21 diciembre, 2024

Insfrán premió a un comisario denunciado por represión y abusos durante el confinamiento

Juan Moisés Villagra, de activa participación en la brutal represión que el gobierno de Insfrán aplicó durante la pandemia, fue ascendido a Subjefe de la Policía de Formosa. La gestión kirchnerista vitoreó a Villagra por demostrar "compromiso a lo largo de su carrera, con una responsabilidad muy alta en el cumplimiento de los objetivos fijados. Además, es una muy buena persona".
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El Comisario General, Juan Moisés Villagra, denunciado en varias oportunidades pero de manera relevante por la represión del 5 de marzo —donde hubo más de cien detenidos, entre ellos menores—, fue premiado con el cargo de Subjefe de la Policía de la Provincia de Formosa.

El jefe policial también estaba involucrado en el armado de causas cuando estaba desempeñándose en el Comando Radioeléctrico y fue denunciado en otras oportunidades por abuso de poder, detenciones ilegales y otras irregularidades por las restricciones de la pandemia.

Gonzalez indicó que “el flamante subjefe ha demostrado compromiso a lo largo de su carrera, con una responsabilidad muy alta en el cumplimiento de los objetivos fijados. Además, por sobre todas las cosas, es una muy buena persona”, enfatizó.

Y al finalizar subrayó que “los formoseños queremos ver crecer a nuestra provincia y hacer posible que cada uno de los formoseños y formoseñas pueda realizarse en el lugar que eligieron para vivir. En ese cumplimiento, cada una de las instituciones responde a ello, como es el caso de la Policía de la provincia también”, concluyó.

En ese orden, el comisario general Villagra expresó “es un alto honor ocupar el cargo de la subjefatura de esta fuerza”, agradeciendo al señor Gobernador de la provincia “por haber depositado en mi persona la confianza para este tan digno cargo”.

Y señaló que “seguiremos trabajando en esta institución ordenada, respetuosa, verticalista y con un profundo deber de obediencia para cumplir con nuestra misión de servir a la comunidad, porque somos servidores públicos por excelencia”.

Villagra también habría estado a cargo del Departamento de Información o “la brigada” y tuvo como su antecesor, denuncias públicas por espionajes y acciones intimidatorias contra el movimiento “Libres del Sur” y sus merenderos por haber aparecido en una nota del canal nacional TN.

Fue el propio ministro de Gobierno formoseño, Jorge González, el que lo nombró en el cargo y lejos de llamar la atención, el hecho de premiar a comisarios denunciados, es una práctica habitual del funcionario de Insfrán...

Pasó con el nombramiento del jefe de la regional de Clorinda, Comisario General, Orlando Medina, también de activa participación en la represión del 5 de marzo pero además con una causa por “proteger a narcos” por lo cual fue detenido. El juicio que terminó con condenas muy bajas para el criterio del Ministerio Público Fiscal y con la absolución de los funcionarios policiales, pero hace casi dos años la Cámara de Casación falló y debería constituirse un nuevo tribunal para analizar las pruebas desestimando la absolución, hecho que está durmiendo la siesta en algún escritorio.

Pero si esto fuera poco, el propio jefe de la policía, Comisario General, Walter Arroyo, está inmerso en varias causas por espionaje en la justicia federal de Formosa, en donde también las denuncias duermen la siesta eterna.

*Con información de Periodismo Profesional (Leo Fernández Acosta)

Redacción

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Legisladores fueguinos retiran un polémico proyecto que habilitaba cambios de género en niños sin restricciones

La Legislatura de Tierra del Fuego decidió retirar del debate un controvertido proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. La iniciativa, impulsada por el Bloque FORJA y apoyada por legisladores como Federico Greve, generó un amplio rechazo en redes sociales y críticas de diversos sectores de la sociedad. En una decisión tomada durante la sesión del miércoles 11 de diciembre, el proyecto fue enviado nuevamente a la Comisión 2 para un análisis más profundo.

El proyecto buscaba alinear la legislación provincial con la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género, sancionada en 2012. Entre sus disposiciones más controvertidas, permitía a menores de 13 años iniciar trámites de cambio de identidad de género con la autorización de uno de sus padres o de la justicia. Además, establecía que adolescentes entre 13 y 16 años pudieran realizar este cambio sin consentimiento parental, siempre que contaran con asistencia legal. La reforma también proponía que mayores de 16 años pudieran tomar estas decisiones de manera autónoma, sin intervención judicial.

– Legislador Federico Greve, del FORJA

Esta propuesta estaba “diseñada para simplificar los procedimientos administrativos” relacionados con el cambio de identidad de género, eliminando requisitos judiciales. Sin embargo, estos cambios también generaron preocupaciones sobre el impacto que podría tener en las garantías familiares y el equilibrio entre derechos individuales y responsabilidad parental. Aunque la iniciativa se planteó como una herramienta para garantizar derechos fundamentales, fue interpretada por algunos sectores como una medida apresurada e ideologizada.

La propuesta provocó una reacción adversa en redes sociales, donde se multiplicaron las críticas por considerar inapropiado otorgar este tipo de facultades a menores de edad. Desde el colectivo LGBTI+, solo un segmento reducido expresó apoyo explícito al proyecto. Muchos usuarios en redes sociales calificaron la medida como una “ampliación desmedida de derechos sin sopesar sus implicancias”, mientras otros apuntaron a una posible intromisión en el rol de las familias.

El secretario de Justicia y Bienestar Ciudadano, Gonzalo Carrillo, intentó defender la iniciativa argumentando que respetaba los derechos de las personas trans. “A partir de los 13 años la capacidad progresiva permite a los adolescentes tomar decisiones sobre su cuerpo”, afirmó Carrillo. Sin embargo, estas declaraciones intensificaron las críticas, especialmente entre quienes consideraron que la propuesta debilitaba las garantías familiares y potenciaba conflictos parentales.

Se cuestionó, adicionalmente, la falta de consenso previo a la presentación del proyecto. Varias agrupaciones civiles y organizaciones sociales expresaron su malestar por no haber sido consultadas durante la elaboración de la iniciativa. Desde la oposición, también se criticó la rapidez con la que el proyecto obtuvo dictamen, señalando que el tratamiento legislativo debería haberse extendido para incluir un debate más amplio.

El legislador Federico Greve, uno de los autores del proyecto, solicitó que este fuera enviado nuevamente a la Comisión 2 para continuar el debate: “Se buscará un análisis más profundo antes de someterlo al recinto”, indicó. Esta decisión llegó tras un evidente desgaste en la imagen pública del proyecto y sus promotores.

La retirada también se interpretó como una medida preventiva para evitar un posible rechazo contundente en el recinto. Pese a esto, las tensiones persisten, con críticas de la oposición y de sectores que consideran que el proyecto responde a una agenda ideológica. Mientras tanto, desde FORJA aseguran que la intención de la iniciativa es “promover derechos humanos universales”.

– Agustín Coto, legislador de LLA

El bloque de La Libertad Avanza se manifestó en contra del proyecto, calificándolo de un intento por imponer la ideología de género. “Desde el bloque de La Libertad Avanza frenaremos esta locura junto a los demás bloques opositores”, declaró el legislador Agustín Coto. También subrayó que estas decisiones afectan profundamente los derechos y garantías familiares, pidiendo un debate más amplio y respetuoso de los derechos de los menores y sus familias.

Coto también apeló a un discurso que mezcló argumentos legales y referencias religiosas, afirmando que “la razón y la justicia prevalecerán con el apoyo del pueblo y la guía de nuestra fe”. Sus declaraciones reflejan la polarización que genera este tipo de temas en la arena política y social.

Redacción

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Defensa al Consumidor recibió 50 denuncias contra SADAIC en Mendoza

La Dirección de Defensa al Consumidor de Mendoza informó que ya se han registrado al menos 50 denuncias contra la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música por el cobro de derechos de autor en eventos privados, como casamientos, fiestas de 15 años y cenas de egresados.

Este decreto busca proteger a los consumidores y organizadores frente a cobros indebidos. Además, quienes hayan abonado estos pagos entre septiembre y noviembre pueden reclamar reembolsos a través de la Dirección de Defensa al Consumidor.

Las autoridades advirtieron que exigir estos pagos podría ser sancionado bajo la Ley de Defensa al Consumidor y subrayaron que no existe facultad para suspender eventos por este motivo. Por otro lado, SADAIC presentó demandas de inconstitucionalidad contra el decreto, generando un conflicto que podría extenderse a nivel nacional.

Mendoza se posiciona como una de las provincias más firmes en la defensa de los consumidores frente a estas prácticas, estableciendo un precedente en el debate sobre los derechos de autor en eventos privados.

Redacción

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Abogado boliviano denunció que “a unos compatriotas no los atendieron” en un hospital de Mendoza

Un ciudadano hijo de bolivianos denunció públicamente en un video de TikTok que a un grupo de sus compatriotas les negaron la atención médica en un hospital de Mendoza, aunque nunca aclaró en que nosocomio específico ocurrió.

“Unos compatriotas fueron a Mendoza a pasar un fin de semana, a dejar dinero. Fueron como turistas y tuvieron un accidente. Sufrieron lesiones muy graves”, aseguró en su cuenta René Herrera, el hombre que se filmó manejando a la vez que se quejó de “la persecución que sufrió” este grupo de bolivianos en la provincia argentina.

Herrera agrega en su extenso descargo que Mendoza no es la única provincia que supuestamente ha negado atención médica a ciudadanos no residentes en la provincia. “Sé que en Salta y en Jujuy hay una campaña contra los inmigrantes y lo tenemos que cambiar”, agrega efusivamente.

Más adelante en su descargo, Herrera admite que esta política en materia de salud para no residentes —que ya se está implementando en varias provincias del país— “está bien”, ya que reconoce que, incluso los mismos bolivianos, han negado atención médica en su país a ciudadanos norteamericanos.

Sin embargo, considera “injusto” que la negativa a ser atendidos en hospitales públicos les toque solamente a bolivianos por sobre otros extranjeros. Al respecto, asegura que los afectados “viven acá hace 30 años, tienen domicilio fijo acá, pagan sus impuestos, tienen DNI y tienen sus hijos argentinos”.

Al final de su largo discurso -prácticamente 10 minutos- Herrera reflexiona sobre el rol que tienen los inmigrantes bolivianos en Argentina. “Somos tus aliados”, exhorta a la vez que pide acabar con “el racismo”.

*Fuente: Diario Mendoza Today

Redacción

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Afirman que ante la crisis en Bolivia, al menos medio millón de BOLIVIANOS van a ingresar a la Argentina

La crisis económica y social que atraviesa Bolivia generó una situación de extrema tensión, que podría desencadenar una ola migratoria hacia la Argentina. En particular, Salta, por su cercanía geográfica, se perfila como una de las principales puertas de entrada para los ciudadanos bolivianos. 

Según las estimaciones, entre 2025 y 2026, la Argentina podría recibir más de un millón y medio de inmigrantes bolivianos. De este total, al menos medio millón podrían cruzar las fronteras en los próximos meses, agravando una situación migratoria que ya es compleja.

Durante el Censo Nacional 2022, se detectó que residían en el país 1.933.463 inmigrantes, siendo Bolivia uno de los principales países de origen, junto con Paraguay y Venezuela.

Estos movimientos migratorios responden a las condiciones que enfrentan los ciudadanos bolivianos en su país: falta de combustible, escasez de dólares, inflación descontrolada y bloqueos en las principales rutas generaron un escenario insostenible.

La crisis boliviana se intensifica día a día. Las largas filas en las estaciones de servicio, la falta de alimentos básicos y el colapso del comercio son solo algunos de los síntomas de un país al borde del colapso. Desde El Alto hasta Santa Cruz, las protestas y bloqueos se convirtieron en parte del paisaje cotidiano.

El colapso económico se origina en la caída de la producción de gas natural, que alguna vez fue el motor económico del país. En la última década, Bolivia pasó de producir 21.766 millones de litros cúbicos de gas en 2012 a solo 13.122 millones en 2023.

Por si fuera poco, la escasez de dólares obstaculizó las transacciones bancarias y encarecido los giros internacionales. El tipo de cambio en el mercado paralelo supera en un 70% al oficial. El comercio boliviano también fue duramente golpeado. Un informe de empresarios privados de Cochabamba reveló que en 2024 hubo 79 días de bloqueos en rutas troncales, lo que resultó en una caída del 40% de las exportaciones y el 30% de las importaciones.

Redacción

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¡DESASTRE! | El 92% de las provincias no alcanzan niveles satisfactorios de transparencia

El Índice Nacional de Transparencia (Intra), elaborado por RUIDO y Poder Ciudadano con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y la Fundación Federalismo y Libertad, revela que el 92% de las provincias argentinas siguen enfrentando barreras importantes para garantizar el acceso a la información pública. El estudio, realizado durante la segunda quincena de octubre de 2024, evaluó 58 variables y abarcó 25 distritos, incluyendo las 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Administración Nacional.

En el análisis, solo dos de los 24 distritos subnacionales alcanzan más de 70 puntos sobre 100, ubicándose en la categoría de “alta transparencia”: Mendoza con un puntaje de 77,2% y CABA con 85%. En contraste, el promedio general de transparencia para los 25 distritos es de 54,3%. De este modo, la mayoría de las provincias se encuentran por debajo de la media, con 22 distritos clasificados en las categorías de “transparencia insuficiente” o “moderada”.

Cuatro provincias destacan en la categoría de “transparencia insuficiente” (con puntuaciones de 0 a 39,9%): Formosa (12,8%), Santiago del Estero (20,8%), Salta (37,9%) y San Juan (38,6%). Mientras que en la categoría “moderada” (con puntajes de 40% a 69,9%), se encuentran 10 distritos con puntuaciones preocupantemente bajas, como Tucumán (40,3%) y Misiones (41,6%).

Por otro lado, con más de 60% de transparencia figuran provincias como Santa Cruz (60,3%), Córdoba (62,4%) y Entre Ríos (63,2%).

Entre las irregularidades más alarmantes, el informe señala que en varias provincias el acceso a la información pública sigue siendo un reto para los ciudadanos. Algunas de las conclusiones más destacadas incluyen:

  • Ocultamiento de presupuestos: Formosa, San Juan, Santiago y Tucumán no tienen disponible el presupuesto provincial en línea, una herramienta clave para conocer los ingresos y gastos de un gobierno.
  • Falta de Boletín Oficial: Formosa es la única provincia que no dispone de un Boletín Oficial en línea, una herramienta básica para acceder a las decisiones y acciones gubernamentales.
  • Declaraciones juradas inaccesibles: A pesar de que 22 provincias tienen leyes que exigen la presentación de declaraciones juradas de los funcionarios, solo en 8 distritos estas declaraciones son accesibles al público. En muchos casos, estos documentos no reflejan valores reales de los bienes declarados, lo que pone en duda la eficacia de la medida.
  • Acceso presencial: En 10 provincias, como Catamarca, Misiones y Formosa, aún se exige que los ciudadanos presenten sus solicitudes de acceso a la información de manera presencial, lo que dificulta la participación ciudadana.

El informe también señala que en ningún distrito hay registros de reuniones, regalos o viajes de los gobernadores, lo que representa un obstáculo para el control ciudadano sobre las decisiones gubernamentales.

A pesar de estos desafíos, el estudio pone de manifiesto los avances logrados en algunas provincias. CABA, Mendoza y Córdoba, por ejemplo, se encuentran entre las regiones con mayor acceso a la información pública, lo que demuestra que es posible avanzar hacia una mayor transparencia.

– Gildo Insfrán, el dictador de Formosa, la provincia menos trasparente del ránking

No obstante, el panorama general sigue siendo preocupante, y las deficiencias señaladas en el estudio evidencian la necesidad urgente de reformas que permitan una mayor apertura de los gobiernos provinciales. El análisis revela que, si bien existen leyes y normativas sobre el acceso a la información, su implementación sigue siendo desigual y, en muchos casos, insuficiente.

El Intra no solo mide la existencia de herramientas de transparencia, sino también su accesibilidad. En este sentido, la complejidad de algunos procedimientos y la falta de información en línea dificultan la participación ciudadana, dejando en evidencia la necesidad de mejorar el acceso a los datos oficiales y garantizar que estos sean fáciles de consultar para cualquier persona.

A nivel nacional, la Administración Pública obtuvo una calificación de 83,9%, destacándose en comparación con las provincias. Sin embargo, el reciente decreto presidencial 780/24, que amplía el secreto de ciertos documentos, generó preocupación entre organizaciones civiles que luchan por mantener la transparencia en el gobierno federal. Esto resalta la importancia de seguir monitoreando los avances en la materia y de realizar un seguimiento continuo sobre los niveles de transparencia en todos los distritos.

El índice INTRA, aunque útil, tiene limitaciones, ya que no mide el cumplimiento real de las normativas y solo refleja la existencia de las herramientas. Un seguimiento en los próximos años será clave para evaluar si las reformas propuestas y la presión social logran traducirse en una mayor transparencia en todo el país.

*Con información de RUIDO

Redacción

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Entre Ríos | Frigerio consiguió la aprobación en Diputados y avanza con la reforma electoral

Rogelio Frigerio consiguió que los diputados le den el ok a la reforma electoral para Entre Ríos en una sesión especial donde contó con el acompañamiento de las cinco bancas libertarias. En tanto, el PJ, que votó en contra, se esmeró en marcar que no está en contra de la Boleta Única de Papel (BUP), eje de la norma.

El proyecto de ley, que promovió el Ejecutivo, establece la instrumentación de la BUP, lo que significará un cambio significativo en modo de votar de los entrerrianos. Además, emparda la el sistema a las provincias de la Región Centro, aunque con distintos modelos. Se trata, el de Entre Ríos, de una boleta parecida a la nacional aunque aquí si se podrá optar tildando un casillero el voto por la lista completa.

La nueva normativa guarda para el gobernador la potestad de definir la fecha de elecciones. Aunque la misma estará encorsetada por la extensión de los cronogramas y la necesidad de que no se pisen, eventualmente, en ningún punto con el calendario nacional. Este aspecto fue cuestionado por el bloque peronista en el debate.

LA DEFENSA DEL PROYECTO DE FRIGERIO:

Gabriela Lena, diputada radical del bloque Juntos por Entre Ríos, fue una de las voces oficialistas durante la sesión. En su alocución habló del “dictamen que lamentablemente no es único”. “No venimos a tener una victoria numérica”, agregó cuando ya era visible que la primera minoría no iba a acompañar la iniciativa.

“Lo más novedoso o importante es la BUP”, subrayó y valoró: “Nos pone en consonancia con la Región Centro y con la Ley nacional”. Así, a favor de la propuesta destacó que “propone una modernización pero además es una actualización democrática”. En la defensa, destacó, además, que en la provincia se mantienen las Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) “a diferencia de la Nación”, donde, si avanza el proyecto de la Casa Rosada, serían eliminadas.

Es la oportunidad de ser protagonistas de un cambio en la historia. Los entrerrianos esperamos este momento. Levantando la mano para votar no solamente lo haremos por un proyecto de ley, lo haremos por un futuro de mejorar la democracia y la calidad institucional”, cerró su discurso en defensa del proyecto de reforma política de Frigerio.

Marcelo López, el último orador de la jornada, destacó que “esta reforma garantiza los principios de la democracia, de ciudadanía, de igual de votos, de representación partidaria, imparcialidad y transparencia, de paridad de género y de participación de las minorías“.

EL PJ ENTRERRIANO “PATALEÓ”

La bancada del PJ dijo no estar “en contra de los avances” pero pidió “debatir los cambios para implementarlos de la mejor manera”. La presidente del bloque Más para Entre Ríos, Laura Stratta, negó que el espacio que lidera retrase el debate porque, argumentó, se debate una ley que, en rigor, va a aplicarse en las elecciones provinciales de 2027. “Puedo comprender el apuro que tenía el gobierno nacional actual para aprobar la BUP, que comenzará a regir el año que viene, pero tanto apuro del gobierno provincial por una ley que comenzará a regir en 2027 llama la atención”, explicó la exvicegobernadora.

“Estamos a favor de tener boleta única en la provincia”, machacó el peronista Juan José Bahillo y repitió, luego de que lo hicieran también sus compañeras de bancada, que son otros los aspectos que rechazan, como el modo de los pegados.

AHORA, LA PELOTA ESTÁ EN EL SENADO PROVINCIAL:

La cámara alta tiene 17 bancas, una por cada departamento en que se divide políticamente la provincia. De ellas, 9 pertenecen al bloque del PJ y las 8 restantes a Juntos. Sin embargo, hoy los tantos están empatados por la ausencia del senador por Villaguay, Juan Cosso, quien sufriera un accidente y sigue con licencia.

Hace semanas, el oficialismo usó el reglamento para sacar el RIGI en una sesión especial. Así, se abre el interrogante respecto de si puede repetirse el instrumento en caso de que se dé el mismo escenario. Fue Bahillo el que chicaneó con el antecedente y adelantó que espera que el frigerismo no haga uso del empate circunstancial.

Otra posibilidad es que el PJ pueda introducir cambios en la cámara alta y, luego en Diputados, el oficialismo ratifique su texto original con la mayoría que posee.


*Fuente: Letra P

Redacción

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