“Intentaron fundirnos para quedarse con la empresa, lo cual lograron”, éstas fueron las primeras palabras de Marcelo Spanos socio-gerente de MAXIA SRL, la empresa de transporte urbano de pasajeros que desde hace mucho tiempo mantiene un conflicto con la municipalidad de Río Gallegos por deudas cruzadas, falta de servicio y reclamos de la empresa por incumplimiento de contratos.

Encabezado por el abogado Jorge Cabezas, Secretario de Gestión Legal y Técnica de la Municipalidad de Río Gallegos, un escribano y personal municipal y con orden escrita del Juez Marcelo Beresanelli, una comisión se hizo presente ayer en la base de operaciones de la empresa Maxia SRL en calle Juan Barck 255 y procedió al secuestro de todas las unidades, equipos e instalaciones de la empresa privada, de las cuales el propio magistrado hizo depositario judicial a la municipalidad de esta capital, autorizándole al intendente Pablo Grasso la utilización de los colectivos bajo la excusa de garantizar el transporte público de pasajeros en la ciudad.

Expropiaciones en Santa Cruz
El abogado Jorge Cabezas (Foto de OPI Santa Cruz)

“Damos cumplimiento a la orden del Juez, tomamos posesión de las unidades secuestradas por la Justicia y la base de operaciones de Maxia. Este relevamiento que realizamos con un escribano y funcionarios municipales, que tuvo la supervisión del Intendente, también tiene por objeto informar al Juez de todo, ya que en este instante nos transformamos en depositarios judiciales”, dijo Cabezas en los medios, tratando de justificarse públicamente por el avasallamiento a a propiedad privada, a instancia de la “legalidad” que le da la decisión de un juez del propio partido del intendente Grasso.

“En junio nosotros le pedimos a la municipalidad que nos dijeran cuáles alternativas iban a tomar de todas las que les presentamos sobre estructuras de costos, la cual se vio afectada sensiblemente por la merma de pasajes debido a la cuarentena y a las deudas previas existentes hasta que ellos armen la licitación que es lo que estamos esperando. El municipio nunca respondió y ahora nos robaron la empresa. Es decir, no les importaba arreglar, les importaba esto”, le dijo Marcelo Spanos a OPI Santa Cruz.

DOCUMENTACIÓN ROBADA O DESAPARECIDA

Tras explicar el empresario que esta documentación, a la que tuvo acceso el citado portal, fue entregada en el propio Juzgado de Bersanelli a través de su abogado Santiago Luis Pinto y recepcionada en Mesa de Entradas del Juzgado a las 8:18 hs del 23 de junio 2020, como consta en el sello al pie a la derecha del documento nunca fue anexada a la causa y aparentemente es una de las justificaciones que esgrimía el juez para dictar una resolución como la que ayer pusieron en práctica.

Ante la falta de respuesta de Pablo Grasso, Maxia SRL en ese documento, le solicitaba al juez que emplazara al municipio para que en 24 horas diera respuesta al Acuerdo de Presentación de Servicios Transitorios firmado entre la comuna y la empresa el 4 de junio 2020 y formalizado el 19 del mismo mes y propusiera una acción entre tres alternativas ofrecidas por Maxia “Sin embargo, éste documento, se perdió en el juzgado. Nunca fue anexado a la causa”, señaló el socio Gerente de la empresa privada que acaba de ser expropiada/incautada/robada de facto, por el intendente Grasso.

“Cuando mi abogado habló con el juez y le preguntó por qué se adoptaba una medida de ese tipo, sin haber considerado los términos del último documento ingresado a la causa, Bersanelli le dijo que él no lo había visto porque en la causa ‘Municipalidad de Río Gallegos c/Maxia SRL S/Proceso Urgente’, ese documento no estaba en el expediente (Nº 28.742/20). Es decir, en el propio juzgado lo sacaron, lo perdieron o directamente nunca lo anexaron a la causa”, dijo Marcelo Spanos.

COMPLICIDAD O NEGLIGENCIA

“Es decir –prosiguió el empresario– el intendente incumpliendo los acuerdos previos, no respondiendo a nuestros requerimientos posteriores, accionó directamente para quedarse con la empresa. Yo puedo estar o no de acuerdo con la decisión del juez, pero si el propio Juzgado acciona incautando los colectivos y la empresa, sin siquiera haber leído el documento que prensentamos, es muy grave” dijo y agregó “Esto va a traer consecuencias gravísimas para el capital de la empresa pero también para el juzgado y el municipio, porque nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a accionar con todo el aparato legal en contra de la intendencia, que de alguna manera son fondos que debrá pagar la ciudadanía de Río Gallegos”

El socio Gerente de Maxia cargó duramente contra la justicia y la decisión política de quedarse con la empresa, atando de alguna manera la relación de parentezco que tiene Bersanelli con las decisiones judiciales y políticas que se toman en la provincia.

Expropiaciones en Santa Cruz

“Más allá que nos robaron los colectivos –continuó relatando Marcelo Spanos– lo más grave es la acción de la justicia. Estamos en una Venezuela recargada, porque acá suprimieron la justicia. El avance burdo, autoritario y de facto sobre una empresa privada, es de una gravedad total, para Santa Cruz y el país”, señaló, indicando que en la adminsitración anterior con el intendente Giubetich mantuvieron fuertes discusiones por deudas, pero jamás se dio una situación de este tipo y menos que quisieran quedarse con Maxia.

“Nos robaron la empresa –dijo categóricamente–. Nos fueron pagando cada vez menos, nos ahogaron hasta que ayer nos sacaron el patrimonio. Es una vergüenza. Es absolutamente intencional. Nosotros en marzo hicimos caer el contrato por falta de pago, al rescindirle el contrato no existe ninguna vinculación entre nuestra empresa y el municipio, por lo tanto lo que hizo el intendente Grasso con el Juez fue robarnos la empresa. No existe otra interpretación. Por este motivo Maxia SRL va a judicializar todo, vamos a llevar a la justicia al Intendente, a los funcionarios que van a tener que respoder con patrimonio propio y al Juez, porque hay una clara connivencia de todos estos sectores para quedarse con una empresa privada que no les corresponde”, concluyó.

¿Y DÓNDE ESTÁ EL PILOTO?

Ante esta nueva realidad implantada desde el Juzgado y el municipio, OPI Santa Cruz investigó sobre la situación de los choferes y desde la UTA el Secretario General Rubén Aguilera expresaron “Es una pelea de ellos, nuestra dependencia es con maxia SRL; a nosotros antes que nada nos tienen que pagar salario, la diferencia salarial y el aguinaldo. Ello incluye antigüedad, categoría y escalas salariales vigentes. UTA es nacional y a ese nivel se fijan las paritarias”, dijo el dirigente.

Cuando consultamos sobre quién podría decidir en la actual situación planteada a partir de esta nueva figura, Aguilera dijo “Esto, desde que está judicializado, se encuentra bajo la órbita judicial, el Juez decide y los trabajadores ni el sindicato tienen nada que ver”.

En estos momentos el intendente Pablo Grasso está resolviendo qué hacer, con el servicio de transporte. Sabe que la única solución es poner al día las deudas de maxia SRl, lo cual irá con cargo a todos los vecinos y que de alguna manera, el Juez tenga las manos libres para reinstalar el servicio. Otra de las opciones que maneja, es poner a personal municipal a manjear los micros. “Esta opción es la menos aconsejable para Grasso – le dijo una fuente a OPI Santa Cruz desde adentro del municipio – porque si poner gente al volante de los colectivos sin el aval de la UTA, no va a poder mover un solo colectivo en la ciudad y boludo no es”, concluyó.

*Fuente: Agencia OPI Santa Cruz


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Por Rafael Garduño

Jefe de Redacción

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