Los abogados de la Jefatura de Gabinete de la Nación respondieron a la demanda que inició la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) donde pidió que los locales gastronómicos puedan trabajar sin limitación horaria y bajo el cumplimiento de todos los protocolos sanitarios. Solicitaron que sea rechazada porque señalaron que las medidas son razonables en el contexto sanitario que se vive en el país.

La AHRCC presentó a fines de abril un amparo contra el decreto 241 y cualquier norma que a futuro presente restricciones parecidas para el sector. Dicho decreto estableció que los comercios gastronómicos sólo podían funcionar de 6 a 19 horas con atención en la calle o espacios al aire libre y fuera de ese horario con modalidad delivery y take away. 

La entidad planteó que la decisión era inconstitucional ya que afectaba el derecho de igualdad ante la ley, de propiedad y de trabajar y ejercer la industria lícita, entre otros. Asimismo, solicitó que mientras se tramita la causa se dicte una medida cautelar que les permita trabajar sin límites de horario, con atención dentro de los locales y con protocolos sanitarios, de la misma manera en la que se trabajaba previo a las actuales medidas.

La AHRCC explicó en el amparo que las restricciones se tomaron de manera arbitraria y “sin ningún análisis científico ni fundamentaciones basadas en situaciones fácticas”. También señalaron que no se reportó ningún contagio en la actividad gastronómica y que la mayoría de casos se han producido “a partir de las movilizaciones sociales y de las denominadas ´fiestas clandestinas´ y reuniones familiares que el Estado se vio imposibilitado de controlar”.

La asociación también criticó que las restricciones horarias sean una medida eficaz para frenar los contagios: “Esto es un absurdo total, ya que por lógica a mayor amplitud horaria existe menor riesgo de aglomeraciones y por ende de contagios. Es decir, que la restricción horaria lejos de prevenir los contagios, los incrementa”.

En el amparo también se señalaron las pérdidas económicas y laborales que sufrió el sector durante el año pasado por las medidas tomadas contra el coronavirus: alrededor de 10 mil comercios gastronómicos cerraron y 150 mil personas perdieron su puesto de trabajo.

“Si traspolamos en número por familias, representan como mínimo el cuádruple de involucrados, sin contar todos los proveedores que se vieron, igualmente, afectados”, indicó la entidad.

El Gobierno nacional contestó a la demanda a fines de mayo presentando un informe sobre la situación epidemiológica que atraviesa el país mencionando el aumento de casos, las zonas de emergencia sanitaria y de cómo el sistema de salud está en crisis para la atención de Covid-19. Y, las medidas tomadas sobre el sector gastronómico, fueron justificadas bajo las facultades que el Poder Ejecutivo tiene para preservar la salud de la población.

“Su actividad comercial, no escapa al esfuerzo general que deben afrontar los restantes rubros y actividades económicas, y hasta de la población en su conjunto, que también se ven afectados por la pandemia, y las consecuencias que ésta acarrea”, expresaron y sostuvieron que las restricciones “no son arbitrarias, sino que, son el modo razonable de disminuir el contagio y el crecimiento de la curva epidemiológica por la cual estamos atravesando en la actualidad”.

Asimismo, alegaron que la actividad de los bares y restaurantes “no se encuentra suprimida”, sino que “se fijaron parámetros para el desarrollo de la misma, a fin de evitar la propagación del virus, ante el aumento significativo de casos que se produjo en el país, y por lo cual, se debió recurrir a aquellas pero de manera temporaria, intensiva y focalizada geográficamente”.

Los abogados del gobierno nacional advirtieron de los efectos que podría tener un fallo a favor de AHRCC señalando que, por un lado, podría provocar un aumento en la circulación de personas fuera del horario permitido generando “un alto riesgo de aumento en la velocidad de propagación del virus” y, por el otro, podría causar “reclamos de otros grupos/rubros, que también requieran ser exceptuados de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, en contra del consejo de las autoridades sanitarias, sin el debido respaldo de la ciencia médica, con riesgo de que colapse el sistema de salud”.

La causa está a cargo del juez en lo contencioso administrativo federal Diego Cormick que tras la respuesta de la Jefatura de Gabinete ordenó nuevos informes antes de resolver.

– Especial para Data24.com.ar –