Durante los últimos dos años, la relación entre los integrantes del gobierno nacional y la comunidad mapuche ha sido, como mínimo, contradictoria. El pueblo mapuche, actualmente la población indígena más numerosa de todo el cono sur, desperdigada entre territorios que forman parte de Argentina y Chile, ha tenido al mismo tiempo opiniones encontradas respecto a la gestión de Alberto Fernández.

La ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, ha mostrado su apoyo incondicional a la comunidad mapuche. Ella misma es miembro fundadora de la Sociedad de Abogados de Derecho Indígena (AADI) y se manifestó abiertamente contra la detención del líder Jones Huala, asegurando que “se trata de una decisión arbitraria, ilegal y abusiva, que concentra de un modo claro la persecución a un líder mapuche”.

No es ésta, sin embargo, la posición oficial del gobierno. De hecho, el propio ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, aseguró que las características de las actividades de la comunidad mapuche no son aceptadas por la gestión nacional. “Quemar edificios públicos no es una reivindicación, es un delito”, aseguró en entrevistas televisivas sobre el conflicto con los mapuches.

Del mismo modo, el titular de la cartera de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, fue más allá al asegurar que “la defensa de Jones Huala por parte de representantes del gobierno fue un grosero error jurídico. Huala es un terrorista. Yo lo dejaría en la cárcel, y cuando cumpla con su condena lo extraditaría a Argentina para condenarlo de nuevo”.

La dura sentencia de Berni apuntó a la gestión del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa. El 5 de octubre, el diplomático se presentó voluntariamente en la audiencia judicial donde se evaluaba un pedido de libertad condicional para el líder de la RAM. El embajador expuso ante la comisión y aseguró que daría respaldo a Jones “porque así lo prevé la normativa internacional por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares”. La maniobra fue rechazada por dirigentes de ambos lados de la grieta y provocó un conflicto diplomático con Chile, que envió una carta de protesta a Argentina por la “injerencia” de Bielsa en un proceso judicial chileno.

Lejos de sentirse agradecido por el gesto de Bielsa, el líder mapuche Jones Huala lanzó duras críticas al gobierno argentino, asegurando que “esta administración populista es más peligrosa que la derecha oficial”.

De este modo, la posición del gobierno nacional frente al conflicto mapuche resulta tan desordenada y contradictoria como el resto de las políticas oficiales, y se configura como una nueva raíz de trance interno en una gestión que pareciera no hacer pie en el intento de mostrar un rumbo claro.

*Fuente: REALPOLITIK