El insólito pedido de un ministro tucumano: Un iPhone, 14 notebooks, 56 computadoras y televisores
A pesar de que Tucumán es una de las provincias con mayor índice de pobreza en el país, el ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, Fabián Soria, hizo un pedido de compras personales por el monto de 18 millones de pesos.
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No es la primera vez que el ministro Soria quiere utilizar fondos públicos para realizar sus extravagantes compras. Hace unos días, el vicegobernador Osvaldo Jaldo, desautorizó la compra de muebles por unos $6 millones para el despacho de Soria, la compra incluía mesas, sillas, sillones y un escritorio del exgobernador Celestino Gelsi.
Ahora el político, está tramitando la adquisición de equipos informáticos“necesarios para el desarrollo de las actividades de las dependencias” de dicha área. A través de una nota dirigida al secretario de Hacienda Fernando Solórzano, Soria y el director de Administración de la cartera de Obras Públicas, Lautaro Mariscal, solicitaron un incremento en el crédito presupuestario por $ 18,3 millones. El listado incluye 14 notebooks, 56 PC de escritorio, dos TV smart (de 50″ y 70″), cuatro tablets, impresoras, una cámara fotográfica y un Iphone 11.
El pedido detalla que “Es importante destacar que el área de comunicación del Ministerio de Obras yServicios Públicos tiene como objetivo principal la planificación, el diseño, la elaboración y el monitoreo de las acciones y los productos comunicacionales que competen al ministerio mencionado. Como tal, dicho objetivo implica delimitar los medios y canales más eficientes para poner en circulación los mensajes relacionados con la gestión de las obras y de los servicios públicos del Gobierno de Tucumán. Estos mensajes son adaptados a cada uno de los medios correspondientes, pudiendo circular desde medios digitales, como las redes sociales, hasta los medios tradicionales, como radio, diario y TV”.
Imagen de: Contexto Tucumán
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El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, participó este miércoles 2 de abril del desfile militar en conmemoración de los 43 años de la guerra de Malvinas, realizado en dependencias del Ejército argentino en Paraná. En ese marco, llamó a reivindicar a quienes participaron de la gesta y se comprometió a continuar trabajando para “corregir errores del pasado”.
“Es un día muy especial, con mucho sentimiento. Estar al lado de nuestros héroes es honrar este lugar que nos dio la ciudadanía de representarla a través de la Cámara de Diputados”, sostuvo Hein.
Asimismo, remarcó la necesidad de acompañar todos los días a los veteranos de guerra y de reconocer su accionar. “Son en estos momentos donde la política tiene que reivindicar a nuestros héroes. Estamos intentando corregir errores del pasado y, por supuesto, poner siempre en valor esa historia marcada a fuego allá en el teatro de operaciones que fueron nuestras islas”.
“Por supuesto que siempre estaremos en deuda con ellos. Muchas veces las palabras cayeron en saco roto, por lo que intentamos actuar con hechos; sin hablar tanto, pero sí haciendo lo que tenemos que hacer”, agregó.
Oscar Eguías, presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Paraná, reflexionó luego sobre este fecha: “Es un día de muchas emociones encontradas. Es imposible describir lo que sentimos. A veces me pregunto por qué el 2 de abril nos decimos feliz día. Es una jornada con muchas lágrimas y muchos recuerdos”.
“Tenemos un gobierno que nos escucha, provincial y municipal, que están trabajando de la mano para poder solucionar los temas que han quedado en el olvido en muchas otras etapas. Agradecemos al presidente de la Cámara de Diputados y al gobernador Rogelio Frigerio. Hay cosas que llevan su tiempo y van saliendo, pero no nos olvidemos del gran abandono que hubo con respecto a esta causa. Así que ponerla en valor va a costar, pero juntos lo vamos a hacer”, continuó Eguías.
“Estoy feliz porque pude ver flamear nuestra bandera en Malvinas durante 74 días y tuvimos la suerte de volver y poder manifestar el honor que nos merecen nuestros 632 héroes que dieron la vida, entre ellos 36 entrerrianos, y porque hoy tenemos un gobierno que nos escucha y que nos atiende. Hay cosas para seguir mejorando, pero estamos confiados en que vamos a lograr nuestros objetivos”, agregó Héctor Rosset, director de Veteranos de Guerra de Malvinas de la Municipalidad de Paraná.
Por su parte, emocionado, el veterano Luis Oris comentó: “La guerra es muy triste. Ahí uno se da cuenta y se pregunta para qué nos peleamos a veces. Hay que sumar y no restar”.
El acto fue encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio, junto a la intendenta Rosario Romero y el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Leonardo Portela. También estuvieron presentes los diputados Jorge Maier, Liliana Salinas y Carolina Streitenberger; la secretaria de la Cámara de Diputados, Julia Garioni, ministros y otras autoridades.
La crisis que afecta a Vicentin alcanzó este sábado un nuevo hito: el directorio decidió frenar la actividad industrial y cerrar sus dos plantas, ubicadas en Ricardone y Avellaneda, Santa Fe, bajo el argumento de que no pueden pagar los salarios de sus más de mil trabajadores ni contratos que permiten sostener la operación.
En un comunicado, la empresa informó que se vieron obligados a proceder con el cierre de todas las plantas en operación. Y que la decisión fue tomada con el argumento de proteger los activos existentes ante un escenario financiero calificado como asfixiante en el que no hay respuestas de los inversores estratégicos.
El mensaje da cuenta de una crisis de grandes magnitudes que azota a la empresa de alimentos. Los salarios de marzo aún no fueron abonados y no hay garantías de que puedan ser cubiertos en los plazos legales. En paralelo, los contratos mediante los cuales Vicentin industrializaba granos ajenos, que eran la base de sus operaciones al dejar de trabajar con mercadería propia, se encuentran paralizados.
Esta semana tuvo lugar un último intento, por vía judicial para convocar a los grandes inversores (ACA y Bunge–Viterra) para reactivar los contratos, pero nadie se presentó a la audiencia.
JUGADA PARA EJERCER PRESIÓN: ALTO COSTO PARA LOS TRABAJADORES
En el sector agroindustrial, se cree que la decisión tomada por Vicentin implica un ejercicio de presión sobre los inversores de la compañía y la Justicia de Santa Fe, que no homologó el acuerdo concursal con más del 70% de los acreedores. En ese sentido, el cierre de las plantas representaría una apuesta para empujar a que la Justicia y los inversores tomen decisiones clave que den liquidez a la empresa. La Corte Suprema de la Nación podría convertirse en el próximo escenario del expediente.
El costo del movimiento efectuado por Vicentin es alto, ya que, con el cierre de sus dos plantas, más de mil trabajadores directos así como 3 mil empleos indirectos quedaron afectados. Al respecto, el gremio de los aceiteros, uno de los más poderosos del país ya que producen mercancías indispensables en múltiples rubros, se encuentra en estado de alerta ante esta situación y podría tomar medidas de fuerza para defender a los obreros afectados por los cierres.
DEUDAS Y EXDIRECTIVOS EN PRISIÓN:
A la falta de liquidez para operar de la empresa se suma una deuda millonaria con la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, que podría derivar en la interrupción del suministro eléctrico en una de sus plantas. La deuda en cuestión asciende a más de 400 millones de pesos.
El frente judicial aparece tormentoso, por su parte, con la prisión preventiva para cuatro exdirectivos de Vicentin: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, acusados de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta por un monto estimado mayor a 600 millones de dólares. Todo a partir de una maniobra que habría incluido falsificación de balances, simulación de operaciones y desvío sistemático de fondos, incluso en un momento posterior a que la empresa estuviera en concurso.
El gobierno dio inicio el pasado martes 15 de abril un despliegue militar sin precedentes en las fronteras norte y noreste del país. La “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, también conocida simplemente como “Operación Roca”, muestra un cambio en la estrategia de seguridad fronteriza, otorgando a las Fuerzas Armadas un rol más activo que busca combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en zonas consideradas críticas.
Una característica distintiva del operativo es la creación de un Comando Conjunto específico para dirigir las acciones militares. Según lo trascendido, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Isaac, será responsable de ejecutar el accionar conforme al planeamiento militar vigente. Este Comando Conjunto contará con un comandante designado para la conducción directa de las tareas en terreno, quien coordinará los esfuerzos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en las zonas delimitadas.
La maniobra se sustenta en un marco jurídico que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad fronteriza bajo circunstancias específicas. Esta iniciativa fue formalizada mediante la Resolución 347/2025 del Ministerio de Defensa, publicada en el Boletín Oficial el 11 de abril y firmada por el Ministro de Defensa, Luis Petri.
Este se integra adyacente con el Plan Güemes, otra actividad de seguridad fronteriza que ya venía ejecutándose desde el año pasado. En un acto realizado en Tartagal, Luis Petri y Patricia Bullrich, junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, lanzaron la segunda fase del Plan Güemes simultáneamente.
“Esta es una zona crítica de nuestra frontera, y era urgente reforzar la presencia del Estado con decisión y sin medias tintas”, afirmó el gobernador Sáenz.
El despliegue abarca una extensa área limítrofe con Bolivia, Paraguay y Brasil, considerada especialmente vulnerable por su geografía y por la histórica presencia de actividades ilícitas transnacionales. Entre las regiones específicamente mencionadas en los planes, se encuentran las provincias de Salta (Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza), Corrientes (departamentos de Ituzaingó, Santo Tomé, Paso de los Libres y Monte Caseros), Formosa y Chaco, junto con algunas zonas de Misiones.
El despliegue inicial incluye tropas del Regimiento de Monte 28 de Tartagal, unidad especializada en operaciones en terrenos de difícil acceso y con amplia experiencia en la región. Progresivamente, se sumarán efectivos y equipamiento de las tres fuerzas armadas, con especial énfasis en las zonas rurales y de frontera seca.
Históricamente, las Fuerzas Armadas habían participado en operativos con un papel secundario, proporcionando principalmente apoyo logístico, transporte y comunicaciones a las fuerzas de seguridad. Luis Petri, ha impulsado desde su asunción “la necesidad de emplear el instrumento militar con mayor participación en funciones de cooperación con las fuerzas de seguridad en escenarios críticos de la frontera del país”.
Se ampara principalmente en dos instrumentos legales, como la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 y la Ley de Seguridad Interior N° 24.059. La primera define a la defensa nacional como “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas”, enfatizando su papel en la protección de la soberanía territorial y los intereses vitales de Argentina. Por su parte, la Ley de Seguridad Interior establece el marco para la cooperación entre fuerzas militares y de seguridad en zonas de frontera, especialmente ante riesgos que afecten la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos argentinos.
Adicionalmente, el operativo se fundamenta en el Decreto-Ley N° 15.385/44 y el reciente Decreto Reglamentario N° 1112/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que habilita al Ministerio de Defensa a “tomar las medidas administrativas, operativas y logísticas necesarias para intensificar las tareas de vigilancia y control en las Zonas de Seguridad de Fronteras por parte de las Fuerzas Armadas”.
Micaela Jara, directora de la sede de ANSES en Zapala (Neuquén) y referente local de La Libertad Avanza, generó controversia en redes sociales luego de publicar fotografías de su nuevo Ford Territory, cuyo valor estimado ronda los 47 a 50 millones de pesos.
En su cuenta de Facebook, la funcionaria agradeció el logro: “Si algo aprendí es que los sueños se trabajan. Gracias Diosito”.
Fuentes del mercado automotor consultadas por este medio confirmaron la cotización aproximada del vehículo. Jara, quien se presenta como licenciada en Comercio Internacional y estudiante avanzada de Derecho, mantiene una activa presencia en redes sociales de LLA y responde a la diputada nacional, Nadia Márquez.
El jefe regional de ANSES para Neuquén, Río Negro y La Pampa, Andrés Chialva, presentó oficialmente a Jara a través de un posteo en Instagram el 18 de julio de 2023.
Según trascendidos en redes, este sería el segundo auto 0 km que la funcionaria adquiere, luego de otro vehículo similar mostrado en mayo de 2024.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja entrerriana dio este martes un paso decisivo para modernizar dos herramientas clave de control y selección judicial. Con dictamen favorable, los diputados dejaron listo para el recinto el proyecto que actualiza la Ley 11.003 del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos (CMER) y un texto que fija plazos y sanciones para los requerimientos de datos que el Parlamento dirige a los demás poderes del Estado.
El tratamiento fue presidido por la diputada radical Gabriela Lena, quien confirmó que “ya reunimos las firmas necesarias como para poder ingresarlo y que sea tratado en el recinto”. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, se enriqueció con aportes de legisladores, especialistas y representantes de las instituciones que integran el CMER.
El dictamen propone agilizar los concursos hoy paralizados y garantizar mayor independencia a quienes resulten designados. “Este proyecto es para que el Consejo de la Magistratura funcione y lo haga de una manera más ágil, que todos los concursos que hoy están frenados puedan resolverse mucho más rápido y los jueces, fiscales y defensores tengan la independencia de criterios que se necesita para poder obrar de acuerdo a su saber y entender y a su conciencia, sin depender del poder de turno o de una persona que haya sugerido su nombre”, explicó.
En cuanto a la integración del organismo, el nuevo texto asegura representación del Poder Ejecutivo, magistrados y funcionarios judiciales, trabajadores del Poder Judicial, el sector académico y organizaciones no gubernamentales vinculadas a la materia. Sobre este último punto, la diputada aclaró: “En cuanto a la representación de las universidades, que fue uno de los temas más debatidos, se le da prioridad a aquellas que tengan asiento en la provincia de Entre Ríos”.
La comisión también avanzó con el proyecto presentado por la vicepresidenta primera de la Cámara, Andrea Zoff, que reglamenta el derecho parlamentario a requerir información a los otros poderes, previsto en los artículos 117 y 204 inciso F de la Constitución provincial. “Este proyecto busca regular y reglamentar el procedimiento para pedidos de informes”, señaló la legisladora.
La propuesta obliga a que las respuestas sean “claras, completas y documentadas”, fija un plazo de quince días hábiles —prorrogable por igual término en casos complejos— y establece consecuencias concretas ante la mora: si el organismo intimado no responde, la Presidencia de la Cámara requirente deberá insistir; de persistir el incumplimiento, se habilitará la vía judicial y se configurará causal de mal desempeño para los funcionarios responsables.
Zoff advirtió que “hay muchos pedidos que si la respuesta llega tarde o no llega, deja de tener sentido contar con esta herramienta”, y destacó que la publicación de los informes en la página web de la Cámara reforzará la transparencia: “No solamente los legisladores vamos a contar con esta información, sino que también podrá tener acceso a ella cualquier ciudadano”.
Con dictamen en mano, ambos expedientes quedaron listos para ser incluidos en el temario de la próxima sesión. Si el pleno acompaña, Entre Ríos contará con un Consejo de la Magistratura renovado y con un marco legal que blinda el rol de control parlamentario frente a la opacidad administrativa.
Un momento de tensión se vivió durante el acto conmemorativo por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, cuando Fernando Rupani, un exmilitar, fue censurado al intentar exponer su visión sobre los años previos al golpe de 1976. Los organizadores interrumpieron su discurso y le cortaron el micrófono, generando un debate sobre los límites de la libertad de expresión en estos espacios.
Rupani, quien aclaró que hablaba “como ciudadano” y no en su rol militar, pidió que en la Plaza de la Memoria se recordara “toda la memoria y no solo parte de ella”.
“Tengo que decir que antes del 24 de marzo de 1976 era otra la postura en la Argentina y era otro el estado que había, donde la subversión, los terroristas, mataron 1501 personas, tiraron más de 5000 bombas, hicieron secuestros…”, afirmó.
Fue en ese momento cuando voces del público lo interrumpieron y los responsables del acto decidieron cerrarle el micrófono. Rupani respondió con ironía: “Claro, no se quiere escuchar la otra parte de la verdad”, antes de pedir “un aplauso para la democracia”.
Una asistente le replicó: “No necesito que me cuentes nada, yo viví la nefasta época”, a lo que él contestó: “No te hagas problemas, yo también la viví”.
El incidente reabrió el debate sobre si censurar su intervención fue un acto necesario para preservar el sentido del homenaje o una limitación injustificada a la libertad de expresión.
Los organizadores argumentaron que no era un acto de micrófono abierto y que su mensaje, en ese contexto, resultaba inoportuno e incluso provocador. Sin embargo, la decisión de silenciarlo generó críticas entre quienes consideran que, en democracia, todas las voces deben tener espacio.
