Salta: Intendente peronista fue condenado por abrir un paso fronterizo ilegal

Sergio Oliva utilizó una máquina del municipio de Pichanal que le alquiló su par Julio Jalit en 2016, para abrir un paso ilegal.
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La Cámara Federal de Salta confirmó el procesamiento dictado en contra de Sergio Gerardo Oliva, intendente de la localidad fronteriza de Aguas Blancas, por el delito de abuso de autoridad.

En la causa iniciada en el año 2016 se acusó a Oliva de haber abierto un paso clandestino de ingreso y egreso al territorio nacional, en un área de seguridad de frontera. En pocas palabras, un paso ilegal, utilizando maquinaría alquilada al intendente de Pichanal.

Sergio “Checho” Oliva también se desempeñó como jefe comunal

Uno de los argumentos que se utilizó para sustanciar la acusación fue que promovía el contrabando. Dicha causa, se inició a raíz de denuncias realizadas en abril de 2016 en contra de la Municipalidad de Aguas Blancas, por parte de gendarmería

Sergio Oliva, se defendió argumentando: “Se abrió una calle que llegaba hasta el río Bermejo con la intención de extraer áridos para mejorar justamente las calles de acceso a las oficinas públicas nacionales que luego me acusaron de fomentar el contrabando”. El problema radica, en que este camino fue aprovechado por otras personas como paso clandestino, motivo por el que Gendarmería responsabilizó a Sergio Oliva de promover el contrabando.

Ante esta situación, Aduana informó a la Fiscalía sobre la circulación de embarcaciones a partir de las 6 y hasta las 24, lo cual implicaría transporte ilegal de personas y bultos, ya que el paso de chalanas oficial funciona de 7 a 19.

Ahora, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó el procesamiento de Oliva, aunque le cambió la calificación legal, ya que en primera instancia se lo había acusado de contrabando de mercadería agravado por la calidad de funcionario público. Sin embargo, el Tribunal consideró que no existen elementos para endilgar al imputado ese delito y lo cambiaron a simple abuso de autoridad. Además, los jueces Mariana Catalano y Alejandro Castellanos confirmaron el embargo de los bienes del jefe comunal por la suma de $60.000.

Finalmente el ex jefe comunal fue condenado a 6 meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial de un año por incumplimiento de deberes de funcionario público.

*Fuente Diario El Tribuno

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