La diputada K que responsabilizó a Cecilia de su propio asesinato tenía fotos con los Sena y las borró
Claudia Panzardi, la diputada que reprodujo una brutal frase contra Cecilia Strzyzowski, conocía a la familia Sena y se mostró junto a ellos en varias imágenes.
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En el día de ayer, Claudia Panzardi, diputada K del Chaco, comentó que Cecilia Strzyzowski nunca presentó una denuncia por violencia de género por lo que es responsable de su propio femicidio.
“Dicen que Cecilia fue víctima de violencia de género… Sin embargo, Cecilia fue la que eligió -erróneamente, seguramente- a esa familia“, fue la frase que generó polémica y terminó por viralizarse en todas las redes sociales. Debido al impacto que generó, varios usuarios comenzaron a teorizar sobre la posible relación que la diputada pudiera tener con el Clan Sena.
Seguidamente, las imágenes en donde se ve a Panzardi junto a Marcela Acuña, Emerenciano y un joven César Sena comenzaron a trascender.
“Fuimos recibidos por Emerenciano y su compañera, Marcela Acuña, además de los trabajadores y trabajadoras del movimiento y sus instituciones”, inicia una publicación que data del año 2019. “Agradezco de corazón cada palabra y su amistad, pronto volveré a alguna de sus charlas que prometieron invitarme. Muchas gracias Emerenciano y Marcela”, cierra.
Rápidamente las imagenes invadieron las redes sociales y Panzardi debió salir a pronunciarse.“Están publicando fotos de una visita al Barrio Emerenciano de hace cuatro años. Fui invitada por mi ex esposo y vecinos de su pueblo”, luego detalló que nunca compartió lista con Sena y que hecho competió “contra él”.
Por último cerró asegurando que no hay “nada” que la vincule con al Clan Sena. Sin embargo, varios se permitieron disentir. ¿Habrá realmente un conflicto de intereses partidistas por los cuales la diputada reprodujo esas polémicas palabras?
LAS IMÁGENES
*Fuente: Periodismo y Punto
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Una multitudinaria movilización docente se realizó el miércoles por la noche en la provincia de Corrientes en rechazo al aumento salarial del 6%, en un contexto de creciente conflictividad que derivó en la renuncia del ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini. En ese marco, se difundió un video donde el dirigente kirchnerista Martín “Tincho” Ascúa apareció junto a los docentes autoconvocados durante la protesta.
La manifestación congregó a los gremios SUTECO, ACDP y AMET junto a un sector activo de docentes autoconvocados que replicaron las protestas en distintas ciudades de la provincia.
El conflicto se originó tras la liquidación de haberes con fuertes descuentos a docentes que adhirieron al paro nacional del 2 de marzo. Según denunciaron los gremios, las quitas oscilaron entre el 40% y el 60% de los salarios, con casos que alcanzaron los $800.000. La explicación oficial indicó que se trató de un error administrativo.
El gobernador Juan Pablo Valdés reconoció la situación y afirmó: “Se produjo la acumulación de dos ítems del sueldo que resultó excesiva. Por eso se decidió el reintegro. Realizaremos una revisión completa del decreto”. Horas después, pidió la renuncia de Rivas Piasentini, quien llevaba ocho años al frente del área.
En su reemplazo fue designado Héctor Grachot, hasta entonces subsecretario de Finanzas. “Se trata de una persona con la que venimos trabajando. Tiene una trayectoria más que comprobada en el Ministerio, donde hace mucho trabaja. Sabe cuál es el rumbo que debemos continuar llevando adelante”.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en la ciudad de Buenos Aires. La agenda del encuentro incluyó el estado de la infraestructura vial, las finanzas provinciales y la reducción de impuestos distorsivos.
Uno de los ejes centrales de la reunión fue el análisis del estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia del litoral, con especial atención en las obras ya iniciadas y en aquellas pendientes de finalización. Entre ellas, se destacó la situación de la ruta nacional 18, considerada estratégica para la conectividad y el desarrollo productivo de Entre Ríos.
En materia de finanzas provinciales, ambos funcionarios dialogaron sobre la posibilidad de incrementar los recursos destinados a saldar la deuda de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Entre Ríos. Además, se evaluó la chance de recibir un anticipo de coparticipación tanto para la provincia como para los municipios que lo requieran.
– Frigerio junto al flamante director ejecutivo de Cippec, Luciano Laspina
En el plano fiscal, Frigerio y Caputo coincidieron en la necesidad de avanzar en un acuerdo coordinado entre Nación, Provincia y municipios para eliminar impuestos considerados distorsivos, con el objetivo de aliviar la carga sobre el sector productivo.
La reunión con Caputo se produjo días después de que el gobernador se reuniera con Karina Milei y Diego Santilli, y en el marco de la alianza electoral que, según adelantó Frigerio la semana pasada, se ratificará el año próximo con el gobierno nacional.
Esa misma jornada, el mandatario provincial participó de la cena anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), que bajo el lema “Crecer o crecer” reunió a más de 1.000 dirigentes de la política, el empresariado, la diplomacia, el sindicalismo y los organismos internacionales.
El gobierno del presidente Javier Milei puso bajo revisión un total de 44 inmuebles distribuidos en todo el país que estaban bajo la órbita del anteriormente conocido como Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), hoy Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).
Un documento oficial fechado el 19 de marzo de 2026 —elaborado por la Subgerencia de Servicios Generales del organismo— propone anular transferencias en curso, retirar estas propiedades del balance contable del instituto y redefinir su titularidad. La medida está a cargo del ministro de Defensa, Carlos Presti y genera una fuerte resistencia dentro de las propias Fuerzas Armadas.
El dictamen fechado el 19 de marzo de 2026 responde, en los hechos, a una pregunta que hasta ahora no había sido contestada. En el marco de la aplicación del DNU 88/2026, el texto plantea una serie de medidas técnicas que, en la práctica, abren el camino para una eventual venta de esos 44 inmuebles. Entre ellas figura la anulación de las transferencias en curso que habían dispuesto el traspaso de esas propiedades al IOSFA, la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que retome la jurisdicción sobre los bienes, su exclusión del patrimonio neto del IOSFA/OSFA y el archivo definitivo de los expedientes administrativos vinculados a esos activos.
El memorándum detalla la gestión de inmuebles asignados y en transferencia al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), incluyendo propuestas para la anulación de asignaciones y la solicitud de nuevos trámites. Se menciona la necesidad de cumplir con normativas específicas y se presenta una lista de 44 inmuebles a considerar para reasignación.
En la Ciudad de Buenos Aires, el listado incluye la sede central del IOSFA, el edificio San José, la Policlínica General Omar Actis, la Farmacia Pedro Mallo, el Hotel Ushuaia y el Archivo e imprenta de Trelles. En la provincia de Buenos Aires aparecen los hoteles Antártida y Tierra del Fuego, en Mar del Plata, junto con el Hotel Cóndor, el Hotel Metropol, las delegaciones de Bahía Blanca, La Plata y Tandil, y los centros recreativos de San Clemente y Zárate.
En Córdoba figuran el Hotel Social de La Falda, el Hotel Villa General Belgrano, la Residencia Cosquín y la Colonia Miraflores. En Santa Fe se incluyen las farmacias de Rosario y Santa Fe, además de las delegaciones de ambas ciudades. La nómina también alcanza a la delegación de Corrientes y a inmuebles ubicados en Salta y Tierra del Fuego.
Muchos de estos bienes —como los hoteles en Mar del Plata o la residencia en Cosquín— pertenecían originalmente a las propias fuerzas y fueron transferidos al IOSFA en décadas pasadas, por lo que su posible venta genera un doble agravio. Primero se pierde la obra social, y luego se pierde el patrimonio construido a lo largo de décadas.
Esta situación no ocurre de la nada. El Gobierno Nacional tiene en marcha un plan integral de venta de activos públicos que incluye tanto inmuebles militares como empresas estatales. El Decreto 950/2024 ya había habilitado a la AABE para vender o transferir un listado de 309 inmuebles nacionales declarados “innecesarios”, y en 2025 ya se concretaron algunas ventas, como el edificio del Comando Conjunto de Ciberdefensa en Puerto Madero por USD$34 millones.
En paralelo, el gobierno evalúa crear un fondo específico con el 10% de lo recaudado por privatizaciones y ventas de bienes públicos para financiar la recompra de armamento y el reequipamiento militar. El Ejecutivo calcula que podría reunir entre USD$1.500 y USD$3.000 millones con ese mecanismo. En teoría, esto permitiría “compensar” la pérdida de patrimonio histórico con nueva capacidad de combate.
“Quieren pagar la deuda rematando el Estado”
La reacción dentro de las Fuerzas Armadas fue de enojo y desconfianza. Un militar en actividad consultado por el medio La Política Online fue contundente: “Toda esa lista de inmuebles van a ser afectados a la venta para poder pagar la deuda o parte de la deuda”.
El mismo informante señaló lo llamativo de la situación: “algunos bienes son de las fuerzas, por ejemplo los hoteles Antártida y Tierra del Fuego, la residencia Cerrón a la Falda… esos eran hoteles de las fuerzas que después pasaron al IOSFA”.
El malestar se agrava por otros flancos. El ministro Presti, siendo él mismo un militar, tomó la decisión de poner al Ejército a conducir la nueva obra social OSFA, lo que generó enojo en la Fuerza Aérea. Además, cuando el Ministerio de Economía se negó a aportar fondos para cubrir las deudas del IOSFA, el gobierno recurrió a las partidas operativas de las propias Fuerzas Armadas, financiando la crisis de salud a costa del presupuesto de defensa.
El IOSFA fue creado en 2013 mediante el Decreto 637/13 para unificar las coberturas médico-asistenciales del personal de las Fuerzas Armadas y de determinadas fuerzas de seguridad federales (Prefectura Naval y Gendarmería Nacional). Era la tercera obra social más grande del país, con cerca de 600.000 afiliados.
La institución colapsó financieramente a lo largo de 2024 y 2025. Según una auditoría interna, la deuda pasó de aproximadamente $70.000 millones en marzo de 2024 a $173.000 millones al cierre de ese año.
De acuerdo con los expedientes, la obra social recibió un superávit de $25.000 millones cuando el exministro de Defensa de la Nación entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, Luis Petri asumió. Sin embargo, ese colchón fue consumido rápidamente. Bajo la conducción de Oscar Sagaz (primer hombre de Petri en el organismo), se tomó un préstamo de $14.000 millones al Instituto de Ayuda Financiera (IAF) que nunca fue devuelto. Luego se pidió un segundo préstamo de $42.000 millones, supuestamente para equipamiento médico, pero utilizado para pagar deudas con proveedores, lo que agravó aún más el déficit. A cargo de su administración la deuda creció hasta superar los $200.000 millones.
La causa principal fue la falta de pago de aportes y contribuciones patronales por parte del Estado Nacional —es decir, el propio gobierno no cumplía con lo que le correspondía pagar como empleador—, lo que generó una brecha crítica entre los ingresos del instituto y el costo real de las prestaciones médicas. El déficit mensual llegó a los $15.000 millones. Para octubre de 2025, por primera vez en su historia, el IOSFA tuvo que pedir un “salvataje” de emergencia al Ministerio de Defensa para pagar deudas con droguerías proveedoras de medicamentos.
Las consecuencias para los afiliados fueron gravísimas, entre ellas el recorte sistemático de prestaciones, falta de medicamentos oncológicos, hospitales sin cobertura en ciudades como Mar del Plata, Trelew, Bahía Blanca, Tucumán y otras provincias del norte.
Previamente, en febrero de 2026, se dictó el DNU 88/2026, mediante el cual dispuso la disolución del IOSFA y la creación de dos nuevas obras sociales, la OSFA, bajo la órbita del Ministerio de Defensa, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), en el ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional. El decreto también estableció un período de transición de hasta 365 días para ordenar el traspaso de afiliados, bienes, personal y obligaciones, con el objetivo declarado de garantizar la continuidad de las prestaciones de salud.
El decreto argumentó que la separación permitiría una gestión más eficiente y adaptada a las realidades de cada situación. Sin embargo, el decreto no especificó ningún mecanismo concreto para saldar la deuda heredada, ni un cronograma de transición, ni un sistema de control externo independiente.
Las dos contrataciones cuestionadas
El 18 de marzo de 2026, el administrador designado del IOSFA, el coronel mayor (R) Ariel Guzmán, aprobó una contratación directa “por especialidad” por $108 millones para el mantenimiento del “sistema asistencial” durante seis meses, con opción a prórroga.
La empresa adjudicada fue Tekhne SA, presentada como única oferente. La firma es presidida por Rodolfo Héctor Montonati y dirigida por Enrique Alberto Cuello y Valeria Esther Montonati. No se trata de un vínculo nuevo, ya que los registros del propio IOSFA muestran que Tekhne SA ya había sido la única ofertante en una contratación directa por especialidad para el “mantenimiento y actualización del Sistema SIA” en 2023, lo que indica una relación comercial reiterada bajo la misma modalidad.
La modalidad de “contratación directa por especialidad” es un mecanismo excepcional del régimen de compras públicas que permite adjudicar sin competencia abierta cuando se justifica que solo una empresa cuenta con las capacidades técnicas necesarias. Lo que no cierra es que el proceso fue iniciado en diciembre de 2025, mientras el organismo ya estaba en camino a su liquidación.
Apenas días antes, el 2 de marzo de 2026, el gerente general Sergio Maldonado había autorizado, mediante la disposición DI-2026-145-APN-GG#IOSFA, una licitación privada por $86.578.259,04 para contratar una consultora externa que elabore un Programa Integral de Prestaciones (PIP).
El objetivo formal era diseñar el modelo de cobertura médica del IOSFA. Sin embargo, el propio gobierno ya había decidido disolver el organismo semanas antes. En los fundamentos del pliego, el IOSFA admite que no cuenta internamente con el equipo técnico necesario para esa tarea.
Estas decisiones contrastan con la lógica que suele esperarse en un proceso de disolución. En teoría, una institución en liquidación debería concentrarse en reducir compromisos y gastos corrientes, auditar la situación heredada y ordenar el cierre de manera transparente y controlada.
La continuidad de gastos elevados y el uso de mecanismos que eluden la competencia abierta alimentan sospechas de un posible “vaciamiento de último momento” antes del cierre definitivo del organismo.
El hecho de que el llamado para la contratación de Tekhne SA se remonte a diciembre de 2025 —antes del decreto de disolución— no elimina la incógnita sobre si era necesario formalizar este contrato una vez conocida la decisión de liquidar el organismo.
El cura y diputado kirchnerista del bloque Unión por la Patria (UxP), Juan Carlos Molina declaró un patrimonio de USD$1 millón y cuatro inmuebles, dos en Ciudad de Buenos Aires y dos en el Gran Buenos Aires.
La Declaración Jurada Patrimonial Integral, presentada en enero de 2026 bajo la modalidad inicial 2025, expone una fortuna que llama la atención por su magnitud y que se contrapone con el perfil de vida sencilla que el legislador suele mostrar en el plano público.
El dato más llamativo del documento es la existencia de una caja de ahorro en dólares en el país con un saldo declarado de USD$330.338,50. Al tipo de cambio vigente de $1.420 por dólar, eso equivale aproximadamente a $469 millones. Molina también declara tres cajas de ahorro adicionales en pesos con saldos que suman alrededor de $14.6 millones y una cuenta corriente con $56.436. El total de sus depósitos y efectivo alcanza los $483.7 millones.
Además del efectivo, Molina declara cuatro propiedades inmobiliarias, cuya valuación oficial resulta llamativamente baja. Según el informe, dos de las propiedades están ubicadas en San Vicente y fueron adquiridas el 17 de diciembre de 2009, junto con una casa habitación valuada en $20.833.246 y un lote de terreno declarado en $1.042.180.
El legislador también informó la tenencia de dos departamentos con cochera en la Ciudad de Buenos Aires, ambos comprados el 18 de mayo de 2017. Uno de ellos fue valuado en $75.035.844, mientras que el otro figura por $2.528.903. En conjunto, el detalle patrimonial expone un patrimonio de por sí millonario, integrado por propiedades en el conurbano bonaerense y en la Capital Federal.
Molina, a su vez, declaró poseer un Ford Bronco Sport Big Bend 1.5L, año 2021, adquirido en agosto de ese año, valuado en $28 millones de pesos —equivalente a unos USD$35.000 al valor de mercado actual. Su origen habría sido por “ingresos propios”.
El mecanismo que permite estas valuaciones irrisorias es lo que los expertos tributarios llaman la “trampa del 1 m²”. Al declarar una superficie de “1 metro cuadrado” para todas sus propiedades, el sistema registra los inmuebles a su valuación fiscal histórica de origen —en pesos, con cifras antiguas y desactualizadas— en lugar del valor real de mercado. Esto “licua visualmente el tamaño de la fortuna ante la opinión pública”, según la descripción de un tributarista consultado al respecto.
Para aproximarse al valor real del patrimonio inmobiliario, es necesario dolarizar el análisis usando precios actuales de mercado. Un análisis conservador construido con dimensiones estándar para este tipo de propiedades arroja que existe una disparidad “abismal” entre los dos departamentos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) comprados el mismo día en 2017 —uno declarado en $75 millones y el otro en apenas $2.5 millones— lo que sugiere que uno podría ser un piso de gran metraje o categoría superior.
Sumando los activos líquidos a la valuación de mercado de los inmuebles y el vehículo, el patrimonio real estimado total ascendería a aproximadamente USD$931.838, es decir, casi un millón de dólares.
¿De dónde proviene el dinero?
Esta es la pregunta central que el documento oficial no logra responder satisfactoriamente. En la declaración, Molina justifica absolutamente todos sus bienes como producto de sus “ingresos propios”, sin herencias, legados ni donaciones de ningún tipo.
Para dimensionar la inconsistencia, basta con cruzar las fechas de adquisición de los bienes con la trayectoria laboral de Molina. Las propiedades de San Vicente fueron compradas en 2009, cuando estaba al frente de la Fundación Valdocco, una organización financiada por el Vaticano y con fondos públicos provinciales. Ahí surge otra duda inevitable: ¿cómo logró un directivo de una ONG sin fines de lucro acceder a esas compras?
En el caso de los departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, adquiridos en 2017, la duda no es menor, ya que fueron comprados dos años después de su salida de la SEDRONAR en 2015. Allí también queda sin respuesta cuál fue la fuente de ingresos que le permitió adquirir dos unidades con cochera en la Capital Federal. A eso se suma lo más paradigmático de todo, los USD$330.000 en efectivo, un monto difícil de explicar para alguien que habría desarrollado gran parte de su carrera en el ámbito de una organización sin fines de lucro o bajo una dieta legislativa.
Un hallazgo adicional del análisis de la declaración es un error grave en la confección del documento. Molina registró su cargo de “Diputado Nacional” bajo la categoría de “Sector Privado”, señalando como empleador a la “Fundación Valdocco”. Esto es técnicamente imposible, siendo que una fundación privada no puede emplear a un legislador nacional, cuyas dietas las paga el Estado. El análisis concluye que se mezclaron dos trayectorias distintas en una misma línea del formulario —con consecuencias legales que la Oficina Anticorrupción no observó ni corrigió.
La situación patrimonial no puede desligarse de las denuncias judiciales que recaen sobre la Fundación Valdocco. Desde 2024, Molina enfrenta una causa penal en la que se le atribuyen presuntos delitos de trata de personas con fines de explotación, defraudación a la administración pública, falsificación de documentos públicos y privados y asociación ilícita.
La investigación reveló que la fundación cobraba fondos millonarios simultáneamente de dos provincias. Con 250 millones de pesos mensuales de Santa Cruz y 124 millones de pesos mensuales de Chaco, aunque en este último caso la institución no operaba realmente. Se detectó que 78 docentes cobraban salarios en ambas jurisdicciones al mismo tiempo. La causa fue presentada ante el Juzgado Federal de Caleta Olivia e incluye pedidos de allanamientos y secuestro documental.
La provincia de Chaco, por su parte, bloqueó la transferencia de recursos públicos a la fundación tras la investigación, mientras que el gobierno de Santa Cruz también realizó denuncias por falta de transparencia en el manejo de fondos.
¿Quién es Juan Carlos Molina?
Juan Carlos Molina, nacido el 8 de diciembre de 1966, es un sacerdote católico argentino que ha construido una trayectoria inusual en la que se entrelazan la fe, la política kirchnerista y la gestión de organizaciones sociales. Su apodo, “cura coraje”, sintetiza la perspectiva pública que él mismo cultivó. La de un hombre de Iglesia supuestamente comprometido con los más vulnerables, dispuesto a meterse en terrenos conflictivos donde otros no se atreven.
Molina surgió como sacerdote salesiano en Caleta Olivia, Santa Cruz, donde trabajó con niños y jóvenes en situación de riesgo social. Más tarde, sin que se conozca públicamente el motivo, pasó al clero de la diócesis de Río Gallegos. Fundó la Fundación Valdocco —nombre del barrio turinense de Turín donde San Juan Bosco comenzó su obra— con casas para jóvenes adictos y menores vulnerables en Santa Cruz, Chaco y Haití. Esta fundación lo proyectó al primer plano de la política kirchnerista de Santa Cruz y lo acercó a la familia Kirchner, en especial a Alicia Kirchner, hija de la exvicepresidente Cristina Fernández de Kirchner (CFK).
La primera gran plataforma pública que manejó Molina fue la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), designado en noviembre de 2013 por CFK. El jefe de Gabinete Jorge Capitanich lo presentó como alguien con “amplia experiencia en la problemática de las adicciones”. Renunció en mayo de 2015, declarando que había “cumplido los objetivos”.
“Escobar fue un poco Robin Hood, el pueblo lo lloró porque ocupó el lugar del Estado: hizo hospitales, calles, le dio trabajo a la gente…”, destacó Molina, en marzo de 2014, en una entrevista radial, durante su gestión al frente de la SEDRONAR.
La comparación desató una tormenta mediática. Al día siguiente, Molina intentó aclarar que había sido “sacado de contexto”, que Escobar “era un psicópata, un asesino” y que nunca lo había defendido. También usó un lenguaje colorido para describir el revuelo, diciendo que había pasado “de ser el secretario de la SEDRONAR a ser el hijo de puta defensor de Escobar”.
Décadas después, en 2024, Molina decidió volver a la política activa como candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria en Santa Cruz. Ganó las elecciones legislativas de 2025 con un margen muy mínimo y asumió su banca en diciembre de ese año, integrando a UxP.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires viajó a España para participar de la Movilización Progresista Mundial (MPM), organizada por el presidente español Pedro Sánchez.
“Las consecuencias de las decisiones de la ultraderecha en Argentina solo pueden abordarse internacionalmente. Necesitamos respuestas conjuntas de Latinoamérica y Europa para construir un mundo más multipolar y evitar la subordinación a grandes monopolios y poderes externos”, afirmó Kicillof, buscando justificar de alguna manera su viaje.
Lo que generó controversia pública fue el conocimiento del nivel de gasto que implicó el viaje por más de USD$150.000 en pasajes, viáticos y estadía para una comitiva de al menos 20 personas, financiados en su mayoría por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). A esto se sumó una segunda delegación del Partido Justicialista (PJ), encabezada por Eduardo “Wado” de Pedro, con costos aún no revelados.
La delegación oficial encabezada por Kicillof exhibió un núcleo político claramente identificado, con la presencia de Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Jesica Rey, ministra de Comunicación Pública y Cecilia Nicolini, diputada del Parlasur y asesora en Asuntos Internacionales. También formaron parte de la comitiva otros funcionarios del gobierno bonaerense, además de cónyuges, secretarios y personal técnico.
– Kicillof junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni
El monto reportado corresponde únicamente a tres rubros, ya sean pasajes aéreos, viáticos y estadía. El promedio por individuo ronda los USD$6.000. Aún no sé esclareció los otros costos adicionales que supuestamente habrían sido afrontados por los propios funcionarios y consortes.
Un vuelo en clase ejecutiva (business) ida y vuelta entre Buenos Aires y Barcelona tenía un costo aproximado de USD$13.500 en la fecha del viaje. En clase económica, los precios rondan entre USD$1.000 y USD$1.600 ida y vuelta.
– La viepresidente II de España, Yolanda Díaz Pérez
Para una comitiva de 20 personas en ejecutiva, solo en pasajes el gasto podría quedar en USD$270.000.
La delegación se alojaría en el Mandarin Oriental Ritz de Madrid, uno de los hoteles más lujosos de España, ubicado en la Plaza de la Lealtad. La cifra de USD$12.000 por noche corresponde al costo de varias habitaciones del establecimiento, que en cotizaciones actuales de plataformas como Expedia muestra precios que parten desde USD$1.100 por habitación por noche para fechas similares. Dado que la delegación permaneció varias noches y en múltiples habitaciones, el gasto en alojamiento acumula rápidamente cifras elevadas.
Los viáticos incluyen gastos diarios de movilidad, alimentación y otros gastos personales. Para una comitiva numerosa, estos suman fácilmente decenas de miles de dólares en pocos días.
Al mismo evento viajó una segunda delegación impulsada institucionalmente por el PJ y convocada por su propia presidenta, Cristina Kirchner. La encabezó el senador Eduardo “Wado” de Pedro, histórico referente de La Cámpora y quien concentra el control político del CFI en los últimos años.
Junto a él viajaron Jorge Taiana, exministro de Defensa y diputado, Eduardo Valdés, también diputado, Nicolás Trotta, exministro de Educación y legislador, Lucía Cámpora, diputada y nieta de Héctor Cámpora, además de Roxana Monzón, Lorena Pokoik, Delfina Rossi, Franco Metaza, Gustavo Menéndez, Soledad Magno y Valentina Morán.
Por su parte, el viaje tuvo una clara carga de posicionamiento político de Kicillof de cara al escenario electoral de 2027, año en el que se elegirá presidente.
La interpelación al ministro de Producción del Chaco, Oscar Dudik, terminó este miércoles en un papelón político dentro de la Legislatura chaqueña, cuando diputados de la oposición peronista abandonaron el recinto y dejaron sin quórum la misma sesión especial que habían impulsado para cuestionarlo.
La jornada se desarrolló en medio de gritos, acusaciones, interrupciones y cruces entre legisladores del oficialismo y del peronismo. Dudik se presentó para responder un cuestionario de 70 preguntas vinculado al conflicto por el Fondo Estímulo Productivo (FEP), pero la exposición quedó trunca cuando la propia oposición dejó caer la sesión.
Desde el oficialismo remarcaron que el funcionario asistió en tiempo y forma y que se mostró dispuesto a responder todos los planteos. “Venía respondiendo todo y dio precisiones técnicas sobre cada uno de los puntos planteados, pero la oposición decidió no quedarse para continuar”.
El episodio más tenso se produjo cuando el diputado opositor Santiago Pérez Pons se acercó hasta el lugar donde se encontraba el ministro y le dejó sobre la mesa un cartel con la consigna: “Devuelvan el Fondo Estímulo”. La escena escaló rápidamente cuando el legislador oficialista Iván Gyoker se levantó de su banca, tomó el cartel y lo arrojó al piso, en medio de gritos cruzados dentro del recinto, en una postal del desorden que dominó la sesión.
El clima ya venía cargado desde el inicio de la sesión. Durante su exposición, Dudik buscó explicar el funcionamiento del FEP, su composición y los motivos de la readecuación impulsada por el Ejecutivo. “De ninguna manera estamos en contra del FEP. Es una ley y estamos dispuestos a cumplirla”, sostuvo el ministro, quien incluso utilizó una pizarra para detallar que el adicional se financiaba con el 80% de la recaudación del organismo, proveniente de habilitaciones, multas forestales, permisos e inspecciones.
Según indicó, hasta diciembre el fondo alcanzó cerca de $1.000 millones mensuales y permitió que algunos trabajadores percibieran ingresos totales superiores a $2,5 millones, entre salario y adicional. También explicó que el FEP se distribuyó entre unos 570 empleados y afirmó que, tras advertencias de Hacienda, se detectaron irregularidades en su financiamiento. Señaló que se utilizaban conceptos que no corresponden, como los Fondos de Bosques, que calificó como intangibles, y aportes del convenio de corresponsabilidad gremial que se transfieren a Nación.
Dudik sostuvo que tomó decisiones en base a dictámenes de organismos de contralor del Poder Ejecutivo. “Yo tomé decisiones en base a dictámenes de los organismos de contralor del Poder Ejecutivo, entre ellos la Fiscalía de Estado y la Contaduría General de la Provincia. Hay un informe contundente de la Contaduría donde me indicaban la necesidad de readecuar los conceptos para calcular el fondo”, afirmó.
El funcionario alcanzó a responder cerca del 30% del cuestionario antes de que la sesión se frustrara. Luego cuestionó con dureza a la oposición por haber impulsado la convocatoria y no sostenerla hasta el final. “Es lamentable que suceda esto. Me parece que lo que buscaron ellos en todo momento es justamente un golpe de efecto que nada tiene que ver con beneficiar a los empleados del Ministerio”.
En la misma línea que “siempre estuve predispuesto a informar porque es una decisión de parte del gobernador; no es solo informar a los diputados, sino al pueblo del Chaco”.
Desde el bloque oficialista apuntaron directamente contra Pérez Pons, a quien responsabilizaron por la fallida convocatoria. “Ni sus propios diputados se quedaron a sostener la interpelación que impulsaron. Es una muestra clara de improvisación y falta de seriedad”. Además, cuestionaron la contradicción del bloque opositor: “Piden informes, reclaman transparencia y después no van a trabajar. Le mienten al vecino de la provincia”.
Cuando la sesión ya se encaminaba al colapso, reapareció la presidenta de la Cámara, Carmen Delgado, que reclamó a la oposición que volviera a ocupar sus bancas para sostener el número. “¿Dónde están los 16? Siéntense los 16 y van a tener quórum conmigo. Ustedes pidieron la interpelación”.
Sin embargo, ante la ausencia de varios legisladores opositores en una Cámara dividida en partes iguales, la interpelación se dio por finalizada en medio del desorden.
Una de las víctimas había sido condenada a 14 años por homicidio y quedó libre en menos de seis. El gobernador chubutense apuntó contra la impunidad y anunció una mesa conjunta entre la Justicia, fiscales y fuerzas de seguridad para avanzar contra las familias Vera y Nieves, señaladas por años de violencia en la ciudad.
La provincia buscará que los adultos responsables afronten el costo de cada operativo de seguridad. En apenas cinco días se registraron 158 intervenciones y, en una sola jornada, hubo 78 llamados al 911. “Cuando nos duele el bolsillo reaccionamos”, advirtieron desde el Ministerio de Justicia.
Un procedimiento conjunto con el municipio de General Pueyrredón terminó con la demolición de más de 170 puestos instalados durante décadas en la Rambla.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
