Mediante una resolución del ministerio de Infraestructura, el gobierno de Axel Kicillof firmó un convenio con la cooperativa de trabajo Mi cielo Limitada para el mantenimiento de arroyos y cauces hídricos provinciales. A pesar que el decreto es de mayo, el saneamiento sigue incumpliéndose y un juez federal sacó una cautelar para que se convalide en la región capital.

En diciembre del 2020, la municipalidad de La Plata, concretamente la subsecretaría de Obras Públicas e Hidráulica, solicitó a la gestión de Axel Kicillof que cumpla con la limpieza correspondiente de los arroyos de la ciudad o que, caso contrario, gire los fondos para que lo efectivice la comuna. Vale aclarar que esta tarea es obligación provincial, según determina la ley, mientras que la competencia municipal es el mantenimiento del desagüe y todo lo relacionado al drenaje interno local.

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Este expediente fue dirigido al juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nro. 4 de La Plata, en el marco de la causa “Vigo Mariño Iván Ciro C/ Provincia de Buenos Aires y otro S/ Daños Varios”, donde el denunciante requiere la reposición de una barrea flotante de contención de residuos sólidos tendientes a paliar la contaminación del arroyo el Gato. No obstante, la demanda no se efectivizó y el juez federal Alberto Osvaldo Recondo tomó cartas en el asunto y decretó una cautelar en contra del gobierno bonaerense.

“Ordenar que en el plazo de sesenta días corridos (…) la municipalidad de La Plata y la provincia de Buenos Aires arbitren las medidas necesarias para proceder a la reinstalación de la barrera flotante de contención y extracción de residuos sólidos, que se encontraba sobre el arroyo el Gato en inmediaciones de la calle 7 y 514”, resolvió el magistrado para evitar continuar propagando el daño ambiental. Con el fin de facilitar el retiro de los residuos sólidos del curso hídrico, se deberá garantizar un sistema de recolección de los mismos, “en forma diaria y mecanizada”, agregó Recondo.

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En relación a las responsabilidades meramente de la gestión provincial, que incluye Aguas Bonaerenses SA, el letrado dictaminó: “Establezcan y comuniquen a este juzgado, fecha de inicio y plazo de ejecución del proyecto para el tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales de las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada”. Además, exigió: “Presenten ante este Juzgado, un plan provisorio para evitar los efectos perjudiciales del vuelco de líquido cloacal sin tratamiento en el sistema compuesto por el arroyo el Gato, Río Santiago y Río de La Plata”.

Todo ello deberá cumplirse en dos meses a partir de la notificación del juzgado (23 de noviembre), y también la provincia de Buenos Aires, coordinadamente con las municipalidades de La Plata, Berisso y Ensenada, tendrá que arbitrar “las medidas necesarias para practicar un relevamiento de toda la extensión del arroyo el Gato, el Río Santiago y la cuenca del Río de La Plata (…) a fin de identificar todos los puntos (precisando ubicación) a través de los cuales se produce con habitualidad, el vertido de sustancias contaminantes sólidas o líquidas (indicando la naturaleza de las mismas) al curso de agua, a través de actividades antrópicas legítimas o ilegítimas”.

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Sin embargo, a pesar que la gestión de Kicillof se jacta de realizar “operativos de limpieza en 7.560 metros de arroyos, canales y zanjas” en los municipios de Almirante Brown, La Plata, Merlo y Tigre, lo cierto es que en mayo último firmó un convenio por 10.367.863,73 pesos para “la ejecución de tareas de saneamiento, limpieza y mantenimiento de los cursos de agua detallados en el mismo, en el marco del ‘Programa para el mantenimiento de arroyos y cauces hídricos con participación de organizaciones intermedias’”. Lo resolvió a través de un decreto entre el ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, representado por el subsecretario de Recursos Hídricos, y la cooperativa de trabajo Mi Cielo Limitada.

Seis meses más tarde, estas tareas continúan sin llevarse a cabo, por lo que los más de 10 millones de pesos dirigidos a la cooperativa resultan un despilfarro. Estas licitaciones o adjudicaciones directas representan mucho dinero para los bonaerenses, pero al gobernador Kicillof parece importarle poco, y más aun ante el recuerdo presente de la trágica inundación que sufrieron los platenses aquel fatídico 2 de abril del 2013, un tema bastante delicado dada la infraestructura de la ciudad que no está ajena de volver a pasar otro triste episodio de semejante magnitud.

*Fuente: REALPOLITIK