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La diputada provincial de Entre Ríos, Ayelén Acosta, brindó contundentes declaraciones sobre el gobernador, Gustavo Bordet, con respecto a la situación del turismo en esa provincial. “Hemos perdido el tercer puesto en turismo a nivel nacional, pero sí mantenemos el título de tener la ciudad más empobrecida del país, junto con la presencia de funcionarios corruptos y condenados”, disparó.
Acosta expresó su pesar por esta situación y subrayó que “durante los últimos ocho años, la industria turística en la provincia ha carecido de una política estatal sólida y coherente. Varios funcionarios pasaron por la administración sin lograr un impacto positivo en esta industria generadora de riqueza”.
La diputada también hizo hincapié en la trayectoria de Bordet, señalando que “fue concejal, intendente, ministro y gobernador con la ciudad más pobre del país, y fue parte de las gestiones que se destacaron por ser las más corruptas en la provincia. Antes de estar criticando las propuestas de nuestro candidato, Rogelio Frigerio, debería centrarse en explicar a los entrerrianos qué hará con sus funcionarios vinculados a la práctica de inteligencia sobre una de las causas más oscuras de nuestro país, como lo fue el asesinato del fiscal Nisman”.
Además, cuestionó “la falta de medidas clave tomadas por el gobernador Bordet durante sus ocho años de mandato”. En este sentido, recordó que el gobernador de Entre Ríos “tuvo la oportunidad de adherir a la ley nacional de turismo y otorgar beneficios fiscales al sector turístico, pero lamentablemente no lo hizo”. También mencionó “la promesa incumplida de Bordet de establecer un Ente mixto de turismo en 2015, así como la falta de mejoras en las rutas y la accesibilidad a los destinos turísticos, lo que ha generado problemas de tráfico”.
La ausencia de “un sistema turístico inteligente, moderno e innovador” también fue objeto de crítica por parte de Acosta hacia la gestión. Al respecto, la diputada señaló que “esta problemática no es exclusiva de la gestión actual, sino que abarca los últimos 20 años de gobierno kirchnerista, que han dejado a la provincia postergada y empobrecida en beneficio propio y no en beneficio de los entrerrianos”.
Por último, Acosta destacó que “al menos la reciente manifestación de interés del gobernador Bordet en el turismo pone de manifiesto la preocupación por este sector productivo en la región”. Sin embargo, enfatizó que “esta acción evidencia la falta de atención a las políticas turísticas durante los ocho años en los que Entre Ríos no logró mantener su tercer lugar en el ranking nacional, pese a estar a menos de 600 km de las ciudades más ponderadas del país, que tranquilamente podrían convertir a la provincia en un deseado destino turístico”.
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El gobierno de Javier Milei comenzó una investigación a raíz de las denuncias presentadas por comunidades indígenas y productores locales que aseguran que cientosde bolivianos están invadiendo tierras en la provincia de Salta. Los reportes indican que alrededor de 2.500 hectáreas de selva en la región fronteriza de General Mosconi fueron desmontadas para plantar caña de azúcar, la cual es luego contrabandeada hacia Bolivia. Se estima que, anualmente, unas 150.000 toneladas del producto cruzan la frontera de manera ilegal.
Las acusaciones fueron formalmente presentadas ante la Fiscalía Federal de Orán el pasado 13 de septiembre, pero los denunciantes —entre ellos el pueblo indígena Ava Guaraní— señalan que la Cancillería argentina fue “indiferente” ante esta violación de la soberanía nacional.
En contraste, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia sí actuó en respuesta a una denuncia presentada en 2021 por Horacio Cruz Castro, el líder de los productores bolivianos involucrados, contra los Ava Guaraní. Cruz Castro, acusado de liderar la usurpación de tierras argentinas, alegaba que los indígenas lo estaban perturbando en un terreno que él llamaba “Isla Valle Dorado”, aunque las autoridades bolivianas confirmaron que dicha área está, en realidad, dentro de territorio argentino.
La situación en la frontera de Salta no es nueva. Desde 1994, las comunidades locales denunciaron la remoción ilegal de las señales que demarcan los límites entre nuestro país y Bolivia.
En un operativo realizado en 2014, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó a 60 ciudadanos bolivianos indocumentados trabajando en las plantaciones de caña de azúcar y logró incautar 70.000 toneladas del producto contrabandeado. A pesar de estas intervenciones, la situación parece haber empeorado, y el volumen de caña que se contrabandea hoy en día es más del doble que hace diez años.
La reciente intervención de la Gendarmería Nacional, ordenada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, permitió localizar plantaciones de caña en la zona en disputa, pero la ubicación precisa de estas tierras sigue sin poder determinarse con claridad. La crecida del río Grande de Tarija, que sirve como frontera natural entre ambos países, destruyó los hitos fronterizos, lo que complicó aún más la delimitación del territorio. Se solicitó la intervención de la Comisión de Frontera para restablecer los límites, pero hasta el momento no se logró avanzar en la solución del conflicto.
La comunidad Ava Guaraní, que habita en las serranías del municipio de General Mosconi, denunció la invasión de sus tierras y la violencia a la que están siendo sometidos por parte de los productores bolivianos. Según los testimonios recogidos, el grupo boliviano, liderado por Cruz Castro, amenazó a las mujeres y niños de la comunidad con machetes y armas de fuego.
La Cancillería boliviana reconoció en un informe reciente que las coordenadas del territorio en disputa se encuentran efectivamente dentro de Argentina, lo que refuerza la legitimidad de las denuncias de invasión. Sin embargo, hasta el momento, no se tomaron medidas concretas para frenar la usurpación ni el contrabando.
En las últimas horas, Patricio SalvadorZain, hijo del analista político JorgeAsís, ha vuelto a ser el centro de la atención pública, esta vez por un video publicado en sus redes sociales. En las imágenes, Zain expresa de manera violenta su postura sobre los recientes enfrentamientos entre libertarios y militantes kirchneristas en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde referentes de La Libertad Avanza intentaron realizar una actividad que terminó trasladándose a otro sitio tras escraches y agresiones.
En el video publicado en su cuenta de Instagram, Zain lanzó declaraciones incendiarias, diciendo: “Ojalá los caguen decapitando en el patio del rectorado… hijos de re mil puta, no deberían poder salir a la calle nunca más”. Además, respondió provocativamente a las amenazas recibidas por parte de seguidores libertarios: “Entre ayer y hoy recibí un montón de mensajes de liberpijis diciendo que me cuide. Estuve todo el día en la calle y todavía no vino nadie a cagarme a trompadas”.
Contexto: La visita frustrada de libertarios a la UNLP
El video se enmarca en los incidentes ocurridos en la Universidad Nacional de La Plata, donde una charla organizada por La Libertad Avanza fue suspendida y trasladada fuera de la casa de estudios debido a un escrache de militantes kirchneristas. El evento, que contaba con la presencia de figuras como el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y los diputados Agustín Romo y Santiago Santurio, generó tensiones que rápidamente se trasladaron a las calles de La Plata.
La manifestación consideró la actividad como una provocación, especialmente luego de que el presidente Javier Milei vetara la ley de Financiamiento Universitario. La suspensión del acto no evitó que los ánimos se desbordaran, llevando a enfrentamientos verbales y físicos entre militantes libertarios y manifestantes en pleno centro de la ciudad.
Reacciones de Zain y su polémico historial
No es la primera vez que Zain, astrónomo de 33 años y docente en la UNLP, protagoniza un escándalo. En marzo de 2021, fue duramente criticado tras recibir la vacuna contra el COVID-19 en medio del escándalo de las vacunas VIP, que beneficiaron a personas cercanas al poder mientras médicos y ancianos seguían esperando su turno.
En aquel entonces, Zain, becario del CONICET y profesor en una de las carreras con menos alumnos de la universidad, fue acusado de utilizar sus contactos para acceder a la vacuna de forma privilegiada, lo que generó indignación en las redes sociales. Las críticas no tardaron en lloverle, y nuevamente, su figura quedó envuelta en la polémica.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires divulgó un libro titulado “Cometierra” de la autora Dolores Reyes, en el que contiene fragmentos inapropiados y no aptos para menores de edad, con contenido pornográfico explícito. En la página 81 del libro en cuestión, se retrata de manera bien detallada una escena de sexo explícito y lenguaje vulgar.
Este tipo de contenidos, que generó un gran rechazo y repudio por parte de familias y organizaciones que defienden los derechos de los niños, se encuentra en las antípodas de un contenido de calidad para personas en situación de desarrollo y crecimiento tanto físico como cognitivo. Materiales de esta índole pueden generar daños irreversibles en el desarrollo de un niño que se ve expuesto a este tipo de contenidos.
El escándalo que genera una situación como esta pone de manifiesto la deficiente gestión de Kicillof, en especial al área de cultura y educación, manejado por el kirchnerista Alberto Sileoni, quienes se encargan de la distribución de material educativo para ser utilizados en las aulas.
Una situación de esta índole representa una violación a la integridad y a los derechos de los niños, atacando su inocencia con contenidos no aptos para menores de edad. Mientras tanto, el gobierno provincial no se ha manifestado respecto a esta desagradable y repudiable noticia.
El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, formalizó una denuncia judicial contra el piquetero K, Juan Grabois, a quien responsabilizó por el bloqueo que el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) mantuvo en el acceso al Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) de Mar del Plata. La medida de fuerza, que duró una semana, interrumpió el ingreso y salida de vehículos destinados a tareas esenciales y tuvo graves consecuencias para la comunidad. La tensión alcanzó su punto crítico el pasado domingo por la noche, cuando un incendio en Sierra de los Padres no pudo ser atendido oportunamente debido a que el bloqueo impedía la salida de los guardaparques con sus vehículos y herramientas de combate.
En una conferencia de prensa, Montenegro expresó la gravedad de la situación y acusó a Grabois y al MTE de “tener de rehenes” a los vecinos de la ciudad. “Estamos sufriendo los vecinos, no el Gobierno. No es una discusión con el Gobierno, somos rehenes de una situación delictiva, de gente que comete delitos”, declaró el jefe comunal, quien subrayó que no negociará “bajo extorsión”. Montenegro fue enfático al señalar que el piquete representa “un delito” y que afecta la seguridad de los marplatenses, indicando que no se cederá a presiones mientras se mantengan acciones que “ponen en peligro la vida de los vecinos”.
El conflicto entre el municipio y Grabois
El bloqueo en el Emsur fue implementado por la Cooperativa Recicladores Urbanos Marplatenses (RUM) del MTE y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), quienes demandaban la construcción de un baño y un playón de hormigón en el predio de reciclado ubicado en las calles República del Líbano y Alberti. Pese a la insistencia de los manifestantes, Montenegro sostuvo que no dialogará mientras los vecinos de la ciudad se vean afectados.
La protesta, que incluyó el corte total de los accesos al Emsur, impactó de forma directa en varios servicios municipales, como la recolección de residuos, la fumigación y otras tareas de salubridad pública.
La emergencia por el incendio en Sierra de los Padres
La situación se volvió crítica el domingo por la noche, cuando un incendio forestal en Sierra de los Padres puso en riesgo áreas naturales de la región, incluyendo la Reserva Natural Laguna de los Padres. La imposibilidad de que los guardaparques dispusieran de sus vehículos y equipos de combate para controlar el fuego generó un ambiente de alarma entre las autoridades y los vecinos. Según el director de Gestión Ambiental del Emsur, Marcelo Ragonese, y la bióloga del Departamento de Recursos Naturales, Natalia Martino, el personal tuvo que combatir las llamas “a pie” debido al bloqueo. En un comunicado conjunto, ambos funcionarios advirtieron que la falta de movilidad y equipos exponía a la ciudad a un riesgo extremo de incendio forestal en toda el área natural.
Frente a la urgencia de la situación, el Emsur, representado por su apoderada legal, Laura MuñózMora, presentó un pedido de medida cautelar ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Penal N° 12 de Mar del Plata. La solicitud judicial buscaba obtener una autorización inmediata para garantizar el libre tránsito de los vehículos del Emsur con el fin de “combatir el fuego que desde anoche aqueja a la Laguna de los Padres”, resaltando la imposibilidad de llegar a pie a varios sectores de riesgo.
Tras la denuncia del intendente, el presidente del Emsur, Santiago Bonifatti, intervino en el conflicto comprometiéndose a cumplir con parte de las demandas del MTE. Bonifatti acordó la construcción del baño y el playón de hormigón exigidos por los manifestantes, además de la colocación de dos contenedores de uso exclusivo para los trabajadores del reciclado. Asimismo, el funcionario municipal garantizó que, en caso de necesidad, se proveerán herramientas adicionales antes de finalizar el año para optimizar las condiciones de trabajo en el predio.
Por su parte, la Cooperativa RUM y el MTE destacaron en un comunicado que, tras la promesa de Bonifatti, la medida de fuerza fue levantada. En el documento difundido, los manifestantes enfatizaron que este avance representaba “un logro que genera dignidad en el trabajo diario y la posibilidad de mejorar las condiciones operativas de la planta de reciclado”.
Un antecedente de tensiones políticas y sociales: La injerencia de Grabois en Mar del Plata
El conflicto actual entre el municipio y el MTE no es el primero entre la gestión de Montenegro y el dirigente Juan Grabois. En su declaración, Montenegro hizo referencia a un episodio anterior cuando Grabois lideró la toma de 140 hectáreas de tierras en primera línea frente al mar en la zona de El Marquesado. Según el intendente, “la política está metida en esto” y el conflicto actual se suma a un historial de disputas con el dirigente social, quien ha promovido múltiples ocupaciones y protestas en la ciudad. El intendente reiteró que “donde haya métodos extorsivos de la vieja política, me van a encontrar enfrente”.
Finalmente, y tras una semana de bloqueo y múltiples presentaciones judiciales, el municipio logró el desbloqueo del acceso al Emsur. Sin embargo, Montenegro advirtió que no tolerará futuras acciones de protesta que afecten a la comunidad bajo ninguna circunstancia. “No podemos tener de rehenes a los vecinos”, insistió, reiterando que cualquier instancia de negociación se debe desarrollar en un marco de respeto a la legalidad y sin afectar a terceros.
En un paso clave para la protección del dorado, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó con mayoría el proyecto de ley que prohíbe la pesca comercial de esta especie en todo el territorio provincial. La propuesta fue impulsada por el Poder Ejecutivo y se enmarca en las políticas de conservación ambiental de la provincia.
Entre sus principales disposiciones, el proyecto declara al dorado como “pez de interés turístico provincial” y establece que sólo podrá pescarse con fines deportivos y bajo la modalidad de devolución obligatoria, mientras que los pobladores ribereños y pescadores artesanales podrán capturarlo exclusivamente para consumo familiar.
Con la aprobación en la Cámara baja, el proyecto pasó a consideración del Senado para su tratamiento final. Si bien la iniciativa contó con el apoyo de Juntos por Entre Ríos y los bloques libertarios, recibió el rechazo del bloque opositor, Más para Entre Ríos.
La controversia radica principalmente en que el texto aprobado no incluye una excepción para las cooperativas de pescadores artesanales, un punto que el justicialismo consideraba fundamental.
EL IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE
Entre Ríos es actualmente la única provincia del Litoral que aún permite la pesca comercial del dorado, lo que llevó a biólogos, autoridades y pescadores a señalar el impacto negativo de esta práctica sobre la especie. En las provincias vecinas (Corrientes, Chaco, Misiones y Santa Fe) ya rigen normativas similares que restringen su captura a la pesca deportiva con devolución obligatoria.
El dorado — pez emblemático de la región— ha visto afectada su población debido a varios factores, entre ellos la depredación que permite la legislación vigente y los fenómenos naturales, como las recurrentes bajantes del río Paraná. Estos eventos destruyeron los desovaderos y las áreas de cría, lo que dificulta la reproducción de la especie. Según explicó el diputado MauroGodein, presidente de la Comisión de Cultura y Turismo, la situación es preocupante, y la aprobación de esta ley busca poner a la provincia en línea con los esfuerzos de conservación de las demás jurisdicciones del Litoral.
El principal punto de conflicto en la votación fue la falta de inclusión de las cooperativas de pescadores artesanales dentro de las excepciones permitidas por la ley. El bloque opositor, liderado por Laura Stratta, señaló que la norma no exceptuara a estos pescadores, quienes realizan la pesca de manera tradicional para subsistir.
Durante los debates en comisión, el oficialismo había aceptado incorporar una excepción para los pescadores ribereños que capturan el dorado para consumo familiar, pero no extendió este beneficio a las cooperativas, lo que motivó el voto en contra del PJ.
Según los legisladores justicialistas, no hay un riesgo inminente para la especie. Argumentaron que los pescadores nucleados en cooperativas utilizan técnicas de pesca “sustentable y artesanal”, y que su actividad no pone en peligro a la especie. Stratta y otros diputados del bloque señalaron que la exclusión de las cooperativas va en contra de los principios de la Ley de Economía Social vigente en la provincia, que promueve la protección del ambiente y el desarrollo de la economía local.
La necesidad de una regulación más estricta en la pesca del dorado no es nueva en Entre Ríos. Ya en 2005, se había declarado a la especie como de interés turístico nacional, aunque en ese momento el Poder Ejecutivo vetó la reglamentación de las restricciones a su pesca comercial. Dos años después, en 2007, un proyecto similar obtuvo media sanción, pero no avanzó en la Cámara de Senadores y perdió estado parlamentario.
El actual proyecto retoma esas discusiones y busca finalmente establecer una normativa clara que ponga fin a la pesca comercial del dorado en la provincia. El objetivo, según detallaron sus impulsores, es garantizar la conservación de la especie, que juega un rol fundamental en el equilibrio ecológico de los ríos Paraná y Uruguay, principales afluentes de la cuenca del Plata.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, presentó el Presupuesto 2025 en la Cámara de Diputados de la provincia. El proyecto incluye una inversión sin precedentes en obra pública y significativos incrementos en las áreas de salud, educación y seguridad. La medida se enmarca bajo el manto de una política de austeridad, eficiencia y baja de impuestos, con el objetivo de equilibrar las finanzas provinciales, reducir el déficit y fomentar el desarrollo.
El presupuesto provincial es “la ley de leyes. Define cuáles van a ser las prioridades de la gestión”, comenzó diciendo el mandatario, quién resaltó que es “la primera vez que se presenta de forma totalmente digital”.
La medida prevé destinar más del 8% del gasto a la obra pública, duplicando el promedio del 4% de los años anteriores. También se anunció un incremento del 3,58% en salud; un 2,78% en educación y un 1% en seguridad. Frigerio destacó además que, a pesar de enfrentar un 20% menos de ingresos en comparación con el año 2023, su administración logró mantener los servicios esenciales y reducir la deuda en dólares heredada (pasará del 96% en 2023 al 88% proyectado para 2024).
Inversión en obra pública: “Resolvimos la deuda heredada”
La pieza central del presupuesto es la inversión en infraestructura, que alcanza el 8,4% del gasto total provincial, marcando un hito histórico en la gestión de obras públicas. Las partidas se enfocarán en la mejora de escuelas, rutas y hospitales, con la meta de impulsar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Frigerio enfatizó la importancia de esta inversión para el futuro de la provincia: “El verdadero desarrollo se logra con más y mejor educación pública, con más y mejor salud pública, garantizando la seguridad, sacándole el pie de encima al sector privado y haciendo las obras de infraestructura necesarias para impulsar la producción y la industria”, enfatizó.
Aumentos en educación, salud y seguridad
Otra de las prioridades es el refuerzo de las áreas de salud, educación y seguridad. En su discurso, explicó que la salud recibirá un incremento del 3,58% que permitirá mejorar la atención en hospitales y en centros de atención primaria. La educación, por su parte, verá un aumento del 2,78% para mejorar la infraestructura escolar y garantizar que los docentes reciban un salario competitivo. En cuanto a la seguridad, el presupuesto asignará un 1% más, centrado en fortalecer las Fuerzas de Seguridad y su equipamiento.
El presupuesto entrerriano contempla entrar en vigor entre medidas de austeridad que buscan optimizar el gasto. Entre las acciones implementadas se encuentran la reducción de impuestos, la eliminación de los gastos reservados, la reducción de la planta de vehículos oficiales y el control de ausentismo de empleados públicos. Frigerio subrayó la importancia de estas medidas para garantizar que “cada peso sea utilizado en beneficio de los entrerrianos”.
Otro de los logros destacados fue la reducción de la deuda en dólares, que pasó del 96% en 2023 al 88% proyectado para 2024. El gobierno cumplió con los vencimientos de deuda sin necesidad de recurrir al default, a pesar de enfrentar un 20% menos de ingresos que en 2023.
Frigerio también se refirió a las gestiones que su administración está llevando a cabo ante el Gobierno Nacional de Javier Milei y organismos multilaterales para acceder a financiamiento destinado a grandes obras de infraestructura, por un valor cercano a los 600 millones de dólares. También dio protagonismo a las “batallas” que está librando para recuperar fondos, entre ellas, las presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia por el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones y los excedentes de Salto Grande.
Metodología “Base Cero”
El Presupuesto fue elaborado bajo la metodología “Base Cero”, una herramienta que permite evaluar la eficacia de los programas existentes y priorizar aquellos que generen un mayor beneficio para la población. Según el secretario de Finanzas de Entre Ríos, Uriel Brupbacher, esta metodología implicó un análisis profundo de cada política pública que permitió optimizar el uso de los recursos y garantizar una gestión eficiente.
“Es una mirada introspectiva que permitió eliminar programas que no se ejecutaban o no tenían sentido”, explicó el funcionario, quien destacó que mencionada herramienta fue clave para la elaboración de un presupuesto equilibrado y ajustado a las necesidades reales de la provincia.
Con cada vez más niños atrapados en este mundillo impulsado por plataformas clandestinas, la diputada Florencia De Sensi busca frenar esta problemática. La iniciativa apunta a la promoción irresponsable y pretende proteger a los más vulnerables en un entorno digital que crece sin barreras.
Sr Presidente @JMilei venga por Insfrán, intervenga Formosa antes de que logren reformar la Constitución para garantizar más poder, impunidad y perpetuidad a Insfrán!
No nos deje a nuestra suerte, Formosa es Venezuela, Insfrán es Maduro.