DENGUE: La diputada Acosta presentó un pedido de informe para que se aclare la grave situación en Entre Ríos
Con el avance incesante de los casos de dengue, la diputada de Juntos por el Cambio Ayelén Acosta, exigió respuestas al Ministerio de Salud provincial: "El gobierno no informa a los vecinos sobre las precauciones que deben tomarse".
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En la Cámara de Diputados entrerriana ingresó un pedido de informe de la diputada de Juntos por el Cambio y precandidata a intendente de Paraná, Ayelén Acosta, en donde exige precisiones al Poder Ejecutivo de su territorio sobre el avance del dengue.
Según detalló la diputada, teme a que la situación epidemiológica se esté saliendo de control y solicitó respuestas por parte del Ministerio de Salud. Además, consultó sobre los fondos destinados al Municipio de Paraná en parte de publicidad de prevención en contra de la enfermedad que trasmite el mosquito.
Ayelén Acosta, diputada provincial y precandidata a intendente de Paraná, Entre Ríos
En ese sentido, la legisladora señaló que en el caso de que no haya sido reglamentada la Ley 10.860(la cual dicta que “toda persona física o jurídica, propietaria, poseedora o tenedora de terrenos baldíos o inmuebles en construcción en zonas urbanas y espacio periurbano, deberá proceder al corte de la hierba o maleza del mismo” con el fin de mantener el orden y limpieza de los espacios) se deberían explicar las razones y si se lleva adelante alguna campaña de difusión, prevención y atención a nivel provincial para el control de la plaga de mosquitos.
Puntualmente, en el pedido de informes se requiere saber si efectivamente el Ejecutivo provincial reglamentó la ley mencionada y -de ser así- cómo se aplica tal normativa.
Detalles de la Ley 10.860
Para Acosta es “necesario conocer y contar con información clara y precisa para la toma decisiones”, bajo esa línea agregó: “Es imprescindible que tengamos información sobre el dengue. En cada recorrida que hago en Paraná los vecinos me dicen que el gobierno no informa sobre las precauciones que deben tomarse. Por eso, con mi equipo siempre recomiendo la descacharrización”.
Sobre esto último sugirió: “Sería bueno que el Municipio de Paraná además de hacer afiches con publicidad de una avenida asfaltada también use parte de ese espacio en la vía pública para hacer prevención sobre los cuidados que cada uno puede tener en su casa”.
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Micaela Jara, directora de la sede de ANSES en Zapala (Neuquén) y referente local de La Libertad Avanza, generó controversia en redes sociales luego de publicar fotografías de su nuevo Ford Territory, cuyo valor estimado ronda los 47 a 50 millones de pesos.
En su cuenta de Facebook, la funcionaria agradeció el logro: “Si algo aprendí es que los sueños se trabajan. Gracias Diosito”.
Fuentes del mercado automotor consultadas por este medio confirmaron la cotización aproximada del vehículo. Jara, quien se presenta como licenciada en Comercio Internacional y estudiante avanzada de Derecho, mantiene una activa presencia en redes sociales de LLA y responde a la diputada nacional, Nadia Márquez.
El jefe regional de ANSES para Neuquén, Río Negro y La Pampa, Andrés Chialva, presentó oficialmente a Jara a través de un posteo en Instagram el 18 de julio de 2023.
Según trascendidos en redes, este sería el segundo auto 0 km que la funcionaria adquiere, luego de otro vehículo similar mostrado en mayo de 2024.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos desembarcó este lunes en La Paz y Santa Elena con dos jornadas de prevención que reunieron a centenares de estudiantes preocupados por el avance de las apuestas en línea. Las actividades, organizadas por la Dirección de Control de Adicciones del Ministerio de Salud provincial, contaron con la diputada Carolina Streitenberger y el diputado Bruno Sarubi como referentes legislativos de una iniciativa que busca dotar al Estado de herramientas para frenar lo que ya califican como “una futura epidemia”.
Streitenberger explicó que “la Cámara lleva adelante una campaña, con el proyecto del cual soy autora y otros que estaban en comisión y han sido unificados”, y detalló que la demanda surgió de establecimientos educativos del Departamento La Paz, motivo por el cual se articularon las charlas con la cartera sanitaria. La primera se realizó en el salón de actos de la Escuela Secundaria N.º 15 Domingo French; la segunda, por la tarde, en el Club Urquiza de Santa Elena.
Según la legisladora, “los jóvenes son muy participativos; conviven con compañeros o familiares atrapados por plataformas ilegales y ya no ven el problema como algo lejano”. Esa realidad, añadió, los expone a “un consumo problemático que puede derivar rápidamente en adicción”.
Mientras tanto, la comisión de Desarrollo Social —que ella preside— pule los últimos ajustes del proyecto de ley que regulará los juegos en línea. “Nos quedan pocos detalles por corregir; en una reunión o dos tendremos dictamen y el texto llegará al recinto para su votación”, adelantó.
Las jornadas contaron también con la presencia de docentes, directivos, la directora departamental de Escuelas Alejandra Marusich y el director provincial de Prevención y Control de Adicciones Pablo Cymbalista. Antes de regresar a Paraná, Streitenberger y Sarubi fueron recibidos por el intendente de La Paz, Walter Martin, y concejales del oficialismo, quienes se comprometieron a respaldar la iniciativa cuando llegue al recinto.
Las dificultades presupuestarias para cubrir el servicio eléctrico en las universidades nacionales fueron eje de debate en un encuentro encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, quien recibió a las autoridades de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Durante la reunión, se analizaron posibles soluciones que permitan asegurar el normal funcionamiento de las casas de altos estudios, así como la implementación de energías alternativas a mediano y largo plazo.
El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, recibió este lunes al rector de la UNER, Andrés Sabella, y al decano de la UTN Regional Paraná, Alejandro Carrere. En forma virtual, participaron además los responsables de la UTN en Concordia, José Jorge Penco, y de Concepción del Uruguay, Martín Herlax. El principal objetivo del encuentro fue abordar la problemática de los costos de la energía que afectan a las universidades y las alternativas para superar este escenario.
“Es una problemática que traspasa la cuestión netamente provincial, pero que nos imcumbe como entrerrianos”, expresó Hein. “Vemos con mucho asombro una reducción fuerte en educación en el nivel superior, que es pilar fundamental de una Nación, por lo cual hay que fortalecerla”, reflexionó.
El funcionario remarcó que Entre Ríos se encuentra en desventaja frente a otras provincias de la Región Centro en cuanto a los fondos destinados a las universidades nacionales. “Nos preocupa y nos ocupa. Estamos con un proyecto que ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores y será tratado en la Cámara de Diputados. Es lo que siempre el gobernador (Rogelio Frigerio) nos ha pedido: meternos en los temas que nos importan a los entrerrianos, porque si bien son universidades nacionales, quienes van a esas universidades son entrerrianos. Por eso tenemos que ver en qué podemos ser útiles desde la Cámara”.
Por su parte, el decano de la UTN Paraná, Alejandro Carrere, calificó la reunión como muy positiva: “Fue una reunión muy positiva. El presidente de la Cámara de Diputados nos recibió recogiendo una iniciativa que presentamos el año pasado desde la UTN y la UNER, teniendo como principal preocupación los incrementos de los costos de la energía, que superan ampliamente las disponibilidades que tenemos para cubrirlos con el presupuesto que se nos destina desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación”, indicó.
Asimismo, destacó la importancia de pensar a futuro: “Analizamos las posibilidades para que tengamos producción de energías alternativas en el mediano y largo plazo, para no quedarnos sólo en la coyuntura. Estamos muy conformes porque se han atendido las realidades de todas las facultades”.
A su turno, el rector de la UNER, Andrés Sabella, agradeció la predisposición de Gustavo Hein al dar una respuesta inmediata a la solicitud de reunión. Subrayó que resulta necesario contemplar la situación tanto en el corto plazo como en el largo: “En segundo lugar, debemos atender la coyuntura: hoy la realidad es que los números del presupuesto universitario nacional son muy exiguos, han tenido una reducción significativa, y en ese sentido el costo de la energía pasa a tener un rol preponderante que nos hace suspender actividades que lleva adelante la universidad. Nos comprometimos a intentar encontrar algunas soluciones que nos permitan seguir funcionando de la mejor manera posible”, señaló.
Finalmente, Sabella resaltó la importancia de la colaboración provincial para acompañar a la comunidad estudiantil, mayormente entrerriana: “Más del 90% de nuestros estudiantes son entrerrianos, con lo cual ante una situación presupuestaria nacional que no atiende algunas cuestiones, el Estado provincial, en este caso la Cámara de Diputados, escucha para intentar ayudar a encontrar soluciones”.
En conjunto, los presentes coincidieron en la necesidad de fortalecer la educación superior y avanzar en iniciativas de producción de energías alternativas, de modo de garantizar la continuidad de las actividades académicas y de investigación, fundamentales para el desarrollo de la provincia y el país.
El escrutinio definitivo confirmó una victoria contundente del gobernador electo MaximilianoPullaro y su lista “Unidos para Cambiar Santa Fe”, una coalición integrada por el radicalismo, el PRO, el socialismo y otros espacios. Con el 95% de las mesas escrutadas, Pullaro obtuvo 469.067 votos, equivalentes al 34,83% del total, imponiéndose en los 19 departamentos de la provincia.
La elección contó con apenas un 55% de participación. Durante los comicios que lo consolidaron como gobernador, Pullaro sacó más del 60%.
Las elecciones santafesinas de ayer representaron un proceso electoral complejo, con casi 2,9 millones de ciudadanos convocados a las urnas para elegir a 69 convencionales constituyentes, distribuidos entre 50 representantes por distrito único y 19 correspondientes a cada uno de los departamentos que componen la provincia.
El triunfo de Pullaro da lugar a una consolidación de su liderazgo político provincial y una pérdida de espacio para el gobierno nacional. A pocos meses de asumir la gobernación, este respaldo electoral le otorga un capital político significativo para avanzar con su agenda de gobierno y, particularmente, con la reforma constitucional.
“Empezamos a discutir la puerta que se abre al futuro”, destacó el mandatario en su discurso tras conocerse los resultados, donde además ratificó que la nueva Carta Magna provincial incluirá la “Ficha Limpia garantizada”. El nuevo mandatario recibió felicitaciones de diversos referentes políticos nacionales, incluyendo a Mauricio Macri, quien escribió: “¡Felicitaciones Maxi y equipo!”.
Aunque obtuvo una exito contundente, los números finales no le otorgarían automáticamente la mayoría absoluta en la Convención Constituyente, lo que significa que necesitará construir consensos con otras fuerzas para impulsar cambios específicos en la Constitución provincial. La vicegobernadora Gisela Scaglia, expresó esta perspectiva al señalar que la reforma “no quedará solo para el gobernador Pullaro, sino que será la constitución del futuro de la provincia”.
El espacio político liderado por el presidente Javier Milei enfrentó su primer test electoral significativo desde su llegada al gobierno nacional. La Libertad Avanza, representada por el diputado nacional Nicolás Mayoraz, quedó en tercer lugar a nivel provincial con un 14,05% de los votos, lo que representa un resultado derrotista considerando las expectativas.
Es destacable que la otra expresión libertaria, encabezada por Amalia Granata (Somos Vida y Libertad), obtuvo un 12,41%, lo que sugiere que el electorado afín a las ideas libertarias en Santa Fe se dividió entre ambas opciones. Esta división refleja las dificultades del espacio liderado por Karina Milei para consolidar su estructura territorial.
En Rosario, el departamento más poblado, LLA mostró una mejor performance que en el resto de la provincia, con Juan Pedro Aleart posicionándose como el candidato más votado con aproximadamente un 31% de los sufragios. En el departamento La Capital, donde se encuentra la ciudad de Santa Fe, el candidato oficialista Julio “Paco” Garibaldi lideró con el 39% de los votos, seguido por Ana Cantiani de LLA con un 22%. Este resultado representa un punto luminoso, aunque quedan relegados al tercer lugar.
Uno de los aspectos más destacados fue la presentación dividida del peronismo, que concurrió con tres listas diferentes. Esta fragmentación tuvo un costo electoral significativo para el poder que gobernó hasta diciembre de 2023 con Omar Perotti a la cabeza. La lista más votada del peronismo fue la encabezada por Juan Monteverde (Más para Santa Fe), que logró posicionarse en segundo lugar a nivel provincial con aproximadamente un 15% de los votos. Este espacio, que representa al peronismo más cercano a posiciones de izquierda, logró superar a las otras expresiones justicialistas y consolidarse como la principal voz opositora.
Esta elección no fue un evento aislado, sino que se realizó simultáneamente con la primera instancia de elecciones municipales, donde se eligieron autoridades en 19 intendencias, presidentes comunales en más de 300 pueblos y miembros de concejos deliberantes en 65 localidades, incluyendo centros urbanos importantes como Rosario y la ciudad capital.
Cinco frentes tendrán representación en la próxima Asamblea Constituyente, aunque con una distribución de bancas que otorga clara ventaja al oficialismo provincial. La diferencia entre Juan Monteverde, de Más para Santa Fe (alianza que incluye a Ciudad Futura, Movimiento Evita y Frente Renovador) y Nicolás Mayoraz, que quedó en tercer puesto con el 14,05% de los votos, fue de casi 20 puntos porcentuales, formando una amplia oposición.
El gobierno dio inicio el pasado martes 15 de abril un despliegue militar sin precedentes en las fronteras norte y noreste del país. La “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, también conocida simplemente como “Operación Roca”, muestra un cambio en la estrategia de seguridad fronteriza, otorgando a las Fuerzas Armadas un rol más activo que busca combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en zonas consideradas críticas.
Una característica distintiva del operativo es la creación de un Comando Conjunto específico para dirigir las acciones militares. Según lo trascendido, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Isaac, será responsable de ejecutar el accionar conforme al planeamiento militar vigente. Este Comando Conjunto contará con un comandante designado para la conducción directa de las tareas en terreno, quien coordinará los esfuerzos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en las zonas delimitadas.
La maniobra se sustenta en un marco jurídico que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad fronteriza bajo circunstancias específicas. Esta iniciativa fue formalizada mediante la Resolución 347/2025 del Ministerio de Defensa, publicada en el Boletín Oficial el 11 de abril y firmada por el Ministro de Defensa, Luis Petri.
Este se integra adyacente con el Plan Güemes, otra actividad de seguridad fronteriza que ya venía ejecutándose desde el año pasado. En un acto realizado en Tartagal, Luis Petri y Patricia Bullrich, junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, lanzaron la segunda fase del Plan Güemes simultáneamente.
“Esta es una zona crítica de nuestra frontera, y era urgente reforzar la presencia del Estado con decisión y sin medias tintas”, afirmó el gobernador Sáenz.
El despliegue abarca una extensa área limítrofe con Bolivia, Paraguay y Brasil, considerada especialmente vulnerable por su geografía y por la histórica presencia de actividades ilícitas transnacionales. Entre las regiones específicamente mencionadas en los planes, se encuentran las provincias de Salta (Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza), Corrientes (departamentos de Ituzaingó, Santo Tomé, Paso de los Libres y Monte Caseros), Formosa y Chaco, junto con algunas zonas de Misiones.
El despliegue inicial incluye tropas del Regimiento de Monte 28 de Tartagal, unidad especializada en operaciones en terrenos de difícil acceso y con amplia experiencia en la región. Progresivamente, se sumarán efectivos y equipamiento de las tres fuerzas armadas, con especial énfasis en las zonas rurales y de frontera seca.
Históricamente, las Fuerzas Armadas habían participado en operativos con un papel secundario, proporcionando principalmente apoyo logístico, transporte y comunicaciones a las fuerzas de seguridad. Luis Petri, ha impulsado desde su asunción “la necesidad de emplear el instrumento militar con mayor participación en funciones de cooperación con las fuerzas de seguridad en escenarios críticos de la frontera del país”.
Se ampara principalmente en dos instrumentos legales, como la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 y la Ley de Seguridad Interior N° 24.059. La primera define a la defensa nacional como “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas”, enfatizando su papel en la protección de la soberanía territorial y los intereses vitales de Argentina. Por su parte, la Ley de Seguridad Interior establece el marco para la cooperación entre fuerzas militares y de seguridad en zonas de frontera, especialmente ante riesgos que afecten la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos argentinos.
Adicionalmente, el operativo se fundamenta en el Decreto-Ley N° 15.385/44 y el reciente Decreto Reglamentario N° 1112/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que habilita al Ministerio de Defensa a “tomar las medidas administrativas, operativas y logísticas necesarias para intensificar las tareas de vigilancia y control en las Zonas de Seguridad de Fronteras por parte de las Fuerzas Armadas”.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja entrerriana dio este martes un paso decisivo para modernizar dos herramientas clave de control y selección judicial. Con dictamen favorable, los diputados dejaron listo para el recinto el proyecto que actualiza la Ley 11.003 del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos (CMER) y un texto que fija plazos y sanciones para los requerimientos de datos que el Parlamento dirige a los demás poderes del Estado.
El tratamiento fue presidido por la diputada radical Gabriela Lena, quien confirmó que “ya reunimos las firmas necesarias como para poder ingresarlo y que sea tratado en el recinto”. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, se enriqueció con aportes de legisladores, especialistas y representantes de las instituciones que integran el CMER.
El dictamen propone agilizar los concursos hoy paralizados y garantizar mayor independencia a quienes resulten designados. “Este proyecto es para que el Consejo de la Magistratura funcione y lo haga de una manera más ágil, que todos los concursos que hoy están frenados puedan resolverse mucho más rápido y los jueces, fiscales y defensores tengan la independencia de criterios que se necesita para poder obrar de acuerdo a su saber y entender y a su conciencia, sin depender del poder de turno o de una persona que haya sugerido su nombre”, explicó.
En cuanto a la integración del organismo, el nuevo texto asegura representación del Poder Ejecutivo, magistrados y funcionarios judiciales, trabajadores del Poder Judicial, el sector académico y organizaciones no gubernamentales vinculadas a la materia. Sobre este último punto, la diputada aclaró: “En cuanto a la representación de las universidades, que fue uno de los temas más debatidos, se le da prioridad a aquellas que tengan asiento en la provincia de Entre Ríos”.
La comisión también avanzó con el proyecto presentado por la vicepresidenta primera de la Cámara, Andrea Zoff, que reglamenta el derecho parlamentario a requerir información a los otros poderes, previsto en los artículos 117 y 204 inciso F de la Constitución provincial. “Este proyecto busca regular y reglamentar el procedimiento para pedidos de informes”, señaló la legisladora.
La propuesta obliga a que las respuestas sean “claras, completas y documentadas”, fija un plazo de quince días hábiles —prorrogable por igual término en casos complejos— y establece consecuencias concretas ante la mora: si el organismo intimado no responde, la Presidencia de la Cámara requirente deberá insistir; de persistir el incumplimiento, se habilitará la vía judicial y se configurará causal de mal desempeño para los funcionarios responsables.
Zoff advirtió que “hay muchos pedidos que si la respuesta llega tarde o no llega, deja de tener sentido contar con esta herramienta”, y destacó que la publicación de los informes en la página web de la Cámara reforzará la transparencia: “No solamente los legisladores vamos a contar con esta información, sino que también podrá tener acceso a ella cualquier ciudadano”.
Con dictamen en mano, ambos expedientes quedaron listos para ser incluidos en el temario de la próxima sesión. Si el pleno acompaña, Entre Ríos contará con un Consejo de la Magistratura renovado y con un marco legal que blinda el rol de control parlamentario frente a la opacidad administrativa.
