INVIABLE | El Estado se apropia del 62,6% de la renta agrícola
La presión tributaria sobre el sector creció 3.4 puntos porcentuales entre diciembre y marzo. De cada $100 pesos que produce el campo, el Estado se queda con $62,60.
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El índice fue publicado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), y corresponde al mes de marzo de 2021. El relevamiento de la entidad mide la presencia del Estado en a producción agrícola sobre cultivos específicos (soja, maíz, trigo y girasol).
Los resultados son indignantes, el Estado le quita al campo más de la mitad de lo producido: 62,6%. Este valor quedó 3,4 puntos porcentuales por encima de la anterior medición, desarrollada en diciembre de 2020.
Tal cual puede verse en la imagen de arriba, la medición puede dividirse en dos: el hurto del Estado sobre la producción por cultivo y por provincias. La semilla más incautada es el trigo (70,9%) y los productores entrerrianos son los más perseguidos por la casta política (65,3%).
David Miazzo, economista jefe de FADA, explica que esta subida se desencadena tras los “aumentos de impuestos fijos municipales y provinciales; suba de costos en pesos y en dólares de labores y fletes; incrementos de precios de fertilizantes; baja del precio disponible del trigo; y reducción de los rindes estimados por efecto de la sequía”.
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En una estrategia para diferenciarse de las políticas económicas del libertario Javier Milei, el gobernador de Entre Ríos, RogelioFrigerio, puso en marcha un ambicioso plan de financiamiento destinado a fortalecer el sector productivo y las economías regionales de mencionada provincia. Este plan contempla una inversión superior a los $8 mil millones en diversas líneas de créditos subsidiados a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Banco Entre Ríos.
Durante su visita al stand del Banco Entre Ríos en la reciente Agroactiva 2024, el gobernador anunció la disponibilidad de créditos destinados a la compra de maquinarias e insumos, con una tasa subsidiada del 16,17% y un plazo de pago de hasta 48 cuotas. Estos préstamos, financiados en parte por el gobierno provincial, se presentan como una herramienta clave para impulsar la capacidad productiva y generar empleo en el sector privado.
Frigerio destacó que la oferta inicial de $5.000 millones en créditos fue ampliamente superada por las solicitudes, que alcanzaron los $7.000 millones. “Este interés manifiesto de unos 100 productores entrerrianos en acceder a la propuesta evidencia la avidez por el trabajo y la producción que caracteriza a nuestra sociedad”, subrayó el mandatario.
En el marco del programa de Reactivación Productiva del CFI, Entre Ríos se posicionó como la provincia que más créditos gestionó, alcanzando un total de $4.686 millones. Esta línea incluye proyectos de financiamiento a cadenas productivas por $2.000 millones, financiamiento verde por $1.000 millones, y un fondo de $300 millones destinado al desarrollo productivo y financiero de las mujeres. “En momentos de escasez de recursos, es fundamental buscar herramientas que permitan salir adelante, trabajando junto a organizaciones como el CFI para mejorar la capacidad de entregar créditos a nuestro sector productivo”, afirmó Frigerio.
Además, el Fondo de Garantía del CFI ha permitido certificar garantías por más de $500 millones, con tres proyectos ya gestionados por un valor total de $1.500 millones, entre los que se destacan Lácteos Tonutti, El Hinojo y Entrenuts. “Estas iniciativas son un claro reflejo del compromiso y la resiliencia de nuestros productores, que no bajan los brazos pese a las dificultades”, señaló el gobernador.
El enfoque de Frigerio contrasta marcadamente con el de Milei, quien adoptó una postura más radical en términos de reducción del rol del Estado en la economía. Frigerio, en cambio, aboga por una ayuda estatal estratégica para fomentar el desarrollo económico y social: “Como gobernante, me inspira la perseverancia de nuestros productores. Es un ejemplo que debemos seguir en el sector público para enfrentar y superar los desafíos actuales”, concluyó.
Los funcionarios del Ministerio de Economía, la Secretaría de Legal y Técnica del Gobierno y técnicos de la AFIP están trabajando intensamente para finalizar los decretos reglamentarios correspondientes a la Ley Bases y al paquete fiscal.
Según fuentes cercanas al proceso, se espera que los decretos empiecen a ser publicados en el Boletín Oficial a partir de la próxima semana. Este paso es crucial para que la AFIP pueda concluir las resoluciones necesarias y así implementar los cambios propuestos.
En el ámbito fiscal, la AFIP está desarrollando aplicativos que incorporan modificaciones en las escalas y alícuotas del monotributo, ajustes en el impuesto a las Ganancias, la implementación de una moratoria impositiva, un nuevo esquema para liquidar el impuesto a los Bienes Personales y la regularización de activos mediante un blanqueo.
Por su parte, el Ministerio de Economía busca tener todo listo lo más rápido posible para comenzar a incrementar la recaudación por diversas vías. La reintroducción del Impuesto a las Ganancias implicará que aproximadamente 800.000 asalariados vuelvan a tributar bajo este impuesto, con la establecimiento de nuevos umbrales desde los cuales se aplicará el gravamen.
Para los asalariados, estos umbrales serán de $1.800.000 y $2.300.000 de salario bruto para trabajadores solteros y casados con dos hijos respectivamente. En el caso de los autónomos, el monto de ganancia imponible sujeto al gravamen será $335.000 menor que los montos mencionados anteriormente.
En el año 2024 se actualizan diversos parámetros del monotributo, incluyendo el límite de facturación de cada categoría, el monto del impuesto integrado, los alquileres devengados, y las contribuciones a Obras Sociales y al Régimen Previsional. Además, las categorías superiores no tendrán restricciones según el tipo de actividad realizada, permitiendo a quienes realicen locaciones o servicios inscribirse en categorías actualmente restringidas como I, J o K.
En cuanto al impuesto sobre Bienes Personales, se introducen cambios significativos. Se propone una reducción progresiva de las alícuotas, eliminando la diferencia entre bienes situados en el país y en el exterior. La alícuota máxima para el ejercicio fiscal 2023 será del 1,5%, reduciéndose gradualmente hasta alcanzar el 0,25% en 2027. Además, se permite a los contribuyentes pagar de manera anticipada el impuesto correspondiente a los períodos 2024-2027 de forma unificada.
El régimen de blanqueo se presenta como una oportunidad amplia para regularizar activos existentes hasta el 31 de diciembre de 2023. Incluye a residentes y a personas jurídicas vigentes a esa fecha, con excepciones para quienes hayan ejercido funciones públicas en los últimos diez años y sus familiares, así como para individuos declarados en quiebra o condenados por delitos tributarios y aduaneros, entre otros.
Además, se establece una extensa moratoria para obligaciones impositivas y de la Seguridad Social vencidas hasta el 31 de marzo de 2024. Esta moratoria abarca incluso el Aporte Solidario y Extraordinario establecido por la Ley 27.605, permitiendo la regularización de obligaciones incluidas en planes de pago caducados o no, así como aquellas en discusión administrativa y judicial, con la condición de que la cancelación total de la deuda resulte en la extinción de la acción penal correspondiente.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló que la inflación de junio fue del 4,6%, acumulando una variación de 79,8% en el primer semestre de 2024 y alcanzando un preocupante 271,5% en la comparación interanual. Este dato confirma un rebote en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que rompe con la tendencia a la baja que se venía observando desde diciembre.
La división con mayor aumento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 14,3% debido a las subas en las tarifas de servicios y alquileres. Otros sectores que registraron incrementos significativos fueron Restaurantes y hoteles (6,3%) y Educación (5,7%). En contraste, Bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,3%) tuvieron las menores variaciones.
Las proyecciones —tanto del Gobierno como de diversas consultoras— anticipaban que la inflación de junio superaría el 4,2% de mayo. Luis Caputo, ministro de Economía, expresó su expectativa de que la inflación general se situara por debajo del 5%, mientras que el Presidente, JavierMilei,aseguró que los datos privados estaban “en offside”, pronosticando una cifra menor al 5%.
Pese a la inflación en ascenso, el Gobierno se mantiene optimista y apunta a reducir el IPC a cifras cercanas al 2% para finales de 2024, con el objetivo de converger con el crawling peg (devaluación administrada) del dólar oficial y, eventualmente, liberar el cepo cambiario.
Reacción sindical: ATE exige una recomposición salarial del 80%
La inflación no solo impacta en los precios, sino también en los salarios. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reclamó urgentemente la convocatoria a paritarias para negociar una recomposición salarial.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional, criticó al Gobierno por “no convocar a paritarias” y afirmó que la presión inflacionaria está deteriorando los ingresos de los trabajadores estatales. “La cantidad de estatales bajo la línea de la pobreza ha aumentado drásticamente, al igual que el nivel de endeudamiento de las familias”, señaló.
Según el INDEC, una familia necesita $873.169 para no ser pobre y $393.319 para no caer en la indigencia. En respuesta, ATE demanda un aumento salarial del 80% en una sola cuota para compensar la pérdida real de los salarios, que según el sindicato, ha sido del 22,4% durante el acuerdo 2023-2024. Mientras el Gobierno apuesta por una desaceleración de la inflación y la estabilización de los precios, los analistas privados mantienen proyecciones más cautelosas, situando la inflación mensual entre el 5,5% y el 4% para el resto del año.
Es un hecho: el Gobierno dispuso que las empresas de medicina prepaga deberán aportar en la misma proporción que las obras sociales al Fondo Solidario de Redistribución, a través del Decreto 600/2024 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
La decisión del Ejecutivo implica la unificación del porcentaje de las contribuciones y aportes que deben realizar todas las entidades que ofrecen cobertura sanitaria al Fondo Solidario de Redistribución en un 15%, que hasta ahora para las prepagas estaba estipulado en un 20%.
La normativa justificó la medida partiendo de la base que todas las entidades que participan del Fondo “reciben el 100 % de los beneficios y recursos generados por dicho fondo”, pero se exhibía “una discrepancia en la medida en que estas entidades no integran por el total de sus percepciones, generando desequilibrios y contradiciendo los principios de equidad”.
Ante este panorama, el Gobierno consideró necesario plantear “la necesidad de corregir esta disonancia para asegurar una participación justa y equitativa de todas las entidades en beneficio del fortalecimiento del mencionado Fondo Solidario de Redistribución”.
En ese sentido, el texto oficial sostiene que “la simplificación propuesta busca no solo mejorar la eficiencia en la recaudación, sino también promover condiciones igualitarias para todas las entidades, independientemente de las características de las remuneraciones o del porcentaje de los aportes o contribuciones”.
Asimismo, aseguró que “la modificación propuesta simplifica el sistema de aportes y contribuciones y elimina las disparidades relacionadas con las remuneraciones brutas mensuales, garantizando una mayor transparencia y equidad”.
Al mismo tiempo, el decreto también modificó los alcances del accionar de los Agentes del Seguro de Salud estableciendo que los mismos no podrán:
Supeditar la afiliación al cumplimiento de ningún requisito no previsto en la ley o sus reglamentaciones;
Efectuar discriminación alguna para acceder a la cobertura básica obligatoria;
Realizar examen psico-físico o equivalente, cualquiera sea su naturaleza, como requisito para la admisión;
Establecer períodos de carencia
Decidir unilateralmente sin causa la baja del afiliado.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que las personas que recibieron ayuda salarial del Estado durante la pandemia a través del programa ATP y aquellos que cuentan con subsidios en las tarifas podrán adquirir dólares en el mercado financiero mediante las cotizaciones MEP y contado con liquidación.
En un comunicado difundido el martes por la tarde, la autoridad monetaria, liderada por Santiago Bausili, informó sobre nuevas medidas para flexibilizar los controles cambiarios en las importaciones. “El Banco Central de la República Argentina ha dado un nuevo paso en el proceso de remover y flexibilizar las regulaciones de acceso al mercado de cambios, con el objetivo final de eliminar completamente las restricciones”, declaró la entidad.
Con esta medida, se habilitará a ciertos grupos, anteriormente restringidos, a acceder a operaciones de dólar MEP y contado con liquidación. Estos incluyen beneficiarios de refinanciaciones de saldos de tarjetas de crédito durante la pandemia, diversos créditos a tasa cero y subsidios, entre otros. También se permitirá a estos individuos suscribir créditos hipotecarios en pesos y utilizar el dólar MEP para operaciones inmobiliarias.
El BCRA también decidió reducir los plazos para que las empresas paguen importaciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y aumentar el monto que los exportadores de servicios no están obligados a liquidar en el MLC. A partir del 1º de agosto, el esquema de pagos de importaciones se reducirá a dos cuotas: una a los 30 días y otra a los 60 días, cada una del 50% del monto total.
Asimismo, se amplió el monto exento de liquidación para las exportaciones de servicios por parte de personas humanas residentes. Ahora se permite cobrar hasta USD 24.000 por año calendario en cuentas locales en dólares sin la obligación de liquidarlos en el MLC, frente al límite anterior de USD 12.000.
En el día de hoy, el gobierno publicó en su boletín oficial el Decreto 599/2024 en el que se establece una nueva reglamentación en el acceso a los mercados aerocomerciales. Esta medida busca transformar la dinámica actual en la aviación nacional, a través de la fomentación de la competencia y la mejora de los servicios a los ciudadanos.
La desregulación implica la eliminación de restricciones que anteriormente limitaban la entrada y operación de nuevas aerolíneas en el mercado argentino. Con esta medida, se espera una mayor oferta de vuelos, precios más competitivos y un incremento en la calidad del servicio, beneficiando tanto a los pasajeros como a la industria en general.
La entrada de nuevas aerolíneas podría traducirse en una mayor variedad de destinos, frecuencias de vuelo y tarifas más accesibles. Esto no solo facilita los viajes de negocios y turismo dentro y fuera del país, sino que también puede estimular el crecimiento del turismo interno y la conectividad regional.
Los nuevos reglamentos del sector aerocomercial en Argentina se regirán por principios que incluyen: acceso libre al mercado con procedimientos administrativos rápidos; estímulo a la competencia leal; desregulación tarifaria y libertad de precios; seguridad operacional y vigilancia continua; libertad comercial en frecuencias y rutas aéreas bajo criterios operativos; intervenciones gubernamentales limitadas y digitales; otorgamiento inmediato de frecuencias solicitadas; incentivos para nuevas rutas y transportadores; declaración y transparencia en niveles y capacidad aeroportuaria; asignación justa de servicios aeroportuarios; y participación ad honorem de actores de la industria en la toma de decisiones, coordinados por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.
En conferencia de prensa, el vocero Manuel Adorni agregó que “con esta medida se reforman normativas arcaicas que tienen décadas en la Argentina, esto es un paso muy importante para la modernización y la liberalización del espacio aéreo. Esto va a incluir la digitalización y automatización de trámites, la desregulación de los servicios de rampas, agilizar los procesos para otorgar nuevas rutas, liberar trabas para impulsar nuevos negocios y permitir que los dueños de pequeñas aeronaves no pasen por los mismos procesos burocráticos que una gran aerolínea.”
Esta política de “Cielos abiertos” va en consonancia con lo anunciado recientemente por el gobierno nacional a partir de la creación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.
