El vicepresidente del INAI a juicio oral por malversación de fondos y por usurpar tierras
El funcionario del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas fue detenido durante la cuarentena cuando trasladaba, en un vehículo oficial, hasta una usurpación de supuestos mapuches en Villa Mascardi. Ahora también es señalado por los delitos de malversación de fondos públicos.
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El vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Luis Pilquimán, y su hijo Lucas, deberán rendir cuentas frente a la Justicia Federal de Bariloche. El juicio, que iniciará el 21 de noviembre, gira en torno al uso indebido de recursos del Estado y por su rol en las tomas de tierras por parte de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).
Durante el confinamiento, Pilquimán fue detenido trasladando personas a un terreno usurpado en Villa Mascardi con una camioneta Toyota Hilux del Ministerio de Gobierno de Río Negro. Además, Durante el operativo, el funcionario ostentó su cargo —el cual mantiene— intentando evitar el arresto.
La camioneta del gobierno que conducía Luis Pilquimán
En el expediente se consigna sobre el vehículo que hubo un “exclusivo provecho propio, afectando negativamente los relevamientos territoriales que se debían realizar y para el cual estaba destinado”. En el momento del hecho, la función de la camioneta era la de realizar relevamientos territoriales en las comunidades mapuches de Buenuleo, Maliqueo, Quijada y demás en la zona.
Por otra parte, el hijo de Luis, Lucas Pilquimán, también ira a juicio por incidentes en la Ruta 40 durante 2018 mientras se conmemoraba un año de la muerte de Rafael Nahuel. Si bien no fue arrestado en las manifestaciones, ya que las autoridades no lo pudieron identificar en el momento, al conocido como el “testigo E” en el caso de Santiago Maldonado se le detuvo en julio, cuando visitó al referente de la RAM Facundo Jones Huala en la Unidad 14 de Esquel.
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El abogado Santiago Dupuy de Lome presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, por presunto delito de malversación de fondos. Este miércoles se llevó a cabo el sorteo y la causa recayó en el Jugado Criminal y Correccional Federal 12, que subroga el juez Ariel Lijo.
La denuncia se basa en el incremento de las partidas presupuestarias de 129 programas por parte del Gobierno, que resultó en un aumento del déficit de 416.556,3 millones. De estos fondos adicionales, 42.436 millones de pesos se destinaron a la empresa que está dirigida por Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa. Además, se incorporaron alrededor de mil empleados a la planta permanente del Estado.
La administración de Alberto Fernández, junto con la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y el candidato de Unión por la Patria que busca reemplazar al actual Presidente, implementaron medidas que han ampliado significativamente el gasto público, todo en medio de una crisis económica que afecta a millones de argentinos.
Una de estas medidas es una resolución que incrementó el déficit en 416.553 millones de pesos, autorizando gastos por un total de 714.179,4 millones, equivalente al 1,9 por ciento del crédito vigente. Esto se logró mediante mayores autorizaciones de gastos para 129 programas presupuestarios por un total de 730.240,5 millones y reducciones en 19 programas por $16,061.2 millones.
La información detallada sobre estos gastos adicionales se encuentra en tres anexos. El primero enumera los programas que recibirán fondos adicionales, mientras que el segundo incluye una lista de alrededor de mil nuevos cargos que se crean en la planta permanente del Estado, la mayoría de los cuales están relacionados con la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
El tercer anexo se refiere a una obra llamada Casa Amor, que se ejecutará en varios presupuestos y que tiene el propósito de crear 24 espacios de contención social, sanitaria y educativa en todo el país.
Uno de los organismos que recibió fondos adicionales es Aguas y Saneamientos (AySA), una empresa dirigida por Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa. Esta empresa recibió 42.436 millones de pesos, destinados en parte a inversión y en parte a gastos operativos, como sueldos.
En términos más coloquiales, esto significa que el candidato presidencial le otorgó a la presidenta de AySA, un monto significativo de fondos, permitiéndole disponer de aproximadamente 695 millones de pesos al día para la empresa.
Excluyendo feriados y fines de semana, Galmarini podría gastar alrededor de 1061 millones de pesos por cada día hábil. Esto ha llevado a cuestionamientos sobre posibles favoritismos y conflictos de interés en la asignación de fondos públicos.
Además, se menciona que el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, reservó 234 millones de pesos para el Parque Ecosol, un proyecto que fue anunciado por Malena Galmarini durante su campaña para ser intendenta de Tigre, lo que también plantea preocupaciones sobre el uso de fondos públicos para fines personales o políticos.
Este martes, la ONG Poder Ciudadano, que está como querellante en la causa que está investigando el uso de más de 45 tarjetas de débito de la Legislatura provincial y por la que está detenido Julio “Chocolate” Rigau, pidió la detención del concejal massista Facundo Albini y de su padre Claudio Albini, subdirector del personal de la Cámara de Diputados bonaerense, bajo la acusación de integrar una asociación ilícita.
Este pedido de Poder Ciudadano se suma al de la fiscal Betina Lacki quien solicitó detener a los dos funcionarios y a los dueños de las 48 tarjetas de débitos utilizadas para sustraer fondos por Rigau. Ahora, ambas solicitudes aguardan la respuesta del juez Federico Atencio quien, a su vez, está a la espera de la resolución de la Cámara de La Plata que que confirme la validez de la causa o si la anula.
El escrito de Poder Ciudadano fue presentado hoy luego de que se conocieran los chats del teléfono de Rigau con Albini (h), donde especifican incluso los montos que se queda cada uno: “Te llevas 200 (mil) por mes hace tres años y cuanto te necesito no estás. Siento que me estás faltando el respeto a mí y a mi amistad. No quiero terminar mal con vos, pero tampoco quiero que me tomes de idiota”, dice uno de los mensajes que dio a conocer la Justicia.
Los chats revelan que había empleados de la Legislatura provincial que no sabían lo que estaban percibiendo ni el trabajo que presuntamente prestaban. “Decime de qué mierda trabajo yo”. En algunos casos, reclamaban que le den de baja en la Cámara de Diputados porque el estar en blanco dificultaba percibir, por ejemplo, planes sociales.
Por lo revelado, Poder Ciudadano exigió “que se ordene la inmediata detención de los imputados Facundo Mario Albini y Claudio Gustavo Albini”. “Ambos funcionarios continúan ejerciendo elevadas actividades dentro del Estado, pudiendo en ese rol destruir documentos, modificarlos o incluso amedrentar a posibles testigos. Con lo cual su detención deviene absolutamente necesaria y no puede pender de tiempos políticos que exceden el objeto de este proceso”, agrega en otro párrafo.
Por último señala que corresponde pedir la detención para impedir que perjudiquen o entorpezcan la investigación.
El legislador porteño Roberto García Moritán y el dirigente de Republicanos Unidos Yamil Santoro denunciaron penalmente al ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación, Sergio Massa, por incumplimiento de los deberes de funcionario público (art 248 cp). El funcionario oficialista rompió la veda electoral al realizar un anuncio de créditos a través de la ANSES, a menos de 17 días del balotaje donde se enfrentará al candidato libertario Javier Milei.
De acuerdo al artículo mencionado, esto queda determinantemente prohibido previo a los 25 días anteriores a la fecha fijada a las elecciones. Así como también queda prohibido promocionar planes, programas y cualquier “realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales o de las agrupaciones por las que compiten”.
Junto a @yamilsantoro acabamos de DENUNCIAR PENALMENTE A @SergioMassa por seguir con el “Plan Platita” aún cuando el Código Electoral se los prohíbe (ART 64 quater). La neutralidad frente a la corrupción y el populismo es para tibios, al kirchnerismo se lo combate. https://t.co/Pq9F2D5igr
En ese sentido, Moritán afirmó que “la utilización del Estado para su beneficio propio es algo típico del kirchnerismo”. “Junto a Yamil Santoro acabamos de denunciar penalmente a Sergio Massa por seguir con el “Plan Platita” aún cuando el Código Electoral se los prohíbe. La neutralidad frente a la corrupción y el populismo es para tibios, al kirchnerismo se lo combate”, lanzó el legislador vía X.
Asimismo se sumó Santoro, quien publicó: “Denunciamos penalmente a Sergio Massa, junto a Roberto García Moritán, por hacer trampa en las elecciones. Lo anunciado viola la prohibición del Código Electoral (Art 64 quater). Los corruptos y tramposos, como Massa, no deben gobernar a la Argentina. No se puede ser neutral ante esto”.
DENUNCIAMOS PENALMENTE A @SergioMassa, junto a @Robergmoritan, por hacer trampa en las elecciones. Lo anunciado viola la prohibición del Código Electoral (Art 64 quater).Los corruptos y tramposos, como Massa, no deben gobernar a la Argentina. No se puede ser neutral ante esto. https://t.co/i6E2FM6agI pic.twitter.com/FyfCGQTo7J
La irregularidad había sido señalada en los medios de comunicación y replicada en redes sociales, con la intención de que algún funcionario público actúe. Finalmente, avanzaron los integrantes de Republicanos Unidos.
QUÉ ANUNCIÓ MASSA
El ministro de Economía anunció junto a la directora de ANSES, Fernanda Raverta, la actualización del Programa de Créditos para trabajadores, jubilados y pensionados. El mismo amplió los montos que los “para trabajadores en relación de dependencia, que pasarán a ser de hasta $1.000.000”.
El de los adultos mayores jubilados y pensionados pasó de $400.000 a $600.000. Según comentaron los funcionarios, la finalidad de este crédito “es darle la oportunidad a las familias de saldar su deuda con la tarjeta de crédito o realizar compras que venían postergando. De esta forma, no solo acompañamos el esfuerzo de las trabajadoras y los trabajadores, sino que también revitalizamos el consumo y el mercado interno de la Argentina”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la libertad condicional otorgada a Rodrigo Martínez, condenado por el delito de comercialización de estupefacientes.
El organismo respaldó el recurso extraordinario presentado por el Procurador General, Eduardo Casal, anulando así la sentencia previa de la Cámara Federal de Casación Penal.
Procurador General, Eduardo Casal
Martínez había sido condenado a cinco años de prisión por el delito en cuestión, pero una declaración de inconstitucionalidad de ciertos artículos legales en febrero de 2022 permitió su inclusión en el régimen de libertad condicional. La Cámara Federal de Casación Penal había revertido esta decisión, declarando la constitucionalidad de los artículos relevantes y dejando al juez de ejecución la responsabilidad de decidir sobre la prisión domiciliaria de Martínez.
A pesar de los informes favorables sobre el progreso de Martínez durante su libertad condicional, la Corte Suprema ratificó la validez constitucional de las limitaciones impuestas por la ley 27.375, revocando así la libertad condicional concedida anteriormente.
¿Qué es la “ley Petri”?
La ley 27.375 sancionada en el 2017 en el Congreso de la Nación —impulsada por el Diputado Nacional, Luis Petri—, amplió la limitación del otorgamiento de los beneficios comprendidos en el periodo de prueba, la prisión discontinua o semidetención, la libertad asistida y condicional a los condenados por una amplia gama de delitos.
Así explicó Luis Petri el proyecto antes de que sea sancionado en el año 2017
Entre ellos, se destaca la ampliación de la limitación a todo homicidio agravado, delitos contra la integridad sexual (exceptuando el abuso simple, difusión de pornografía, sustracción de mayores para menoscabar su integridad sexual y grooming), secuestro coactivo si se causa intencionalmente la muerte, robo agravado, homicidio en ocasión de robo, secuestro extorsivo si se causa intencionalmente la muerte, infracciones a la ley de drogas, trata de personas, delitos económicos, condenas por ley antiterrorista, contrabando agravado, tortura seguida de muerte, corrupción y fraude contra la administración pública y delitos cometidos por asociaciones ilícitas.
El liberal consiguió la ansiada victoria pese a tener todo el aparato estatal oficialista en su contra. El presidente electo de La Libertad Avanza se impuso por más de 10 puntos y con con más del 55% de los votos.
