Fuertes cruces por el otorgamiento de tierras del Gobierno nacional en Mar del Plata: “Basta de cambiar tierras por votos”
Con el aval de la Intendencia marplatense, los vecinos salieron a marchar contra el Gobierno nacional por ceder tierras a diversas agrupaciones sociales.
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Mientras desde el oficialismo mantienen críticas por la toma de tierras de El Marquesado por parte del Gobierno nacional para regalársela al Movimiento de Trabajadores Excluidos para un presunto “proyecto agroecológico”, el Frente de Todos cruzó al intendente marplatense Guillermo Montenegro de demorar el desarrollo de un proyecto de salud en un predio también dado por la Administración de Bienes del Estado, pero en ese caso a la gestión local.
La toma de tierras de El Marquesado sigue en la agenda de discusión política, al menos en el ámbito del Concejo Deliberante, donde este lunes se trataron 2 pedidos de informes del interbloque que responde al jefe comunal direccionados al rol de la AABE, con la postura que adoptó el oficialismo desde que se concretó la posesión del predio.
Estuvimos en El Marquesado con @cristianritondo, que alguien piense que puede funcionar un “proyecto agroecológico” ahí es absurdo. Afortunadamente los marplatenses tienen a @gmontenegro_ok para plantarse. Desde el 10 de Diciembre tiene que cambiar todo para recuperar el orden. pic.twitter.com/5xh3PLRj7c
Dirigentes de la oposición también se hicieron presentes en los reclamos de los vecinos.
Al respecto, entre los proyectos incluidos en el orden del día de la comisión de Legislación estuvo uno del radicalismo, a través del cual se busca que el Concejo solicite a la AABE información de pedidos de tierras realizados por la Municipalidad entre 2019 y 2023, sobre todo ante una acusación de falta de respuestas por 2 predios puntuales destinados a inversiones de salud: uno para la puesta en marcha de un “centro terapéutico de día para niños, niñas y adolescentes con diagnóstico clínico compatible con trastorno de espectro autista” y otro para un “segundo centro de especialidades médicas en el macrocentro de la ciudad”.
El segundo de los proyectos tiene que ver un intento para que el Concejo solicite información a la AABE vinculada al convenio firmado con la Asociación Civil Tercer Tiempo (perteneciente al MTE) para la presunta cesión provisoria de los terrenos ubicados en el kilómetro 553 de la Ruta 11.
Los vecinos no cansaron de manifestarse contra los usurpadores de El Marquesado.
Ante todo lo referido, es propicio dejar en claro que el oficialismo mantiene el eje en que no habrá vuelta atrás en su postura contra las tomas de tierras. Mientras el Frente de Todos se encuentra obsesionado con justificar de cualquier manera la “cesión” de las hectáreas de El Marquesado. Los vecinos ya se expresaron claramente en una postura negativa.
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El municipio de General José de San Martín, en la provincia del Chaco, se encontró en el centro de la polémica tras la instauración de un sistema de cobro ilegal para el ingreso de mercadería. Comerciantes y especialistas en derecho tributario denunciaron que el intendente Mauro Leiva creó una “aduana paralela”, donde exigió el pago de 56 mil pesos por vehículo y 76 mil pesos si incluía acoplado. Estos montos se abonaron sin recibir facturas ni recibos formales, y quienes se negaron a pagarlos quedaron imposibilitados de ingresar con sus cargas.
Abogados especializados en derecho constitucional advirtieron que la medida contradijo la Carta Magna argentina, que prohíbe aduanas internas entre jurisdicciones. “Una medida de esta naturaleza viola la constitución nacional y configura un delito que debe ser investigado de inmediato por la Justicia”, explicó un abogado representante de los comerciantes afectados.
La situación de Leiva se tornó aún más controversial debido a antecedentes judiciales. Meses atrás, la Justicia archivó una causa en su contra por un siniestro vial en el que falleció un joven motociclista de veinte años. El hecho ocurrió en la ruta nacional 11, a la altura del kilómetro 1014. Las pericias concluyeron que Leiva conducía a alta velocidad y por el carril contrario, pero el caso no avanzó de forma significativa. “Me sorprendió la rapidez con la que se desestimaron las apelaciones y la causa quedó cerrada. Como profesional del derecho, considero que el tratamiento de este caso fue, cuanto menos, irregular”, sostuvo el abogado Justo Mencía, quien representó a la familia de la víctima.
Otro de los proyectos inconclusos de la gestión de Leiva fue la nueva terminal de ómnibus de la ciudad, que permaneció inactiva pese a superar el 95 por ciento de avance. La obra, inaugurada simbólicamente en abril de 2023, no operó por falta de infraestructura básica.
A la polémica de la “aduana paralela” se sumaron graves denuncias contra el director del hospital Félix A. Pertile, José Luis Aguilera. Vecinos y pacientes aseguraron que Aguilera cobró 50 mil pesos para permitir el uso de la ambulancia en casos de urgencia. “Cualquier persona que tenga una emergencia debe pedir permiso a la unidad sanitaria para mover la ambulancia del hospital y pagar en el momento 50 mil pesos para el traslado”, denunció una de las víctimas.
A la crisis sanitaria se suma una situación alarmante relacionada con la salud mental. Una familia de General José de San Martín ha solicitado reiteradamente que su hijo, quien sufre problemas de adicción y ha cometido numerosos robos en la ciudad, sea trasladado a una clínica psiquiátrica para su internación. Sin embargo, el director Aguilera se niega a derivarlo, argumentando falta de combustible para la ambulancia.
La atención médica en General José de San Martín también enfrentó deficiencias por falta de profesionales, insumos y turnos. No hubo pediatra ni médico clínico, y los pacientes debieron esperar desde la noche anterior para conseguir cupos que en muchos casos no alcanzaron. Además, la situación de un joven con adicciones complicó aún más el panorama: la familia pidió reiteradas veces su internación psiquiátrica, pero el director del hospital se negó a derivarlo alegando falta de combustible en la ambulancia. El joven, detenido en varias oportunidades por cometer robos, presentó un documento del Hospital Pertile que certificó su estado mental, lo que propició su liberación inmediata.
En un paso inédito para la educación y la digitalización en el interior del país, la ciudad entrerriana de Gualeguaychú avanza en la creación de la ICT Academy Huawei. La iniciativa prevé capacitar a 2.000 personas en inteligencia artificial, 5G y ciberseguridad, con el respaldo de la renombrada empresa internacional. Además, se busca fortalecer el desarrollo profesional de los habitantes y potenciar la innovación en sectores productivos clave de la región, como el agro y la hotelería.
La reunión para concretar la iniciativa se llevó a cabo este martes por la mañana y fue encabezada por el intendente Mauricio Davico, quien calificó el anuncio como una “excelente noticia para la ciudad”. El jefe comunal destacó la importancia de la iniciativa al señalar:“Gualeguaychú será el primer municipio de Argentina en contar con una Academia Huawei, que otorgará títulos certificados a nivel mundial por esta reconocida empresa”. Además, resaltó que “estas son herramientas que, verdaderamente, generarán oportunidades y un mejor desarrollo profesional a los vecinos, ya que se van a poder formar en cursos y diplomaturas de nivel internacional”.
Por su parte, Gustavo Costanzo, responsable del Centro de Desarrollo del Conocimiento, subrayó la relevancia del proyecto: “Desde diciembre del año pasado se vienen haciendo gestiones para generar capacitaciones que ofrece la empresa Huawei desde su plataforma digital. Se lanzó una capacitación de inteligencia artificial y esta semana se lanza la próxima, que tiene que ver con la utilización del 5G. La parte más importante es que esta reunión trae, por pedido y gestión del Centro de Desarrollo, la posibilidad de generar en Gualeguaychú la ICT Academy Huawei”.
Durante la jornada, también se abordaron temas vinculados a la relación entre tecnología y turismo, tecnología y pymes, y la posible participación de Huawei en un foro educativo y en una expo tecnológica a realizarse este año. “Se cumplieron los ejes principales y, además, se charlaron de otros temas que nos pueden unir como municipio y empresa privada, como los concursos informáticos y el desarrollo de las TICs en la región”, agregó Costanzo.
En tanto, Federico Forastier, gerente de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social de Huawei Argentina, enfatizó la dimensión global del programa: “Huawei Academy es un programa global que ya está en 110 países y cuenta con más de 2.600 universidades, 11.000 instructores y 200.000 estudiantes. Es una plataforma viva, con capacitaciones que se actualizan constantemente. Actualmente hay 30 cursos en español y habrá más, ya que Huawei está cada vez más presente en Latinoamérica”.
Forastier destacó el potencial que implica la llegada de la academia para la economía local: “Comenzamos con Huawei Gualeguaychú primero con los cursos más generales, para que la mayor cantidad de gente pueda tomarlos, pero estamos en tratativas de sectorizar y ofrecer capacitaciones específicas para el agro y la hotelería, sectores productivos clave en la región”.
– Al encuentro asistieron, además del intendente Davico, la viceintendente Julieta Carrazza, el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, la asesora de la Dirección de Educación, Berta Baldi Coronel y el responsable del Centro de Desarrollo del Conocimiento Gustavo Costanzo. En representación de Huawei Argentina participaron Juan Bonora (vicepresidente), Federico Forastier (gerente de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social) y Javier Cortes (gerente de Comunicación)
Asimismo, Juan Bonora, vicepresidente de Huawei Argentina, recalcó la apuesta de la empresa por la formación de talentos: “Estamos haciendo junto al intendente el lanzamiento de la Academia Huawei para el entrenamiento de 2.000 personas en ciberseguridad, inteligencia artificial, procesamiento de datos y 5G. Huawei lleva más de 20 años en Argentina y siempre se ha enfocado en la generación de talentos, porque por más que esté la tecnología, si no se sabe cómo emplearla, no sirve de nada”.
Efectivos de Gendarmería Nacional en la localidad formoseña de Las Lomitas organizaron el último sábado una venta de pollos para paliar la “falta de provisión de insumos” que, según denunciaron, dificultó su labor cotidiana. El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Pileta del Camping de Gendarmería Nacional sobre la Ruta 81, casi Ruta 28 y tuvo como fin recaudar fondos destinados a la compra de artículos de limpieza, pintura, arreglo de oficinas y combustible para los vehículos de la fuerza.
“GENDARMERÍA ORGANIZA VENTA DE POLLOS PARA CUBRIR FALTA DE INSUMOS”, se tituló el comunicado difundido por los agentes, donde explicaron: “Debido a la Falta de Provisión de Insumos que desde hace un tiempo viene sufriendo la Gendarmería Nacional, Personal del Escuadrón de dicha Localidad, organizó para este Sábado venta de pollos para juntar dinero que será destinado a la compra de Suministros”. Los organizadores afirmaron que sus salarios fueron “fuertemente golpeados por la inflación” y que, en muchos casos, no superaron los 780.000 pesos.
La situación salarial de los gendarmes incluyó un aumento del 5% en el primer trimestre, otorgado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, pero lo consideraron insuficiente.“La situación es insostenible”, remarcaron los efectivos, quienes también advirtieron que Patricia Bullrich no envió los elementos suficientes para combatir el delito en la región y que “muchos gendarmes están dejando la fuerza porque no pueden sostenerse con sus ingresos”.
A inicios de febrero, familiares de suboficiales de la Gendarmería Nacional anticiparon una protesta por los bajos salarios, la imposibilidad de cubrir gastos básicos y la falta de cumplimiento de otros derechos laborales. “La situación es insostenible. Queremos visibilizar lo que está ocurriendo y pedir soluciones”, señalaron los gendarmes. Además, exigieron no trabajar más de 48 horas semanales y recibir suplementos por tareas de seguridad en puntos calientes de Rosario y Buenos Aires.
Los familiares informaron que la protesta se realizaría el 25 de febrero frente a comandos regionales de la fuerza, aunque aún no indicaron si las medidas de fuerza continuarían tras el incremento salarial anunciado por el Gobierno. Según los organizadores, su reclamo por una mejora en las condiciones laborales y salariales seguirá vigente hasta recibir respuestas concretas de las autoridades competentes.
La visita de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de su par en Defensa, Luis Petri, al barrio de Ingeniero White, programada como un operativo de imagen solidaria, derivó en caos cuando 150 vecinos rodearon a la comitiva: “¡Saquen a estos mercenarios de acá!”.
Las cámaras registraron el momento en que una mujer lanzó un balde de agua lodosa hacia Bullrich, mientras otros golpeaban la camioneta oficial. La custodia federal requirió refuerzos de Gendarmería para evacuar a los funcionarios en medio de la turba enardecida.
En las redes también fue duramente señalado el gobernador de la provincia, AxelKicillof. Muchos recordaron, por ejemplo, los anuncios de obras millonarias en Bahía Blanca que, según parece, no tuvieron resultados. Algunos insultos fueron dirigidos también contra el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis.
Bullrich declaró: “Fuimos los primeros en llegar” en sus redes sociales, mientras los vecinos llevaban 30 horas sin dormir rescatando familiares. Ambos ministros vistieron botas impermeables y trajes secos, versus ciudadanos con ropas empapadas quienes lo tomaron como “una burla” y reaccionaran violentamente, lo que sirvió para que Javier Milei decidiera no ir “por miedo a los escraches” y “escarmientos”.
“Este tipo de catástrofes muestran la debilidad de un Estado que ha priorizado mal. La infraestructura de ciertas ciudades no aguanta. Y más allá de que 300 milímetros rompen cualquier cosa, tenemos años de desinversión real. Las consecuencias se ven en estos momentos”, declaró Bullrich, posterior al hecho.
La ayuda de 10 mil millones de pesos por parte del gobierno nacional para la reconstrucción de Bahía Blanca representa apenas el 2,5% de los 400 mil millones de pesos requeridos, según estimaciones del municipio costero. municipales por el intendente Federico Susbielles.
Bahía Blanca, ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, presenta una topografía con pendientes inferiores al 0,3% que dificultan el drenaje natural. El arroyo Napostá, principal colector pluvial, colapsó ante las precipitaciones equivalentes al 70% del promedio anual concentradas en un día. Tras la catastrófica inundación que azotó entre el 7 y 8 de marzo de 2025, con más de 300 milímetros de lluvia y vientos huracanados, dejó al menos 16 fallecidos, 1.200 evacuados y barrios completamente destruidos. Este fenómeno repitió patrones del temporal a finales de 2023, cuando las mismas zonas sufrieron anegamientos sin que se ejecutaran las obras de mitigación prometidas.
El pico de la emergencia ocurrió a las 03:45 AM del día sábado, cuando el servicio meteorológico emitió alerta roja por vientos de 140 km/h y lluvias torrenciales. A las 05:30 AM, el Hospital Penna reportó inundación en neonatología, requiriendo evacuación de recién nacidos en incubadoras en plena oscuridad. Para las 08:00 AM, el 40% de la ciudad estaba bajo agua “hasta la cabeza”, incluyendo las plantas potabilizadoras del suministro de agua, lo que dejó sin servicio a 300.000 personas.
Pese a la magnitud del desastre, el propio gobierno nacional tardó 18 horas en declarar la emergencia. El ministro bonaerense Carlos Bianco denunció que “requirió tres llamados” a la Jefatura de Gabinete nacional antes de obtener respuesta. Esta lentitud contrastó con la movilización inmediata de vecinos autoorganizados que rescataron a 89 personas atrapadas en vehículos y viviendas.
Mientras la provincia activó el Sistema de Emergencias BA movilizando 500 camiones con insumos, la Nación retuvo maquinaria vial argumentando “restricciones presupuestarias”. Solo tras el escándalo público, el 9 de marzo se liberaron $2.300 millones del Fondo de Desastres, cantidad insuficiente según Susbielles.
En anteriores planes maestros de drenaje urbano, elaborados tras las inundaciones del 2013, tampoco recibieron financiamiento completo. El gobierno nacional descontinuó en 2024 el Fondo Federal de Infraestructura Hídrica que destinaba $15.000 millones anuales a prevención de inundaciones, priorizando recortes fiscales. Esta decisión dejó sin mantenimiento 23 km de canales aliviadores y 14 estaciones de bombeo críticas para la ciudad.
La Policía bonaerense rechazó la propuesta de aumento salarial del 9% que ofreció el gobierno de Axel Kicillof y anunció la posibilidad de un paro total de actividades. Decenas de agentes, retirados y familiares se congregaron en Puente 12, en el cruce de la Autopista Ricchieri y Camino de Cintura, partido de La Matanza, para exigir una suba del 100% en el sueldo básico y denunciar el hostigamiento que, según afirmaron, incluyó el uso de un helicóptero con el fin de provocar fuertes ráfagas de viento y dispersar la protesta.
Los manifestantes expusieron su malestar al considerar insuficiente el 9% de aumento en un contexto de inflación y creciente inseguridad en la provincia de Buenos Aires. La protesta se desarrolló desde la mañana del lunes 17 de febrero y se extendió hasta el día siguiente, cuando un grupo de efectivos aseguró que, de no alcanzar un acuerdo, se tomarían medidas de fuerza más drásticas. También remarcaron la necesidad de reincorporar a los policías que fueron desafectados por anteriores movilizaciones y se quejaron por la falta de respuesta oficial a sus reclamos.
Entre las sanciones más recientes, la Auditoría General de Asuntos Internos desafectó a 14 policías en Ituzaingó. Según un vocero de seguridad, los oficiales dejaron sus tareas de patrullaje y se apostaron en una estación de servicio para tocar sirenas y bocinas como forma de reclamo. La Fiscalía Descentralizada N.º 1 de Morón los imputó por “incumplimiento de los deberes de funcionario público e intimidación pública”.
– Los policías protestando en Ituzaingó
Además, hubo otras 16 sanciones hasta completar un total de 30 efectivos desafectados en varios puntos de la provincia. En este contexto, los efectivos denunciaron que estas medidas disciplinarias buscan acallar los reclamos salariales y laborales que ya llevan años sin respuestas concretas.
– El ministro de Seguridad de Buenos Aires junto al gobernador Kicillof
Los integrantes de la fuerza difundieron un extenso petitorio dirigido al Ministerio de Seguridad bonaerense, donde exigieron la mejora de sus condiciones laborales y el incremento del salario básico, que actualmente ronda los $667.881 para un oficial de policía con el último ajuste (aunque algunos efectivos aseguraron que, con descuentos, apenas alcanzaron los $680.000). Según los manifestantes, este salario los ubica en una situación de indigencia si se considera el costo de vida actual y el valor de la canasta básica.
En el documento, fechado el 17 de febrero de 2025, resaltaron diez puntos centrales:
Que no haya ningún tipo de sanción administrativa ni represalia para el personal que concurrió a las convocatorias pacíficas por este reclamo.
Aumento del 100% del sueldo básico (señalaron que un oficial cobraría $667.881 a partir del 1 de marzo y que se necesitan $1.033.716 para no ser pobre).
Obra social IOMA (solicitaron más prestadores, pago puntual a los profesionales y entrega de medicamentos).
Correcta atención por parte de Provincia ART (denunciaron abandono en traslados e insumos para el personal herido).
Horas Co.Re.S (horas extra) (exigieron elevarlas de $1.200 a $12.000 y que no se recargue de manera obligatoria).
Readecuación de destino (pidieron trabajar a no más de 50 km del domicilio y contar con viáticos de distancia).
Gabinete de asistencia psicológica las 24 horas (informaron 44 suicidios en 2024 y 6 casos en lo que va de 2025).
Asistencia psicológica, legal y social para heridos y familiares de caídos (criticaron la falta de cobertura integral para quienes sufren hechos violentos en acto de servicio).
Reincorporación del personal en disponibilidad desde 2021 (por la convocatoria de septiembre de 2020).
Creación de planes de vivienda (señalaron que un oficial paga $450.000 de alquiler sobre un sueldo de $667.881 y que muchos terminan trabajando de Uber para subsistir).
Un miembro de la fuerza que se encontraba presente en la protesta explicó a DATA24.COM.AR la crisis salarial: “El policía arriesga su vida por 1.200 pesos. No llegas a comprar ni un alfajor”, exponiendo el precio que paga el Estado bonaerense por las horas extra. También detalló que el mínimo porcentaje de incremento recién se acreditaría varios meses después de la homologación paritaria: “A nosotros nos descuentan la caja de policía un mes adentro y recién cobraríamos en abril el 7%. El 2% siguiente llegaría en mayo“, sostuvo.
Según el efectivo, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, evitó reunirse con los manifestantes: “Ayer pedimos hablar con el ministro, nos dijeron que no estaba. Pero habíamos visto cómo bajó del helicóptero. Salió por la puerta de atrás porque no tenía cara para salir por adelante. Nadie nos dio una respuesta“. La falta de diálogo con las autoridades aumentó la tensión entre la fuerza y el Gobierno provincial, que hasta el momento no ha brindado respuestas públicas.
– Las protestas de la Bonaerense en 2020, bajo el kirchnerato
Otro problema que preocupa son los suicidios dentro de la fuerza policial. Según datos proporcionados por los efectivos, en 2024 se registraron 44 suicidios entre agentes de la Policía bonaerense, mientras que en lo que va de 2025 ya suman al menos seis casos confirmados.
El entrevistado reveló a este medio que recientemente hubo otros dos posibles casos en evaluación, lo que elevaría la cifra a ocho. La falta de asistencia psicológica y las dificultades económicas son señaladas como factores determinantes en esta crisis. Desde el petitorio, los agentes exigen la implementación de un gabinete de asistencia psicológica disponible las 24 horas para la prevención de estos hechos y el acompañamiento de los afectados.
La Legislatura de Chubut aprobó el pasado jueves 27 el proyecto número 016/2025, presentado por el Ejecutivo provincial, que planteó la reforma de los artículos 247 y 248 de la Constitución provincial. Estos preceptos otorgaban inmunidad de arresto a funcionarios de los tres poderes del Estado y a sindicalistas, de modo que no podían ser detenidos salvo en casos de flagrancia.
Con la propuesta, dicha protección quedó eliminada, permitiendo que gobernantes, legisladores, jueces, fiscales y representantes gremiales sean arrestados en caso de ser acusados de delitos, sin la restricción constitucional previa.
El debate en la Cámara de Diputados concluyó con 18 votos a favor, 5 en contra y la ausencia de algunos legisladores. El bloque oficialista Despierta Chubut respaldó la iniciativa de forma unánime, mientras que apoyaron también los diputados Claudia Williams (Arriba Chubut) y Daniel Casal (Familia Chubutense). Por el contrario, 5 legisladores del bloque “Arriba Chubut”, del Partido Independiente Chubutense y uno del Frente de Izquierda votaron en contra.
La reforma se someterá a la decisión popular el 26 de octubre, durante el plebiscito que tendrá lugar en simultáneo con las elecciones de medio término. En este contexto, Ignacio Torres, gobernador de Chubut, difundió en su cuenta de X.
Torres también señaló: “era una deuda pendiente con la ciudadanía desde hacía mucho tiempo; finalmente pudimos dar vuelta la página y dejar atrás la época más oscura que nos tocó vivir como provincia: la época de la desidia y la corrupción”.
Remarcó que la enmienda convertiría a Chubut en la “primera provincia de la Argentina sin fueros” y precisó que se amplió la Ficha Limpia “con un objetivo claro: no permitir que los ladrones y los corruptos se atrincheren en la política”. Incluso agregó: “Esos sindicalistas y diputados que tenían privilegios ahora son iguales ante la ley en Chubut. Por eso, es responsabilidad de todos los chubutenses elegir qué camino seguir: el de la transparencia y la previsibilidad, o volver al pasado, donde la provincia era noticia por papelones institucionales o por causas de corrupción surgidas de la propia política”.
En el mismo sentido, el vicegobernador Gustavo Menna, uno de los impulsores de la medida, afirmó: “El paso que dio la Legislatura al aprobar la iniciativa hace que nadie tenga una situación de ventaja ante la ley y, sobre todo, que las decisiones de los jueces no sean sometidas a la aprobación de la política”.
También resaltó que “ahora la palabra la tiene la gente porque, al tratarse de una enmienda constitucional, tiene que ser aprobada por el pueblo de la provincia en un referéndum que se va a realizar en octubre. No nos cabe la menor duda de que el acompañamiento va a ser amplio y mayoritario porque los chubutenses luchamos para terminar con este tipo de privilegios”.
Los detractores de la reforma advirtieron que la eliminación de la inmunidad podría favorecer un clima de persecución política, mientras que los defensores consideraron que significaba un avance hacia mayores niveles de transparencia y responsabilidad pública.
De confirmarse esta reforma en el plebiscito de octubre, Chubut se convertiría en la primera provincia en eliminar los fueros para funcionarios y dirigentes sindicales, un hecho que marcaría un hito jurídico e institucional.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
En el año 2017, nuestro gobierno fue atacado en una movilización violenta muy similar a la de ayer. Lo hicieron desde la Plaza de los Dos Congresos con palos, piedras y bombas molotov, y desde adentro del Congreso, en una acción profesional coordinada con el exterior, por…
