*Por: Karin Leiva

La semana pasada, Data24 publicó una nota donde se relataba la pesadilla que vivió una familia cuando una abuela quedó internada en el Centro Médico San Martín de Ezpeleta, en Quilmes...

María Vicenta Iocco, de 93 años, infectada de COVID, recurrió a PAMI porque su prepaga no le dio una solución para la falta de oxígeno que estaba sufriendo y entonces fue derivada a dicho centro médico, quedando internada desde el 12 de octubre hasta el 31 del mismo mes cuando su familia decidió sacarla de ahí.

Mayra Mendoza junto a la directora ejecutiva de la Unidad de Gestión Local de PAMI, Daiana Saavedra

Su nieta, Angie, contó por redes sociales el calvario que sufrieron tanto su abuela como toda su familia. Primero no les pasaban información de su evolución. Luego, una vez curada de coronavirus, tuvo que quedarse por secuelas pulmonares. El 29 de octubre la iba a ver un neumonólogo para poder continuar con la internación domiciliaria, pero no sucedió. Luego les dijeron que la vería el 31 y sucedió lo mismo, el doctor no se presentó. Nunca supieron el nombre del especialista tampoco.

Así estaba la habitación de María

Por todas las situaciones que se estaban presentando, su nieta se acercó al sanatorio y esperó una hora para que un hombre, que se negó a darle sus datos, le leyera el parte médico desde un celular y se negó a mostrarle los análisis realizados porque eran “confidenciales”. Como este difería de los previos, pidió ver a María. La hicieron esperar una hora porque no estaba en “la lista”.

Camino a la habitación de su abuela, interrogó al supuesto médico, este le dijo que era dominicano. Al preguntarle si se había recibido en Argentina, él le respondió “no tengo documentación, si quiere llame a la policía”.

La peor parte de todo esto fue cuando pudo ver a su abuela y las condiciones en las que la tenían: completamente desnuda; atada de ambas manos; mojada en un charco de agua, porque se le había salido la vía y mojó las sábanas y las frazadas que no fueron cambiadas, la señora tenía neumonía y eso podía empeorar su cuadro; estaba orinada; tenía la máscara de oxígeno corrida a la altura del mentón; la boca seca y totalmente perdida en tiempo y espacio pidiendo agua con voz entrecortada. Por esto, se dirigió a las dos enfermeras que estaban cerca que se encontraban charlando y jugando con sus celulares.

Directamente después de retirarse del establecimiento se acercó a la comisaría donde realizó la denuncia sin poder aportar datos del personal porque no quisieron dárselos. “Es el miembro más importante de nuestra familia, nuestro sostén, la teníamos en una cajita de cristal, con gente que la asistía, y terminó en un campo de concentración”, declaró la nieta de María.

En sus horas de espera también pudo notar el deterioro de las instalaciones, como vidrios rotos en la puerta de entrada y cables a la vista, malas condiciones de higiene y la prueba hidráulica del matafuegos de la sala de espera vencido.

“Todos vamos a morir algún día, pero que sea con dignidad. Ella merece dignidad, y estar rodeada de todos sus afectos. De su familia que tanto la quiere y está desesperada, sin saber a dónde ir, a quien recurrir. Desasosiego y desamparo se llama eso”, insistió su familiar.

Luego de haber denunciado en PAMI, María fue trasladada a la Clínica Santa Clara (ex Hospital del Vidrio) de Don Bosco. Cuando su familia fue a buscar sus pertenencias, se las dieron en una bolsa de basura y no las había utilizado ni una vez.

“Encima me llegaron mensajes de otras personas pero con situaciones peores, hay personas a las que directamente les mataron a sus abuelos, y cuando fueron a hablar a PAMI les dijeron que escriban un descargo en el libro de quejas de la clínica, una locura”, agregó Angie, nieta de María.

Entre los mensajes que le llegaron se encuentra el de Santiago Mondelo. Él perdió a sus dos padres en esa clínica este año. Contó que a su papá lo tenían en las mismas condiciones que a María: desnudo, deshidratado y atado. Sumándole un falso diagnóstico de COVID.

También al consultarle a una enfermera venezolana por la medicación y el tratamiento “me decía que no sabía, que al otro día me iba a decir, para defenderse me dijo que hacía tres días que trabajaba ahí”, narró. Él realizó un descargo en el libro de quejas pero nadie hizo nada. “A mis padres los abandonaron ahí y los dejaron morir. Ojalá cierren esa clínica”, finalizó.

Selene se sumó a los mensajes contando que su abuela falleció ahí hace poco y que “no te querían pasar bien el parte, no me dejaban ir a verla, a mi vieja le decían cualquier cosa, no la alimentaban bien. Es una mierda, pero lo hacen con los pobres viejos”.

Otra chica relató cómo su abuela, que tuvo un ACV isquémico, “salió con COVID, la ataron, no le daban agua, la tenían defecada, le dejaban la comida sobre la mesa y ella no podía comer sola. Mi tío la sacó a upa y se la llevó. Tampoco quisieron darle historia clínica”.

Aldana Faguaga compartió una publicación en la plataforma Facebook enumerando varias negligencias de la clínica: monitoreo apagado, camillas sin barandas, falta de respuesta a pedidos de asistencia e interrupción de medicamentos.

A dos días de que le dieran el alta, su abuelo se cayó de la camilla, por falta de barandas, y no recibió ayuda de inmediato a pesar de haber llamado a las enfermeras más de una vez. Por esto se quebró la cadera y le suministraron calmantes pero dejaron de darle su medicamento para la arritmia, acción de la que su familia se percató y reclamó, pero un día después terminó falleciendo de un paro cardíaco.

En una publicación de Paola Balbuena se leía “cero humanidad, abandono de personas y desamor por la profesión”. A esto le sumó como dos de sus familiares estuvieron internadas en el sanatorio pero una “pudo zafar, porque la familia la sacó”, pero la otra no y falleció de COVID sin que la trataran.

“Están dejando morir a la gente que no tiene coronavirus”, denunció Sebastián Pereyra. “Mi suegro es un paciente oncológico y no le quieren pasar los sueros y medicamentos correspondientes, le sacaron el respirador para dejarlo reservado para cuando venga un paciente con el virus. Toda su vida pagó sus aportes para que lo dejen agonizar y morir como un perro”, agregó.

María López comentó que, en 2011, a su padre “lo terminaron matando de una operación de caderas. Al día siguiente de haberlo operado, entró a terapia intensiva dijeron trombosis y falleció un día después”.

Gabriela Müller relató cómo su padre broncoaspirado por deterioro y avance de Parkinson, quedó internado y no permitieron que se quedara ningún familiar, a pesar de que no tenía COVID. También sufrieron la falta de información, personal del sanatorio se comprometió con que el DR. YEFERSON ROA se comunicaría con ellos, pero como parece ser costumbre del establecimiento, nadie se comunicó ni atendieron las llamadas.

SANATORIO URQUIZA

Como si fuera poco tener un centro médico nefasto, con instalaciones en condiciones paupérrimas y con una atención pésima, el distrito gobernado por Mayra Mendoza tienen por lo menos dos sanatorios en las mismas condiciones. El otro establecimiento al que nos referimos es el Sanatorio Urquiza.

En dicho nosocomio Marcela perdió a su padre, Ángel Sánchez, de 67 años. El 30 de agosto, alrededor de las 3 de la mañana, lo llevó a la guardia del sanatorio junto a su madre porque presentaba vómitos, dolor de pecho, de brazo y sudor frío, todos síntomas de un infarto, pero nunca lo trataron por eso y sospechaban que era COVID-19. A la mañana siguiente, se encontraron con que seguía con los mismos dolores. El médico le preguntó por los medicamentos que tomaba, le informó que no los necesitaría estando ahí y volvió a insistir con la posibilidad de que sea COVID.

La situación de Ángel siguió empeorando, por lo que le preguntaron a su cónyuge si era alérgico a los corticoides, a lo que respondió que no sabía; ella salió un momento al baño y al volver descubrió que tenía un pinchazo en la ingle. En ese momento, Ángel le dice «me pincharon, me siento mal, me muero mami» y empezó a vomitar y a ahogarse con su vómito. Su mujer llamó a los gritos a los médicos.

“Se lo llevaron morado, casi muerto, para hacerle una tomografía y recién ahí lo ingresaron a la unidad coronaria. A todo esto él ya había sufrido un paro cardiorrespiratorio del cual los médicos lo habían sacado y ya estaba en estado crítico y entubado”, relató su hija.

Una doctora les dijo que en una tomografía había salido que Ángel tenía una bacteria que le había tomado los pulmones y los órganos internos, por eso el vómito, volvieron a insistir con la posibilidad de coronavirus y les informaron que le habían realizado el hisopado. Les pidieron que se quedaran en el sanatorio porque el hombre se encontraba en estado crítico y menos de media hora después les avisaron que había fallecido.

La familia realizó una denuncia penal en la comisaría 3ra de Quilmes Oeste, lo que derivó en una autopsia donde los resultados del hisopado fueron negativos para COVID-19 y los demás resultados junto a la historia clínica se encuentran en la morgue judicial de Ezpeleta. La denuncia realizada es por abandono de persona y negligencia médica.

“Hago esto público para que no le suceda a nadie más. Pedimos justicia por mi papá y por todas las víctimas fallecidas por negligencia médica del Sanatorio Urquiza”, finalizó Marcela.

Hace menos de dos meses, más precisamente el 15 de septiembre, la familia de Miguel Garassino, de 72 años, denunció que él fue ingresado en el mismo centro médico en estado gravísimo y que, pese a su situación, lo tuvieron esperando en una camilla durante dos horas y el hombre murió ahí, sin que lo atendiera ningún doctor. Sus familiares reclamaron saber por qué lo dejaron morir y la clínica decidió mandarle a la Policía como respuesta, lo que generó que la situación se agitara y terminó en incidentes.

Soledad Aguilera, nieta del fallecido, compartió su indignación en redes sociales: «Una vez más el Sanatorio Urquiza mata sanos. Dejaron a mi abuelo en una camilla, después de dos horas nos dicen que está muerto. Como para ellos somos negros, así nos tienen rodeados de policías». Los seres queridos de Miguel también denunciaron que, además de nunca haberlo ayudado, no les querían entregar el certificado de defunción si no contrataban una cochería amiga de la clínica.

El Sanatorio Urquiza formaría parte de una red de sanatorios privados que serían administrados por un empresario clandestino apodado “El Pulpo”, del cual pesan múltiples denuncias por administrar no solo centros médicos, sino también diversas cocherías fúnebres y derivar los fallecidos a sus funerarias, facilitando el “negocio ideal».

Algunos familiares de víctimas del sanatorio crearon un grupo en Facebook para poder apoyarse entre ellos para poder conseguir justicia y que historias como estas no se vuelvan a repetir.

No es la primera vez que ocurren casos como estos en las clínicas, pero lamentablemente durante la cuarentena, sólo fueron en aumento.

Estas familias necesitan justicia y todos necesitamos que estas cosas dejen de suceder.

– Especial para Data24.com.ar –