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Falta una “eternidad”, pero ya no es un secreto a voces: El jefe comunal Julio Garro irá el próximo año por un nuevo mandato (su segunda posible reelección), al frente de la Intendencia de La Plata. Pero, en el camino no pierde el tiempo y se sigue posicionando a nivel bonaerense como uno de los “alcaldes estrella” de la variopinta comunidad de Juntos por el Cambio (JxC).
Durante la semana que termina, Garro recibió le dio un sesgo de certeza a esa posibilidad al recibir una vez más al diputado nacional y precandidato a gobernador bonaerense de JxC Diego Santilli, quien elogió la performance de gestión del anfitrión y aprovechó la ocasión para tener contacto con los vecinos, los comerciantes y la prensa local y bonaerense.
El jefe comunal platense busca su tercer mandato
“Tienen buen diálogo, un perfil similar y actúan en tándem en escenarios como el actual”, describió un conocedor del microclima político en Cambiemos con respecto a la relación del alcalde platense y el legislador nacional, hombre elegido por Horacio Rodríguez Larreta para pelear por la provincia de Buenos Aires en su ambición presidencial.
La visita del “Colorado” tuvo epicentro en la confitería Runnie’s, donde ambos brindaron una breve alocución ante una improvisada ronda de medios. “Será la gente la que decida, pero esto es lo que necesitamos, ver las obras, ver la gestión y nosotros estamos contentos de acompañar a un intendente como Julio Garro que tiene esa capacidad de gestión“, fueron las palabras que salieron de la boca de Santilli y vinieron como “anillo al dedo” al proyecto electoral del ex diputado bonaerense.
De ganar Diego Santilli en el territorio bonaerense, se especula con que Garro se tome licencia para asumir en el Ejecutivo de la provincia
Bastión entre los alcaldes PRO, Garro a la vez se perfila como un referente de peso en la provincia ingobernable. Se dijo: “Sus últimas performances electorales lo dejaron en primera línea de expectativas electorales entre la colección de jefes comunales ‘amarillos'”.
En ese plano, la presentación del partido del que Garro es principal columna vertebral (sino el mentor), fue el gesto político más importante en los últimos meses. En esa apuesta tuvo como aliado al intendente de Lanús, Néstor Grindetti.
El diputado nacional de la provincia de Buenos Aires viene con la idea fresca de su victoria en las pasadas elecciones del 2021
Con el interrogante sobre si irá por su segunda reelección ya resuelta, nadie descarta que de ganar la Intendencia, gestione por un breve tiempo para luego desembarcar en algún cargo “de peso” en el Ejecutivo bonaerense (en caso de que Santilli llegue al Palacio de Plaza San Martín), o “quien te dice”, al escenario nacional ante un eventual triunfo de Larreta sobre el Frente de Todos (FdT).
En ese hipotético escenario, claro está, debería dejar al frente del Palacio Municipal a un “sucesor” de confianza. En el escenario actual, por protocolo reglamentario, esa persona sería el presidente del Concejo Deliberante, Darío Ganduglia.
El presidente del Concejo Deliberante de La Plata, Darío Ganduglia, sería el elegido para asumir al frente de la ciudad, si se da todo lo previsto
Pero el armado de la lista distrital para las generales 2023 será el mapa estratégico a seguir en función de especular sobre un posible salto a la arena bonaerense o nacional. “Quien encabece la lista del Concejo tiene todas las chances”, describió un garrista de primera hora.
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La contratación de Tamara Pettinato para conducir un evento oficial durante la gestión del Frente de Todos, encabezada por Alberto y Cristina Fernández, desató una nueva controversia en las redes y en el escenario político. Sucedió que Pettinato fue seleccionada para participar en la presentación del programa “Precios Justos”, un acto organizado por la Secretaría de Comercio en noviembre de 2022.
El evento en cuestión se realizó el 11 de noviembre de 2022 en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y contó con la presencia del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, y más de 100 invitados, entre los que se encontraban empresarios de las principales empresas alimenticias, funcionarios del Ejecutivo y varios intendentes del Conurbano. El objetivo principal del acto era presentar en sociedad la nueva aplicación “Precios Justos”.
La organización del evento estuvo a cargo de la productora Genoma Producciones S.R.L., propiedad de los empresarios Santiago Andrés Turrado y ArielJelin, quienes ya habían sido contratados en numerosas ocasiones por el gobierno de Alberto Fernández. Según documentos, la productora recibió un total de $1.500.000 por sus servicios, equivalentes a 4.500 dólares al precio del dólar blue en 2022 ($320). Entre las tareas asignadas, Genoma debía contratar a una “figura influenciadora” para explicar el uso de la aplicación, rol que recayó en Tamara Pettinato.
“Tamara Pettinato, el día del video, fue a grabar un documental con ALBERTO FERNÁNDEZ, SOBRE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS DEL ESTADO CON CHINA”, tuieó Ángel de Brito
Aunque la participación de Pettinato duró apenas cinco minutos y no tuvo un papel central en el evento, el costo de su intervención fue objeto de cuestionamientos tras la viralización del video junto al expresidente. Fuentes cercanas a Sergio Massa prometieron que la contratación de Pettinato no fue una decisión del Ministerio de Economía, sino que provino directamente de la Secretaría de Comercio —conducida entonces por Matías Tombolini—. Sin embargo, algunos insinuaron que la elección de la conductora podría estar relacionada con su cercana relación con el expresidente Fernández, lo que generó suspicacias sobre la transparencia del proceso.
Además de la falta de claridad en torno a los motivos de su contratación, el hecho de que no exista registro audiovisual de la intervención de Pettinato en las redes oficiales del Ministerio de Economía ni de la Secretaría de Comercio aumentó las sospechas. De acuerdo con la periodista Cecilia Boufflet, quien reveló detalles de la contratación en el programa radial Lanata Sin Filtro, el video completo del evento fue subido a YouTube, pero con un corte que coincide justamente con el momento de la presentación de Pettinato. Aunque Tombolini menciona a la hija de Pettinato en dos ocasiones durante el evento, las imágenes de su participación no fueron publicadas.
Otro aspecto cuestionado es el historial de contratos de Genoma Producciones con el gobierno nacional. La productora fue contratada en repetidas ocasiones entre 2020 y 2023, por un monto total que supera los $183 millones. Entre los eventos organizados por Genoma se incluyen la actividad “Amar al Cine” (por más de $79 millones), las inauguraciones de diversas obras públicas y el “Festival Quiero” (más de $45 millones), además de servicios de iluminación y sonido para la “Noche de los Museos” (más de $3 millones).
En los últimos días, el exgobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional de Unión por la Patria fue duramente cuestionado en las redes sociales por su ausencia en el Congreso debido a que viajó al exterior.
Sucedió que el 23 de agosto Gustavo Bordet faltó a una sesión crucial en la Cámara de Diputados, en la cual se debatía el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia que asignaba 100 millones de dólares a la SIDE.
Juan Domingo Orabona
Inicialmente, circuló en las redes sociales y en medios provinciales que Bordet se encontraba de pesca en Alaska junto a su íntimo amigo y exfuncionario Juan Domingo “Palito” Orabona, quien está implicado en la causa conocida como “los contratos truchos” de la Legislatura provincial.
Sin embargo, según consignaron medios provinciales que se contactaron con el burócrata, quien se apresuró para “desmentir” la información, el viaje no habría sido a Alaska —donde la estadía turística no baja de 500 dólares diarios— sino a Los Ángeles, en Estados Unidos. Bordet realizó su gira internacional acompañado por “un grupo de amigos de la facultad”.
Las sospechas y los cuestionamientos se intensifican al considerar los frecuentes viajes al exterior realizados por Bordet, su familia y empresarios-políticos amigos entre 2007 y 2023. Según registros de la Dirección Nacional de Migraciones, estos viajes suman decenas de salidas del país, un aspecto que también está siendo investigado por la Justicia y que podría complicar aún más la situación del diputado.
Uno de los casos más llamativos y recordados por los entrerrianos es su viaje, en noviembre de 2019, a Costa Rica para participar en el torneo de pesca “Dorado Derby”, realizado en Marina Pez Vela, un lujoso puerto deportivo en la costa del Pacífico. Este recreo, que duró diez días, tuvo un costo estimado de entre 8 mil y 12 mil dólares, sin contar los pasajes aéreos. Bordet habría viajado junto a su círculo cercano, incluyendo también al ya citado “Palito” Orabona y al empresario y político, Armando Gay.
Lo que llamó la atención de los investigadores es que —hasta entonces— no hay registros de que Bordet haya salido del país hacia Costa Rica, lo que condujo a la hipótesis de que pudo haber viajado primero a Uruguay para luego tomar un vuelo hacia su destino final, evadiendo así los controles migratorios argentinos.
La diputada nacional de La Libertad Avanza volvió a ser protagonista de una nueva controversia, esta vez dirigiendo fuertes insultos hacia su colega en el Congreso, José Luis Espert, y —principalmente— hacia su esposa, María “Mechi” González, conocida en las redes sociales como “La Divagante”.
En audios recientemente difundidos, se escucha a Lilia Adela Bolukalo Lemoine, quien en 2019 ocupó el cuarto lugar en la lista de candidatos a diputados de Espert dentro del Frente Despertar, haciendo una serie de acusaciones y comentarios incendiarios. “Tanto Espert como (Luis) Rosales son gays. Se apañan entre sí. La tapadera de Espert es Mechi —o sea, ‘Mechi’ es una vieja fea que no coge y se viste para el orto—. Pero es la que conocía de redes, no Espert. La que manejaba Twitter y movía gente era La Divagante. Por eso Espert tuvo cierto éxito en las redes. Fue ella, no fue Espert. Por eso le dedica libros. Ahora, la mina que hablaba de Goebbels y de todo, es la más maquiavélica de todas. Y fue ella la que armó el call center”, sostiene Lemoine.
María “Mechi” González, utilizando el seudónimo de @ladivagante, es una figura visible en las redes sociales, apoyando abiertamente las políticas del gobierno del que su esposo forma parte. González fue un pilar en la presencia digital de Espert desde su incursión en la política.
La enemistad entre Lemoine y González no es nueva. En abril de 2022, Lemoine republicó un meme que incluía a “Mechi Espert” en una lista de “gente turbia que ataca el liberalismo y al entorno de Milei”. Más tarde, en enero del año pasado, Lemoine acusó a González de “agarrar adolescentes con problemas (…) cuando están mal y los manda a matar”, calificándola como “la hippie con peor gusto del planeta, muy astuta, sin orgullo, es pantalla”.
Lemoine: Todo el tiempo peleando con todos
Este mes, Lemoine continuó generando polémica en el espacio político al criticar a la vicepresidente, Victoria Villarruel, por su silencio ante las visitas de legisladores de La Libertad Avanza a condenados por delitos de lesa humanidad en Ezeiza. También atacó a su colega en la Cámara Baja, Marcela Pagano, acusándola de impedir el quórum en la sesión del 7 de agosto. Sin embargo, Pagano estuvo presente en la sesión, según el registro oficial de Diputados.
En los mismos audios, Lemoine arremetió contra Rebeca Fleitas, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “La mina (por ‘Mechi’ González) es la típica mosca muerta que hay y después te tira mierda por todos lados. Me tomó el pelo toda la campaña(de 2019), siguió bardeando, pero lo hace estilo Rebecca Fleitas, viste, no te enterás, pero yo lo sé”, dijo Lemoine.
En octubre del año pasado, este medio informó sobre un enfrentamiento entre Lemoine y Fleitas. En esa ocasión —también a través de audios— Lemoine criticó el "manejo austero" de Fleitas con las cajas: "es la única hija de puta que dijo '¡Ay! Yo soy libertaria entonces no voy a tener asesores’. No es digna legisladora. Y encima mete proyectos por todos lados para figurar que no sirven para nada, porque nadie se los aprueba, pero hace que trabaja… Y encima, no le entrega contratos a la gente del Partido Libertario de CABA que es la que trabajó para ella gratis… lo cual la hace una reverenda hija de puta".
La denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández tuvo sus repercusiones en Córdoba, porque un grupo de legisladores de la oposición volvió a pedirle al gobernador Martín Llaryora que aparte de su cargo al ministro de Cooperativas y Mutuales, Martín Gill, quien está imputado en una causa de violencia de género.
En marzo pasado, la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María, a cargo de Juliana Companys, pidió la elevación a juicio de la causa, en la que el ministro provincial está imputado por lesiones leves calificadas por el vínculo y por violencia de género.
Gill ratificó su inocencia en relación con los cargos presentados en su contra por una expareja cuando él ejercía como intendente de Villa María.
El funcionario provincial amplió este año su testimonio ante la fiscalía y reiteró su posición de inocencia. Tras la imputación, hubo un pedido de elevación a juicio que fue apelado por el acusado y aún no fue confirmada la elevación a juicio.
La semana pasada, cuando se conoció la denuncia contra el expresidente, en el recinto de la Legislatura de Córdoba hubo legisladores de la oposición que plantearon que el ministro debía renunciar y pidieron al mandatario provincial que tome una decisión al respecto.
El bloque del Frente Cívico había presentado un pedido de informes en el que solicitó se dé cuenta de casos de violencia de género en el Poder Ejecutivo. Esto fue lo que también generó que algunos opositores aprovecharan para insistir en el recinto con el apartamiento de Gill.
“Si a (Gabriel) Bermúdez (imputado por acoso y denunciado por violencia de género) Daniel Passerini (intendente de la ciudad de Córdoba) le pidió la renuncia en cuanto se enteró de que tenía esa causa, Martín Gill es el único que está procesado. Cualquier persona que trabaje en una fábrica, en la parte privada, cualquier hombre que llegue a tener una denuncia de esta magnitud y esté procesado, es sacado de inmediato; lo dejan sin trabajo. Si este hombre no está a la altura para estar ahí moralmente, le tendrían que haber pedido que se retire, que se aparte hasta que se esclarezca su causa”, expresó Nancy Almada, legisladora del Frente Cívico, quien había planteado el pedido de informes.
“Llaryora no le pide la renuncia porque se lo está pidiendo la oposición y él tiene que mostrar con una gran soberbia cuánto poder tiene. Piensa que le van a llevar puestos a los ministros. Un pensamiento soberbio”, insistió Almada.
Viviana Martocci, también legisladora del Frente Cívico, fundamentó por qué el ministro debería ser apartado. “Debe renunciar porque se encuentra imputado en una causa de violencia de género elevada a juicio; es decir que para la Justicia existen elementos de convicción sobre los graves delitos que se le endilgan. De ninguna manera puede un funcionario continuar en su cargo en esa situación. Evidentemente, el ministro no se aparta de su función porque es amparado por una estructura de poder que silencia y normaliza la impunidad ante la violencia de género”, manifestó.
“El gobernador jamás debió designarlo, pero hoy debe exigirle la renuncia en forma inmediata si en verdad quiere demostrar su compromiso con la erradicación de la violencia de género, porque la omisión implica complicidad”, agregó.
La presidenta del interbloque de Juntos por el Cambio, la radical Alejandra Ferrero, coincidió con la importancia de que ante la imputación Gill no continúe en el cargo.
“Debe ser inmediatamente apartado del cargo, porque no sólo pesa una denuncia, sino una imputación y tiene un procesamiento con elevación a juicio por una causa de violencia de género. Y me parece que el Gobierno debe predicar no sólo con la palabra sino con el ejemplo. Declaman la lucha contra la violencia de género, pero no la ejercen. A Llaryora le falta decisión política, el coraje para pedirle la renuncia. Passerini de inmediato le pidió la renuncia a Bermúdez sin que este ni siquiera haya sido imputado; con la sola denuncia lo apartó de su cargo. Es vergonzoso”, dijo.
“Vemos la hipocresía, la misma que hubo a nivel nacional, de un gobierno embanderado en la lucha contra la violencia de género y que tiene a la vista resultados como los de Alberto Fernández, Fernando Espinoza, José Alperovich”, insistió.
En abril pasado, el legislador ex-Coalición Cívica Gregorio Hernández Maqueda había planteado el pedido de tratamiento sobre tablas para la realización de un juicio político contra Gilltras conocerse su imputación, pero no tuvo los votos necesarios para su tratamiento.
¿QUÉ DICE EL OFICIALISMO CORDOBÉS?
En el oficialismo, el tema fue debatido en su momento a puertas cerradas y primó la postura de que debe pesar la “presunción de inocencia”. Por lo tanto, el gobernador no tendría razón ni motivos para apartarlo de su cargo. “Es una denuncia de instancia privada, no tiene aún elevación a juicio, no interfiere en lo más mínimo en el desempeño como ministro. Entonces, ¿por qué apartarlo? ¿Por qué la renuncia?”, se preguntó un hombre con llegada al Centro Cívico.
“Esto es más de la politiquería barata de la oposición, que pone a todos en la misma bolsa”, lanzó este dirigente del oficialismo, quien aseguró que hay coincidencias en la mesa chica del gobernador y razones por las que Gill no presenta la renuncia.
“Ahora quieren que se aparte; mañana pedirán que se aparte otro ministro. Denuncian que no se hace nada, que se oculta, que se encubre, pero por qué no miran a la Justicia, donde están siendo juzgados los funcionarios con elevación a juicio, a los que les debe caer el peso de la ley”, se sinceró otro hombre próximo al Centro Cívico al referirse al proceso que se lleva adelante contra Diego Concha, exdirector de Defensa Civil, imputado de “homicidio con motivo de abuso sexual con acceso carnal calificado por haber sido cometido en abuso de sus funciones y por mediar un contexto de violencia de género”.
“¿Por qué quieren exponerlo como si fuera Concha? Porque quieren hacer politiquería”, dijo otro funcionario que defendió la decisión de evitar una renuncia.
Entre algunas legisladoras oficialistas, en cambio, hay malestar por el tema, sobre todo, entre las que abrazan desde hace años la bandera de la lucha contra la violencia de género. Aunque respetan la decisión del ministro.
En el recinto en la Legislatura, la justicialista Julieta Rinaldi se llevó los aplausos de varios de sus pares cuando, al responder el pedido de informes sobre los casos de violencia de género en el Poder Judicial, dijo que esto debía ser contestado en este ámbito, pero que también estaba interesada en conocer ese detalle.
Fue en ese marco que Rinaldi alzó la voz para insistir. “Sea del Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo, del que sea, los violentos tienen que caer. Caiga quien caiga”, dijo la legisladora, quien el año pasado integró el jury para destituir al exjuez Martín Flores, denunciado por violencia de género y abuso sexual en perjuicio de una de sus exparejas.
También la legisladora del PRO Karina Bruno pidió, en el marco del mismo debate legislativo, que se trabaje puertas adentro en la Legislatura en la elaboración de un protocolo de violencia de género para ese ámbito. Recordó que lo presentó en abril pasado y está a la espera de ser abordado. “La llave también la tenemos nosotros en esta Legislatura”, dijo, al referirse a los opositores más críticos al Gobierno provincial.
Desde el círculo cercano a Gill dijeron que no hablará sobre el tema y que no hay novedades al respecto. Se insistió que el ministro se presentó ante la Justicia para ejercer su derecho de defensa y que hasta el momento no hay una elevación a juicio de la causa.
El ministro de Defensa, Luis Petri, solicitó la prisión preventiva del expresidente AlbertoFernández, luego de que Fabiola Yañez, ex primera dama, lo denunciara por violencia de género. En declaraciones realizadas este domingo a Radio Rivadavia, Petri fundamentó su pedido señalando que, dado el poder y la influencia de Fernández, existe un alto riesgo de fuga y de entorpecimiento del proceso judicial.
El ministro destacó que la prisión preventiva es una medida comúnmente aplicada en casos similares, y se mostró sorprendido por la inacción de la Justicia en este caso específico: “En la mayoría de los casos donde se presentan pruebas tan contundentes y donde se cumplen los supuestos de peligro de fuga o entorpecimiento, la respuesta inmediata suele ser la prisión preventiva”, expresó.
La denuncia de Yañez, que incluye supuestas pruebas fotográficas y mensajes de texto que conforman el maltrato físico por parte de Fernández, desencadenaron una serie de reacciones en el ámbito político. Petri no sólo se refirió a la gravedad de las acusaciones, sino que también apuntó contra el Poder Judicial por no actuar con la celeridad necesaria, considerando la capacidad del expresidente para “encubrir y manipular”.
En sus declaraciones, también repasó algunos de los escándalos que marcaron la gestión de Fernández, como la fiesta en la Quinta de Olivos durante la pandemia y el Vacunatorio VIP. Según el titular de la cartera de Defensa, estos hechos reflejan una actitud de impunidad y falta de responsabilidad que, en su opinión, debería ser tenida en cuenta por la Justicia.
Además de exigir la prisión preventiva para Fernández, Petri dirigió duras críticas al Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género, denunciando la falta de respuesta y apoyo a Yañez cuando ella buscó ayuda. “Es inaceptable que un ministerio creado para proteger a las mujeres haya ignorado la situación de Fabiola Yañez. Esto confirma lo que muchos hemos dicho: ese ministerio no servía para nada”, afirmó el funcionario.
El ministro también hizo hincapié en la importancia de investigar a los funcionarios que pudieron haber encubierto o desestimado las denuncias de Yañez. Según sus palabras, “la Justicia no sólo debe enfocarse en Fernández, sino también en quienes miraron hacia otro lado cuando la ex primera dama pidió ayuda”.
Mientras tanto, se espera que en los próximos días Yañez amplíe su testimonio ante el juez federal Julián Ercolini, quien lleva adelante la causa. Hasta ahora, la exprimera dama ha manifestado sentirse presionada y agobiada por la situación, lo que ha retrasado su declaración formal.
Por su parte, Petri finalizó la entrevista reiterando su pedido a la Justicia para que actúe con la misma rigurosidad que en otros casos similares, advirtiendo sobre las posibles consecuencias de no tomar medidas preventivas. “Es hora de que el Poder Judicial demuestre que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un expresidente”, concluyó.
El reciente rechazo en la Cámara de Diputados al Decreto de Necesidad y Urgencia que buscaba incrementar en $100 mil millones los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) significó un duro revés para el gobierno de Javier Milei y profundizó las divisiones internas en el PRO, uno de los principales partidos de la coalición Juntos por el Cambio.
El presidente del PRO, Mauricio Macri, fue quien tomó la iniciativa de instituir a su bloque de la Cámara Baja a dar quórum en la sesión especial que finalmente resultó en la anulación del decreto. Esta decisión no solo tensó las relaciones con el gobierno, con quien el PRO había tenido una colaboración cercana en el pasado, y también expuso las fracturas dentro de su propio partido.
El DNU de Milei fue presentado en un contexto de creciente preocupación por la seguridad nacional y las amenazas del narcotráfico. El gobierno argumentó que estos fondos eran esenciales para fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y garantizar una mayor seguridad para los argentinos. Sin embargo, la falta de claridad sobre el uso de estos fondos y el “contexto económico” llevó al expresidente y a su círculo cercano a oponerse a la medida.
La decisión no fue unánime dentro del PRO. El sector liderado por Patricia Bullrich —ministra de Seguridad y una de las principales figuras del partido ahora cercana a LLA— se desmarcó de la postura del PRO y criticó duramente la decisión de rechazar el decreto. Bullrich, también desde Twitter, defendió la necesidad de estos fondos para combatir el narcotráfico y proteger a los argentinos, acusando a quienes se opusieron al DNU de “ponerse del lado de las mafias y el terrorismo”.
“La SIDE quedó desmantelada tras la administración de Alberto Fernández y requería dinero fresco para fortalecer la seguridad”, argumentó la ministra, quien lamentó la “inconsciencia” de los que, según ella, no tomaron en cuenta los riesgos que implica rechazar estos fondos.
UNA VOTACIÓN QUE EXPONE DIVISIONES
La votación en la Cámara de Diputados reflejó severas tensiones internas. Mientras que los diputados leales a Macri, como Álvaro González, Daiana Fernández Molero y Héctor Stefani, dieron quórum y votaron a favor de rechazar el DNU, otros, como Fernando Iglesias y Silvana Giudici, optaron por la abstención. Algunos diputados, como Hernán Lombardi y Sabrina Ajmechet, decidieron ausentarse, lo que evidenció la falta de consenso dentro del bloque.
Por otro lado, los diputados cercanos a Bullrich, como Damián Arabia y Patricia Vásquez, votaron en contra de la anulación del decreto, alineándose con La Libertad Avanza, el partido de Milei. Esta divergencia en la votación mostró que, a pesar de la instrucción de Macri, Bullrich aún mantiene un considerable apoyo dentro del PRO.
El comunicado oficial del PRO, titulado “Esto no es el cambio”, dejó en claro la postura de la cúpula partidaria frente al DNU de Milei, enfatizando la importancia de instituciones fuertes y transparentes, y de un gobierno austero.
No conozco jubilados que prendan fuego tachos, les peguen a la policía y marchen encapuchados. Esta es la máxima expresión de militantes políticos que solo buscan el Kaos. pic.twitter.com/KLZajYzTa4
