este jueves en esa causa que está a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, la mencionara en sus declaraciones ante el juzgado. Tezanos Pinto puso como representante y defensor a Martín Sarubbi.
Ximena de Tezanos Pinto podría ser la próxima perseguida por la Justicia en el caso del presunto atentado contra Cristina Fernández de Kirchner
A Sarubbi, la vecina de Cristina lo presentó “como defensor de confianza en las presentes actuaciones” y solicitó que “se vincule al profesional al sistema Lex 100”, el programa informático en el que tramita el expediente digital al que, luego de esa movida, ella tendrá acceso como parte involucrada. En su argumentación, Tezanos Pinto indicó que la decisión de compulsar en el expediente que obra en la causa 3103/2022 la tomó por “propio derecho”.
Por otro lado, es propicio dejar en claro que la vecina se encuentra a Republicanos Unidos (RU), que tiene entre sus referentes a Ricardo López Murphy. Es crítica de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, a quién la considera hija de la “dedocracia” de Horacio Rodríguez Larreta, denostado por los “halcones “Halcones” alineados detrás de Patricia Bullrich.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la controversial cesión de 180 hectáreas de tierras de un cuartel del Ejército a una comunidad mapuche en Bariloche, impulsada por el kirchnerismo.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, concluyó que la controversia legal no fue válida porque la provincia de Río Negro no fue consultada.
El conflicto judicial se originó cuando la jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, jubilada desde entonces, dictaminó el 2 de febrero de 2022 a favor de un amparo presentado por la comunidad Millalonco Ranquehue. Este amparo solicitaba la entrega de 180 hectáreas del Batallón de Montaña del Ejército al Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), para que sean transferidas a nombre de la comunidad mapuche.
El terreno en cuestión, ubicado en la ladera oeste del cerro Otto, está registrado a nombre del Ejército Argentino. La Corte Suprema determinó la anulación del caso debido a la omisión de citar a la provincia de Río Negro, la cual era necesaria para su participación en defensa en el juicio.
La comunidad mapuche había demandado al Estado Nacional para obtener el título de propiedad comunitaria sobre las tierras que afirmaba ocupar de manera “actual, tradicional y pública”, reconocidas por una resolución del INAI en 2012, basada en un relevamiento técnico, jurídico y catastral.
En primera instancia, se había ordenado al Poder Ejecutivo Nacional que, en 60 días desde la firmeza de la resolución, transfiriera gratuitamente el dominio de las tierras al INAI. El Ejército Argentino apeló la decisión fuera de plazo, y la Cámara Federal de General Roca rechazó el recurso por presentarse fuera de los términos procesales establecidos.
En 2023, tanto el Ejército Argentino como la fiscal general María Claudia Frezzini presentaron recursos extraordinarios contra la decisión judicial, los cuales fueron denegados, resultando en la presentación de quejas ante la Corte Suprema de Justicia. Este proceso también derivó en una causa penal contra los abogados estatales por presunto incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, proceso en el cual la Cámara Federal de Casación Penal anuló los procesamientos. Esta decisión está actualmente recurrida ante la Corte Suprema.
Recientemente, la Corte Suprema declaró la nulidad del trámite judicial relacionado con la transferencia de las tierras, ordenando que la Provincia de Río Negro sea incluida en el proceso judicial.
El fallo se fundamentó en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, el cual establece competencias concurrentes entre la Nación y las provincias en materia de adjudicación de tierras a comunidades indígenas.
La Corte destacó que las normativas reglamentarias específicamente prevén la participación de las provincias en los procedimientos de adjudicación de tierras y criticó que, en este caso particular, el INAI había excluido inicialmente a la Provincia de Río Negro a petición de la comunidad mapuche, sin luego darle intervención en el proceso judicial para que pudiera ejercer sus derechos.
El caso ha tenido varias idas y vueltas, incluyendo decisiones previas de la Corte que suspendieron la entrega de las tierras con la intervención del procurador Eduardo Casal. Además, el fiscal Carlos Stornelli fue uno de los que impulsó las acciones legales contra los abogados que apelaron fuera de plazo, lo que impidió temporalmente la transferencia de parte del predio militar. –
El reciente anuncio de Federico Sturzenegger, nuevo ministro de Desregulación y Transformación del Estado, sobre la implementación de un examen de ingreso para la función pública, generó una rápida y fuerte reacción por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, expresó su descontento con el funcionario del presidente Javier Milei, calificando la iniciativa como un mal comienzo.
Aguiar criticó duramente a Sturzenegger, señalando: “Empieza con una burrada. Muestra toda su ignorancia proponiendo implementar lo que ya existe en la ley y lo que establece nuestro Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional 214/06”. Además, tachó de hipócrita al ministro por hablar de condiciones de ingreso mientras el Gobierno “despide y cesantea ilegalmente a empleados”.
El líder sindical enfatizó que ATE siempre ha estado a favor del ingreso por concurso, el derecho a la carrera administrativa y la estabilidad laboral, rechazando el acomodo y el favoritismo. “Me permito, respetuosamente darle un último consejo, no hable mucho de idoneidad, porque se quedan sin medio Gabinete y se les vacía la Vocería Presidencial“, lanzó Aguiar en un mensaje que también difundió en sus redes sociales.
Por su parte, el presidente Javier Milei defendió la propuesta de su nuevo ministro en su cuenta de Instagram, afirmando que el examen de ingreso es para aquellos que deseen trabajar en el Estado y criticando a quienes protestan porque “no lo van a poder pasar”. Este respaldo presidencial subraya el compromiso del gobierno con la iniciativa de Sturzenegger.
Sturzenegger detalló en redes sociales las funciones de su nuevo ministerio, destacando una “agenda de desregulación” con ejes en la agenda legislativa y reglamentaria. Anunció la continuación de la Ley Hojarasca y otros aspectos de la Ley Bases original. Además, mencionó que se buscará eliminar burocracia innecesaria y fomentar cambios simples, como la desregulación del mercado aerocomercial.
La controversia principal radica en la propuesta de exámenes de ingreso, que Sturzenegger justificó como una medida para combatir la corrupción y mejorar la eficiencia del servicio público. “La evaluación permitirá dejar atrás la pesadilla de un Estado plagado de ñoquis o acomodados políticos que los argentinos de bien no merecen y que violan el espíritu de nuestra Constitución”, afirmó el ministro.
En una movida estratégica que marca su regreso a la escena política, el expresidente, Mauricio Macri, participará en dos eventos cruciales organizados por el PRO, uno de los cuales tendrá lugar en Paraná a fines de agosto. El gobernador Rogelio Frigerio será el anfitrión de esta cumbre, que se llevará a cabo en el Centro Provincial de Convenciones y que contará con la presencia de destacados mandatarios del partido.
Después de meses de relativo silencio, Mauricio Macri decidió elevar su perfil y asumir un rol activo en la conducción del PRO. Su primer acto público está programado para el 1 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires, donde se celebrará su regreso a la presidencia del partido. Este evento, más que un simple acto de asunción, se presenta como un “relanzamiento” del PRO de cara a las elecciones legislativas de 2025.
Previo a la cumbre en Paraná, Macri participará en un acto en Vicente López dentro de unos 15 días. Gobernado por Soledad Martínez, vicepresidenta primera del PRO, este distrito de la Provincia de Buenos Aires será escenario de una celebración por el regreso de Macri a la conducción del partido.
La actividad en Paraná, programada para fines de agosto, se enmarca en la formalización de la vuelta de Macri a la conducción partidaria, oficializada en abril en medio de controversias sobre una posible fusión con La Libertad Avanza, promovida por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Organizado por la Fundación Pensar, presidida por la ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, el evento contará con la asistencia de figuras prominentes del PRO.
Pese a las diferencias internas, Macri decidió decidido invitar a todos los referentes del PRO, incluyendo a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Sin embargo, las tensiones persisten, y algunos dirigentes vinculados a Bullrich han sido excluidos de la mesa ejecutiva del partido.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó el juicio contra 14 personas, incluidos exfuncionarios y dirigentes del fútbol, por irregularidades y desvío de fondos en el programa “Fútbol Para Todos”.Este programa, impulsado por la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), buscaba televisar de manera pública y gratuita los partidos de fútbol entre 2009 y 2015. La próxima audiencia está fijada para el primero de julio.
En el banquillo de los acusados se encuentran figuras prominentes del kirchnerismo como los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, y el excoordinador del programa, Gabriel Mariotto. Junto a ellos, también están acusados varios exdirectivos de la AFA, como Luis Segura y Miguel Ángel Silva, así como directivos de Futbolistas Argentinos Agremiados y representantes de entidades crediticias involucradas en el escándalo financiero.
El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Miguel Ángel Osorio y la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Andrea Garmendia Orueta, acusa a los imputados de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. En particular, se señala a Fernández y Segura como autores de estos delitos, mientras que Capitanich está imputado por violación de los deberes de funcionario público.
Durante la primera audiencia, el tribunal integrado por RicardoBasílico, José Michilini y Adrián Grünberg, escuchó la acusación fiscal que detalla cómo los fondos públicos destinados al programa fueron desviados a cuevas financieras mediante maniobras fraudulentas. Según la fiscalía, estos desvíos resultaron en un significativo daño al patrimonio público, con fondos que debían fortalecer a los clubes de fútbol terminando en entidades crediticias.
El programa “Fútbol Para Todos” nació con la promesa de ofrecer acceso “libre y gratuito” a los partidos de fútbol y mejorar la situación económica de los clubes. Sin embargo, según la acusación, los objetivos no se cumplieron y los pasivos de los clubes aumentaron. Además, se cuestiona la legalidad de contratos de sponsoreo y la falta de auditorías en los clubes, lo que permitió maniobras de desvío de fondos a través del cobro de cheques en financieras.
La jueza federal, María Eugenia Capuchetti, procesó al ex ministro de Salud, Ginés González García, en la causa conocida como “Vacunatorio VIP”, por los delitos de abuso de autoridad y peculado. La resolución incluye un embargo sobre sus bienes por la suma de $130 millones. El procesamiento no contempla prisión preventiva.
El escándalo estalló a principios de 2021, durante la gestión de González García como ministro de Salud del gobierno de Alberto Fernández. La investigación reveló que se habían destinado dosis de la vacuna contra el COVID-19 a personas que no cumplían con los criterios de prioridad establecidos por la normativa vigente. Entre los beneficiarios se encontraban el ex presidente Eduardo Duhalde y su familia, el operador K, Horacio Verbitsky, y los entonces legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
Según la jueza Capuchetti, la imputación contra González García se basa en dos hechos específicos. En primer lugar, se le acusa de haber ordenado el retiro de diez dosis de la vacuna asignadas al Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, y su traslado al Ministerio de Salud para vacunar a personas que no estaban habilitadas para recibirlas. En segundo lugar, se le atribuye haber ordenado el retiro de cinco dosis de la vacuna asignadas al Ministerio de Salud, para su administración en el domicilio particular de Eduardo Duhalde y su familia.
A lo largo de la investigación, se comprobó la existencia de un sistema paralelo de vacunación que operaba bajo la dirección del exministro. Este esquema implicaba la organización y logística para el traslado de dosis desde el Hospital Posadas al Ministerio de Salud, y la inoculación irregular de individuos que no formaban parte de las categorías prioritarias establecidas por la Resolución MSAL 2883/2020.
María Eugenia Capuchetti
Además de González García, fueron procesados otros funcionarios involucrados en el escándalo. Alejandro SalvadorCosta, subsecretario de estrategias sanitarias, Marcelo ArielGuille, secretario privado del Ministro, Alberto AlejandroMaceira, director ejecutivo del Hospital Posadas, y MaríaElena Borda, jefa de medicina preventiva del mismo hospital, también enfrentan cargos. En contraste, se dictó la falta de mérito para otras médicas indagadas en el caso.
Capuchetti subrayó que las vacunas eran un bien escaso y de vital importancia durante la pandemia, y que su desvío implicó una violación de los deberes inherentes a los cargos públicos de los implicados. En su fallo, destacó que las dosis asignadas al Hospital Posadas debían destinarse exclusivamente al personal de salud y, en casos excepcionales, al personal estratégico, según lo estipulado en la normativa vigente.
La Municipalidad de Gualeguaychú y la Asociación Promover Conin Gualeguaychú unieron fuerzas en una nueva estrategia para combatir la desnutrición infantil, un problema que afecta a muchos niños en esa región. Esta colaboración busca fortalecer el abordaje y mejorar la detección y tratamiento de la malnutrición en los menores de la ciudad entrerriana.
En una reunión celebrada este jueves, funcionarios municipales y miembros de la Asociación discutieron y planificaron operativos territoriales con el objetivo de identificar y abordar los casos de desnutrición infantil de manera más eficaz. Este problema, especialmente dado durante la primera infancia, puede derivar en efectos irreversibles en el desarrollo cerebral, por lo que se busca establecer un protocolo regulatorio que permita una intervención temprana y efectiva.
Durante el encuentro, se destacó la reciente donación de leche en polvo proveniente del Ministerio de Capital Humano del Gobierno Nacional a través de la Fundación CONIN Argentina. Esta donación, que incluye una parte destinada a las familias del programa y otra para vecinos en situación de vulnerabilidad, representa un alivio significativo para la Asociación Promover Conin Gualeguaychú. La leche contribuirá a mejorar la nutrición de aproximadamente 50 niños que actualmente reciben asistencia.
La Red Conín Gualeguaychú, que asiste a niños con problemas de malnutrición y a mujeres embarazadas, recibió 1300 kilos de leche en polvo. Según Reneé Torres, Coordinadora de la Red Conín en Gualeguaychú, esta cantidad cubrirá las necesidades de los niños durante aproximadamente 18 semanas, coincidiendo con la fecha de vencimiento del producto (estipulado para octubre). La entrega de alimentos se enmarca en un acuerdo nacional que busca enfrentar la crisis alimentaria y ofrecer apoyo a las familias más necesitadas.
La situación económica incrementó la demanda de asistencia en la Red Conín. La inflación y la crisis han llevado a más familias a solicitar ayuda, lo que ha intensificado el trabajo de la organización. La Coordinadora Torres agradeció la colaboración de la comunidad local y resaltó la importancia de la ayuda que reciben tanto de los vecinos como de las instituciones gubernamentales.
