Martín Guzmán es tal vez el ministro más reconocido en el exterior del gabinete de Alberto Fernández. Se destaca tanto por sus contactos internacionales como por su racionalidad teórica al momento de proponer alternativas para la gravísima crisis económica y financiera que atraviesa desde hace tiempo la Argentina.

Sin embargo, pocas de sus iniciativas son tenidas en cuenta por la coalición que integra. Algunos le objetan un pretendido divorcio con la realidad argenta, su total desconocimiento del territorio y de las relaciones de fuerza que allí imperan. Otros, la ausencia de las más elementales consideraciones del juego político, que lo llevarían a proponer un ajuste -más o menos encubierto- en un año electoral decisivo. Por esa razón, su cargo de ministro de Economía es más formal que real. Los hilos de la política económica se manejan en otro lado.

Para Cristina, Guzmán es otro de los “funcionarios que no funcionan”, aunque no pida su cabeza públicamente. Si no hace las cosas bien tampoco tiene el peso político para concretar nada malo. Y este viernes volvió a demostrar su rechazo, cuando los senadores que le responden presentaron un proyecto de declaración en el que le exigen invertir los 4.350 millones de dólares que girará el Fondo Monetario por Derechos Especiales de Giro (DEG) en gastos vinculados a la pandemia, en lugar de aplicarlos a la cancelación de los vencimientos de este año con dicha institución.

Para mitigar la profunda crisis económica que afecta a todo el planeta, el FMI decidió destinar una partida de 60.000 millones de dólares entre sus miembros, que serán distribuidos de acuerdo con la cuota accionaria de cada país.

Guzmán, aplicando su raciocinio teórico, pensaba aplicar la cuota argentina al pago de vencimientos y amortización de capital de este año con el FMI, pero los senadores cristinistas se le pararon de mano, y salieron a reclamarle públicamente la utilización de esos fondos para enfrentar el impacto del COVID-19 en nuestro país, aunque ello implique la caída en default con la institución.

El proyecto firmado por el jefe de bloque del Frente de Todos, José Mayans, la vice Anabel Fernández Sagasti, y Oscar Parrilli, Carlos Caserio, María de los Ángeles Sacnun, Alfredo Luenzo, José Neder y Jorge Taiana -todos pertenecientes a la órbita de la vicepresidenta-, exige «que los DEG se apliquen a se apliquen para financiar la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a resolver los graves problemas de la sociedad argentina derivados de la pandemia de COVID-19, tales como salud, reducción de la pobreza, educación, vivienda, generación de trabajo, entre otros».

Y, por si fuera poco, subraya explícitamente que esos fondos no se usen «al pago de la deuda por capital, intereses o gastos, que el país mantiene con dicho organismo financiero internacional y/o con otros países englobados en el Club de París y que en ambos casos se encuentran en vías de negociación».

Los senadores cristinistas han desarrollado una activa tarea de marcaje a presión sobre Guzmán, luego de haber apoyado inicialmente su acuerdo con los bonistas privados. A partir de entonces lograron la aprobación de una ley que prohíbe tomar deuda en dólares para utilizarla en gastos corrientes. Más tarde -febrero 2021- giraron una carta al FMI en la que le consultan sobre el cumplimiento del organismo internacional de su propia Carta Orgánica al momento de asignar 44.000 millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri. En caso contrario advierten que el FMI no podría exigir el pago de vencimientos y amortizaciones en los términos estatutarios que rigen en la entidad.

En su aparición pública del 24 de marzo, fue la propia Cristina quien condicionó a una baja de tasas y extensión de plazos la posibilidad de que la Argentina pudiera cumplir con el pago de la deuda de Cambiemos.

La relación entre Cristina y Guzmán está prácticamente estallada. En el mes de enero de este año el ministro perdió un importante cuadro, el secretario de Finanzas Diego Bastourre, quien dejó su cargo luego de negociar en Washington con la conducción del FMI. En teoría se trataba de un enroque que lo colocaría como director del Banco Central, lo que le daría injerencia a Guzmán en dicho organismo. Pero hasta el día de hoy su pliego duerme el sueño de los justos en la Comisión de Acuerdos del Senado.

En la última semana nuevamente comenzaron a circular nombres para su hipotético reemplazo. No parece que los mismos tengan concreción inmediata. Salvo que Guzmán se harte de desempeñar su cargo de ministro teórico.

*Fuente: REALPOLITIK


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