Este viernes el Gobierno reconoció formalmente a embajadora de Venezuela designada por Guaidó, Elisa Trotta Gamus.

En una ceremonia ocurrida este viernes en la Cancillería, el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, le dio la plena representación como embajadora de la República Bolivariana de Venezuela a Elisa Trotta Gamus, la enviada de Juan Guaidó en la Argentina.

De esta manera, la administración de Mauricio Macri formalizó su ruptura con el régimen de Nicolás Maduro, al que no reconoce desde que aceptó la proclamación del titular de la opositora Asamblea Nacional, Guaidó, como «presidente encargado». Fue a fines de enero, días después de que Maduro asumiera un nuevo período de gobierno tras unas elecciones en las que el chavismo proscribió a candidatos de la oposición.

Como efecto inmediato, Trotta Gamus tendrá los plenos poderes para ejercer incluso los trámites migratorios y se desconocerán los de los funcionarios locales, a dos de los cuales ya se les vencieron las visas de trabajo porque están hace años aquí.

El Gobierno se diferencia por completo una vez más de la posición del candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien confirmó a Clarín que si gana la elección del 27 de octubre retirará a la Argentina del Grupo de Lima, y se mantendrá «neutral» como México y Uruguay.

La «neutralidad es complicidad», salió a rebatirlo de manera claramente intencionada Faurie. Fue en referencia a la posición de Fernández, quien enfrenta diferencias sobre el tema dentro de la propia alianza política que lo postula como presidente. Por caso, Sergio Massa -aliado de Fernández- dijo esta semana en Nueva York que «en Venezuela hay una dictadura».

El ministro de Justicia, Germán Garavano, estará el próximo martes 15 en La Haya, Países Bajos, para entre otras actividades, presentar el informe que se elaboró desde su ministerio con las denuncias de unos 40 venezolanos que residen en la Argentina. Los técnicos de Justicia afirman que al menos 29 testimonios -sobre asesinatos, torturas, persecuciones y detenciones políticas- se corresponden con crímenes de lesa humanidad.