El Gobierno analizó crear una comisión ad hoc para investigar la gestión de Alberto Fernández sobre la pandemia de COVID-19. El Ejecutivo afirmó que quería encabezar una auditoría sobre las medidas que impulsó el expresidente para evitar la expansión del coronavirus y presentar un informe ante la Justicia. “Es una opción fuerte, que se está evaluando”, indicaron desde Nación.
La Casa Rosada sostuvo que impulsaría una revisión total de todos los archivos vinculados con la cuarentena, los contratos secretos para la compra de vacunas, el comité de expertos y las asesorías que recibió el oficialismo entre 2019 y 2022. “Nos interesa profundizar en la constancia científica que promovió sus medidas”, agregaron en referencia a las decisiones sanitarias que tomaron los exministros de Salud Carla Vizzotti y Ginés González García, este último procesado en la causa del “vacunatorio VIP”. En Balcarce 50 acusaron al gobierno anterior de “estirar la cuarentena por beneficio político” y de cometer delitos de lesa humanidad durante el aislamiento preventivo. También investigaron al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quiros.
El entorno de Javier Milei aseguró que el Presidente “estuvo decidido a que se investigara en profundidad toda la documentación sobre la pandemia”. El oficialismo libertario denunció que la Organización Mundial de la Salud (OMS) “promovió cuarentenas eternas sin sustento científico” y sostuvo que esa política “podría catalogarse como un delito de lesa humanidad”, al considerar que “causó una gran crisis económica”. El Ejecutivo tomó la decisión de abandonar el organismo internacional y anunció que denunciaría a su titular, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ante la Corte Penal Internacional.
En Balcarce 50 reclamaron que la gestión de Alberto Fernández “dejó a los niños fuera de la escuela, a cientos de miles de trabajadores sin ingresos, llevó a comercios y PyMEs a la quiebra, y costó 130.000 vidas”. Además, Milei calificó a Ginés González García como “cómplice y responsable de la cuarentena más larga del mundo” y aseguró que “su incompetencia le costó la vida a más de 100.000 argentinos, al margen de lo oscuro que ha sido el tema de los testeos y el ‘vacunatorio vip’”. Por ese motivo, el Presidente analizó crear una comisión ad hoc, con la atribución de constituir un organismo temporal dedicado a investigar la ejecución de las políticas gubernamentales de la gestión anterior. Esa instancia estaría facultada para solicitar la colaboración de toda la Administración Nacional y de ambas cámaras del Congreso.
En el plano legislativo, la diputada del PRO y presidenta de la comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, Sabrina Ajmechet, anunció, en abril del año pasado, la creación del Registro de Violaciones en Pandemia. Declaró que recopilaría denuncias para “fomentar la memoria y la justicia” y afirmó: “El gobierno de Alberto Fernández es el que más violaciones de Derechos Humanos cometió en democracia”. La legisladora prometió un espacio seguro para que las personas pudieran compartir sus testimonios y anticipó que se presentaría un informe final ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales.
Ajmechet fue designada al frente de la comisión de Derechos Humanos el miércoles 10 de abril de 2024 y convocó para el miércoles 24 de aquel mes una reunión informativa para recibir denuncias sobre posibles violaciones durante la cuarentena. Entre los hechos más graves que se conocieron en ese período, trascendieron el asesinato del trabajador rural Luis Espinoza en Tucumán a manos de policías locales, la represión contra la comunidad Qom en Fontana (Chaco) y la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro en la Provincia de Buenos Aires. También generaron controversia los centros de aislamiento de Formosa, donde se impusieron restricciones duras que derivaron en varias demandas judiciales.
Por otro lado, un informe de Amnistía Internacional, fechado en agosto de 2020, identificó más de 30 casos de violencia institucional y uso excesivo de la fuerza en todo el país, mientras que las fuerzas de seguridad federales realizaron 10.887 detenciones entre el 20 de marzo y el 4 de mayo de ese año en el contexto de control del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). El reporte consignó también detenciones masivas en distintas provincias: 1.192 en la Ciudad de Buenos Aires, 21.478 en Santa Fe, 17.214 en Córdoba y 6.419 en Chubut, todas vinculadas con el control del aislamiento. El documento señaló que varios de esos hechos reproducieron “prácticas abusivas extendidas” en las fuerzas de seguridad del país.
“Amnistía Internacional reconoció la necesidad de que, en un contexto excepcional de emergencia sanitaria, se adoptaran medidas para extremar los cuidados en la vía pública”, advirtió en aquel momento la ONG, pero aclaró que “el mantenimiento del orden y la seguridad no debe contraponerse con los derechos humanos, por el contrario, su respeto y protección son pilares fundamentales de un estado de derecho”.
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