Los negocios detrás de la aprobación de la Ley del Cannabis Medicinal

A pesar de que la aprobación de dicha ley fue muy solicitada por padres que necesitan cannabis medicinal para tratar a sus hijos, el Estado aprovechó nuevamente una problemática para meter la mano y beneficiarse.
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El jueves 5 de mayo se aprobó el proyecto de ley que permitirá la regulación del desarrollo de la industria del cannabis medicinal y la industrialización del cáñamo. Con la implementación de esta ley se modificará la ley 27.737 promulgada en 1989, en donde dictan diversas penalizaciones y señalan como ilegales a las drogas que se habilitarán.

Varios medios de comunicación se encargaron de divulgar la aprobación de la mencionada ley, algunos clasificándola como una victoria para la democracia, y otros no. Sin embargo ningún medio se encargó de detallar lo que este proyecto desencadenará.

¿Qué secretarías se van a implementar, cuál será el beneficio económico para nuestro país, a partir de cuanto contemplaremos las ganancias? Detalles importantes que los medios convencionales no se molestaron en divulgar.

QUÉ CAMBIARÁ A PARTIR DE AHORA

En cuanto a gasto público, deberemos comenzar a contemplar una suba importante. Este proyecto detalla la creación de un organismo regulador, esta agencia deberá funcionar como un articulador de la cadena productiva del cannabis y además, tendrá a su cargo otras agencias de regulación. Este organismo regulador se llamará: Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).

Según detalla el proyecto de ley, la agencia ARICCAME será manejada por cinco personas que serán elegidas por el Poder Ejecutivo, estas cinco tendrán un puesto jerárquico, lo que se traduce en un sueldo de características importantes.

A su vez, esta agencia dependerá funcional y monetariamente a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, hoy comandado por Daniel Scioli, es por esto que, nuevamente la responsabilidad económica recae sobre los ciudadanos.

Albero Fernández junto con el ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

A TRAVÉS DE TUS IMPUESTOS

Como detalle no menor, esta agencia -ARICCAME- podrá “instalar delegaciones regionales o provinciales para agilizar el efectivo cumplimiento de la presente ley en todo el territorio nacional”. Esto quiere decir que, por decisión de las cinco personas anteriormente mencionadas, se podrán instalar más delegaciones financiadas con los impuestos de todos los argentinos, a lo largo y ancho del país.

También, se creará un el Instituto Nacional de Semillas (INASE) este dependerá del Ministerio de Agricultura y Pesca, que es liderado por Julián Domínguez. Uno más y van, además se creará un Consejo Federal de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal.

Este Consejo se constituye a través de un (1) representante de la Nación, uno (1) por la Ciudad de Buenos Aires, y uno por cada provincia (24).

DISCRIMINACIÓN DISFRAZADA DE INCLUSIÓN

Si algún ciudadano desea poder comenzar a beneficiarse a través del negocio del cáñamo, primero debe obtener la autorización de la Ciudad de Buenos Aires, y segundo se deberá avanzar a través de un “filtro” que impondrá el propio Estado en donde tendrán como prioridad a las personas que sean parte de una minoría, mujeres, trans, o cualquier entidad que deba ser resguardada/apañada a través de la ideología de género.

Imagen tomada del proyecto de ley. (Página 15).

BENEFICIOS ECONÓMICOS

El proyecto fue presentado por el ex ministro Kulfas, el mismo especificó que la aprobación del mencionado proyecto se traducirá en ganancias de hasta 500 millones de dólares. No obstante, estos beneficios económicos recién serán visibles a partir del año 2025.

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