El operativo policial tuvo el putrefacto aroma de las redadas de la década del 70, cuando la libertad de expresión no era más que una vana ilusión, un imperativo idealista sin fundamentos. Lo que ocurrió fue tan burdo, violento y desinteresado por los derechos más básicos, que despertó el interés y la preocupación del resto de los medios de comunicación regionales de la provincia de Buenos Aires, sobre los que ahora vuela una sola pregunta: “¿Quién será el siguiente?”.

El jueves 13 de mayo comenzó como un día más en el Canal 29 de Quilmes, un medio de comunicación comunitario de San Francisco Solano, que desde hace más de treinta años transmiten las 24 horas del día a través de una resolución del AFSCA y un permiso del Ente Nacional de Comunicación (ENACOM). Sin embargo, pocas horas después, todo cambió.

Sin mediar una carta documento o intimación alguna, la Policía Federal se presentó y golpeó la puerta con tanta fuerza que la arrancó de sus goznes. Ingresaron unos veinte efectivos junto a dos funcionarios del ENACOM y testigos que habían traído de la calle. Ante las preguntas desesperadas de Laura Basteri, propietaria del canal, los funcionarios leyeron la orden de allanamiento del juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien les dio luz verde para secuestrar valiosos equipos que fueron comprados con el fruto del esfuerzo de muchos años de trabajo.

El primer golpe a la economía del Canal 29 lo había dado Mayra Mendoza, intendente de Quilmes, meses atrás. Luego de muchos años contando con la colaboración del municipio, la nueva gestión municipal decidió dar de baja la pauta publicitaria, desfinanciando así a un medio de comunicación tradicional de Quilmes que cometió el grave error de no mostrarse oficialista, sino buscar representar a todas las voces a través de sus programas.

Lo que siguió después fue el mejor ejemplo de la improvisación y la falta de voluntad de la Justicia y los funcionarios públicos. En el ENACOM le confirmaron a Basteri que la denuncia habría venido de parte de Telecentro. Sin embargo, desde la señal aseguraron que no fue así, y las miradas apuntaron a Antina, un canal de televisión digital.

“Nadie se contactó previamente con nosotros. Nadie nos envió ninguna carta documento. No interferimos en ninguna señal, ni de Antina ni de Telecentro, porque ni siquiera estamos en la misma banda. Simplemente vino la policía y se llevó valiosos equipos, y nadie sabe por qué”, explicó Basteri.

Como se recordará, el juez Luis Antonio Armella fue, hasta el año 2012, quien llevó adelante la causa Riachuelo. Aquel año la Corte Suprema lo apartó del caso por irregularidades en las contrataciones y solicitó a la Justicia y al Consejo de la Magistratura que investiguen sus responsabilidades en los delitos cometidos.

*Fuente: REALPOLITIK