En medio de fuertes cuestionamientos de la mayoría de las asociaciones de periodismo y gran parte del arco político provincial, este jueves se conocerá el veredicto del juicio contra el periodista Diego Masci, quien fue denunciado por haber difundido un video de la entonces ministra de Educación de San Luis en el que la funcionaria admitía haber consumido marihuana en Ámsterdam.

Como el material era parte de un mensaje privado a sus amigos en el cual relataba anécdotas de su luna de miel, Natalia Spinuzza denunció al director del portal Zbol por «violación de secretos y privacidad», aunque posteriormente reconoció que una hora antes de su publicación el video ya se había viralizado en las redes.

El avance de la causa despertó una gran polémica en el distrito cuyano por el trasfondo político que la acompaña. Es que a pesar de que muchos otros medios locales y nacionales replicaron el contenido, sólo Masci fue llevado a juicio.

Los hermanos Rodríguez Saá tienen un triste historial de ataques a la prensa, que tuvo en los noventa un pico cuando propiciaron el encarcelamiento del maestro ajedrecista y periodista Jaime Emma.

En la provincia sostienen que hubo un ensañamiento por parte del gobierno de Alberto Rodriguéz Saa por la conocida militancia política del periodista en el espacio del senador opositor Claudio Poggi.

Masci fue repudiado públicamente por distintas autoridades gubernamentales en más de una ocasión, mientras que Spinuzza no abandonó el gabiente, sino que simplemente pasó de la cartera de Educación a Medio Ambiente.

De hecho, el propio gobernador salió como testigo de la causa junto a una serie de funcionarios como la ministra de Salud y la reemplazante de Spinuzza en Educación.

Este respaldo fue interpretado por gran parte la oposición de San Luis como una injerencia del oficialismo en la causa. La organización Fopea también lo interpretó como un ataque a la libertad de expresión.

«Una condena a Masci, cualquiera sea, significará un duro revés a la libertad de expresión, por cuanto lo único que se busca es silenciar a un periodista que difundió un video que puede considerarse de interés público por cuanto se trata de acciones de una funcionaria pública», indicó la organización en un comunicado.

«Este caso por cuanto entiende que puede significar un pésimo antecedente para la libertad de expresión en la Argentina y a la vez insta a las autoridades judiciales puntanas a ser fieles observadoras de los derechos y garantías de los que goza el trabajo de la prensa en un país del que San Luis es parte histórica importante», agregó Fopea.

En diálogo con La Política Online, el periodista denunciado subrayó la participación del gobierno provincial a partir de un dato que dio a conocer Alberto Rodríguez Saa en un acto donde compara a la ministra saliente con el prócer Domingo Faustino Sarmiento.

«Yo termino la nota 17.10, la publico a las 17.22 y las dos horas me hackean el sitio. Cuatro días después, el gobernador dice la nota fue publicada a las 17.10 y los únicos que podían saber eso era yo y quien me hackeó. Claramente me hackearon desde el gobierno y a los pocos días me iniciaron el juicio» cuenta.

«Es un caso típico donde el poder trata de disciplinar a la prensa. No es la secretaria de Ambiente la que me está llevando a juicio, es el gobierno. No es casual lo que está pasando, esto es un pase de facturas. Yo tengo un sitio muy pequeño, pero he publicado cosas que han molestado como el giro de 80 millones de pesos a una fundación inexistente», añadió.

*Fuente: La Política Online


Por Rafael

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