*Por: Karin Leiva

La decisión la tomó el juez Marcelo Álvarez Melinger, en su carácter de juez de Revisión, en una audiencia de impugnación del juez Ricardo Calcagno, que se había opuesto al desalojo. Melinger autorizó al Ministerio Público Fiscal a avanzar en la expulsión de los usurpadores del campo de la familia Soriani. Esto deberá hacerse de día y con buenas condiciones climáticas.

Álvarez Melinger destacó que «la posesión de la familia Soriani se encuentra comprometida» y eso afecta el «derecho a la propiedad, la libertad de movimiento y la normal actividad agropecuaria del lugar», agregó además que se daban los «elementos típicos» que permitían ver la comisión del delito de «usurpación por despojo», como también estaba clara la «verosimilitud del derecho afectado» y «el peligro en la demora», para ordenar el desalojo.

El magistrado aseguró que el desalojo forzoso se justifica a partir del «resguardo inmediato de las personas que han sufrido el delito como de sus bienes» y advirtió que «las vías de hecho no pueden permitirse en estado de derecho».

A la audiencia faltaron los acusados y su defensor, Manuel Mansilla, quien tampoco se presentó en audiencias previas en la que se dio tratamiento a dos planteos de recusación que presentó contra el juez Álvarez Melinger y contra los fiscales. En ambos casos, por su ausencia, los planteos se declararon desiertos.

Desde el jueves 15 de octubre, Martin Soriani y su familia se encuentran encerrados en su casa ya que parte de su terreno se encuentra ocupado por integrantes de la comunidad Lof Gallardo Calfu en El Foyel. Son entre 40 y 50 personas y se dividieron en dos grupos, para bloquear los dos accesos que tiene el campo. Ante la inacción del Estado y de la Justicia, vecinos autoconvocados se manifestaron en la entrada del predio.

Los usurpadores trataron de mostrarse pacíficos… pero los videos que circulan por las redes demuestran lo contrario. Intimidaciones, amenazas con palos y piedras y agravios verbales son algunas de sus maneras de confrontar con los dueños del lugar.

Blanca Rosa Gallardo Calfú, líder de la agrupación, admitió que el Estado los está ayudando, declarando que “tras haber intentado la recuperación del territorio con abogados, volvimos al terreno con el acompañamiento del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)”. Incluso les habrían provisto alimentos y sistemas de comunicación.

La mujer está prófuga debido a que el juez Ricardo Calcagno la consideró en rebeldía y emitió un pedido de captura, ya que no se presentó a la última audiencia a la que fue convocada para que le lean los cargos en su contra, hizo referencia a un proceso judicial que tuvo lugar en la década del 90, en el que la Justicia avaló a los dueños actuales como propietarios de las tierras.

“Durante 40 años llevamos la lucha con abogados y como pudimos. Nunca tuvimos una respuesta como ahora, que nos está apoyando el INAI en nuestra recuperación”, reveló la mujer.

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, desde principios de este mes, en medio de los conflictos y polémicas que venían ocurriendo en distintas zonas de Bariloche y Villa Mascardi, expresó que: “Hay una demagogia abusiva que otorga tierras como si fueran de su propiedad. Ningún funcionario nacional puede disponer de los bienes que son de los argentinos. La titular del INAI dilapida los bienes de la provincia. Usa su cargo para disponer de los bienes de todos”. Respecto a la usurpación en El Foyel, evidenció sus intenciones de desalojo pero solo faltaba el aval de la Justicia.

– Especial para Data24.com.ar –