A vistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) realizó una presentación denunciando que en Argentina se limitan la libertad de opinión. El texto de mencionada organización se da en el contexto de la denuncia judicial que el presidente Alberto Fernández esbozó contra la presidente del PRO, Patricia Bullrich a raíz de las opiniones de ésta última sobre las negociaciones con laboratorios extranjeros para acceder a las vacunas.

Además, se mencionan el fallo favorable del periodista Eduardo Feinmann, quien fue denunciado por CFK en el año 2018, cuando opinó sobre su gestión de Gobierno. El caso de Diego Masci, quien fue condenado por publicar el video de una funcionara de San Luis quien se filmó después de haber fumado marihuana. Y finalmente lo sucedido en Formosa cuando, en el año 2015, un periodista debió pagar $2 millones al Gobernador de esa provincia por los comentarios de un oyente que se comunicó con su programa radial.

A través del informe la fundación expresa que “El estado de vulnerabilidad que reviste para la libertad de expresión en el país la existencia de estas demandas cuando provienen de las máximas autoridades gubernamentales y van dirigidas hacia quienes opinan en contra de sus decisiones o políticas”.

“Estos hechos conforman un escenario cada vez más frágil para el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, periodistas y/o dirigentes de la oposición, por lo que los abogados de la Fundación consideran necesaria la intervención de la CIDH como forma de establecer una alerta temprana sobre la degradación de las libertades, sobre todo de la libertad de expresión y opinión, que de ningún modo puede estar afectada ni sujeta a responsabilidades ulteriores, como la multa de 100 millones de pesos que pretende cobrar el primer mandatario en su demanda a una de las principales dirigentes de la oposición”, agregaron desde LED.