Entre los despedidos identificados con la militancia kirchnerista se encuentran Víctor Hugo Morales, Mex Urtizberea, Lautaro Maislin, Federica Pais y Jorge Dorio.
El actual edil de Viamonte, Facundo Manzoni, acusó al exintendente Gabriel Fernández de realizarse “autopréstamos financieros a intereses cero” que consignaba como “adelantos de sueldo”.
La “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” enviada al Congreso por Javier Milei, incluye más de 660 artículos y un capítulo especial referido a las privatizaciones de empresas estatales.
La medida fue oficializada este martes en el Boletín Oficial. Los despidos aplican a empleados públicos que habían ingresado este año.
Una encuesta de DC Consultores expone que el 71% de los ciudadanos respaldan el megadecreto de desregulaciones económicas del Jefe de Estado. Además, más del 75% se mostró a favor del protocolo anti piquetes.
Con la derogación de la ley de alquileres impuesta por el Gobierno de Javier Milei a través de un DNU, los contratos serán de dos años, se podrán firmar en dólares y pactar los ajustes mensuales.
Estos dos se sumarán a la categoría de trascendentales, al igual otro extenso listado que sustituirá a la ley anterior que únicamente contemplaba los servicios hospitalarios; agua; energía eléctrica; gas y el control del tráfico aéreo.
En sintonía con las medidas anunciadas por Javier Milei, el titular de la Cámara Baja afirmó que no habrá pauta para los medios de comunicación. El ahorro será de “más de 3 millones de dólares”.
En un mensaje a Casa Rosada, el ministro Carlos Bianco advirtió que las constituciones de Provincia y Nación avalan dicha alternativa y que será analizada en caso de que el gobernador Axel Kicillof lo considere necesario.
El Gobierno ratificó su postura sobre la presencialidad total de los empleados públicos para evitar estas irregularidades y poder reducir en un 10% la planta estatal.
Antes de finalizar su gestión, el expresidente elevó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para que los contribuyentes continúen pagando su seguridad privada, así como la de su familia. Sin embargo, desde la cartera de Bullrich elevarán con contra-Decreto para anularlo.
La canciller explicó las irregularidades con las que se topó la nueva gestión y porqué exigirán la presencialidad total de los empleados públicos.
