“El Gobierno UTILIZA a la Justicia para CALLAR a El Presto”

El abogado de El Presto dio detalles EXLUSIVOS de la causa que enfrenta el periodista por el simple hecho de comunicar.
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En el marco por la causa iniciada contra el periodista Eduardo Prestofelippo (más conocido como El Presto) por la pareja del presidente, Fabiola Yáñez quien lo denunció por “hostigarla y discriminarla”. La intimidación del Poder político se da, lejos de ser por tales causas, por una investigación que publicó en su canal de Youtube.

En este preocupante marco de persecución a la libertad de expresión y de prensa, Data24.com.ar dialogó con el abogado de El Presto, Marcelo Peña, quien explicó que se lo denuncia “por el temor que genera con respecto a la cantidad de seguidores y su formato opositor de hacer periodismo que marca tendencia. Si ellos tuvieran una agencia de noticas con su repercusión no existiría este problema”.

“Al momento de tomar relevancia de la gente que lo sigue, eso en el Poder empieza a molestar. Se le está haciendo una denuncia por ‘acoso digital’ que le ‘genera un daño a su imagen’. Y todos los medios de comunicación y las redes sociales no paran de dar una crítica negativa a la imagen de la mujer del Presidente. A ellos, entonces, les preocupa la fuerza, el tenor del poder comunicativo de Prestofelippo y la fidelidad de su masivo público”.

Peña comentó que no se mostró sorprendido por el pedido de 30 días de prisión para el periodista. Y argumentó que este tipo de denuncias insólitas intentan infundir el temor: “Al contrario, van a lograr que se incremente su valentía y que, todos los medios nacionales hablen de él”. “A cualquier otro periodista que diga esto no le va a pasar lo mismo. Justamente a Prestofelippo sí por la calidad del público que tiene, que incomoda a ciertos sectores”, concluyó.

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Agregó además que es una posibilidad ínfima que sea detenido, pero “es lógico, ya que la intención es callarlo”. Las intenciones son “utilizar la Justicia para callar a un periodista. Para que deje de investigar, de comunicar”. “Hay un interés evidente por parte del Gobierno. Es entendible que alguien X se sienta agraviado, pero distinto es que te denuncie un ciudadano a que te denuncie el Poder, y esta mal usar esa herramienta para callar a un periodista que, al fin y al cabo, está trabajando como corresponde”.

“Podrían ir contra cualquier otro medio, pero no lo hacen. Van contra determinada personalidad con determinada cantidad de seguidores”, manifestó Peña que, al referirse a la fiscal de Delitos Informáticos de CABA, Daniela Dupuy, argumentó que “hace muy bien su trabajo” en citada área pero aclaró que “no comparto que se preste a este tipo de situaciones”. En este sentido, puntualizó sobre una temática judicial interesante: “Si un vecino común hace este tipo de denuncia, la Justicia no lo va a acompañar, se va a desestimar”. Expuso entonces, una palpante desigualdad en el sistema jurídico argentino.

Sobre fechas, el letrado explicó a este portal que hay una audiencia de prueba el futuro 21 de diciembre y para febrero sería, a mas tardar, la audiencia oral que pondría cara a cara en el banquillo al periodista y a la “Primera Dama”.

Para finalizar, el jurista señaló que espera que “la Justicia no esté o no sea politizada” a la hora de emitir un fallo.


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Caso “Chocolate” Rigau: Piden la detención del concejal massista Facundo Albini y de su padre

Este martes, la ONG Poder Ciudadano, que está como querellante en la causa que está investigando el uso de más de 45 tarjetas de débito de la Legislatura provincial y por la que está detenido Julio “Chocolate” Rigau, pidió la detención del concejal massista Facundo Albini y de su padre Claudio Albini, subdirector del personal de la Cámara de Diputados bonaerensebajo la acusación de integrar una asociación ilícita. 

Este pedido de Poder Ciudadano se suma al de la fiscal Betina Lacki quien solicitó detener a los dos funcionarios y a los dueños de las 48 tarjetas de débitos utilizadas para sustraer fondos por Rigau. Ahora, ambas solicitudes aguardan la respuesta del juez Federico Atencio quien, a su vez, está a la espera de la resolución de la Cámara de La Plata que que confirme la validez de la causa o si la anula.

El escrito de Poder Ciudadano fue presentado hoy luego de que se conocieran los chats del teléfono de Rigau con Albini (h), donde especifican incluso los montos que se queda cada uno: “Te llevas 200 (mil) por mes hace tres años y cuanto te necesito no estás. Siento que me estás faltando el respeto a mí y a mi amistad. No quiero terminar mal con vos, pero tampoco quiero que me tomes de idiota”, dice uno de los mensajes que dio a conocer la Justicia. 

Los chats revelan que había empleados de la Legislatura provincial que no sabían lo que estaban percibiendo ni el trabajo que presuntamente prestaban. “Decime de qué mierda trabajo yo”. En algunos casos, reclamaban que le den de baja en la Cámara de Diputados porque el estar en blanco dificultaba percibir, por ejemplo, planes sociales.

Por lo revelado, Poder Ciudadano exigió “que se ordene la inmediata detención de los imputados Facundo Mario Albini y Claudio Gustavo Albini”. “Ambos funcionarios continúan ejerciendo elevadas actividades dentro del Estado, pudiendo en ese rol destruir documentos, modificarlos o incluso amedrentar a posibles testigos. Con lo cual su detención deviene absolutamente necesaria y no puede pender de tiempos políticos que exceden el objeto de este proceso”, agrega en otro párrafo.

Por último señala que corresponde pedir la detención para impedir que perjudiquen o entorpezcan la investigación. 

*Fuente: Periodismo y Punto

“LEY PETRI” | La CSJ ratificó la ley que prohíbe la salida transitoria de presos condenados por delitos sexuales y homicidios

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la libertad condicional otorgada a Rodrigo Martínez, condenado por el delito de comercialización de estupefacientes.

El organismo respaldó el recurso extraordinario presentado por el Procurador General, Eduardo Casal, anulando así la sentencia previa de la Cámara Federal de Casación Penal.

Procurador General, Eduardo Casal

Martínez había sido condenado a cinco años de prisión por el delito en cuestión, pero una declaración de inconstitucionalidad de ciertos artículos legales en febrero de 2022 permitió su inclusión en el régimen de libertad condicional. La Cámara Federal de Casación Penal había revertido esta decisión, declarando la constitucionalidad de los artículos relevantes y dejando al juez de ejecución la responsabilidad de decidir sobre la prisión domiciliaria de Martínez.

A pesar de los informes favorables sobre el progreso de Martínez durante su libertad condicional, la Corte Suprema ratificó la validez constitucional de las limitaciones impuestas por la ley 27.375, revocando así la libertad condicional concedida anteriormente.

¿Qué es la “ley Petri”?

La ley 27.375 sancionada en el 2017 en el Congreso de la Nación —impulsada por el Diputado Nacional, Luis Petri—, amplió la limitación del otorgamiento de los beneficios comprendidos en el periodo de prueba, la prisión discontinua o semidetención, la libertad asistida y condicional a los condenados por una amplia gama de delitos.

Así explicó Luis Petri el proyecto antes de que sea sancionado en el año 2017

Entre ellos, se destaca la ampliación de la limitación a todo homicidio agravado, delitos contra la integridad sexual (exceptuando el abuso simple, difusión de pornografía, sustracción de mayores para menoscabar su integridad sexual y grooming), secuestro coactivo si se causa intencionalmente la muerte, robo agravado, homicidio en ocasión de robo, secuestro extorsivo si se causa intencionalmente la muerte, infracciones a la ley de drogas, trata de personas, delitos económicos, condenas por ley antiterrorista, contrabando agravado, tortura seguida de muerte, corrupción y fraude contra la administración pública y delitos cometidos por asociaciones ilícitas.

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