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El costo de la Canasta Básica Total (CBT)se disparó un 6,79% en el mes de julio, levemente por debajo de la inflación general que marcó un 7,4%, por tal motivo, una familia tipo compuesta por dos adultos y dos niños, necesitó durante julio $111.297,57 para no ser considerada pobre, de acuerdo a lo informado por el INDEC.
Por otra parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA)subió 6,3%, por lo que una familia necesitó $49.465,59 para no caer en la indigencia.
Durante los primeros siete meses del año, la Canasta Básica Total aumentó 46,2% y la Canasta Básica Alimentaria un 50,1% y en los últimos doce meses, el costo de la CBT aumento un 64,7%, y el de la CBA unos 70,6%, precisó el Indec.
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El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, pronosticó una pérdida de reservas y fuertes expectativas de devaluación si el Gobierno no acata las sugerencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) y decide mantener la política cambiaria y el cepo al dólar. Por el momento no hay indicios de que el equipo económico actual obre en ese sentido.
A través de una nota publicada en su blog personal, el economista elogiado en varias oportunidades por el presidente Javier Milei, le recomendó al Gobierno “prestar atención a la sugerencia implícita en el último informe del staff del FMI“, en lo que refiere a la eliminación del dólar blend (esquema por el cual hoy el 20% de las exportaciones se liquidan al CCL) y un ajuste del 10% en el tipo de cambio oficial.
Para el organismo internacional de crédito, y para Cavallo, esto último debería estar acompañado de la reducción de 10 puntos porcentuales en el impuesto PAIS para acotar el efecto de la suba en el precio del dólar sobre el costo de las importaciones. Esta medida es la única del paquete recomendado que el Poder Ejecutivo tomará por el momento.
En paralelo, el referente económico durante los 90′ sostuvo que la suba de tasas a niveles positivos en términos reales y el reemplazo del mercado del dólar CCL por una liberalización total del cepo ayudarán a reducir la brecha, en gran parte porque esto generaría incentivos al ingreso de divisas proveniente del blanqueo de capitales, del turismo y de los servicios que hoy los argentinos brindan en el exterior.
“Es posible que, con estas medidas, la expectativa de una fuerte devaluación pueda transformarse en la de un aumento limitado de la tasa de crawl, de ninguna manera peligrosa si en pocos meses puede lograrse una unificación completa del mercado cambiario sin salto devaluatorio”, proyectó.
LAS 3 RAZONES POR LAS CUALES CAERÍAN LAS RESERVAS Y AUMENTARÍA EL TEMOR AL DÓLAR SI NO SE LIBERA EL CEPO Y EL COMERCIO EXTERIOR:
1- En primer lugar, Cavallo advierte que al BCRA se le va a hacer cuesta arriba traducir el superávit comercial en una mayor cantidad de reservas si no se termina con el “blend”. Esto se daría porque a partir de julio la autoridad monetaria ya no podrá seguir postergando pagos de importaciones como hizo en el primer semestre.
2- Los pagos de deuda de los próximos meses y años son significativos, por lo cual el Gobierno necesitará urgentemente una fuente de acumulación de reservas, algo que Cavallo no avizora si se sostiene la política cambiaria actual, con el “blend” y un “crawling peg” del 2% mensual.
Esto podría ser subsanado con nuevos desembolsos de organismos internacionales, según uno de los responsables de la reforma del Estado durante el gobierno de Carlos Menem.
3- El cepo impide un saldo positivo en la cuenta capital de la balanza de pagos.
Tras la compra por parte del Banco Central de 13,7 billones en PUTS, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró los avances en la migración hacia un nuevo esquema monetario.
Durante la noche del jueves, el funcionario respondió a una pregunta que le hizo un usuario en la red social X y señaló que “la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos”; la frase llamó la atención en algunos círculos.
“Toto te hago una consulta, si los dólares que compran no liquidan el equivalente emitido para absorber los pesos emitidos por CCL, lo pueden absorber por otro lado, ya sea mediante bancos por ejemplo?”, indagó Victor Ybarra.
Fue entonces que Caputo citó la pregunta y respondió: “Los pesos emitidos son por compras en el Mulc. El objetivo siempre fue secar la plaza de pesos. Lo digo desde la primer entrevista, pero bueno, todavía algunos no se convencen”.
Y agregó: “La realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte!”.
Horas antes, había celebrado la “desactivación” de los PUTS.
“Una bomba más desactivada! Impresionante trabajo del presidente del BCRA (Santiago Bausili) y su equipo!!! Aprovecho para reconocer también la dignidad de la gran mayoría de los banqueros, que priorizaron el futuro del país por sobre los intereses de sus instituciones”.
Los funcionarios del Ministerio de Economía, la Secretaría de Legal y Técnica del Gobierno y técnicos de la AFIP están trabajando intensamente para finalizar los decretos reglamentarios correspondientes a la Ley Bases y al paquete fiscal.
Según fuentes cercanas al proceso, se espera que los decretos empiecen a ser publicados en el Boletín Oficial a partir de la próxima semana. Este paso es crucial para que la AFIP pueda concluir las resoluciones necesarias y así implementar los cambios propuestos.
En el ámbito fiscal, la AFIP está desarrollando aplicativos que incorporan modificaciones en las escalas y alícuotas del monotributo, ajustes en el impuesto a las Ganancias, la implementación de una moratoria impositiva, un nuevo esquema para liquidar el impuesto a los Bienes Personales y la regularización de activos mediante un blanqueo.
Por su parte, el Ministerio de Economía busca tener todo listo lo más rápido posible para comenzar a incrementar la recaudación por diversas vías. La reintroducción del Impuesto a las Ganancias implicará que aproximadamente 800.000 asalariados vuelvan a tributar bajo este impuesto, con la establecimiento de nuevos umbrales desde los cuales se aplicará el gravamen.
Para los asalariados, estos umbrales serán de $1.800.000 y $2.300.000 de salario bruto para trabajadores solteros y casados con dos hijos respectivamente. En el caso de los autónomos, el monto de ganancia imponible sujeto al gravamen será $335.000 menor que los montos mencionados anteriormente.
En el año 2024 se actualizan diversos parámetros del monotributo, incluyendo el límite de facturación de cada categoría, el monto del impuesto integrado, los alquileres devengados, y las contribuciones a Obras Sociales y al Régimen Previsional. Además, las categorías superiores no tendrán restricciones según el tipo de actividad realizada, permitiendo a quienes realicen locaciones o servicios inscribirse en categorías actualmente restringidas como I, J o K.
En cuanto al impuesto sobre Bienes Personales, se introducen cambios significativos. Se propone una reducción progresiva de las alícuotas, eliminando la diferencia entre bienes situados en el país y en el exterior. La alícuota máxima para el ejercicio fiscal 2023 será del 1,5%, reduciéndose gradualmente hasta alcanzar el 0,25% en 2027. Además, se permite a los contribuyentes pagar de manera anticipada el impuesto correspondiente a los períodos 2024-2027 de forma unificada.
El régimen de blanqueo se presenta como una oportunidad amplia para regularizar activos existentes hasta el 31 de diciembre de 2023. Incluye a residentes y a personas jurídicas vigentes a esa fecha, con excepciones para quienes hayan ejercido funciones públicas en los últimos diez años y sus familiares, así como para individuos declarados en quiebra o condenados por delitos tributarios y aduaneros, entre otros.
Además, se establece una extensa moratoria para obligaciones impositivas y de la Seguridad Social vencidas hasta el 31 de marzo de 2024. Esta moratoria abarca incluso el Aporte Solidario y Extraordinario establecido por la Ley 27.605, permitiendo la regularización de obligaciones incluidas en planes de pago caducados o no, así como aquellas en discusión administrativa y judicial, con la condición de que la cancelación total de la deuda resulte en la extinción de la acción penal correspondiente.
Es un hecho: el Gobierno dispuso que las empresas de medicina prepaga deberán aportar en la misma proporción que las obras sociales al Fondo Solidario de Redistribución, a través del Decreto 600/2024 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
La decisión del Ejecutivo implica la unificación del porcentaje de las contribuciones y aportes que deben realizar todas las entidades que ofrecen cobertura sanitaria al Fondo Solidario de Redistribución en un 15%, que hasta ahora para las prepagas estaba estipulado en un 20%.
La normativa justificó la medida partiendo de la base que todas las entidades que participan del Fondo “reciben el 100 % de los beneficios y recursos generados por dicho fondo”, pero se exhibía “una discrepancia en la medida en que estas entidades no integran por el total de sus percepciones, generando desequilibrios y contradiciendo los principios de equidad”.
Ante este panorama, el Gobierno consideró necesario plantear “la necesidad de corregir esta disonancia para asegurar una participación justa y equitativa de todas las entidades en beneficio del fortalecimiento del mencionado Fondo Solidario de Redistribución”.
En ese sentido, el texto oficial sostiene que “la simplificación propuesta busca no solo mejorar la eficiencia en la recaudación, sino también promover condiciones igualitarias para todas las entidades, independientemente de las características de las remuneraciones o del porcentaje de los aportes o contribuciones”.
Asimismo, aseguró que “la modificación propuesta simplifica el sistema de aportes y contribuciones y elimina las disparidades relacionadas con las remuneraciones brutas mensuales, garantizando una mayor transparencia y equidad”.
Al mismo tiempo, el decreto también modificó los alcances del accionar de los Agentes del Seguro de Salud estableciendo que los mismos no podrán:
Supeditar la afiliación al cumplimiento de ningún requisito no previsto en la ley o sus reglamentaciones;
Efectuar discriminación alguna para acceder a la cobertura básica obligatoria;
Realizar examen psico-físico o equivalente, cualquiera sea su naturaleza, como requisito para la admisión;
Establecer períodos de carencia
Decidir unilateralmente sin causa la baja del afiliado.
El Gobierno oficializó las nuevas escalas salarialespara el personal militar de las Fuerzas Armadas y para la Policía de Establecimientos Navales. Esta actualización de haberes, que incluye un incremento del 9% en los sueldos, se refleja a partir de este mes y coincide con el pago del medio aguinaldo.
La Resolución Conjunta 33/2024, firmada por el Ministro de Defensa, Luis Petri, y el Ministro de Economía, Luis Caputo, establece un aumento del 9% en los salarios del personal militar. Esta medida se hizo pública el pasado 3 de junio en el Boletín Oficial y tiene como objetivo “reconocer una adecuada jerarquización con relación a la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la ejecución de la actividad”. Junto con este aumento, las Fuerzas Armadas recibirán el aguinaldo correspondiente al primer semestre del año, calculado sobre la mayor remuneración mensual percibida durante este período.
Cuánto cobran los miembros de las Fuerzas Armadas en julio de 2024
En una estrategia para diferenciarse de las políticas económicas del libertario Javier Milei, el gobernador de Entre Ríos, RogelioFrigerio, puso en marcha un ambicioso plan de financiamiento destinado a fortalecer el sector productivo y las economías regionales de mencionada provincia. Este plan contempla una inversión superior a los $8 mil millones en diversas líneas de créditos subsidiados a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Banco Entre Ríos.
Durante su visita al stand del Banco Entre Ríos en la reciente Agroactiva 2024, el gobernador anunció la disponibilidad de créditos destinados a la compra de maquinarias e insumos, con una tasa subsidiada del 16,17% y un plazo de pago de hasta 48 cuotas. Estos préstamos, financiados en parte por el gobierno provincial, se presentan como una herramienta clave para impulsar la capacidad productiva y generar empleo en el sector privado.
Frigerio destacó que la oferta inicial de $5.000 millones en créditos fue ampliamente superada por las solicitudes, que alcanzaron los $7.000 millones. “Este interés manifiesto de unos 100 productores entrerrianos en acceder a la propuesta evidencia la avidez por el trabajo y la producción que caracteriza a nuestra sociedad”, subrayó el mandatario.
En el marco del programa de Reactivación Productiva del CFI, Entre Ríos se posicionó como la provincia que más créditos gestionó, alcanzando un total de $4.686 millones. Esta línea incluye proyectos de financiamiento a cadenas productivas por $2.000 millones, financiamiento verde por $1.000 millones, y un fondo de $300 millones destinado al desarrollo productivo y financiero de las mujeres. “En momentos de escasez de recursos, es fundamental buscar herramientas que permitan salir adelante, trabajando junto a organizaciones como el CFI para mejorar la capacidad de entregar créditos a nuestro sector productivo”, afirmó Frigerio.
Además, el Fondo de Garantía del CFI ha permitido certificar garantías por más de $500 millones, con tres proyectos ya gestionados por un valor total de $1.500 millones, entre los que se destacan Lácteos Tonutti, El Hinojo y Entrenuts. “Estas iniciativas son un claro reflejo del compromiso y la resiliencia de nuestros productores, que no bajan los brazos pese a las dificultades”, señaló el gobernador.
El enfoque de Frigerio contrasta marcadamente con el de Milei, quien adoptó una postura más radical en términos de reducción del rol del Estado en la economía. Frigerio, en cambio, aboga por una ayuda estatal estratégica para fomentar el desarrollo económico y social: “Como gobernante, me inspira la perseverancia de nuestros productores. Es un ejemplo que debemos seguir en el sector público para enfrentar y superar los desafíos actuales”, concluyó.
