Aunque para un sector de los trabajadores este cambio de régimen impulsado por el gobierno de Axel Kicillof significa un incremento salarial, para muchos otros implica una rebaja salarial que va desde los 3 mil a los 22 mil pesos.

Según relatan trabajadores de la dirección General de Cultura y Educación bonaerense, el gobierno “le sacó a algunos para darle a otros” y “repartió pobreza para sanear las cuentas”. Fruto de esta decisión, hasta la militancia se manifestó en variadas redes sociales con comentarios de todo tipo: “Entre los y las compañeras comprometidas y militantes del proyecto nacional y popular impera la bronca, tristeza y decepción”.

La DGCYE argumenta que no va a pagar compensaciones a través de horas extras como lo ha hecho por más de quince años, por eso no va a cubrir estos recortes con compensaciones. Sin embargo, mientras sostiene esta postura, en varios departamentos y direcciones se pagan compensaciones: tal es el caso de las seiscientas personas que figuran en el listado, que efectivamente cobraron las horas extras que a la gran mayoría le denegaron.

Este incremento para pocos se realizó en detrimento del salario de otros trabajadores. De hecho, la mayoría de los empleados sufrió esta discriminación mientras la gestión provincial otorga arbitrariamente compensaciones a otros sectores con fuerte presencia sindical. Mientras tanto, se recortan los magros salarios de los trabajadores y el amplio privilegio económico sigue reinando entre los funcionarios K.

El acuerdo político existente entre la subsecretaria Administrativa y de Recursos Humanos, Verónica Ferraris, y la subsecretaria de Educación, Claudia Brachi, permite lo que fuera expuesto por REALPOLITIK en la nota del 7 de noviembre de 2020: aún al día de la fecha, varios funcionarios siguen ostentando dos cargos públicos y cobrándolos en forma simultánea.

Ejemplo de ello es, por ejemplo, Fabián Fumeo, quien fue durante toda la gestión Pro director de Fiscalización, Prevención de Lavado de Activos y Conflictos Societarios en la dirección provincial de Personas Jurídicas dependiente del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y asesor docente al mismo tiempo en la dirección de Secundaria. Ahora se desempeña como jefe de departamento de Inspecciones de Personas Jurídicas en la dirección provincial de Personas Jurídicas y es simultáneamente asesor del gobierno provincial.

Otro caso es el de Pablo Rivadula, director del Tribunal de Disciplina, quien fuera asesor docente de la subsecretaria de Educación en la gestión Pro. Él también cobraría ahora su extra figurando como si fuera docente.

Vale destacar que los funcionarios mencionados, entre otros tantos, fueron denunciados por la junta interna de ATE de la DGCyE durante la gestión pasada y la presente por las anomalías existentes en sus sueldos. De más está decir que tanto Kicillof como la ministra Agustina Vila hicieron caso omiso a los reclamos.

El desconcierto es total y la bronca de los empleados no para de crecer. El gobierno bonaerense habla con la izquierda y ejecuta con la derecha.